Terminó la legislatura anterior con la aprobación de la primera ley estatal de vivienda que, aunque se denomina Ley por el Derecho a la Vivienda, está muy lejos de garantizar el ejercicio de este Derecho Humano y fundamental. Si tras las pasadas elecciones autonómicas, y el ascenso de la derecha y la extrema derecha a los gobiernos, todo apuntaba a la inaplicación de esta ley, a pesar de su debilidad, Feijóo, como antes hizo Vox, ha incluido explícitamente en su programa de gobierno su derogación, lo que demuestra una vez más el repelús que a las derechas les genera el derecho a la vivienda, y sus simpatías y amores a los especuladores.
La ley, ahora en vigor, es un paso, leve, pero un paso en la dirección de anteponer el Derecho Humano a la vivienda a la especulación depredadora vigente. No obstante, y aunque se pudiera reeditar un gobierno progresista tras las generales, la ley no se aplicará en las CCAA gobernadas por las derechas, por lo que medidas como la declaración de zonas tensionadas para limitar las subidas de los alquileres, no van a ser reguladas y quedarán muy lejos del disfrute de la inmensa mayoría de la población, o los procedimientos de conciliación o intermediación que a tal efecto deben establecer las CCAA.
Los partidos que han apoyado la ley, deberían ahora reconocer sus insuficiencias. Empezando por el PSOE, que ha ido a regañadientes y limitando su alcance todo lo que ha podido. Sumar, que antes desde UP avaló el acuerdo de gobierno claramente insuficiente, y lo vendieron casi como una revolución. ERC y Bildu, cuyos temores nacionalistas, sirvieron de coartada al PSOE para no legislar la ley de mínimos necesaria, que puede y debe garantizar y compatibilizar competencias y legislaciones autonómicas con el mínimo de igualdad que la propia Constitución exige. Estos cambios, también se necesitarán de los apoyos de BNG y la CUP. Y de cualquier partido progresista que pudiera obtener representación.
Por eso, y para animar el voto a opciones progresistas, reclamamos el reconocimiento de las insuficiencias de esta ley, y su compromiso consecuente de reformarla, de manera que se impida el bloqueo en la mayoría de las CCAA y que sus medidas no queden más que en un simple e inútil esfuerzo, y puedan beneficiar a la mayoría.
La ley ahora en vigor es un paso, leve, pero un paso en la dirección de anteponer el Derecho Humano a la vivienda a la especulación depredadora vigente
Las reformas que pedimos son:
- Reforma de la ley basada en el artículo 149.1.1º de la Constitución, estableciendo un derecho mínimo exigible para toda la población, al margen de su lugar de residencia. La propia Constitución, en su artículo 47, mandata a todos los poderes públicos sin excepción a facilitar ese ejercicio e impedir la especulación.
- Incluir la obligación a los grandes tenedores, de ofrecer alquiler social antes de instar un proceso judicial de desahucio contra personas/familias vulnerables y al realojo por parte de las Administraciones Públicas cuando se inste por pequeños propietarios.
- Prohibición de desalojos forzosos a personas/familias vulnerables sin alternativa habitacional.
- Limitar los precios de los alquileres y sus subidas a un máximo del 30% de los ingresos, incluyendo alquiler/hipoteca y suministros.
- Introducir mecanismos para que ayuntamientos y/o la ciudadanía puedan promover la declaración de zonas tensionadas.
Además de las reformas señaladas a la ley, reclamamos medidas en políticas de vivienda como:
- Limitación de los efectos del euríbor en las revisiones de las hipotecas variables.
- Progresiva reducción del gasto público en políticas de vivienda que no generen beneficio colectivo, como los avales para hipotecas, orientando la inversión a la expropiación de viviendas desocupadas (3,8 millones acaba de cifrar el INE), e ir destinándolas a Parque Público para alquiler asequible y de carácter social.
- Medidas para evitar la pérdida de viviendas, como las siguientes:
- Disponibilidad de créditos blandos para familias o colectivos especiales (mayores, discapacitadas, migrantes, violencia de genero, jóvenes tutelados), -ampliación de los CBP y de la moratoria hipotecaria que finaliza el 15-05-2024.
- Modificación de la LAU para el reconocimiento de contratos de por vida para ciertos colectivos y regulación de los alquileres por habitaciones.
- Responsabilidad limitada y medidas contra el sobreendeudamiento de las familias, con una segunda oportunidad que permita conservar la vivienda habitual, así como la de los avalistas.
- Garantía de suministros básicos, evitando los cortes a las familias vulnerables.
- Plan de Choque de ampliación del Parque Público: -con las viviendas de la Sareb cedidas a los parques de las CCAA y ayuntamientos, -con la incorporación de las viviendas de la banca rescatada por el valor del rescate impagado; -con la movilización de las viviendas vacías de los grandes tenedores y la puesta en marcha de programas de solidaridad ciudadana de las de pequeños propietarios; -el desarrollo en todo el Estado de los derechos de tanteo y retracto, así como la ampliación en los Planes de Vivienda de los presupuestos para concurso, compra directa y construcción de viviendas de alquiler.
Estas medidas, que resultan imprescindibles para que el Derecho a la Vivienda comience a ser real, son los compromisos necesarios que reclamamos de los partidos progresistas, para que la gente sepa qué políticas de vivienda apoyan y a quiénes tienen que apoyar para avanzar en el Derecho a la Vivienda.
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Paco Morote es portavoz estatal de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH).
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