Mañana martes 18 de Enero, tendrá lugar en el juzgado, la subasta correspondiente al procedimiento ejecutorio por impago de la hipoteca de la vivienda donde reside Domingo ,su esposa y su hijo de 14 años. Le reclaman 400.000 euros, de los cuales 293.000 pertenecen al principal y el resto (117.000) a intereses de demora y costas judiciales. Desde que se quedó sin ingresos por culpa de la crisis, Domingo ha hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo con el Banco. Sin embargo, General Electric, la entidad acreedora, no le ha dado ninguna facilidad. Había puesto en venta su vivienda y tenía varios compradores interesados. Pero necesita un poco más de tiempo para cerrar la venta. General Electric fue informada al respecto. Pero no está por la labor. Prefieren adjudicarse el inmueble por 150.000 euros,seguir reclamando 250.000 a Domingo y su familia, y revenderlo al día siguiente obteniendo una jugosa plusvalía. Desde la PAH hemos intentado hablar con ellos, pero su respuesta ha sido la siguiente: Domingó firmó el contrato, no vamos a paralizar la subasta. Ante la negativa, hacemos un llamamiento a la solidaridad para ejercer el máximo de presión sobre la entidad. Una subasta que condenará a la familia a la pobreza y a la esclavitud para el resto de sus vidas.
La acción consiste en lo siguiente: El teléfono de contacto de General Electric es el que sigue 687905244. La persona de referencia se llama Elena. Os animamos a llamar y leer el siguiente texto:
“Buenos días, me llamo x, pertenezco a la Plataforma de afectados por la hipoteca y le llamo para recordarle, por si lo había olvidado, que en los últimos años, bancos y cajas, han practicado la concesión indiscriminada de créditos hipotecarios. En muchos casos se financió hasta el 120% del valor de la viviendas, con cuotas de 40 o hasta 50 años, cláusulas de difícil comprensión o directamente abusivas como la cláusula suelo, avales cruzados… Estos elementos, entre otros, constituyen claros indicios de fraude y estafa generalizada.
Ahora, con el estallido de la crisis y el aumento del paro, miles de familias han llegado a una situación límite y ya no pueden continuar pagando la hipoteca. Cuando esto ocurre, descubren que no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida.
Es inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias de nuestros impuestos sin tener que asumir ninguna responsabilidad.”
Si la presión no surje efecto, interpondremos una demanda a General Electric por estafa.
Ánimos!