Y la esclavitud, y el segregacionismo, y los campos de concentración nazis… La historia esta llena de situaciones de absoluta injusticia social que en su momento fueron legales.
Ante la sentencia emitida por el Tribunal constitucional en la que sostiene que los procesos de ejecución hipotecaria son constitucionales la PAH aclara que:
– El fallo del TC se refiere a que en el proceso de ejecución no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que es lo que el juez Guillem Soler había elevado al TC por considerar que durante el proceso el ejecutado no tenía opción de defenderse. Es decir, el proceso de ejecución es un procedimiento de apremio donde lo único que cuenta es si pagas o no pagas. El juez no puede entrar a juzgar si no pagas porque no te da la gana, o porque no puedes, si estás en el paro, si tienes hijos o si no los tienes, si tienes otra vivienda donde vivir o si no la tienes. Tampoco puede valorar si te engañaron en la firma del contrato, o si hay cláusulas abusivas. Del mismo modo el ejecutado no puede alegar absolutamente nada. El procedimiento es una auténtica apisonadora inhumana que no contempla la posibilidad de que el afectado pueda tan siquiera explicarse. Simplemente se subasta su vivienda y si la subasta queda desierta, el banco se la adjudica por el 60% del valor de tasación. Puede que todo esto sea constitucional, pero es profundamente injusto.
La PAH discrepa radicalmente de la sentencia, pero coincide con el TC en una cosa. La justicia no puede depender de la arbitrariedad o sensibilidad de un juez, ni de los tribunales. Hay que exigir al legislador que traslade al Congreso lo que en la Calle es un clamor popular. Dación en pago retroactiva, Stop desahucios y alquiler social de las viviendas ejecutadas.
– Que este TC no tiene ninguna legitimidad. Entre otros muchos motivos, porque mayoritariamente lo conforman magistrados señalados a dedo por PP y PSOE. Casualmente las dos formaciones que con más ahínco se obcecan en bloquear las medidas que exige la ciudadanía.
– Y que ante leyes que son injustas y que vulneran claramente los derechos más fundamentales, la obligación de los ciudadanos y ciudadanas es proteger estos derechos. Ante un estado fallido, secuestrado por los intereses de las entidades financieras e incapaz de satisfacer las necesidades más elementales de la población, desde la PAH declaramos que, amparados – aunque el TC quiera obviarlo – por el artículo 47 de la Costitución, el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, ratificado por el Estado español, y el art. 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, entre otros, volvemos a hacer un alegato en favor de la desobediencia civil pacífica y a resistir a los desahucios. Estamos convencidos que si continuamos en esta linea, lo vamos a conseguir.
En el pasado, miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que no se resignaron y desobedecieron leyes injustas, lograron derechos que entonces parecían imposibles pero que hoy todo el mundo asume como naturales: acabar con la esclavitud, la libertad de expresión, el derecho a huelga, el derecho a voto de las mujeres… Nosotr@s haremos efectivo el derecho a la vivienda.
Ánimo y Adelante!