Nadie entendería que, mientras se actúa frente a la subida de los carburantes se sigan permitiendo los desahucios a familias vulnerables: la vivienda debe ser la prioridad.
Ante el previsible agravamiento de los problemas de vivienda como consecuencia de los efectos económicos de la ilegal guerra contra Irán, y el anuncio de nuevas medidas de escudo social, referidas solo a control de precios o bajadas de algunos impuestos las entidades que formamos parte de la plataforma “Ni un desahucio más”, queremos expresar nuestro absoluto desconcierto por el hecho que no se esté valorando la inclusión de medidas en materia de vivienda, en un momento en que los precios de alquiler están especulativamente desorbitados, y se acaba de desproteger a cerca de 70.000 familias vulnerables, y están previstas alrededor de 600.000 finalizaciones de contratos de alquiler.
Las entidades que luchamos por el Derecho a la Vivienda, estamos recibiendo a familias con anuncio de desahucio en cifras comparables a las de los años 2011, 2012 o 2013, y esto aún antes de que los efectos económicos y sociales de la guerra hayan actuado…
En consecuencia, exigimos del Gobierno y de todos los grupos parlamentarios que acaten y cumplan con el mandato constitucional de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el Derecho a la Vivienda, y que, en estos momentos, no pueden ser otras que recuperar íntegramente el escudo social antes rechazado, incorporando además medidas especiales de protección a inquilinos en situaciones de finalización o renovación de contratos, ya que, de poco puede servir a decenas de miles de familias vulnerables, el que les topen algunos precios mientras se les proponen subidas del 40% en el alquiler o no se les renuevan los contratos dejándolos en la calle, sin ninguna alternativa de vivienda asequible o social.
El “no a la guerra”, pilar fundamental de la garantía de los derechos humanos que compartimos, no pude obviar la defensa de la vivienda como principio y condición material irrenunciable para una vida digna.