Denunciamos que el Ejecutivo utiliza la emergencia habitacional como coartada para colar una reforma del suelo que blinda el urbanismo irregular y facilita la desaparición de suelo público expropiado.
Tras el anuncio del Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda que el Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros en los próximos días, desde La PAH lo primero que queremos decir es que tras meses de movilizaciones para recuperar medidas que ayudan a minimizar la emergencia habitacional, no podemos permitir que este nuevo decreto sirva de coartada a medidas que favorecen la especulación.
Dentro del mismo paquete que anuncia, de manera positiva, la prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028 y la suspensión de lanzamientos a familias vulnerables, el Ejecutivo ha introducido una reforma de la Ley de Suelo que nada tiene que ver con la emergencia habitacional y mucho con los intereses de siempre: restringe los supuestos en los que un plan urbanístico irregular puede declararse nulo, y facilita que la Administración cancele el derecho de reversión sobre terrenos expropiados que nunca cumplieron el fin público para el que se ocuparon.
No llegamos a este decreto desde la nada. Llevamos desde febrero sin moratoria de desahucios: el Congreso la tumbó dos veces, el 27 de enero y el 26 de febrero de este mismo año, con los votos de PP, Vox y Junts, que prefirieron hablar de «inquiokupación» antes que evitar que 70.000 familias volvieran a quedar expuestas al lanzamiento sin alternativa habitacional. Desde entonces, la PAH y el conjunto del movimiento de vivienda no hemos dejado de movilizarnos, barrio a barrio, para exigir que esa protección vuelva. Y no fue lo único que tumbaron: el Real Decreto-ley 8/2026, que prorrogaba los contratos de alquiler y topaba las subidas al 2% para tres millones de inquilinos, estuvo en vigor apenas un mes antes de que esos mismos tres partidos también lo derogaran. La derecha de siempre ya ha demostrado, dos veces en lo que va de año, que prefiere dejar a la gente sin protección antes que tocar los intereses de quienes especulan con la vivienda.
Es en ese contexto, el de una mayoría parlamentaria dispuesta a tumbar cualquier protección a inquilinas y familias vulnerables, donde el Gobierno decide, ahora, jugar con fuego: meter en el mismo decreto una reforma que nada tiene que ver con la vivienda, arriesgando que la derecha tenga esta vez además el pretexto perfecto para volver a votar en contra de todo el paquete.
Una lastima que sea así y reduzca la parte positiva de un Decreto Ley que supone un avance muy significativo en la protección del derecho a la vivienda, especialmente en materia de desahucios. La principal novedad es que refuerza la obligación de garantizar una alternativa habitacional antes de ejecutar un lanzamiento cuando existan situaciones de vulnerabilidad, lo que amplía de forma muy relevante la capacidad para evitar que familias pierdan su hogar y para exigir a las administraciones una respuesta efectiva. Además, esta protección se aplica también a procedimientos que ya estaban en curso, convirtiéndose en una de las medidas más ambiciosas aprobadas hasta la fecha en este ámbito.
En materia de alquileres, el balance también incorpora avances de gran calado. La prórroga extraordinaria de los contratos de vivienda habitual puede reducir de manera efectiva los desalojos por finalización de contrato, mientras que el control sobre el uso fraudulento de los contratos temporales cierra una de las principales vías utilizadas para eludir la protección de los inquilinos. A ello se suman otras medidas que fortalecen los derechos de las personas arrendatarias, como la posibilidad de compensar obras necesarias por falta de habitabilidad con el pago de la renta, la prohibición de trasladar determinados costes e impuestos a los inquilinos, la recuperación de los derechos de tanteo y retracto y el establecimiento de mayores garantías para la devolución de la fianza. En conjunto, estas medidas contribuyen a reforzar la estabilidad residencial y a mejorar la protección de quienes viven de alquiler.
Pewro junto a esto, el PSOE pretende colar una reforma la Ley de Suelo para blindar los planes urbanísticos frente a la ciudadanía para que a partir de ahora, un plan urbanístico aprobado con graves irregularidades ya no pueda declararse nulo salvo en una lista mínima de supuestos: todo lo demás quedaría como un simple defecto «subsanable», sin consecuencias reales. Traducido: quien construyó torciendo la ley, no tendrá que deshacer nada y quien quiera denunciarlo desde una asociación de vecinos, una plataforma o cualquier entidad social, lo tendrá mucho más difícil. También facilita que la Administración cancele el derecho de reversión de los terrenos expropiados: si el Estado expropia un suelo para un fin de interés público y ese fin nunca se cumple, hasta ahora ese terreno debía volver a revertir. Con esta reforma, bastará una certificación administrativa para borrar ese derecho del Registro. Ya sabemos de sobra a quién beneficia que un suelo expropiado «para todos» acabe, sin vuelta atrás, en manos privadas.
No es la primera vez que se intenta. Es, casi calcada, la misma reforma que presentó el PP en 2018, que el propio PSOE llevó al Congreso en 2024 y fue rechazada por Sumar, ERC, Junts y Podemos, volviendo a intentarlo en 2025 de la mano del PNV, con el mismo resultado. El Congreso ya ha dicho tres veces que no quiere esta reforma. Ahora se reintenta metida dentro de un decreto de emergencia habitacional, con la esperanza de que nadie se atreva a votar en contra de la vivienda para frenar el regalo al ladrillo.
Desde 2009 llevamos viendo cómo se legisla la vivienda en España: cada vez que hay una ventana de urgencia social, alguien aprovecha para colar de rondón lo que no se atrevería a defender a cara descubierta. La diferencia esta vez es que el propio Gobierno lo está haciendo con su propio decreto de vivienda, arriesgando que las medidas que las familias necesitan hoy mismo naufraguen en el Congreso por defender, en el mismo texto, los intereses de fondos y constructoras.
Basta ya de usar la necesidad de la gente como escudo para operaciones que no la benefician. Si el Gobierno quiere reformar la Ley de Suelo, que lo haga con un proyecto de ley propio, con debate público y con la participación de quienes vivimos y sufrimos el urbanismo que se hace de espaldas a los barrios. No dentro de un decreto que se vende como respuesta a la emergencia habitacional.
No podemos permitir que se use la vivienda de la gente como moneda de cambio para blindar el urbanismo irregular y facilitar que el suelo público acabe en manos de quienes ya tienen demasiado. La emergencia habitacional es real, y exige medidas reales.