Category Archive Jurídica

Porpower

El Tribunal Supremo confirma que los inquilinos puedan denunciar la venta de sus viviendas públicas a fondos buitre

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado mediante Sentencia de 23 de marzo de 2018  el derecho de los inquilinos afectados por  la venta de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs a impugnar la venta de sus viviendas públicas, al considerar que esta venta afecta a sus derechos como arrendatarios en tanto en cuanto dejan de ser beneficiarse del régimen público de viviendas de protección oficial. 
 
La Sentencia reproduce y consolida los argumentos expuestos en el fallo emitido el pasado 22 de noviembre al considerar que “ el cambio de régimen jurídico no es meramente abstracto, tiene consecuencias directas y concretas dada la diferencia entre los fines sociales que si tiene una Administración Pública y que no concurren en una empresa privada respecto a la vivienda y a la situación del arrendador”.  
 
Recordamos que el pasado 22 de noviembre de 2017 el Alto Tribunal ya se pronunció en el mismo sentido reconociendo el derecho de un inquilino de Navalcarnero a impugnar la venta de su vivienda pública. 
 
Esta segunda Sentencia da la razón al equipo jurídico de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) fallando a favor de varios recurrentes de Leganés  y supone la consolidación de jurisprudencia sobre el particular. 
 
Se abre, por fin, el camino para que después de cinco años los inquilinos afectados por la venta de sus viviendas públicas a fondos buitres puedan denunciar el desmantelamiento del parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid.

PorLa PAH

Nuevo pack de documentos útiles – “Kit Dictamen DESC” para paralización urgente de desalojos

En la actualidad acumulamos más de medio millón de desalojos de primera vivienda desde el inicio de la crisis, y las cifras no remiten aunque el origen de los desalojos esté girando de hipotecas a alquileres, con cifras alarmantes de lanzamientos derivados de familias sin ingresos que ocupan viviendas vacías de bancos ante la falta de alternativa de ningún tipo. En la PAH nos encontramos con personas y familias que acumulan ya varios procesos de desahucio consecutivos, a pesar de llevar años solicitando vivienda pública, en una espiral de desamparo que sólo se vence con apoyo y toma de conciencia de las verdaderas causas del problema.

La falta de un parque público de vivienda imposibilita equilibrar los precios del mercado, que siguen subiendo como la espuma: disparados más de un 30% desde 2013. En ciudades como Barcelona y Madrid, más de la mitad de los ingresos de quienes viven de alquiler, se destinan a pagar la vivienda.

173 familias son desahuciadas cada día. No existe un parque público de vivienda donde realojarlas. El parque público estatal no llega ni a un 2%, mientras en el resto de la Unión Europea la media mínima es del 15%.

Las ejecuciones hipotecarias continúan produciendo también desahucios aunque muchas se encuentran suspendidas a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva, por enésima vez, sobre la cláusula de vencimiento anticipado en los próximos meses y decida la suerte de cientos de miles de procedimientos.

El presente “Kit” de la PAH pretende servir como mecanismo de emergencia ante desalojos inminentes sin alternativa habitacional. Está planteado como un escrito procesal en el que, introduciendo todos los datos del caso particular, se plantee al juez/jueza que tramita el proceso de desahucio la necesidad de realizar un “examen de proporcionalidad” antes de autorizar la medida de desalojo. Además, se solicita un requerimiento judicial a las administraciones públicas (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) para que faciliten la vivienda alternativa hasta el máximo de sus recursos disponibles.

El 20 de junio de 2017 el Comité DESC de Naciones Unidas declaró que los desalojos, del tipo que sean, tal y como se produce en España a diario, constituyen una vulneración de Derechos Humanos pues generalmente no existe alternativa habitacional conocida ni el Estado adopta medidas para evitarlo hasta el máximo de recursos disponibles. Además, el procedimiento legal no prevé ningún trámite en el que el órgano judicial tome en consideración las razones de las partes para efectuar lo que se conoce como “juicio de proporcionalidad” de la medida, una práctica exigida por el Comité de NNUU pero también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según constantes sentencias que se exponen en el “Kit Dictamen Desc”.

Estas obligaciones, además, han sido asumidas recientemente por el Tribunal Supremo en una sentencia (22-11-2017) de lo Contencioso-Administrativo, que recoge la necesidad de practicar antes de cualquier desalojo un juicio de proporcionalidad, y llama la atención al caso especialmente sangrante de desahucios con presencia de NNA (niños, niñas y adolescentes) dónde la obligación es mayor por efecto de la Convención de Derechos del Niño de 1989.

