El Gobierno ha hecho pública su intención de incluir los desahucios por impago de alquiler en una nueva moratoria de desahucios, además de anunciar la prórroga y la mejora de la moratoria hipotecaria
Desde la PAH consideramos que este anuncio es consecuencia directa de la campaña de presión que iniciamos el pasado 21 de febrero, por lo tanto, una victoria nuestra y también de todos los colectivos que luchan por garantizar el derecho a una vivienda en todo el Estado.
Sin duda nuestra campaña #ViviendaPorDerecho ha hecho mella y ha conseguido colocar en la agenda del Gobierno estas dos demandas urgentes, que, de no haberse hecho, hubiera supuesto un aumento de los desahucios que se producen a día de hoy en nuestro país.
Esta ampliación del acuerdo de Gobierno servirá para frenar, al menos, una parte importante de la sangría de 198 desahucios diarios que se producen en todo el Estado. Sin duda, esta noticia supone un alivio para todas las personas hipotecadas que hasta la fecha no sabían si se prorrogaría la moratoria hipotecaria, pero también para miles de inquilinas que, por primera vez, no verán truncados sus proyectos de vida por culpa de la especulación, que nos ha llevado a precios inasumibles que acaban con las familias en la calle.
Sin embargo, la victoria no es total, siguen sin aprobarse medidas urgentes que acaben con los desahucios de personas que, en situación de vulnerabilidad, recuperan viviendas vacías de entidades financieras o fondos buitre y que suponen, al igual que el resto de desahucios, violaciones de Derechos Humanos, tal y como ha dictaminado Naciones Unidas. Así como quedan por ver los términos de dicha moratoria, ya que prorrogar la actual, redactada por el PP, bien sabemos que deja fuera a muchas familias hipotecadas con grave situación de vulnerabilidad que deberían poder acogerse.
Seguiremos presionando hasta conseguir el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, puesto que el próximo 30 de abril vence el plazo dado a España por el Comité DESC de Naciones Unidas, para el cumplimiento de las medidas propuestas en el último de los dictámenes condenatorios de nuestro país, y no se ha adoptado ninguna. Así como para la constitución de una “mesa de diálogo” interministerial por el Derecho a la Vivienda en la que trabajaremos, junto al resto de organizaciones sociales, hasta conseguir modificar elementos estructurales que a día de hoy impiden que el Derecho a la Vivienda sea una realidad en nuestro país.
En ese sentido, nuestra campaña #ViviendaPorDerecho continúa sobre los necesarios cambios estructurales que deberán producirse hasta consolidar el Derecho a la Vivienda en el Estado español.
En definitiva, medidas que consigan modificar cómo ha estado considerada la vivienda a nivel estatal hasta ahora, para que deje de ser un mero activo financiero y pase a ser un Derecho Fundamental, tal y como reclamamos desde los colectivos que luchamos diariamente por el Derecho a la Vivienda.
¡Sí se puede y se debe conquistar #ViviendaPorDerecho!