A LOS RESPONSABLES FEDERALES DE VIVIENDA, ECONOMÍA Y JUSTICIA DEL P.S.O.E.
Gobierne quien gobierne la vivienda se defiende
Desde la PAH, nos dirigimos a las personas responsables de Vivienda, Economía y Justicia del PSOE, ante la situación de emergencia habitacional que sufre este país, y la falta de respuestas positivas por parte del Gobierno, en las siguientes materias:
1ª Economía.- Se está tramitando actualmente en el Congreso, la ley de crédito inmobiliario, heredada del Gobierno anterior, y elaborada por el banquero De Guindos. Este hecho, imbuye al proyecto de ley la impronta del banquero, que, en contra de la reiterada jurisprudencia del TJUE, pretende dar cobertura legal a cláusulas abusivas, bajo pretexto de consentimiento, como las suelo, en lugar de prohibirlas, establecer una cuantía fija de intereses de demora para impedir la anulación de esas cláusulas…etc. Vuelve a ignorar el contenido y efecto disuasorio de la Directiva 93/13/CE, cuya mala trasposición a la legislación española, permite que, incluso 24 años después de su publicación, se pueda condenar a España por su incumplimiento, como en el caso de las cláusulas suelo en enero de 2017. Impide que la responsabilidad se limite al bien hipotecado, y niega la dación en pago como solución a una situación sobrevenida que impida al deudor hacer frente a sus compromisos, con lo que, de nuevo santifica el que el banco, que sin duda habrá recuperado vía titulización, la totalidad de la deuda, se quede con la casa, y el deudor endeudado por el resto del préstamo, más intereses, intereses de demora, costas…
Además, blanquea la abusiva cláusula de vencimiento anticipado, moderando el número de cuotas impagadas para que el banco pueda iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria (declarado ilegal por el TJUE), y por si fuera poco, en su disposición transitoria primera establece la retroactividad, (a diferencia de lo aprobado por el Gobierno en relación al IAJD), de la citada e ilegal moderación, de forma que, a nuestro entender, y a pesar de las declaraciones de la ministra Calviño, podrían activarse cientos de miles de nuevos desahucios al aplicarse los nuevos vencimientos a todos los contratos firmados hasta ahora, y al reactivarse miles de procedimientos judiciales actualmente suspendidos. Impone también la vinculación obligatoria a esta ley para cualquier novación o subrogación del préstamo, otorgando a la banca la posibilidad de blanquear todas las Clausulas Abusivas que contenga el contrato, en lugar de permitir acogerse a las condiciones más beneficiosas para el consumidor. Esta ley, de aprobarse en sus actuales términos, perjudica gravemente a la Ley de Vivienda de la PAH en materia de protección al deudor hipotecario, ya que sus contenidos están incluidos en esta.
Supone en definitiva, un nuevo acto de superprotección a la banca, tras la sentencia del TS y el espejismo de la transferencia de la obligación futura del pago IAJD, que les libera de la retroactividad que sí se impone con la ley De Guindos.
En consecuencia, pedimos al PSOE: Que reconsidere su actitud frente a esta ley, y acepte las enmiendas que limitan la responsabilidad al bien hipotecado, establecen como solución normal la dación en pago, y protegen al deudor de buena fe, en consonancia con la directiva 93/13/CE, y la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas y sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria, así como que se elimine la retroactividad de la ley, salvo que sea condición más beneficiosa para el consumidor. Desde finales de septiembre, seguimos esperando respuesta a una solicitud de entrevista remitida al Ministerio de Economía para tratar estos temas.
2ª Vivienda.- Tras más de 33.000 desahucios en el primer semestre de este año, la burbuja galopante de los precios de alquiler, la subida de los de compra, cada vez más cerca de los incrementos de la época de la burbuja financiero/hipotecaria, el acaparamiento sistemático de centenares de miles de viviendas por fondos buitre y socimis, unido a la carencia casi absoluta de Parque Público de Vivienda, aunque se han anunciado varias, no se ha adoptado medida alguna capaz, al menos de paliar esta situación de evidente emergencia habitacional, y podríamos acabar el año con cifras de desahucios similares a las de los peores de la crisis.
