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COMUNICADO SOBRE LOS DATOS PUBLICADOS DEL CGPJ RESPECTO A LOS DESAHUCIOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

El número de lanzamientos practicados o desahucios en el segundo trimestre del año fue de 16.859, lo que supone un descenso del 8,4 por ciento respecto al mismo trimestre de 2016, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El 58,6 por ciento de esos lanzamientos, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que otros 6.197 –el 36,8 por ciento- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 776 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña –con 3.625, el 21,5 del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre objeto del informe, seguida por Andalucía (2.947), la Comunidad Valenciana (2.287) y Madrid (1.791). Estos cuatro territorios suman el 63,2 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también Cataluña aparece en primer lugar, con 2.342. Le siguen Andalucía (1.377), Madrid (1.344) y la Comunidad Valenciana (1.132). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.426, seguida por la Comunidad Valenciana (1.121) y Cataluña (1.039).

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2017 fue de 7.689, lo que representa una disminución del 46,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El informe refleja un descenso interanual en todas las Comunidades Autónomas.

Andalucía es el territorio con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, con 1.864, el 24,2 por ciento del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana (1.218), Cataluña (1.090), Madrid (756) y la Región de Murcia (645).

No se dan datos de cortes de suministros básicos a familias vulnerables, que no pueden hacer frente al pago de los mismos, pero habrán sido cientos de miles en este período.

Estos datos, unidos a los cientos de miles de procedimientos actualmente suspendidos, a la espera de las sentencias del TJUE, confirman una vez más que el Derecho a la Vivienda en España no pasa de ser un anhelo y una reivindicación de la PAH más que una realidad, y que este Derecho no podrá ser efectivo hasta que no se apruebe la Ley de Vivienda de la PAH, que esperamos presentar en breve en el registro del Congreso con el mayor apoyo posible de los grupos parlamentarios, a quienes responsabilizamos directamente del sufrimiento de miles de familias por el incumplimiento sistemático de este Derecho.

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¡Vergüenza! Record de desahucios en 2011

Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha publicado los datos sobre ejecuciones hipotecarias y lanzamientos del cuarto trimestre de 2011. En ellos destacan que las ejecuciones hipotecarias se mantienen como un problema de primer orden, con una tendencia a la baja respecto al año anterior, mientras que los desahucios (lanzamientos) sufren un fuerte aumento.

Así, tenemos que en todo el estado durante 2011 se iniciaron 77.854 ejecuciones hipotecarias (93.636 en 2010) y 58.241 desahucios (47.809 en 2010).

Pero lo más grave son los totales que sumamos desde que inició la crisis en 2007. En efecto, entre 2007 y 2011 se han iniciado 349.438 ejecuciones hipotecarias y entre 2008 y 2011 se han producido 166.716 desahucios. 166.716 familias en la calle mientras la banca responsable de la crisis sigue declarando beneficios y recibiendo ayudas públicas sin ninguna contrapartida.

Las provincias más afectadas por los desahucios en 2011 fueron Madrid (9.460), Valencia (7.267), Barcelona (5.801) y Alicante (4.648).

Sobre la interpretación de estas cifras, quisiéramos destacar tres aspectos:

  • 1º) Es normal que ahora se disparen los desahucios respecto de las ejecuciones: los procedimientos de ejecución hipotecaria se están alargando hasta dos años en los juzgados; el desahucio llega al final de ese procedimiento, después de la subasta del piso. Por ello, ahora vemos una fuerte crecida de los lanzamientos o desahucios, porque son la consecuencia de las ejecuciones iniciadas en 2008, 2009 y 2010. En cualquier caso hay que tener en cuenta que la práctica totalidad de ejecuciones terminarán en desahucio, tanto si lo refleja la estadística judicial como si no, puesto que tras la subasta se produce un cambio de propiedad y raramente la nueva propiedad está dispuesta a alquilar la vivienda a la persona ex propietaria.
  • 2º) La disminución de ejecuciones iniciadas en 2011 respecto de 2010 no significa que el problema de las ejecuciones se esté resolviendo en España, como algunos medios parecen sugerir. 77.864 ejecuciones en 2011 son una barbaridad y triplican las que se producían en 2007: 25.943. Estamos lejos de ver resuelto le problema de las ejecuciones, y desgraciadamente estamos seguras/os de que en 2012 mantendremos cifras escalofriantes.
  • 3º) Tras las estadísticas hay personas, nucleos de convivencia, familias enteras. Vidas destrozadas por un sistema avaricioso y depredador que prioriza la lógica del beneficio de un 1% de la población, sobre el bienestar y la vida digna del 99%.
  • Tal y como ya denunciamos hace pocos días, el nuevo decreto del gobierno en materia hipotecaria, lejos de ayudar a las personas afectadas, complica aun más su situación, ya que ha dado la excusa perfecta a las entidades financieras para dejar de negociar cientos de daciones en pago que se estaban tramitando. Ahora los criterios son más restringidos, y las entidades cuentan con el aval del gobierno para intentar forzar novaciones que suponen aumentar la deuda y alargar la agonía para miles de familias que ya se encuentran al límite de sus posibilidades.

    Sin embargo, no nos vamos a rendir. La vida y la dignidad de la mayoría de la población están en juego. Exigimos la regulación de la dación en pago retroactiva, la moratoria inmediata de los desahucios y el impuslo del alquiler social como medidas de emergencia para garantizar el derecho a la vivienda y a una segunda oportunidad.