Después de más de 1.200.000 desahucios desde 2008, muchas muertes y un sufrimiento imposible de medir, ha sido el de Maricarmen Abascal el que ha cambiado las cosas. Tenía 87 años y llevaba siete décadas viviendo en su piso del barrio de Retiro, en Madrid. El 23 de septiembre la sacaron de casa en camilla, y catorce días después murió en el hospital . Su desahucio era uno de los cerca de 25.500 que se ejecutan cada año en España, unos setenta al día. Pero esta vez cientos de miles de personas salieron a la calle en más de cincuenta ciudades para pedir una huelga general por el derecho a la vivienda. El Gobierno intentó contener la protesta con dos decretos, y el Congreso los tumbó: el primero con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, y el segundo con esos mismos votos más los de PNV y Coalición Canaria. Tres días después, Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre y volvió a aprobar los decretos.
Tras el éxito incontestable de la primera Huelga General por la vivienda, culminado con multitudinarias manifestaciones a lo largo y ancho del país, que han demostrado, por una lado la voluntad mayoritaria de la ciudadanía en conseguir que el acceso a la vivienda pase a ser realmente un derecho y deje de Ser solo un privilegio de quienes sí pueden acceder.
Finalmente, el decreto que paraliza los desahucios hasta 2031, amplía en 2 años la prórroga de los alquileres, regula en parte los alquileres de habitaciones, prohíbe temporalmente la compra especulativa de viviendas o impone IVA a los alquileres turísticos, si ha sido convalidado. Este decreto, es un parche temporal, además de que PP y Vox ya han anunciado que si ganan las elecciones lo derogarán, dejando sin esa mínima protección a la gente vulnerable.
Las propuestas de la PAH para garantizar el Derecho a la Vivienda anta las elecciones
El objetivo es establecer una ley de mínimos que garantice un mínimo de igualdad en el derecho efectivo a una vivienda digna y proteja a las personas frente a los desahucios, la especulación y la pérdida de su hogar, priorizando a las familias en situación de vulnerabilidad y ampliando el parque público de vivienda. Derecho subjetivo a la vivienda en la Constitución.
- Paralizar indefinidamente los desahucios sin alternativa habitacional digna.
1.1. De los grandes tenedores -incluyendo a las administraciones (regularización) y a particulares-buitre (que especulan camuflados en el “núcleo familiar”) con contratos de alquiler y obligación de realojo los instados por pequeños tenedores.
1.2. Revisar y actualizar los criterios de vulnerabilidad para adaptarlos a la realidad económica y social. - Bajar precios de los alquileres y condiciones.
2.1. Declarar zonas de mercado residencial tensionado y bajar los alquileres según los y subidas de precios de cada zona, para que no superen el 30% de los ingresos.
2.2. Contratos de alquiler indefinidos, y prórrogas indefinidas para los que están en vigor y regular los alquileres de temporada y de uso habitacional eliminando los ilegales, suprimiendo las cláusulas abusivas de los contratos e inscribirlos en el Registro. de la Propiedad, incluyendo también a quienes se les aplica la Ley 1/2013 (moratoria hipotecaria) y los casos de familias que se libren del desahucio por el decreto 29/26. - Ampliación y desmercantilización del parque público de vivienda
3.1. Expropiación de viviendas vacías y rehabilitables de grandes tenedores, especialmente las de la banca rescatada -previa creación de registro- y obligación a contratos de alquiler social para familias en emergencia social.
3.2. Establecer el derecho de tanteo y retracto de las Administraciones para recuperar viviendas, y ampliarlo, posibilitando que los antiguos propietarios accedan a la misma con créditos blandos o con contratos de alquiler social.
3.3. Adopción de medidas diferentes exitosas, entre ellas: programas para estimular el alquiler de pequeños y medianos propietarios (con pecios justos y garantía de cobro y mantenimiento); .actuación ante Sareb y Casa 47 (desarrollar) e impulso cooperativas, entidades del tercer sector y programas de vivienda social y asequible con mecanismos de control público.