Urge la aplicación inmediata de los acuerdos en materia de Vivienda, contenidos en el acuerdo para los PGE, que aunque insuficientes, pueden paliar, sobre todo en materia de alquileres, la burbuja especulativa que se sufre. Para la puesta en práctica de los mismos, no se precisa aprobar dichos PGE, se debiera hacer urgentemente por decreto. Urgen también medidas para movilizar al mercado, viviendas que actualmente están vacías (3,4 según el último censo del INE), es imprescindible definir legalmente el concepto de vivienda deshabitada o de gran tenedor de vivienda, para poder abordar medidas en esa dirección, para evitar la especulación. Las sentencias del TC sobre las leyes de vivienda de Andalucía, C. Valenciana ,Euskadi y Navarra, dejan claro que se puede establecer un canon contra las viviendas injustificadamente deshabitadas además de que se debe estudiar una reforma fiscal que las grave, y ello, a pesar de las competencias autonómicas en materia de vivienda, ya que el artículo 47 de la Constitución, establece como un Derecho Universal de la ciudadanía el acceso a la Vivienda, y además, mandata a las Administraciones Públicas a combatir la especulación. Tampoco se conoce plan alguno para ir generando el imprescindible Parque Público de Vivienda, para que el derecho de acceso a la misma no dependa, como ahora, de forma exclusiva del nivel de renta.Hace falta adoptar medidas urgentes para disponerde las viviendas de quienes ahora las tienen, algunas provenientes de ayudas públicas y en manos de bancos rescatados, especialmente de Bankia.
Tampoco se nos han facilitado las enmiendas a la Ley de Vivienda PAH, lo que nos impide conocer cuál es la posición real del PSOE al respecto, y sobre Vivienda en general, aunque lo visto hasta ahora en la ley de crédito inmobiliario nos da muy mala espina, y nos inclina a pensar que, otra vez van a prevalecer los intereses de la banca sobre los de las personas, lo cual no tiene nada de socialista ni de progresista.
Aunque mantuvimos una entrevista con el ministro Ábalos en septiembre, y una más con la Secretaria General de Vivienda, y tenemos prevista otra, como ya hemos dicho, no vemos avances.
- Justicia.- Desde que en julio de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitiera un dictamen por el que condenaba a España por vulnerar el Derecho a la Vivienda, ninguno de los gobiernos habidos en España, ha hecho nada para cumplir las recomendaciones contenidas en el mismo. Además, cerca de 70 familias afectadas, han solicitado amparo al Comité, que ha pedido a España medidas cautelares concretas de suspensión temporal de desahucios. Estas peticiones, son remitidas por el Comité al solicitante, y a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, que, no tenemos constancia alguna de que los remita a ningún órgano judicial. Esto supone una clara violación de, al menos 3 artículos de la Constitución: el 96, sobre Tratados Internacionales, el 9.3 sobre el principio de legalidad, y el 10.2 sobre Derechos Fundamentales y Tratados Internacionales, igualmente supone una vulneración de la ley 25/2014 sobre Tratados Internacionales. También la sentencia 1263/2018 del Tribunal Supremo, nos recuerda la obligación de cumplir los dictámenes y recomendaciones emanados de Organismos Internacionales de Derechos Humanos y pactos suscritos por España, como el PIDESC.
Esta injustificable pasividad del Ministerio de Justicia, provoca además más desigualdades, ya que, hay jueces que las tienen en cuenta, y otros que las ignoran. Es urgente que el Ministerio de Justicia resuelva esta situación, para cumplir con los Derechos Humanos, los compromisos internacionales voluntariamente suscritos por España, y la Constitución, tan invocada para otras cosas mucho más superfluas para la vida de las personas.
Para tratar este tema, solicitamos también una entrevista al ministerio, el mismo día que a Economía, con el mismo resultado: Seguimos esperando.
Mientras, los juzgados Españoles se encuentran ya saturados por pleitos sobre Clausulas Abusivas que en el 98% de los casos son favorables a los clientes. Siendo así, resulta indecente que, despues de la Sentencia del TJUE sobre Clausula Suelo, aun no hayan recuperado su dinero casi la mitad de las afectadas, con lo que a los bancos les salen rentables en España los abusos cometidos y la utilizacion fraudulenta de la Justicia para retrasar lo mas posible las devoluciones, sin los intereses de demora que ellos mismos imponen a las afectadas si se retrasan minimamente.
