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La PAH celebra el día internacional de los derechos humanos exigiendo el derecho a la vivienda

La PAH celebra el día mundial de los Derechos Humanos exigiendo el derecho a la vivienda. Para ello queremos compartir el documental La Plataforma, sobre la lucha por el derecho a la vivienda y por la justicia social que desde hace cuatro años se libra en el Estado Español y que ha hecho efectivo el derecho a la vivienda de centenares de familias.

Documental La Plataforma, producido por Sicom

 


Y si algo hemos aprendido y puesto en práctica a lo largo de estos años es que ¡Sí se Puede! Como dice esta canción de una compañera de la PAH del Baix Penedés


También podéis descargr el libro de Vidas Hipotecadas, que explica el surgimiento de la PAH, denuncia la vulneración sistemática del derecho a la vivienda por parte de las administraciones públicas y entidades financieras, y da consejos y recursos para hacer frente a una situación de injusticia que poco a poco, juntos, estamos consiguiendo cambiar.

En Madrid el día internacional de los derechos humanos se ha celebrado con la ocupación de la Torre Kio, sede de Bankia. Y en Valencia con #acamPAHlaBanca, una acampada delante de la sede de Bankia en Valencia.

Los derechos siempre han sido fruto de conquistas sociales, y la PAH no va a parar hasta conquistar el derecho a la vivienda.

¡Sí Se Puede!

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Naciones Unidas recoge las denuncias de la PAH y condena duramente la política de vivienda del Estado español

Hoy se ha hecho público, a través de la web del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik. Este año la Relatora ha centrado su informe en el análisis del impacto que la financiarización de la vivienda está teniendo sobre el derecho a una vivienda adecuada. El informe se presentará oficialmente en la Asamblea Anual de la ONU que se realizará el próximo 29 de octubre en Nueva York.

El informe es demoledor, y concluye que las políticas de los últimos años que han priorizado el acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas se han demostrado un absoluto fracaso y han llevado a la vulneración sistemática del derecho a una vivienda adecuada. En particular, el informe destaca al estado español como ejemplo negativo de esa política fallida, que ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas, a través de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007. Así, el informe señala que «El paradigma que consideraba la propiedad de la vivienda como la forma de tenencia más segura ha resultado ser falso, dado que uno de los principales resultados de las crisis recientes ha sido el aumento de las ejecuciones hipotecarias, como en España» (pág. 11).

Entre otras cosas, el informe también denuncia con contundencia las políticas de austeridad que están perjudicando al conjunto de la población y vulnerando aún más el derecho a una vivienda digna, a la vez que «se asignan enormes cantidades de recursos públicos para el rescate de instituciones financieras» (pág. 12).

El análisis de la Relatora concluye con algunas recomendaciones, pidiendo que «se modifique el paradigma, pasando de las políticas basadas en la financiarización de la vivienda a un enfoque de estas políticas centrado en los derechos humanos» (pág. 24). Para ello «los estados deben promover alternativas a la política de vivienda basada en el crédito privado y la propiedad» a través de «viviendas sociales de alquiler y otras formas de tenencia colectiva e individual», así como «promover una combinación de sistemas de tenencia, incluidos un sector inmobiliario público que no se rija por los mercados liberalizados  y sistemas de alquiler con rentabilidad limitada o alquileres regulados, para prevenir la exclusión y segregación social» (pág. 25). También «deben crearse marcos jurídicos e institucionales para garantizar la seguridad de la tenencia en sus distintas formas, incluido el alquiler».

Vamos, lo contrario de lo que ahora mismo está haciendo el gobierno español que insiste en querer reanimar el modelo de la burbuja inmobiliaria, a través de políticas tan nefastas como el banco malo, la reforma del alquiler para hacerlo aún más inseguro y la agilización de los desahucios.

Recordamos que en marzo de 2012 la Relatora Raquel Rolnik visitó Barcelona, invitada por el Observatori DESC, y tuvo ocasión de encontrarse con decenas de familias afectadas por la hipoteca de distintas PAH’s (ver video).

