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Las 712 personas realojadas por la PAH exigen que la administración cumpla con su deber: garantizar el derecho a la vivienda de toda la población

Los 712 realojados por la PAH han exigido hoy que se garantize el derecho a la vivienda de toda la población tras la resolución del TEDH

ÚLTIMA HORA (18:50): respuesta de Estrasburgo, 5 noviembre

escrito presentado por Generalitat y Abogacía del Estado
alegaciones presentadas por la PAH

El día en que el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos se posicionará de nuevo sobre el caso del Bloc de Salt (Girona) en el que viven 16 familias y propiedad de la SAREB (el banco malo), la PAH ha vuelto a colocar en el centro del foco el problema real al cual nos enfrentamos como sociedad: la emergencia habitacional en la que está sumida la población, que sigue perdiendo su vivienda, y se ve abocada a la calle.

Hoy más de trescientas personas se han dado cita frente a la Generalitat de Catalunya. Gran parte de ellas eran familias que han sido realojadas por la Obra Social la PAH y las familias de los bloques recuperados en el marco de la campaña.

[Ver comunicado de convocatoria de la acción de hoy]

El mensaje que se lanzaba es sencillo: no se trata de un bloque ni de un problema puntual, estamos hablando de centenares de miles de famílias que han perdido y siguen perdiendo su casa sin que tengan alternativa habitacional alguna. Son ya más de 712 personas realojadas por la PAH, y muchas más de las que nadie habla que se han visto obligadas a ocupar una vivienda por no contar con otra alternativa.

Ni la Generalitat, ni el Gobierno del Estado están en disposición, ni cuentan con los recursos para garantizar el derecho a la vivienda de todas ellas. El día en que el TEDH volverá a fijarse en la vulneración de derechos de Salt, la PAH demuestra que en el estado español las instituciones no quieren ni pueden garantizar que se cumpla la resolución del mismo tribunal del 16 de octubre en Salt, una demanda histórica de la PAH: la obligación de las administraciones públicas de intervenir en los casos en los que los derechos fundamentales puedan verse violados.

A estas alturas, a nadie con dos dedos de frente se les escapa que la situación requiere afrontar el modelo especulativo de la SAREB y recuperar las viviendas del Banco Malo para las personas desahuciadas. La PAH exige soluciones para todas ellas, soluciones que la misma PAH ya está aplicando frente a la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales. No se entiende que la gente esté sin casa cuando miles de viviendas se mantienen cerradas a la espera de seguir haciendo negocio con un derecho fundamental. Y todo ello

Por este motivo hoy en Barcelona, en una acción que buscaba visibilizar esa realidad que Gobiernos y bancos esconden, se han construído centenares de pequeñas casitas con nombres y apellidos reales dentro. Además había representación de los edificios recuperados en varias poblaciones de Catalunya.

Fotos de la acción

stjaumepah

A la espera de la resolución del TEDH hacemos público el escrito de la Abogacía del Estado y la Generalitat, y las alegaciones de la PAH, y avanzamos una primera valoración del primero.

Los argumentos esgrimidos por el Estado y la Generalitat ante el tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los cuales la PAH tuvo conocimiento ayer noche son los siguientes:

  • Un reconocimiento de que la SAREB no está pensada para garantizar el derecho a la vivienda, si no para consolidar el rescate bancario.
  • La Abogacía del Estado solicita que se levante la suspensión cautelar del desalojo alegando que es una cuestión de «interés nacional», ya que podría servir de precedente para otras personas y ocupaciones.
  • Que se garantiza el realojo para dos familias.
  • Miniza los motivos de la PAH para recuperar el bloque en el que se han realojado a las 16 familias, eludiendo el hecho de que las familias habían agotado todas las vías para acceder a una vivienda.

Ante estos escritos, la PAH ha presentado esta mañana las siguientes alegaciones [descargar aquí]:

  • El motivo que impulsa la recuperación de los bloques es el de evitar que las familias se vean en la calle, no se trata de una acción meramente de protesta
  • Se constata y demuestra que antes del 15 de octubre y la movilización en defensa del Bloc Salt no había habido ningún movimiento por parte de la Generalitat para garantizar los derechos fundamentales de las familias
  • La negociación con la SAREB está abierta y por ello es necesario disponer de más tiempo.
  • La SAREB no ha presentado prueba alguna de que haya una venta o posible alquiler del edificio a terceros, por lo que queda en entredicho la urgencia por recuperar la posesión del edificio

Adjuntamos al final ambos escritos, para conocimiento de los medios de comunicación y de toda la población a la espera de poder conocer y valorar la resolución del tribunal de Estrasburgo para el caso de Salt.