Los 3 ámbitos expuestos, reflejan la pasividad del Gobierno en relación al Derecho a la Vivienda, sobre el que ha habido muchas declaraciones y ninguna actuación concreta, y en el que la situación de emergencia descrita en el primer párrafo del apartado de Vivienda, tendría que provocar actuaciones decididas y urgentes para poner freno a este caos especulativo, sin embargo, como hemos descrito, todo apunta a pasividad y connivencia con la banca. El PSOE está desperdiciando una oportunidad histórica para hacer justicia social, tras un rescate bancario de más de 60.000 millones sin contraprestaciones.
En España, los Derechos en materia hipotecaria o de defensa de los consumidores habidos en los últimos años, no han venido como consecuencia de cambios legislativos impulsados desde la política, sino como consecuencia de sentencias del TJUE, impulsadas en muchos casos por la lucha de la PAH. Esto genera más desigualdades, ya que, los derechos disponibles para ejercer la defensa de un deudor hipotecario, dependen de las sentencias producidas hasta ese momento, y derechos que entonces se te han negado, han sido reconocidos meses después por otra sentencia. Es por tanto imprescindible una legislación que recoja lo más avanzado para que no tenga que ser siempre el TJUE quien imparta justicia en España
Desde la PAH, estamos abiertas al diálogo, y así lo hemos demostrado, pidiendo reuniones y efectuando propuestas. Pero también exigimos medidas, algunas de las cuales se pueden aplicar ya, y sin embargo nada se mueve por la otra parte.
Estamos tan abiertas al diálogo, como dispuestas a la lucha. Acostumbradas a presionar a los bancos para conseguir paralizar desahucios, defender a las familias con daciones, recursos jurídicos, condonaciones de deudas, negociar alquileres sociales o a interponernos pacíficamente para tratar de impedir la injusticia de los desahucios. Así que, si no se deciden y aplican cambios reales, palpables y significativos, pues haremos lo que mejor sabemos hacer y mejores resultados reporta a las personas
#PSOEblanqueaLaBanca
Las PAHs valencianas rechazan el recurso de inconstitucionalidad del PP, que impide avanzar en el derecho a la vivienda y suministros.
La decisión del Partido Popular de presentar recurso de inconstitucionalidad a la Ley 2/2017 por la función social de la vivienda y a la Ley 3/2017 para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) boicotea el derecho de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana a una vivienda asequible, digna y adecuada, y a los suministros básicos.
Poco importa que el derecho a la vivienda esté recogido en la Constitución Española (art. 47), en el Estatuto de Autonomía (art. 19), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.25) y en el Pacto Internacional de Derechos. Económicos, sociales y Culturales (art. 1 y ss).
Con este recurso se impugna artículos fundamentales de la reciente Ley 2/2017 de vivienda en la C. V. que quedarán en suspenso hasta la sentencia del TC. Se van a anular los artículos que garantizan el derecho a la vivienda en casos de exclusión social, que evitarían desahucios obligando a los bancos a ofrecer alquiler social, que permiten movilizar las viviendas de grandes tenedores mediante el Registro de Viviendas Deshabitadas y las sanciones a las que estén deshabitadas de forma permanente e injustificada. También va a dejarse sin efecto el artículo 23 de Medidas para prevenir y paliar la pobreza energética -referido a la electricidad y gas- que pretendían garantizar el acceso a estos suministros básicos, evitando los cortes por no poder pagar (medida que además se vuelve a plantear también contra artículos importantes de la Ley 1/2017 sobre Pobreza energética).
Las razones de que esta Ley invade competencias estatales son excusas, que ponen de manifiesto la falta de voluntad política del PP para afrontar la emergencia habitacional. Además, la reincidencia de acudir al art. 149.1.13 de la CE, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica supone un obstáculo definitivo para que las CCAA regulen aspectos que le son de su competencia, como la vivienda, una recentralización y “expropiación” de sus competencias vía judicial y no política, como han impuesto en el recurso contra la ley de vivienda en Andalucía.
Y más cuando las medidas adoptadas por el Gobierno no sólo no resuelven los problemas de la mayor parte de la población afectada por los 600.00 desahucios, sino que cada día continúan sin parar tal como evidencias los 35 desahucios diarios en la C.V. según el CGPJ. El clamor ante esta situación en el estado español ha sido recogido recientemente en un Dictamen de las Naciones Unidas que decreta que los desalojos sin alternativa constituyen una violación del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada.
