Una de las expresiones más duras de la connivencia del gobierno español con la emergencia habitacional y la pérdida de la vienda habitual son las consecuencias fiscales de los desahucios y las daciones en pago.
Hasta el momento, en la mayoría de casos, ambos hechos podían dar lugar a la obligación de pagar cantidades substanciosas en concepto de IRPF y Plusvalía. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hemos denunciado esta injusticia tributaria en numerosas ocasiones y nos hemos dirigido al ejecutivo para que adoptase las modificaciones legislativas necesarias para acabar con esta situación.
Finalmente el gobierno ha decidido acabar con esta situación a través de la reforma fiscal que estudió el consejo de ministros el pasado viernes. Parece que la incansable presión de la ciudadanía organizada y, quizás, unas cercanas elecciones generales, han dados sus frutos y el gobierno se ha visto forzado a rectificar su posición, demostrando una vez más que “sí se puede”.
A pesar del gran avance que esto supone no podemos dejar de advertir de la necesidad que esta reforma presente algún mecanismo de retroactividad que permita, como mínimo a las personas que han sufrido una dación en pago o un desahucio en el 2014 acogerse a ella. Pues no hay que olvidar que la medida llega después de más de 500.000 ejecuciones hipotecarias en todo el estado. Una vergonzosa tendencia que se mantiene en este 2014: los datos del Consejo General del Poder Judicial cifraban en 24.226 las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre de este año y en 18.492 los desahucios.
¡Por fin!…Ya les ha costado a sus señorías…Por favor, salgan de sus despachos, escuchen a la gente en las calles y tod@s l@s que vivimos realidades dramáticas injustas, nos veremos beneficiad@s. Rosa Maria