3.4. Respecto a la nueva construcción, adopción de tres criterios marco: carácter permanente de la vivienda pública; criterios ecológicos y de sostenibilidad en la construcción; evitar construcción en zonas inundables o protegidas, favoreciendo el equilibrio territorial entre el campo y la ciudad.
3.5 Prohibición de venta de viviendas habitadas. - Prohibir la venta y compra de viviendas a fondos de inversión, grandes tenedores u otros compradores con fines especulativos, empezando por las que viven familias.
4.1. Las viviendas no pueden ser objeto de especulación. Plan de reducción de viviendas a los grandes acaparadores y puesta en marcha de topes a la acumulación de las mismas.
4.2. Frenar la turistificación y la gentrificación mediante restricciones al uso turístico de viviendas residenciales, moratorias sobre macroproyectos urbanísticos que cuenten con oposición vecinal y social e incorporación al uso residencial las viviendas y apartamentos turísticos declarados ilegales. La ciudad para las vecinas. - Atención a la ciudadanía, participación social y responsabilidad institucional
5.1. Puesta en marcha de oficinas en las CCAA, comarcas y ayuntamientos de atención a la ciudadanía con problemas relacionados con el derecho a la vivienda, incluyendo el acoso inmobiliario. Ilegalización de las empresas de desocupación
5.2. Exigencia de máxima transparencia en la gestión y adjudicación de las viviendas, así como en los procedimientos de contratación y asesoramiento institucional con transparencia.
5.3. Garantizar la participación efectiva de los movimientos por la vivienda y las asociaciones vecinales en la elaboración de las políticas públicas. - Cambio estructural: protección vinculada a la vulnerabilidad económica y residencial:
- Sustituir las medidas ocasionales y temporales por un sistema de protección estable, vinculado a la situación de vulnerabilidad económica y residencial.
- Garantizar que la protección frente a los desahucios y el mantenimiento de la vivienda se prolonguen mientras persista la vulnerabilidad y no exista una alternativa habitacional digna, estable y efectiva.
- Establecer criterios de vulnerabilidad actualizados, objetivos y revisables, teniendo en cuenta los ingresos reales, el coste de la vivienda, la composición familiar, las cargas económicas y las situaciones de especial protección.
- Evitar que la finalización de una moratoria o de una medida excepcional deje desprotegidas a las personas sin recursos suficientes para acceder a una vivienda.
- Reconocer la vivienda como un derecho que debe garantizarse mediante políticas públicas permanentes, con independencia de que exista una emergencia puntual.
Se propone un cambio estructural del modelo de vivienda, que deje de tratar el acceso y la permanencia en el hogar como cuestiones sujetas a medidas excepcionales y temporales, y los aborde como un derecho que debe garantizarse de forma efectiva y permanente.
Ante toda esta situación de emergencia habitacional y de aprobación de normas que, aunque sean insuficientes, y parciales, son necesarias en este momento, la PAH nos sentimos en la obligación de informar a todas las personas afectadas que, si entienden que han de ejercer el derecho de voto -lo que aconsejamos vivamente-, nunca lo hagan a aquellos partidos que se han mostrado una y mil veces contrarios a defender la eliminación de los desahucios o la consolidación del parque público de viviendas, así como propicios a la máxima liberalización del mercado de alquileres y de sus precios, etc… que coincide, reiteradamente, con los que han votado NO a los RDL, es decir, el Partido Popular, Vox. UPN y Junts per Catalunya
En todo caso, la PAH impulsaremos, más allá de la votación a partidos antifascistas, el apoyo a quienes tienen un proyecto por el derecho a la vivienda que, de una vez, supere las medidas coyunturales, y se plantee soluciones estructurales y urgentes., en primer lugar frente a la emergencia habitacional, para generar una ilusión y proyecto de vida individual y colectivo liberador para la clase trabajadora y el resto de sectores sociales agredidos por la especulación por cualquier tipo de discriminación o vulnerabilidad social, como los causados ante la migración, violencia de género o pobreza.