Tras ese encuentro, también se le hizo entrega del libro de la PAH, Vidas Hipotecadas, que la Relatora cita en su informe en más de una ocasión. De hecho, la Relatora agradeció la información proporcionada por la PAH y lamentó los pocos datos oficiales disponibles en el estado español respecto a la problemática.

Podéis leer el informe completo en el siguiente enlace : Informe Relatora ONU oct2012

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Banco malo versus Banco Bueno: De la estafa organizada a la oportunidad histórica.

Artículo de Adrià Alemany, miembro de la PAH y coautor del libro Vidas Hipotecadas : De la Burbuja inmobiliaria al Derecho a la Vivienda

Con la nueva reforma financiera anunciada por el Ministro de Guindos (la quinta desde que estalló la crisis, y la tercera desde que gobiernan los populares) se obliga a las entidades financieras perceptoras de ayudas públicas a deshacerse de los inmuebles adjudicados en cartera. Para ello se crearán sociedades gestoras (banco malo), participadas por el FROB,  que compraran los activos tóxicos que se acumulan en los balances bancarios para venderlos en un plazo máximo de 15 años. Con ello se pretende sanear las cuentas de las entidades financieras de la indigestión inmobiliaria. De esta manera el FROB, que podrá endeudarse hasta un tope de 120.000 millones de euros, financiará la compra de estos activos tóxicos, mayormente inmuebles que actúan como garantía de créditos ligados a promotor, según el propio ministro de economía. El gobierno ha asegurado que dichos activos se compraran a un precio razonable y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado que la reforma “se ha diseñado para que no cueste un euro al erario público”.

Sin embargo, esta nueva “restructuración” se presenta ante nosotros como el mayor rescate bancario hasta la fecha y otra gran estafa a la ciudadanía. Al respecto varias consideraciones:

1) ¿Quién nos asegura que las parcelas, suelos,  promociones sin acabar y urbanizaciones fantasma  que absorberá el banco malo se comprarán a un precio razonable? Que se entiende por “precio razonable”?

 Si la intención del banco malo es comprar activos para luego venderlos,  el precio al que se compren y luego se vendan estos activos será clave para determinar el coste final para el contribuyente. Una de las hipótesis que se barajan es que los inmuebles sean transferidos al banco malo por su valor contable menos las provisiones ya realizadas sobre el activo que poseen en cartera (un colchón que los bancos están obligados a reservar para compensar la depreciación de los inmuebles). ¿Pero descontar la provisión realizada sobre el precio contable de los activos será suficiente para ajustarnos a su valor actual de mercado? Suponiendo que fuera así, que no lo es, y que, tal y como asegura el ministro De Guindos “los activos tóxicos de los bancos ya estuvieran  suficientemente  provisionados, con lo que el precio de compra podría ser reducido”, ¿por qué estos activos no encuentran salida en el mercado privado? ¿Por qué se transfieren entonces al banco malo? ¿Por qué nadie los quiere? ¿Por qué los tiene que comprar el Estado?

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El Gobierno agiliza aun más los desahucios en beneficio de la banca y decreta la muerte de un alquiler digno

Por si a alguien le quedaba alguna duda de para quien gobierna este Gobierno, el ejecutivo no ha querido desaprovechar este mes de agosto para aprobar un decretazo que de una vez termine con los pocos derechos que aun tenían los inquilinos en el estado español.

La reforma anunciada para ser aprobada en el Consejo de Ministros de hoy viernes 24 de agosto, prevee, entre otros: reducir los años del contrato de alquiler de 5 a 3 años, agilizar aun más los desahucios por impago de alquiler, y beneficiar fiscalmente a los grandes especuladores inmobiliarios. Y todo ello sin aprobar ninguna medida que ayude a las personas que contra su voluntad sufren el desempleo y los recortes, y que en consecuencia no pueden pagar la hipoteca o el alquiler.