Las PAHs del P.V. rechazamos y condenamos la incapacidad demostrada por parte del PP a la hora de afrontar los problemas de esta Comunidad, y su forma de hacer política poniendo «palos en las ruedas» y obstaculizando sin cesar los avances que nos deberían conducir a un estatus cada vez más garantista de los derechos humanos. Exigimos que el PP levante todos los recursos interpuestos en las Comunidades Autónomas y cree un marco estatal adecuado, como plantean
la Ley de Vivienda de la PAH que se va a presentar en este mes en la mesa del Congreso.
Finalmente, las PAHs del País Valenciano evaluarán el próximo día 18 de noviembre en la Coordinadora de Comunidad la trascendencia de este recurso y estudiarán las medidas a adoptar, entre la que se encuentra instar a todos los grupos políticos que han aprobado la redacción de esta Ley a que usen todos los recursos para su defensa y continúen luchando por su legitimidad y posterior reglamentación. Y también al PP que no la apoyó a incluir estas demandas en las leyes de ámbito estatal que no podrán negar que son de su competencia.
Valencia, 5 de noviembre de 2017
Para Halloween, truco o trato de la PAH al Banco Santander
Son fechas terroríficas, pero las PAHs Catalanas seguirán demostrando que el miedo a cambiado de bando
Hoy 31 de octubre las PAHs catalanas se movilizan para seguir demostrando que hace tiempo perdieron el miedo y ofrecerle truco o trato al banco Santander, conocido coloquialmente como banco Satánder. Las fecha no podría ser más propicia, para enfretarse al mal en la defensa de los derechos más fundamentales de las familias afectadas por la vivienda. Una situación provocada por la estafa hipotecaria, la falta de parque público de vivienda, por estar los piso vacíos en manos de la banca y no de la administración o la negativa a ofrecer realojo y alquiler social en dichos pisos, tras sufrir un desahucio, ya sea por ejecución hipotecaria, impago de alquiler u ocupación.
Nuestro trato es claro y de mínimos, queremos soluciones que aseguren el descanso real ya de las familias. Ya sean afectadas directas del Banco Santander, de su filial UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) o del Banco Popular, entidad que se adjudicaron hace unos meses por 1€. O lo que viene siendo lo mismo, esta operación ha sido la estrategia para rescatar al Santander, que sólo ganó 1.867 millones en el primer trimestre de 2017.
Queremos dación en pago retroactiva, para todas las familias en fase de ejecución hipotecario y futura perdida de vivienda, evitando aumentar la lista de los 173 desahucios diarios en todo el estado. Es inaceptable que Banco Santander siga desahuciando y apoderándose de las casas de la gente, que previamente estafó, mientras Ana Botín gana 9,9 millones en 2016, con un fondo de pensiones de 43,1 millones de euros.
Queremos se usen los pisos vacíos, arrebatados a la ciudadanía con engaños, para ampliar el parque público de vivienda y dar solución a la emergencia habitacional provocada por la banca y la falta de políticas de vivienda valientes para que el Estado defensa los derechos delas familias por delante de los intereses financieros. Es vergonzoso que tras la adquisición por 1€ del Banco Popular, se permita que los pisos acaben en manos de un fondo buitre como Blackstone, que ha adquirido el 51% de todo el ladrillo tóxico de Banco Popular, con el único objetivo de seguir amasando beneficios multimillonarios con la especulación de nuestras vidas y nuestros hogares.
Queremos alquiler social asequible en base a los ingresos de la unidad familiar, que garaticen el derecho a la vivienda a las familias en exclusión residencial. Seguirá habiendo vidas en juego, mientras se sigan vulnerando Derechos Humanos básicos. Sabemos que la ley hipotecaria española es ilegal y criminal, tan criminal como la actitud de la banca, que niega a la gente un hogar, pero que no tiene reparos en invertir miles de millones en la industria armamentística. Un sector liderado por Banco Santander y BBVA, las entidades que más desahucios acumulan y más beneficios en paraísos fiscales. El banco Santander debe cumplir con su responsabilidad, ofreciendo alquiler a todas las personas desahuciadas, ya sea por la vía hipotecaria o por haber recuperado uno de tantos pisos vacíos en manos de la entidad, como única solución a la falta de soluciones que las destino a vivir en la calle.
