[Nota prensa] Presentamos unos nuevos documentos útiles para detener desahucios y demandas judiciales de grandes propietarios contra familias vulnerables

Ponemos a disposición de toda la ciudadanía los nuevos documentos útiles, una herramienta efectiva para exigir el cumplimiento de la nueva Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

Hoy miércoles 14 de junio de 2023 la PAH hace públicos y pone a disposición de la ciudadanía los documentos útiles para exigir el cumplimiento de la reciente Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en vigor desde el 26 de mayo del 2023.

A partir de la entrada en vigor de la conocida como “Ley vivienda” no se puede ejecutar ningún desahucio de familia vulnerable sin que el gran propietario (más de 10 viviendas) pase por una intermediación obligatoria con la administración pública.

Por ello, desde los juzgados se deben inadmitir todas las nuevas demandas y suspender los procedimientos de desahucio en curso que cumplan los siguientes requisitos: que el gran propietario tenga más de 10 viviendas, que se trate de vivienda habitual y que la familia sea vulnerable, es decir, que sus ingresos sean 3 IPREM o cumplan los criterios de la moratoria estatal, para los casos de impago de hipoteca, impago alquiler o finalización de contrato, y en los casos de ocupación que se demanden por la vía civil.

Presentamos estos documentos jurídicos para dar batalla judicial y dar respuesta a las miles de familias que actualmente tienen su desahucio paralizado gracias a la moratoria estatal y que se encuentran desinformadas e angustiadas porque no saben qué va a pasar después del 30 de junio, una vez que ésta decaiga. Además, también se podrán defender las familias vulnerables que a día de hoy ven que en breve entrarán en un procedimiento judicial por su situación económica que no les permite seguir pagando la hipoteca, el alquiler o que se han visto obligadas a ocupar una vivienda vacía de un banco.

Extrapolando datos publicados sobre el impacto de la moratoria en Cataluña, sólo en 2022 se habrían parado 26.658 desahucios en toda España, cifras que acumulando los suspendidos en 2020, 2021 y 2023 equivalen a miles de desahucios que ahora deben canalizarse con las medidas de la ley vivienda. Los impulsados por grandes propietarios deben ir a una intermediación que deberá aportar soluciones, pero la moratoria no distinguía entre propietarios, de manera que se deben prever medidas extraordinarias para ofrecerles alternativa de vivienda

Desde la PAH queremos dar un mensaje claro, aunque la Ley dista mucho de lo que exigíamos los movimiento sociales, el alquiler social obligatorio, advertimos desde hoy que la exprimiremos hasta la última coma para paralizar los desahucios y conseguir soluciones habitacionales para familias con riesgo de desahucio.

En este sentido, los documentos que presentamos hoy utilizan la modificación de la LEC para conseguir la intermediación que contempla la Ley, para exigir después que en ella se aporten soluciones que eviten que familias vulnerables pierdan su casa. Los Documentos útiles jurídicos que presentamos son los siguientes:

• Documento 1. Modelo escrito obligatoriedad intermediación con la administración para desahucios de alquiler y ocupación (jurisdicción civil) no suspendidos por la moratoria (RDL 11/2020)
• Documento 2. Modelo escrito obligatoriedad intermediación con la administración para desahucios de alquiler y ocupación (jurisdicción civil) suspendidos por la moratoria (RDL 11/2020)
• Documento 3. Modelo escrito obligatoriedad intermediación con la administración para desahucios hipotecarios
• Documento 4. Escrito de contestación a la demanda, para que se inadmita por obligatoriedad intermediación previa (casos nuevos, desahucios de alquiler y ocupación -jurisdicción civil-)
• Documento 5. Escrito de contestación a la demanda, para que se inadmita por obligatoriedad intermediación previa (casos nuevos, hipoteca)
• Guía de documentos útiles para detener desahucios la Ley Vivienda (Ley 12/2023)

Una vez presentados masivamente en los Juzgados instamos a las comunidades autónomas a trabajar para desarrollar el proceso de intermediación para que sea lo más garantista, consiguiendo arrancar a los grandes tenedores a soluciones dignas, como un alquiler social o realojos dignos, y así evitar el desahucio. En Cataluña, primer territorio donde la PAH consiguió aprobar una ley antidesahucios, exigimos que en la intermediación se exija el cumplimiento del alquiler social obligatorio  de la Ley 24/2015, con sanciones automáticas si se incumple, medida que Comunidades como Valencia, Navarra o Baleares también incorporaron en parte y que debe ser aprobada en todos los territorios.

Por último hace falta que todas las administraciones, incluída la de Justícia, se  pongan a trabajar para que toda familia vulnerable conozca sus derechos y para que los bancos, fondos buitres y grandes propietarios cumplan con sus obligaciones. 

¡¡Hoy como ayer, hagamos realidad el grito de “este desahucio, lo vamos a parar”!!