El caso del Bloc salt, la campaña de la Obra Social la PAH, e incluso la misma Abogacía del Estado en sus argumentos al TEDH, han puesto, de nuevo, en evidencia que vivimos en una situación de emergencia habitacional que las administraciones públicas están ignorando y que es la ciudadanía organizada la que está autotutelando los derechos fundamentales de la población.

 

 

ÚLTIMA HORA (05/10 a las 18:50): Valoración de la respuesta de Estrasburgo, 5 noviembre

La valoración a día de hoy que desde la PAH se hace de esta respuesta es la siguiente:

  • La resolución del TEDH, que reconocía que se vulneraban derechos fundamentales en el desalojo de Salt, indica que el TEDH ahora entiende que la situación ha cambiado porque ahora la Generalitat ha decidido realojar a las familias. Esto reafirma la posición jurídica de la PAH: el 15 de octubre el TEDH acepta una petición cautelar de protección que ahora ya ha sido asumida por la propia Generalitat. Si la Generalitat lo hubiera asumido en su momento, no habría sido necesaria la intervención de Estrasburgo.
    Tras el proceso de Estrasburgo, la Generalitat tendrá que dar respuesta y realojo al resto de familias del Bloc Salt, tal y como se ha comprometido públicamente
    , y a las familias que viven en los bloques de la Obra Social de la PAH, si su voluntad es efectivamente garantizar los derechos fundamentales de todos
  • Tras el levantamiento de la suspensión cautelar de desalojo, es el juez de Girona quien ha de decidir si se levanta la suspensión del desalojo. El precedente que marca la resolución de Estrasburgo del día 16 da a entender que el juez valorará la situación antes de decretar de nuevo el desalojo, ya que es conocedor de que en el bloque viven más familias que las dos que la Generalitat se compromete a realojar.
  • Estrasburgo en su medida cautelar estaba dirimiendo el caso de dos familias, las dos que habían podido empadronarse en el edificio antes de presentar el recurso. El Tribunal ha anunciado que estudiará la demanda de fondo interpuesta en relación a todo el procedimiento. Es decir, no es la última palabra de Estrasburgo respecto a lo que plantea la PAH: un cuestionamiento del modelo de la SAREB y la actuación de las administraciones públicas respecto a este modelo.
  • El caso del Bloc salt marca un punto de inflexión en lo que respecte a la responsabilidad de las administraciones públicas en la vulneración sistemática de derechos humanos que se da por la sangría de los desahucios ya ha hecho historia.
    • La entrada del TEDH en un desalojo instado por la SAREB dice mucho del desprecio total de los poderes públicos españoles y catalanes en relación a los derechos humanos.
    • Por otro lado, marca una obligación a la Administración de realojar las familias con carácter previo al desalojo, que también constituye un antecedente importantísimo.
  • Finalmente, la intervención de Estrasburgo ha supuesto que las familias afectadas dispongan ahora de una adjudicación de un piso con alquiler social, una opción con la que no contaban previa a la intervención de Estrasburgo. Será necesario que la Generalitat abra una vía para negociar colectivamente el realojo de las familias del Bloc Salt, atendiendo a las necesidades de éstas y con un proceso garantista

Descargar respuesta de Estrasburgo
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Reunión con el Presidente de la Generalitat Artur Mas para exigir que se decrete la emergencia habitacional en Catalunya

La PAH se reúne con el Presidente de la Generalitat Artur Mas para exigir que se decrete la emergencia habitacional en Catalunya

La PAH reclama que, dada la emergencia habitacional, se paralicen los desahucios y se expropie el uso de los pisos vacíos en manos de la banca y de la SAREB o “Banco Malo”

La reunión tendrá lugar viernes 21 de junio a las 19:30

La situación catalana en materia de vivienda es muy grave. Desde el comienzo de la crisis , Catalunya ha encabezado el triste ranking estatal de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. Según los datos del Poder Judicial, desde el 2007 hasta el inicio de 2013 se han producido 88.786 ejecuciones hipotecarias en Catalunya. Según la misma fuente, durante el primer trimestre de 2013 se han realizado 1.337 desahucios judiciales por ejecución hipotecaria y 3.249 desahucios por impago de alquiler; esto hace un total de 4.586 o, dicho de otra manera, de 51 desahucios al día de promedio. Una barbaridad. Una vulneración flagrante de los derechos humanos que un país que se quiera democrático no se puede permitir.

