Naciones Unidas exige a España prorrogar la moratoria de desahucios y suspender los desalojos de familias con menores
La grave crisis del derecho a la vivienda en España y la necesidad de prorrogar la moratoria de desahucios para personas en situación de vulnerabilidad han sido objeto de una intervención directa por parte de Naciones Unidas.
En el día de hoy, 12 de febrero, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda ha instado al Estado español a no poner fin a la moratoria de desahucios de familias vulnerables, aprobada inicialmente en abril de 2020, advirtiendo que permitir su decaimiento “podría tener consecuencias dramáticas para decenas de miles de las personas más vulnerables de la sociedad, que podrían quedarse sin hogar”. El propio Relator, Balakrishnan Rajagopal, ha publicado su posición en la red social X, acompañada de una noticia que se hace eco del riesgo de que el voto del PP y Junts tumbe el escudo social.
Asimismo, el pasado 5 de febrero, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a España proteger a la infancia frente a la inseguridad habitacional mediante la suspensión de los desahucios de familias con hijos e hijas a cargo hasta que se garantice una alternativa habitacional adecuada, y que todos los procesos de desalojo y realojo estén guiados por el interés superior del menor y supervisados por servicios especializados en infancia.
España en el punto de mira por la crisis de la vivienda
Estas advertencias se suman a una larga serie de pronunciamientos de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas. En los últimos años, España es el país con más dictámenes condenatorios del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) por vulneraciones del derecho a la vivienda. En todos ellos, Naciones Unidas ha recordado al Estado su obligación de garantizar alojamiento alternativo a las personas que enfrentan un desalojo sin recursos económicos, así como de incrementar de forma urgente el parque público de vivienda social de alquiler, actualmente uno de los más reducidos de Europa.
En 2023, con motivo de la aprobación de la Ley de Vivienda, tanto el Relator Especial sobre el derecho a la vivienda como el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos reiteraron que los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad solo pueden llevarse a cabo después de que se haya ofrecido una vivienda alternativa adecuada, conforme a los estándares internacionales del derecho a la vivienda. Esta grave vulneración de los derechos humanos sobre la que alertó Naciones Unidas se consumaría de forma masiva si decae la moratoria anti-desahucios.
Una moratoria imprescindible para proteger a 70.000 familias vulnerables
En este contexto, las organizaciones que integran la Plataforma #NiUnDesahucioMás, que agrupa a más de cien entidades sociales, jurídicas y vecinales de todo el Estado, reiteran la urgencia de que los grupos parlamentarios convaliden cuanto antes en el Congreso el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.
Las entidades firmantes expresan su máxima preocupación ante el impacto social que tendría la reactivación inmediata de hasta 70.000 procedimientos de desahucio que permanecían suspendidos. El fin de la moratoria provocaría una emergencia habitacional de grandes dimensiones, empujando a miles de familias -incluidos menores de edad, personas mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género- a situaciones de sinhogarismo, exclusión residencial y pobreza extrema.
Las organizaciones sociales advierten que estas consecuencias no son hipotéticas, sino ya visibles. Entre los numerosos casos acompañados por las entidades se encuentran, entre otros:
- Un matrimonio de 76 y 72 años en Barcelona, una de cuyas integrantes se encuentra en tratamiento oncológico y cuidados paliativos, desahuciado el pasado 29 de enero tras decaer la moratoria, pese a haber firmado y cumplido un contrato de alquiler social y ofrecer pagar más del 50 % de sus ingresos.
- Una mujer de 25 años con una hija de 2 años, desalojada en noviembre de 2025 en Alovera (Castilla-La Mancha), a pesar de que el Comité DESC de Naciones Unidas había solicitado la suspensión del desalojo y de que el ayuntamiento disponía de viviendas sociales. Actualmente vive en una habitación sin condiciones adecuadas.
- Una mujer de 69 años en Zaragoza, con una pensión de 800 euros y un alquiler de 500 euros, desahuciada el 5 de febrero, tras el fin de la moratoria, desde una vivienda que no cumplía los estándares mínimos de habitabilidad.
- Los numerosos procedimientos de desahucio que se pueden reactivar si la moratoria decae de nuevo: según denunció públicamente la cooperativa de abogados CAES, Building Center (filial de Caixa Bank) solicitó la reanudación de un desalojo apenas tres horas después de la derogación temporal del escudo social hace dos semanas en el Congreso, evidenciando la presión inmediata del mercado inmobiliario una vez desaparecen las protecciones legales.
Estos casos reflejan que no se trata de una situación coyuntural. La crisis de la vivienda en España es estructural: escasez de alquiler asequible, aumento sostenido de precios, financiarización del parque residencial y una insuficiencia histórica de vivienda social, lo que supone una vulneración de las obligaciones del Estado en materia del derecho a la vivienda.
Por todo ello, las organizaciones firmantes instan a todos los grupos parlamentarios a que, en ejercicio de su responsabilidad en el respeto y protección de los derechos humanos y conforme a los compromisos internacionales asumidos por España, voten a favor de la prórroga de la moratoria de desahucios. Asimismo, exigen al Gobierno y a las fuerzas políticas que se comprometan de manera inmediata a desarrollar soluciones estructurales que garanticen que ninguna familia sea expulsada de su hogar sin una alternativa habitacional digna, adecuada y estable.