Esperamos producir un efecto progresivo de suspensiones en Juzgados de Primera Instancia haciendo cumplir los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por España, hasta ahora, desgraciadamente, papel mojado.

15 de enero de 2018.

Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Qué contiene este KIT:

1.- Consejos orientativos para su uso (el presente texto).

2.- Modelo de Escrito de Solicitud Urgente de Suspensión del Desalojo (descargar): se trata de un modelo elaborado por la Comisión Jurídica de la PAH, bajo la filosofía Creative Commons. De este modo puede y debe adaptarse a cada caso, y cada persona afectada y/o su abogado/a puede y debe modificarlo a su gusto, mejorándolo incluso para dar una versión más apropiada en cada procedimiento. En cualquier caso, sirve de orientación básica para trasladar a los órganos judiciales muchas de las alegaciones que ya se están haciendo en los Juzgados y que desde la PAH venimos incorporando en nuestros escritos.

3.- Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas de 20 de junio de 2017 (descargar).

4.- Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (descargar).

 

CUESTIONES PRÁCTICAS PARA UTILIZAR EL “KIT DICTAMEN DESC”

Procesos hipotecarios: utilizar como escrito de emergencia en caso de que no haya sido posible detener el desahucio acogiéndose a la moratoria de desahucios hasta mayo de 2020 para supuestos de extrema vulnerabilidad.

Procesos de desalojo por alquiler: utilizar en cualquier momento del proceso para detener el desalojo, remitiendo al órgano judicial a requerir a las administraciones públicas para proveer de vivienda alternativa.

Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: utilizar una vez que el desalojo se haya ordenado y no quepa más recurso posible.

Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Este escrito debe servir como alegación principal del estado de necesidad y la falta de alternativas con que cuenta la familia.

ATENCIÓN: En todos los casos, si cabe recurso y hay plazo para interponerlo contra la última resolución recibida que ordena el desalojo, el “Kit Dictamen DESC” debe articularse como parte del recurso que se interponga. Es decir, el cuerpo del texto del recurso debe incorporar las alegaciones que hemos desarrollado en el “Kit”.

Abogado y Procurador: Si ya tienes abogado y procurador asignados en el procedimiento, son ellos quiénes pueden plantear el escrito, ya sea presentando el escrito tal cual o como parte de un recurso contra la última resolución recurrida. Si no cuentas con abogado ni procurador, y la situación es urgente, puedes presentar el escrito por ti mismo, pero recomendamos acudir al Colegio de Abogados lo antes posible para que te asignen defensa legal, solicitando la suspensión del proceso.[1]

[1] Casos especiales:

En las situaciones en que tu abogad@ opine que no es procedente presentar las alegaciones del “Kit Dictamen DESC” y a pesar de ello, tú consideres que sí pueden ser útiles, puedes solicitar un cambio de abogado en el Colegio de Abogados correspondiente. No obstante, estos trámites pueden demorarse varios meses, por lo que, en último caso, presenta escrito al Juzgado tú mismo, solicitando que se suspendan los plazos hasta que se te asigne nuevo abogado.

Diferencias en cada Comunidad Autónoma: en el “Kit Dictamen DESC” existen espacios para introducir la situación de la vivienda pública en la Comunidad Autónoma que se trate. Hemos introducido algunos datos alarmantes del caso de la venta de vivienda pública en Madrid y Barcelona a fondos buitres que nos parecen útiles para poner al juez/a en situación de lo que ocurre en España, pero lo ideal es que en cada territorio, el escrito incluya alguna referencia a la situación particular de la falta de vivienda pública.

Desalojos en viviendas con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): el encabezado del escrito contempla la posibilidad de que también las personas con menos de 18 años figuren en el mismo, para que su situación también sea tenida en cuenta, pues finalmente son víctimas del desahucio con mayor impacto en su vida que los adultos y a menudo pasan desapercibidos para el órgano judicial. Dado que el juez/jueza debe realizar un “juicio de proporcionalidad” de la medida del desahucio antes de autorizarlo, consideramos que la participación de los NNA en el proceso es legalmente exigible y por eso deben figurar como partes en el encabezamiento.

