El Parlament de Catalunya ha aprobado por unanimidad la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética.
Se trata de una gran victoria colectiva después de años de lucha por el derecho a la vivienda que permitirá poner en marcha mecanismos para acabar con los desahucios y cortes de suministro indiscriminados, a la vez que movilizar vivienda vacía para alquiler social.
El jueves el Parlament de Catalunya, en una sesión histórica ha aprobado la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y la pobreza energética, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC. Esta ILP se ha tramitado en un tiempo récord y ha conseguido sumar el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP que se ha abstenido en algunos de los puntos.
El debate de aprobación ha venido precedido por la intervención de dos de los portavoces de la Iniciativa Legislativa Popular. En una intervención emotiva y contundente han resumido el recorrido de lucha que ha permitido llegar hasta el día de hoy: “hemos conquistado nuestros derechos, hemos desobedecido leyes injustas y hoy estamos aquí para cambiarlas”. Las portavoces, se han dirigido a los diputados exigiendo que la altura de miras del Parlamento que hoy ha aprobado la ILP se mantenga y que haya un despliegue urgente de todas las medidas de la ILP y que se los dote de recursos suficientes para que puedan ser efectivas.
La ILP aprobada en el Parlamento es un conjunto de medidas que pretenden dar respuesta a la actual situación de emergencia habitacional y pobreza energética que sufre Catalunya.
Dada la emergencia de la situación y la tardanza en legislar para parar esta sangría, esta ILP se ha tramitado con urgencia extraordinaria, es decir que, en 15 días hemos sido capaces de hacer todos los trámites para que hoy la votación haya sido posible. Hay que destacar que todos los grupos parlamentarios han mantenido sus compromisos tanto en tempos cómo en contenido.
En los próximos días explicaremos a fondo qué efectos tendrá esta nueva herramienta legal de la que dispondremos a partir de ahora en Catalunya para hacer frente a la emergencia habitacional pero hoy ya hay que destacar un articulado final que respeta de forma íntegra los objetivos y efectos que buscaba el redactado original, que ha sido concretado, adaptado o incluso mejorado, para poner por fin sobre la mesa las tan necesarias herramientas de la finalmente bautizada como “Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”. Además, el articulado aprobado presenta una solidez jurídica impecable, hecho que ha sido posible gracias al trabajo jurídico hecho desde el grupo promotor pero también gracias a las aportaciones de los servicios jurídicos del Parlamento y de las aportaciones de los grupos parlamentarios.
La ley aprobada hoy por el Parlamento de Catalunya no es ni mucho menos una declaración de intenciones legales sino una batería de herramientas útiles y efectivas para frenar la emergencia habitacional en Catalunya:
Medida 1. Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad por las personas sobre-endeudadas y deudoras de buena fe. Mediante dos procedimientos (uno de extrajudicial y uno de judicial) se posibilita que las familias puedan liquidar sus deudas vinculadas con la vivienda habitual para poder empezar de nuevo.
Medida 2. Ningún desahucio para las familias en ejecución hipotecaria, estableciendo la obligación en las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad residencial.
Medida 3. Alquiler social para familias en régimen de alquiler en riesgo de desahucio, con una importante distinción entre grandes y pequeños tenedores de vivienda. Cuando el propietario del inmueble sea una entidad financiera o un gran tenedor de viviendas, este tendrá que parar el desahucio y ofrecer un alquiler social a la familia.
Tanto en casos de lanzamientos hipotecarios como en los de alquiler de grandes tenedores, principalmente bancos, fondos de inversión o grandes tenedores que han comprado viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y desahucios; el incumplimiento de la oferta de alquiler social comportara una sanción económica grave (hasta 90.000 euros) que se ha incluido en el articulado de la ley 1/2007 catalana del derecho a la vivienda.
Medida 4. Creación de parque social de alquiler. Se establece la posibilidad de resolver la cesión temporal de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras y grandes tenedores de vivienda para aumentar el parque público de alquiler disponible. De este modo, se añade una herramienta importante más para movilizar el parque de viviendas vacías que con el tiempo permitirá realojar todas aquellas familias que ya han sido desahuciadas sin alternativa.
Medida 5. Acceso garantizado a suministros básicos de agua, luz y gas con garantías para parar los cortes de agua, gas y luz de la población en situación de exclusión residencial a través de un protocolo garantista que obliga a la administración a aplicar las ayudas necesarias para evitar el corte de suministro, en caso de que el impago sea por carencia de recursos económicos, a asegurar el acceso a estos suministros básicos mientras dure la situación de exclusión residencial y a establecer acuerdos con las empresas suministradoras para que pongan ayudas a fondo perdido para hacer frente.
En definitiva, con esta ley se aportan por fin los mecanismos para terminar con las deudas de por vida, los desahucios de hipoteca y alquiler, garantizando el realojo en régimen de alquiler social y los suministros básicos a todos los hogares, a la vez que se movilizarán los pisos vacíos para que cumplan su función social.
La ILP es una ley de emergencia muy necesaria y un punto de partida, un importante precedente a la vez hablar de derechos al servicios básicos para ir hacia un modelo más justo de acceso a vivienda y servicios.
El aprobación de la ILP vivienda tan sólo ha sido posible gracias al trabajo incansable de muchísimos afectados, voluntarias, activistas, entidades y colectivos que han apoyado. Las entidades promotoras de la ILP no queremos esconder nuestra satisfacción por este éxito, que culmina más de seis años de lucha por el derecho a la vivienda digna. No nos podemos olvidar de las compañeras de todo el estado que también han sido responsables de llegar hasta aquí hoy. Esta ILP no tiene voluntad sólo de quedarse en el Parlament de Catalunya, sino que tiene que generar un efecto dominó en el resto de Parlamentos Autonómicos que tienen que dar respuesta ante un estado incapaz y secuestrado por el poder bancario y de las suministradoras.
El 23 de Julio de 2015 pasará a la historia como el día en el que la ciudadanía, harta de la violación de derechos humanos y de la injusticia, después de un largo camino de denuncia y autodefensa de los derechos fundamentales, lleva la auto-tutela de derechos hasta la redacción de una ley que los ampara y los pone por ante los beneficios de pocos.
Uno de los sueños de la PAH cuando nació al 2009, precisamente en Barcelona, era cambiar las leyes injustas y tener de justas para proteger los derechos fundamentales.
Hemos hecho realidad este anhelo. Seguimos adelante, porqué se ha dado un paso importantísimo para conseguir el derecho a la vivienda pero todavía nos queda mucho para andar.
Hoy sido un día histórico porque demostramos como el sentido común de la calle puede entrar a los Parlamentos de la mano de la ciudadanía organizada para hacer leyes que transformen las realidades injustas y que defiendan los derechos fundamentales de las personas.