Desposesión: de la burbuja a la venta del piso habitado

Un informe en el que reconstruimos cómo la crisis de la vivienda pasó de las ejecuciones hipotecarias a la venta de pisos habitados

Entre 2007 y el primer trimestre de 2026, España ha acumulado 950.045 ejecuciones hipotecarias. Solo entre 2013 y 2025 se han practicado 627.901 lanzamientos, más de 132 cada día durante trece años seguidos, y en el primer trimestre de 2026 seguían siendo 45 al día.

En este informe mostramos cómo la crisis de la vivienda no empezó con el encarecimiento de los alquileres ni terminó cuando los desahucios hipotecarios dejaron las portadas. Muchas familias que perdieron la propiedad de su casa consiguieron quedarse con un alquiler social, y hoy vuelven a enfrentarse a la posibilidad de perderla. Hay pisos que fueron ejecutados, han pasado por bancos y fondos de inversión y han vuelto al mercado, esta vez con sus habitantes dentro. A este proceso lo llamamos desposesión porque no es solo perder la propiedad, es perder la estabilidad, los recursos y la capacidad de decidir cómo se vive en la casa propia, o en la que ya no lo es.

Desposesión sigue este hilo de principio a fin, de 1997 a 2026, en seis fases: la compra, el impago, la ejecución, el alquiler social, la no renovación del contrato y la venta a terceros de viviendas con alquiler social o asequible vigente. No todas las familias las han pasado todas ni en este orden, pero cuando se ponen en fila se entiende por qué tantas siguen en inseguridad residencial años después de haber perdido la casa.

La información la hemos recogido de estadísticas oficiales, investigaciones académicas y testimonios, sumados a los informes que la PAH y entidades colaboradoras publican desde 2013, a la literatura sobre financiarización de la vivienda, a prensa contrastada, a la legislación y a la jurisprudencia. La investigación se hizo durante 2026, con información recogida hasta el 10 de noviembre.

Se ha intentado hacer una radiografía estatal del problema, aunque buena parte de los estudios sale de Barcelona.

Con esta base, el informe examina qué han conseguido las leyes y dónde se han quedado cortas. La Ley 24/2015 y las normas posteriores evitaron, según las estimaciones disponibles, hasta el 28,2% de los desahucios en Catalunya en el periodo analizado. No llegaron nunca a la mayoría y han sufrido recortes sucesivos. En el margen que la protección no cubre hay, de forma desproporcionada, mujeres, familias monoparentales y personas de origen migrante. El informe señala también las barreras que impiden rehacerse económicamente y de vivienda, y termina con propuestas públicas concretas para que estas familias puedan quedarse en casa.

En primera persona

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