Queremos quitas para aquellas afectadas que con ellas puedan evitar la perdida de su hogar. Es un crimen que alguien pierda su hogar por no poder pagar una cuota inflada con clausulas ilegales, colocadas con el único fin de poder adquirir las viviendas, tarde o temprano, para seguir especulando. Una muestra más de la estafa hipotecaria, que llevamos años denunciando y dando soluciones legislativas, para poder salvar a las personas antes que rescatar a los bancos con dinero público, para que trabajadores de las entidades, en este caso Banco Santander, puedan tener beneficios anuales de más de 1 millón de euros, a costa de nuestras vidas.
Por todo esto, hoy la PAH toma las oficinas del Banco Santander, como un imparable ejercito de zombies con un sólo objetivo: conquistar el derecho a la vivienda. Y si no hay trato habrá truco al más puro estilo PAH, con denuncia pública y movilizaciones pacíficas, hasta conseguir nuestras demandas. La ciudadanía organizada hace tiempo que perdimos el miedo, con valentía y decisión, logramos hacer posible lo que decían era imposible y que el miedo cambiara de banda, como demuestra la banca cada vez que cierra sus puertas antes el poder de las camisetas verdes.
¿Hoy que va a ser?
¿#TrucoOTrato?
#AlfredoSomosTodas en apoyo a un alquiler vitalicio para Alfredo
Alfredo Guillen fue una de las tantas personas que durante la época de la burbuja inmobiliaria apoyo a sus parientes. Dos sobrinas suyas le solicitaron que solicitara un préstamo Bankia hipotecando su vivienda, para así poder hacer frente a una serie de deudas. Alfredo, de buena fe, accedió a su petición, que termino por ser una estafa. Sus sobrinas se marcharon con el dinero proveniente del préstamo, el cual no pensaban devolver desde el principio. Y Alfredo tuvo que hacer frente a la deuda poniendo en riesgo lo único que tenía: su hogar y una pensión de 700 euros.
Tras pasar por la horrenda experiencia de que su hogar fuera subastado, acudió a la PAH con una orden de desahucio en la mano. El banco pretendía dejarle en la calle a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, gracias a la presión de la PAH se paralizo el desahucio de Alfredo y se inicio una vía de negociación. Mientras tanto Alfredo invitaba a María, una conocida que se había quedado en la calle, a vivir en su piso. Un acto de pura generosidad a pesar de que Alfredo se encontraba en plena emergencia habitacional. Un ejemplo más de que somos las ciudadanas de a pie quienes recuperamos los Derechos Humanos aún en la más difícil de la circunstancias.
Después de un año de negociación con Bankia para encontrar una solución habitacional para Alfredo, arrancamos a Bankia el acuerdo de un alquiler social a 5 años. El precio que se pactaba era de 100 euros al mes. Precio correspondiente a los baremos de 10%, 12% y 18% sobre los ingresos de la unidad familiar tal como contempla la Ley 24/2015 contra los desahucios y la emergencia habitacional. Era un acuerdo puramente de mínimos, insuficiente para un caso tan grave. Bankia ni siquiera le concedía a Alfredo la condonación de la deuda hipotecaria a pesar de que era más que obvio que jamás podría hacerle frente.
Además, a escasos días de la fecha de firma del alquiler, Bankia se echó para atrás incumpliendo el acuerdo. Dado que el Partido Popular recurrió los artículos de la Ley 24/2015 que obligaba a los bancos a conceder alquileres sociales a las familias, Bankia afirmo que no iba a respetar ningún acuerdo que nombrara a esta ley. De este modo, la entidad hubiera dejado a Alfredo en una situación de absoluta indefensión si no hubiera sido por la PAH. Un ejemplo más de que la violación reincidente de Derechos Humanos se ejerce por parte de los mismos bancos que hemos rescatado con nuestro dinero.
Bankia, recordémoslo, tuvo el rescate más escandaloso e inmenso que hemos sufrido en todo el estado español. Hasta 23.500 millones de dinero público le fueron cedidos sin ninguna contraprestación social a cambio. Incluso un reciente informe demuestra que las ayudas públicas a Bankia constituyen una totalidad de 147.000 millones, más que los recortes que hemos sufrido en educación, sanidad y seguridad social. En vez de paralizar desahucios y ofrecer alquileres sociales a la ciudadanía, el informe de Emergencia Habitacional del Observatori DESC coloca a Bankia como el banco que más desahucia, llegando a ser responsable hasta del 20% de los desalojos hipotecarios.
