Frente a la emergencia habitacional es urgente retirar el recurso que mantiene en suspensión algunos artículos de la ley más garantista de Europa en materia de vivienda.
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC), impulsamos una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Habitatge de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que recibió un gran apoyo social -cerca de 150.000 firmas- y fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015. ¡Había nacido la Ley 24/2015! Una ley que quería garantizar una segunda oportunidad a las familias, que paró miles de desahucios, que corresponsabilizaba a la banca y a los grandes propietarios, que asegura realojos adecuados y para, a día de hoy, miles de cortes de suministro. Nos consta que así lo consideran también
los Ayuntamientos catalanes, las profesionales de los servicios sociales, las entidades del tercer sector y el resto de territorios que siguieron su estela aprobando leyes autonómicas similares.
Desgraciadamente el Gobierno del PP decidió, una vez más, actuar en contra de los derechos fundamentales y en mayo de 2016 interpuso el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016. Esto supuso la suspensión de las medidas urgentes de vivienda que implicaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores. Pero lo cierto es que nuestra Ley no es inconstitucional, al contrario,
es la garantía del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución y de la Declaración de los Derechos Humanos.
A estas alturas, en Cataluña continúa habiendo diariamente 43 desahucios, el 65% de los cuales son de alquiler, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías. Los bancos y grandes tenedores de vivienda no garantizan realojo ni ofrecen alquileres sociales, mientras sufrimos una grave carencia de parque público de vivienda para combatir la emergencia, como demuestra la ineficacia de las Mesas de Emergencia, que no cumplen su función y acu
mulan casos con esperas de más de 6 meses. Tan solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses. El parque público de vivienda no llega al 2% y la movilización de vivienda social ha sido muy por debajo de las necesidades de la población catalana.
En relación con la pobreza energética,
a pesar de la vigencia de parte de la Ley 24/2015, se continúan produciendo cortes, al mismo tiempo que las suministradoras asedian a las familias vulnerables para cobrar la deuda acumulada y siguen sin asumir su responsabilidad, negándose a hacerse cargo de la deuda acumulada de las familias más vulnerables.
Esta carencia de herramientas legislativas choca lamentablemente con la realidad, porque más que nunca hay vidas en juego: la muerte de Rosa en Reus, después de que Gas Natural le cortara la luz contraviniendo la Ley 24/2015, o recientemente la muerte de Jordi, un vecino de Cornellà que no podía hacer frente a su alquiler y se suicidó cuando la comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone. No son casos aislados y se podrían haber evitado.
Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, estamos convencidas de que ha llegado la hora, aprovechando los últimos cambios de Gobierno, de retirar el recurso a la única ley que garantiza el derecho a una vivienda digna a día de hoy.
Por eso, hoy interpelamos al Presidente Quim Torra con una carta [link: carta] para que ponga prioritariamente en su agenda recuperar nuestra ley.
Cataluña no puede continuar liderando el vergonzoso ranking de los desahucios, tiene que liderar el ranking de la conquista de los derechos sociales para todo el mundo. Cataluña ha sido pionera en la legislación contra la emergencia habitacional. La Ley 24/2015 es el principal exponente.
Esperamos una respuesta pública a esta
carta, así como un encuentro para trasladarle la voz de las familias, antes de su reunión con el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
¡Recuperamos la Ley 24/2015! ¡Se puede! Solo es cue
stión de voluntad política.
#CartaATorra #RecuperemLa24 #AvuiEsPot
Hola, quería felicitaros y daros las gracias por el gran trabajo que estais haciendo en favor de
los necesitados. Luchando contra Los ladrones que son el brazo de satanas.
Continuar así. Que Dios os bendiga.
Un cordial saludo.
El alquiler social obligatorio(es un pago practicamente simbolico) al final supondrá la desaparición de las empresas que legitima y legalmente se dedican a una actividad de servicios como es alquilar (empresa con empleados, con obligaciones fiscales, con vocación de ser útiles) y con ello los perjudicados serán como siempre la clase media baja, que como no será de los que “tonto el que pague o no ocupe” no tendra a su disposición pisos en alquiler.
Alquilar mediante empresa es dedicar esfuerzos y bienes a dar ocupación y alquiler, no es en absoluto especular (comprar para revender, o comprar oro, yate, casas de recreo o arte para su satisfacción no es un servicio y si puede ser especulacion o mero disfrute propio).
Criminalizar-como se hace ahora- a estas empresas -en muchos casos de ahorradores de clase media-por ser de alquiler y dejarlas sin fruto, sin ningún beneficio (un alquiler social puede ser 0 o 50 euros) es pseudocomunismo (y nos quejamos de Venezuela) impuesto por la espalda y a cuchillo y obliga a desaparecer o dejarse atropellar como pasó con los judios a quienes se les atribuyeron -simplemente por tener dinero- todos los males. Esto pasa en CAtalunya, no en el resto de España. Y no se trata de ser o no independentista, se trata de que aquí hay mucha fragilidad política y triunfan esquemas que pisotean toda seguridad jurídica, y estamos o no estamos en un estado de Derecho? Si no hay propiedad privada para según que empresas que se diga abiertamente y con la cara descubierta.