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Dos procedimientos declarados nulos gracias al escrito de la PAH

Se declara la nulidad del procedimiento porque la vivienda es un derecho fundamental

La Ley 1/2013 de 14 de mayo del Partido Popular dictada supuestamente para reforzar la protección a los deudores hipotecarios fija el plazo de un mes para que las personas afectadas por la hipoteca con procedimiento judicial iniciado en el que no se haya producido el lanzamiento puedan alegar cláusulas abusivas ante los tribunales. Con ese plazo perentorio que finaliza el próximo 17 de junio se produce además de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva una nueva vulneración de los derechos humanos.

La Ley 1/2013 aprobada por el gobierno desoye el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el caso Aziz áun sabiendo que la misma es de obligado cumplimiento para el estado español y para todos los operadores jurídicos. El PP sigue ignorando las demandas de mínimos de la PAH contenidas en la ILP y las órdenes recibidas de Europa en la sentencia Aziz y ha dictado esta ley siguiendo los mandatos de la banca. A pesar de su ignominia, tenemos una buena noticia: uno de los operadores jurídicos, el Juzgado de Primera Instancia número 50 de los de Barcelona ha dictado dos Autos por los que decreta la improcedencia de dos demandas de ejecución hipotecaria presentadas por Catalunya Banc y declara la nulidad sobrevenida de los procesos y su archivo.

Estos Auto, pioneros en Barcelona, fundamentan sus argumentaciones en una idea: la vivienda es un derecho fundamental. El juzgador decreta que los jueces nacionales están vinculados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en base a ésta aprecia la nulidad sobrevenida de los procedimientos por cuanto los contratos de préstamo hipotecario contienen cláusulas abusivas. Apela, pues, a la innegable aplicación tanto de la normativa española como de la europea.

En los préstamos hipotecarios ejecutados en lo dos procedimientos se incluía una cláusula de vencimiento anticipado por la que se podía dar por vencido el préstamo por el impago de una sola cuota o el impago de la prima del seguro. El juez considera que la sola existencia de esta cláusula es el primer argumento para declarar improcedentes las ejecuciones y sus archivos por nulidad sobrevenida y ello porque así lo estableció la STJUE de 14 de mayo y así lo establece el artículo 693 incluido en la nueva Ley 1/2013.
En uno de los autos establece que, además, la ejecutante de la hipoteca –Catalunya Banc- no es la titular registral de la misma: Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa y al no haberse producido la inscripción de la cesión a favor de Catalunya Banc SAU, debe acordarse la terminación del proceso.

El Magistrado Sergio Fernández Iglesias, en base a las STJUE 14.06.12, 21.02.13 y la del caso Aziz 14.03.13, señala en estos autos que en los mismos préstamos podrían tener carácter abusivo al menos otras cláusulas: las relativas al interés de demora, la liquidación unilateral de la deuda y la cláusula suelo.
Establecen también los autos que siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo el juez nacional debe compensar el desequilibrio que se produce entre las partes que intervienen en el contrato de préstamo hipotecario -el profesional (Banco) y el consumidor- cuando no concurra un verdadero acuerdo entre ellos; arguye el juzgador que los contratos hipotecarios son de adhesión y las referidas cláusulas abusivas no se han negociado individualmente. Así, para determinar si el desequilibrio se produce, el juez deberá valorar si el consumidor aceptaría unas cláusulas de este tipo en el marco de una negociación individual.

El Magistrado deriva en ambos procedimientos al consumidor afectado a que inste la correspondiente demanda en los juzgados para pedir la nulidad de las cláusulas abusivas y en sus partes dispositivas declara la nulidad sobrevenida de los procedimientos hipotecarios y el archivo de los mismos.

Se ha abierto la veda. Esperemos que mientras el gobierno hace oídos sordos a nuestras demandas los jueces sigan avanzando y dando un paso más.

Sí, se puede.

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Europa declara ilegal la ley española de los desahucios

Comunicado del equipo jurídico de la PAH respecto a la sentencia de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria desde hace veinte años. El TJUE, de obligado cumplimiento para los jueces españoles, pasa por encima incluso de la normativa estatal y concluye que se vulnera de forma clara los derechos fundamentales de las personas afectadas y concretamente el derecho a la defensa. La ley actual no da al afectado mecanismos de oposición efectivos para hacer valer sus derechos en el marco del procedimiento de ejecución actual.

Los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso deben ser paralizados de oficio y de forma inmediata, puesto que la normativa que los regula es ilegal.

La sentencia da importantes facultades de actuación en los procesos vigentes a los jueces. La declaración del procedimiento como ilegal abre amplias vías para alegar la nulidad de los procedimientos que se han tramitado hasta ahora.

Ha tenido que ser un tribunal europeo quien se pronuncie ante la impasibilidad de un Gobierno y de un Parlamento ciegos y sordos, incapaces de atender el clamor popular y dar solución al drama social que los desahucios han provocado y siguen provocando hoy. El TJUE da también con esta sentencia una bofetada al Tribunal Constitucional español, el cual venía avalando un procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha demostrado claramente ilegal.

Las inmediatas estrategias jurídicas posibles ante el fallo del TJUE serán analizadas este sábado en una reunión de abogados de la PAH.

La sentencia es un respaldo al contenido de la Iniciativa Legislativa Popular, cuyas medidas se habían cuestionado por su carácter retroactivo. A la luz de la doctrina del TJUE la retroactividad no solo es una posibilidad reconocida en la Constitución, sino una necesidad. Una necesidad ya que se plantea la nulidad de las ejecuciones hipotecarias realizadas desde el año 1993, fecha de la Directiva en la que se basa la sentencia para declarar ilegal el procedimiento español. No puede sostenerse que una persona sea condenada a pagar una deuda perpetua derivada de un procedimiento ilegal.

Esta sentencia reafirma la importancia de la movilización ciudadana a favor de las medidas de la ILP, unas medidas de mínimos que se están debatiendo en el Parlamento, y las cuales dan respuesta a los planteamientos de respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.

¡Sí Se Puede!

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