Por si fuera poco, durante 2014 todas contemplamos como Bankia protagonizaba el escándalo de las tarjetas opacas Black que acarrearon 15 millones de gastos en negro: la mayor parte en viajes, golf y clubs de alterne. Es totalmente inadmisible que la entidad número uno en recibir ayudas públicas sea una entidad que sigue desahuciando, que continúa malversando y que además lidera el ranking de los bancos que más desalojan. Es totalmente inaceptable que Bankia continúe especulando con vidas en juego como la de Alfredo.
Desde la PAH somos conscientes que estamos ante un caso extremo. La salud de Alfredo está en peligro debido a su avanzada edad. Dada la actuación de Bankia y la precaria situación en la que se encuentra Alfredo, es necesario que se le conceda un alquiler social vitalicio y la extinción de toda la deuda hipotecaria. Por eso, hacemos un llamamiento a todos los responsables políticos del municipio de Barcelona para que exijan responsabilidades y una solución inmediata a Bankia.
Por todo esto desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona pedimos:
- La inmediata solución del caso de Alfredo Guillen, concediendo la condonación total de la deuda y un alquiler social vitalicio de 100 euros.
- La puesta en marcha de negociaciones para dar solución a todas las familias que se encuentran hoy en riesgo habitacional por las políticas de Bankia.
- La puesta a disposición de la administración de todos los pisos vacíos que acumulan las entidades financieras bajo pena de sanción, como contrapartida del dinero público obtenido, con el fin de conseguir un parque social de alquiler que pueda subsanar las deficiencias de las políticas públicas de vivienda de los últimos años.
- La finalización del traspaso de recursos públicos a las entidades financieras sin ninguna contraprestación.
- Que el Ayuntamiento de Barcelona presione a Bankia para que sea la entidad la encargada de asumir la solución habitacional.
Las PAHs de TODA CATALUÑA informamos que rompemos toda posible negoción con Anticipa/Blackstone
Tras más de un año de negociaciones, Anticipa/Blackstone ha demostrado que NO tiene ninguna intención de responder favorablemente a ninguna de nuestras demandas y de dar solución a los decenas de casos que están bloqueados. Desde que Anticipa/Blackstone se hizo cargo de la cartera de hipotecas de CatalunyaCaixa (banco rescatado con 12.000 millones de euros de dinero público) en Julio del 2015, las familias no han dejado de ser extorsionadas, amenazadas, engañadas y ninguneadas de forma sistemática. Prácticas mafiosas de Anticipa/Blackstone:
- Extorsionar y amenazar a las familias mediante una empresa externa contratada paravisitar a las afectadas a sus domicilios amenazándolos con que o abandonan su vivienda o serán desahuciadas.
- Chantajear a las familias dejándoles un remanente en su deuda si solicitan un alquiler
- Abusar de su posición negándose a ofrecer las ofertas por escrito, sólo mediante elacoso telefónico. Sólo tras mucha presión y en algunos casos, acceder a enviar la propuesta por escrito.
- Engañar a las familias con «Daciones a 0» cuando en verdad dejan una mochila quesólo se cancela si se paga todos los meses el alquiler y se abandona la vivienda al final el contrato de 3 años. De no hacerlo la deuda se activa por completo.
- Presionar y mentir deliberadamente a las familias diciéndoles que van embargarles lascuentas o desahuciarlos (sin ni siquiera haber iniciado el proceso de ejecución hipotecaria).
- Recibir un trato vejatorio y humillante por parte de los «gestores» tratando a lasfamilias que son deudoras de buena fe y sin posibilidad de pago, como delincuentes.
- Intentar aprovecharse de la angustia y situación de desesperación de las familiasofreciéndoles un dinero por abandonarsus viviendas. Migajas que de ninguna manera soluciona su problema habitacional.
- Incluir cláusulas abusivas en los contratos de alquiler que dejan abierta la puerta afuturos incrementos del mismo.
- Forzar a las familias a aceptar alquileres superiores a sus capacidades de pagoobligándoles por contrato a solicitar las ayudas necesarias para poder hacer de las familias ya que cuentan con las subvenciones que la familia solicite.
- Tener el cinismo de obligarnos a atender un programa de reinserción laboral (dondenos enseñan a gestionar nuestra economía) al tiempo que nos dejan deudas de por vida que no nos permitirán nunca tener una segunda oportunidad.
Por lo tanto a partir de hoy las PAH de toda Cataluña dejarán de reunirse, contestar llamadas o mails de ningún representante de Anticipa/Blackstone hasta que nuestras demandas sean atendidas:
- Dación a cero sin condicionantes ni remanentes y alquiler social sin chantajes según la 24/2015 (esté o no vigente) y sin cláusulas abusivas.