La PAH desde su fundación en 2009 ha explicado que nos centramos en la denuncia de las ejecuciones hipotecarias por ser una de las caras más dramáticas de la crisis habitacional que afecta a millones de personas, pero que eramos muy conscientes de que ejecuciones y desalojos hipotecarios eran la punta del iceberg de un problema más amplio: la mercantilización de la vivienda y la vulneración sistemática del derecho a una vivienda digna en el estado español. Alquiler y compra son dos caras de una misma moneda: si muchas personas se hipotecaron en este país fue precisamente porque desde hace años los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han ido mermando los derechos de los inquilinos, haciendo que el alquiler no fuera una alternativa real para quienes legítimamente querían acceder a un hogar asequible y estable. Alquilar era oficialmente «tirar el dinero», fiscalmente sólo desgravaba la compra y los inquilinos año tras año tenían menos derechos.

Y no sólo. La PAH también se da por aludida con esta nueva reforma en la medida en que la casi totalidad de las cientos de miles de personas que ya han sufrido o están sufriendo una ejecución hipotecaria pasan directamente al mercado del alquiler. Es decir, mientras no existan otras alternativas (como las cooperativas en régimen de cesión de uso, habituales en el norte de Europa y otros países), el destino inmediato de las personas afectadas por la hipoteca es el alquiler. Así, se da la paradoja que el Gobierno condena a las familias a sufrir la violencia de un desahucio varias veces en poco tiempo: primero por ejecución hipotecaria, después en el mercado privado del alquiler, y en todos los casos sin ofrecer ninguna alternativa de realojo en un parque de vivienda social asequible inexistente en España.

La excusa del Gobierno es muy mala: dice que pretende fomentar el alquiler. Pero la receta de sobreproteger a la parte fuerte del contrato no es nueva, llevan aplicándola muchos años, y su efecto ha sido sistemáticamente el contrario. Además, si lo que realmente preocupara al Gobierno fuera la inseguridad jurídica de algunos propietarios, lo que debería hacer es distinguir entre pequeños y grandes propietarios; entre quien deja de pagar por falta de capacidad económica y quien lo hace por mala fe; y, sobre todo, ofrecer soluciones de realojo y garantizar un parque de alquiler social asequible donde ubicar a las familias que lo necesiten.

La nueva reforma del alquiler no sólo vulnera todos los compromisos del Estado español en materia de derechos humanos. Además, profundiza en una política de vivienda que ya se ha demostrado un fracaso. Precarizar el alquiler, agilizar los desahucios, promover la compra a través del sobreendeudamiento e incentivar la especulación inmobiliaria nos ha llevado a ser campeones europeos en desahucios, ejecuciones hipotecarias, viviendas vacías, precios elevadísimos y corrupción, entre otros. La nueva reforma beneficia a los grandes propietarios, en especial a la banca, y busca atraer la inversión de grandes capitales extranjeros. En concreto, prepara el terreno para dar salida al «banco malo» que el Gobierno está a punto de aprobar: con el «banco malo» el estado comprará a precios inflados de burbuja los activos inmobiliarios que la banca no logra colocar. A continuación, los ofrecerá a inversores extranjeros, especialmente chinos y rusos, con grandes ventajas fiscales aprobadas en el decreto de hoy; por ejemplo, tributando al 0% en el impuesto de sociedades. Una vez más, el Gobierno socializa las pérdidas y privatiza los beneficios con un resctae multimillonario encubierto. La banca gana, la población pierde.

Pero hay un dato que el Gobierno parece no haber incluido en sus cálculos. La población ya no puede más. Cientos de miles de personas están firmando la ILP por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la reconversión de la vivienda vacía en manos de la banca en alquiler social asequible, y no vamos a tolerar que se desprecie la voluntad popular. Millones de viviendas vacías esperan a cumplir su función social. Sobran viviendas y sólo falta voluntad política para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Si el Gobierno no lo hace, lo haremos nostras.

Para más información sobre las políticas de vivienda en España y las propuestas de la PAH, podéis descargaros gratuitamente el libro Vidas Hipotecadas : De la Burbuja inmobiliaria al Derecho a la Vivienda , disponible bajo licencia CC en este enlace.

Más información sobre la propuesta de reforma de ley aprobada hoy por el Gobierno en el comunicado del Observatorio DESC