El Pleno del Congreso de los Diputados decide hoy jueves, 29 de noviembre, sobre la convalidación o derogación del “Real Decreto de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”, nombre con el que se designa la reciente moratoria parcial de desahucios aprobada por el Gobierno.
Desde la PAH recordamos que este Decreto no sólo no va a resolver el problema de los desahucios, sino que incluso puede empeorarlo.
En primer lugar, esta moratoria es insuficiente porque excluye a la mayoría de gente afectada a través de requisitos que son arbitrarios y discriminatorios (así por ejemplo, podrá acogerse una familia con un niño menor de tres años, pero no otra en idénticas condiciones económicas con dos niños de 4 años). Todas las personas que pueden perder su casa por motivos económicos ajenos a su voluntad, son casos vulnerables. Es significativo que de los casos de suicidio por desahucio que han hecho saltar todas las alarmas en las últimas semanas, ninguno podría acogerse al decreto.
En segundo lugar, no aborda el problema de la deuda: sólo prevé una moratoria del desahucio como máximo durante dos años en unos pocos casos. Durante ese tiempo, los intereses seguirán aumentando y cuando termine la moratoria la deuda será aún mayor. Tampoco dice nada sobre la gente ya afectada por las 400.000 ejecuciones hipotecarias que ya se han realizado en España y que son las que han generado este debate. Miles de personas condenadas a ser proscritas financieras de por vida, con deudas ilegítimas e impagables.
En tercer lugar, el Decreto puede empeorar la situación porque ignora que toda la gente afectada por desahucio de vivienda habitual es un caso de extremada vulnerabilidad. Perder la propia casa sin tener donde ir es de lo peor que le pueda suceder a una persona o familia. Por ello, todas las personas afectadas se encuentran en una situación de desesperación. Teniendo en cuenta esto, el decreto puede provocar que algunas de estas personas acaben atentando contra su propia salud para cumplir con el requisito de “enfermedad grave”, o que decidan tener un hijo para entrar en la categoría de “familia con hijo menor de 3 años”, o incluso que se produzcan denuncias falsas de violencia de género, ya que es otro de los criterios de “vulnerabilidad” establecidos por el decreto. Así, esta medida puede acabar causando más daño del que supuestamente iba a resolver.
En cualquier caso, siempre se está a tiempo de rectificar. Y aunque sea tarde, el drama de los desahucios y las deudas hipotecarias que afecta a miles de familias requiere medidas urgentes que realmente resuelvan la situación. Por ello instamos al Gobierno a que escuche a la PAH: si algo tenemos, es conocimiento exhaustivo y experiencia en la materia. No sólo: nuestras demandas cuentan con el respaldo de la mayoría de la población y, a diferencia de los bancos, nuestras opiniones no están contaminadas por intereses especulativos sino que persiguen la realización de los derechos humanos y el bienestar general.
Si realmente quieren resolver el problema, escuchen a la PAH.
Adjuntamos carta formal dirigida al Gobierno de España.
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