- Mejoras en el protocolo de atención telefónica de Anticipa donde se acabe con el trato vejatorio, amenazas, mentiras, presión y abuso.
- Oficinas físicas en cada capital de provincia para que las afectadas puedan ir a exponer sus casos.
- Los mismos acuerdos para el resto del estado Español
Las familias afectadas también rompen cualquier comunicación con Anticipa/Blackstone y sólo contestarán a los mails que respondan exactamente a sus peticiones. No cederemos ante las prácticas mafiosas de Anticipa/Blackstone. Nuestras peticiones tienen toda la legitimidad y continuaremos plantando cara a todos los que atenten contra nuestro derecho a una vivienda digna. No vamos a parar hasta conseguir que Anticipa/Blackstone aparte sus garras de nuestros hogares.
Bankia destroza una familia y una vivienda por 2.500€
En la mañana de hoy, viernes 22 de julio de 2016, se ha ejecutado un nuevo desahucio en Móstoles, Comunidad de Madrid. Hoy les ha tocado a Ana y su hija sufrir la violencia y falta de ética de Bankia, a quienes no han dado la más mínima oportunidad. Esta familia vivía en esta casa desde hace 10 años, con un contrato de alquiler. Pese a ello, los propietarios no hicieron frente a la deuda contraída con Bankia y la entidad es ahora propietaria de la vivienda.
Desde el primer momento, la intención de Bankia fue echar a esta familia a la calle, pero un juez les obligó a respetar su contrato de alquiler. Desde que se produjo dicha resolución judicial Ana ha hecho frente al pago mensual, pese a su precaria situación económica. Entonces, Bankia recurre a reclamar las mensualidades no abonadas desde el cambio de propiedad hasta que el juez dicta que se debe respetar el contrato de alquiler. Bankia no ofrece ninguna posibilidad de acuerdo, como podría haber sido aplazar el pago de estas cantidades pendientes.
Tanto la familia como Stop Desahucios Móstoles han estado intentando negociar con la entidad, a la que se ha aportado toda clase de documentación para probar su buena fe en este contencioso. Ni desde el Departamento de Recuperaciones, ni desde Responsabilidad Social Corporativa, ni desde Inmuebles han mostrado voluntad de suspender el lanzamiento. Con todos ellos nos hemos puesto en contacto hasta esta misma mañana, pero de nada ha servido.
Finalmente, Bankia se ha salido con la suya y, con la violenta colaboración de la Policía Nacional, ha ejecutado un desahucio cruel e inaceptable, tanto por el fondo como por las formas. Por el fondo, porque saben que es injusto desahuciar a esta familia; en las formas por el enorme y violento despliegue policial, que ha llegado a romper una pared y provocar grandes destrozos para entrar en la vivienda. Unos destrozos cuyo coste va a ser mayor que el montante de dinero por el cual se lleva a cabo la ejecución del desahucio: 2.500€.
Ante esta situación, no podemos aceptar que las instituciones que nos gobiernan se queden de manos cruzadas, sin cumplir su deber de servir a la gente y dando por buena esta actuación de Bankia. Por ello, exigimos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Móstoles:
– Que condenen públicamente este desahucio.
– Que presionen a Bankia para que sea la entidad la encargada del realojo de esta familia. No toleramos que la entidad (rescatada por toda la ciudadanía) firme un acuerdo con la Comunidad de Madrid en virtud del cual cede 100 viviendas para alquiler social, pero al mismo tiempo deje a cientos de familias en la calle.
– Que, si ese realojo no se produce, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Móstoles dejen de colaborar con Bankia. Que rescindan todo acuerdo al que hayan llegado en materia de cesión de viviendas y no trabajen con esta entidad hasta que esta se comprometa a dejar de ejecutar desahucios. Las casas que ceden están manchadas de lágrimas y sangre.
Animamos a las PAHs y colectivos 15M del Estado a hacer suyas estas exigencias y a exigirlas en sus territorios. Ni casas sin gente, ni gente sin casa. ¡No toleramos ni un desahucio más!
Stop Desahucios Móstoles
Coordinadora de Vivienda de Madrid
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
¿En qué mundo vives? ¿En el mundo del BBVA o en el mundo real?