Celebramos que por fin el gobierno catalán se interesa por dialogar con el movimiento ciudadano que desde hace más de cuatro años ha encabezado la denuncia del problema de los desahuciaos y la propuesta de soluciones. Llama la atención que presidentes de otros países, como ahora Ecuador o Bolivia, se hayan querido reunir con la PAH antes que los presidentes de Catalunya o del Estado español. Pero mejor tarde que nunca, y ya va siendo hora de de reconocer como interlocutor a un movimiento ciudadano que, por su experiencia, conoce la problemática y las necesidades de las personas afectadas mejor que nadie.
De todos modos a la PAH no está interesada en un reconocimiento institucional. Hay vidas en juego y por eso desde las más de 40 PAH’s ya consolidadas en Catalunya, iremos a la reunión con el Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, con un objetivo muy concreto: desde las administraciones públicas no pueden seguir rehuyendo la realidad.

Deben decretar el estado de emergencia habitacional, y actuar en consecuencia con una batería de propuestas.

Como primeras medidas de urgencia, exigimos:

  • 1. Suspensión inmediata de los desahucios en los casos de vivienda única y habitual , cuando el impago sea debido a razones económicas.

  • 2. Sanción administrativa de los pisos vacíos en manos de entidades financieras y empresas inmobiliarias.

  • 3. Expropiación del uso de los pisos vacíos en propiedad de entidades financieras nacionalizadas con dinero público y de la SAREB o “banco malo” .Estos pisos de deben poner a disposición, de manera prioritaria, para las personas con menos recursos.

  • 4. Reconversión de todos los pisos de titularidad pública al régimen de alquiler social o pisos de emergencia para personas sin recursos. Ni un piso público vacío ni en régimen de compra venta.

  • 5. Reconocimiento y apoyo a las acciones de desobediencia civil que la ciudadanía se ha visto obligada a impulsar para garantizar el derecho a la vivienda. Que la Generalitat deje de amenazar a las familias con la retirada del PIRMI por estar ocupando, y que los mossos no actúen contra las recuperaciones de inmuebles como los de la Obra Social de la PAH.

  • 6. Eliminar las plusvalías municipales y el IRPF sobre las daciones y las condonaciones. Que la Generalitat actúe para evitar una fiscalidad abusiva que, a día de hoy, penaliza las daciones en pago y que hace que el estado y los ayuntamientos se lucren a costa de las personas afectadas que lo han perdido todo.

  • Hasta la fecha, las PAH y la ciudadanía en general hemos tenido una paciencia infinita. Hemos escuchado, hemos hablado con todo el mundo, hemos utilizado todos los mecanismos del sistema para plantear nuestras demandas de mínimos. Pero el tiempo pasa y la paciencia se agota. Ya no nos valen las excusas de la falta de competencias: toda administración está obligada a actuar cuando se trata de proteger los derechos fundamentales de la población . Tampoco nos valen las excusas de la falta de recursos: si alguna cosa sobra en nuestro país son pisos vacíos que incumplen la función social recogida en la Constitución Española y en la Ley por el Derecho a una Vivienda catalana. Las políticas seguidas hasta ahora, basadas en la mediación, la buena voluntad de los bancos y la caridad, han fracasado estrepitosamente. Por el contrario, las últimas medidas impulsadas por las PAH y recogidas en parte por la Comunidad de Andalucía demuestran que se trata única y exclusivamente de voluntad política.

    Si el Gobierno no actúa, lo hará la población como, de hecho, ya ha empezado a hacerlo. La desobediencia civil se extiende de manera proporcional a la crisis de legitimidad de unas instituciones democráticas incapaces de velar por los derechos básicos. Interpelamos al gobierno catalán, y por extensión al del resto de comunidades autónomas, para que se posicione: o rescatamos a bancos, o rescatamos a personas. Nosotros ya hemos elegido.

    Barcelona, 21 de junio de 2013