BBVA alardea de no haber sido rescatada quitándose así la responsabilidad frente a los desahucios. Pero eso no es cierto. BBVA adquirió UNNIM por 1 euro en 2012. UNNIM, que fue nacionalizada, es decir, salvada con recursos públicos. Por si fuera poco, Catalunya Caixa, recibió 12.052 millones de euros públicos para rescatarla y BBVA se ha quedado con el 98% del capital social por solo 1.165 millones de euros en 2014.
Las PAHs Catalanas vuelven a la calle contra Blackstone exigiendo soluciones reales para cientos de familias
Siguen las movilizaciones de denuncia para terminar con la política de extorsión y chantaje en manos del fondo buitre americano, que continúa negando soluciones a cientos de familias afectadas.
Este miércoles 8 de junio, en la calle Mare de Deu del Port, 385 del Barcelona, las PAHs Catalanas hemos preparado una acción innovadora para seguir con nuestra campaña de señalización y denuncia al fondo buitre Blackstone, y su filial española Anticipa, que empezó hace algunos meses con gran repercusión internacional. Hoy hemos ocupado uno de los pisos que Anticipa tiene a la venta, con esta acción también queremos informar a toda la ciudadanía que todos los pisos que gestiona Anticipa vienen de procesos de ejecución hipotecaria: en todos esos pisos vivían familias que han sido desahuciadas de forma silenciosa.
La ocupación viene precedida de dos semanas de bloqueo telefónico durante las cuales todas las PAHs hemos estado llamando a sus teléfonos de venta y alquiler de pisos, solicitando citas y no presentándonos a las mismas. Pero hoy, sí que acudimos a una cita concertada con un comercial, para ocupar uno de sus pisos, y no nos iremos hasta lograr un firme compromiso por escrito que dé respuesta a nuestras demandas:
- Dación a cero y alquileres sociales sin chantajes para las familias.
- Aplicación de la ley 24/2015. No permitiremos que se aprovechen de su suspensión temporal para desahuciar a las familias.
- Mejoras en la atención telefónica de Anticipa.
- Contratos de arrendamiento que eliminen el cobro de costes adicionales a la cuota de alquiler y el tutelaje al que quieren someter a las familias.
- Oficinas físicas en cada capital de provinciapara que las familias afectadas puedan ir a exponer sus casos.
Con el cumplimiento de nuestras demandas, se desbloquearan los casos de más de 100 familias afectadas, que siguen sin solución desde que Blackstone adquirió 90.000 activos hipotecarios de CatalunyaCaixa entre los que se encontraban sus hipotecas. Hablamos de una entidad que había sido rescatada con 12.000 millones de euros de dinero público, de nuestros impuestos, y de los que ahora vemos que se beneficia Blackstone, el mayor fondo buitre inmobiliario del mundo con sede en Nueva York. Fondo que compro la cartera hipotecaria de CX por tan sólo 4.000 millones.
La política del fondo buitre está clara y es unidireccional: pretenden lograr beneficios multimillonarios con la venta y alquiler de las viviendas de familias en exclusión resindencial. Blackstone ha llegado a aprovecharse de la angustia y la desesperación de las familias, recurriendo impunemente a la extorsión, contratando empresas externas para que se presentaran en el domicilio de las familias y amenazándolas con el desahucio si no abandonaban voluntariamente la vivienda. El chantaje, además, obligaba a renunciar al alquiler social si la familia solicitaba la dación en pago. En estas situaciones de violento acoso, se ha llegado incluso a ofrecer cantidades irrisorias de dinero para que las familias abandonaran sus hogares. Esto son prácticas intimidatorias y mafiosas que no vamos a permitir ni un segundo más.
Esta acción se enmarca en una campaña de movilización internacional que iniciamos en Febrero del 2015. Desde entonces hemos conseguido que cientos de familias no cedan al chantaje y extorsión de Blackstone, y que continúen luchando por soluciones reales y dignas ¡Gracias a la PAH David está ganando a Goliat! Y estamos seguras que acción tras acción, llegará el momento donde la mafia financiera de Blackstone será derrumbada por el Derecho a la Vivienda. La PAH ya ha conseguido hacer claudicar a docenas de bancos. Blackstone no va a ser diferente; sólo otra futura victoria de la ciudadanía.
¡Sí Se Puede!
#OcupaBlackstone
La PAH da el pistoletazo de salida a la campaña de señalización por las 5 de la PAH