En caso de utilizar el “Kit Dictamen DESC” como parte de un recurso:

Procesos hipotecarios: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo por alquiler: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Tras ello se dicta un “Auto” en el que el juez autoriza o desautoriza el desalojo. En caso de autorización cabe “Recurso de Apelación” contra el mismo en plazo de 15 días. Si este es tu caso, plantea el “Kit Dictamen DESC” como recurso de apelación solicitando expresamente la suspensión del desalojo e indica textualmente en el encabezamiento que es un recurso “en ambos efectos”. La regulación contencioso-administrativa no permite que este recurso de apelación sea suspensivo, pero entendemos que debe solicitarse y debería suspenderse por tratarse de una cuestión de Derechos Fundamentales de muy difícil o imposible reparación en caso de cometerse el desalojo.

 

Porpower

La PAH ante la cuestión prejudicial del Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia Europea de fecha 8/2/2017

El pasado 26 de enero de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una Sentencia que ha dado el golpe de gracia a las ejecuciones hipotecarias que están hundiendo a tantas familias de nuestro país. Dicha Sentencia trata esencialmente sobre la CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO, que permite a la entidad bancaria rescindir el contrato por la falta de pago de una o una parte cualquiera de la cuota y reclamar la totalidad de la deuda con la consiguiente subasta de nuestra casa y el posterior lanzamiento (o desahucio) de nuestra familia.
 
Así, esta sentencia decreta la NULIDAD por abusiva de la cláusula de Vencimiento Anticipado, obligando a los jueces a tenerla por no puesta en el contrato hipotecario. La base de su nulidad radica en que el incumplimiento de una parte, de una o incluso de tres cuotas hipotecarias no tiene un carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo, creando un desequilibrio abismal entre los derechos y obligaciones de los consumidores y en beneficio de las entidades bancarias. Además, dicha abusividad no “desaparece” o “se perdona” por el hecho que el banco espere al impago de un mayor número de cuotas, sino que solamente tiene validez la literalidad de la cláusula de vencimiento anticipado, es decir, hay que estar a lo que establece la cláusula en sí, de forma literal, y lo que haya practicado el banco.

Como esta cláusula es la llave que permite al banco iniciar la ejecución hipotecaria, su expulsión del contrato trae la consecuencia de ARCHIVAR TODAS LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS en marcha. 

Como no podía ser de otra forma, las entidades bancarias, a las que no ha gustado nada la noticia, y nuestro Tribunal Supremo, en aras de evitar este archivo masivo de todas las ejecuciones hipotecarias, esquivando, por tanto, el cumplimento de dicha sentencia, ha presentado una Cuestión Prejudicial el pasado 8 de febrero de 2017 preguntando al TJUE si es posible, aun siendo la cláusula de vencimiento anticipado ilegal, continuar con las monstruosas ejecuciones hipotecarias. Su argumentación se basa en la falacia de que la ejecución hipotecaria es más “beneficiosa” para el deudor que los demás procedimientos de reclamación que el banco tiene a su disposición. EL TJUE PUEDE TARDAR ENTRE UNO Y DOS AÑOS EN DAR RESPUESTA a la Cuestión Prejudicial presentada por el Tribunal Supremo. Tiempo en que los Juzgados deberán, o bien aplicar directamente el Derecho de la Unión Europea, archivando las ejecuciones hipotecarias; o bien suspender los procedimientos hasta que el TJUE resuelva.

La PAH lleva años luchando para demostrar que las ejecuciones hipotecarias son procedimientos ilegales que no permiten al afectad@ la defensa y protección que merece, y eliminarlas definitivamente. Estos procedimientos, que han provocado y siguen provocando, esta crisis económica y social en las familias, de magnitudes alarmantes, sólo pueden beneficiar al sector bancario, que sigue viendo protegidos sus privilegios a costa de la ciudadanía. 

Por nuestra parte, vamos a aprovechar el golpe del Tribunal Supremo para SOLICITAR MASIVAMENTE LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA ABIERTOS, SUSPENDIENDO ASÍ TODAS LAS SUBASTAS Y LANZAMIENTOS QUE SE HAYAN ORDENADO hasta que el TJUE dé respuesta a la Cuestión Prejudicial planteada por el Tribunal Supremo y ponga fin a las ejecuciones hipotecarias ilegales. 

¡¡SÍ SE PUEDE!!

PorLramisa

Nueva sentencia que avala la dación en pago. Urgen cambios legislativos

La sentencia del juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, de 7 de noviembre de 2016, que hoy ha sido anunciada avala la denuncia de la estafa hipotecaria que llevamos haciendo desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde 2009: ¡no es una crisis, es una estafa!

Esta sentencia recoge la dación en pago por vía judicial, es decir, cancelar la deuda hipotecaria al entregar la vivienda. El juez argumenta que no tiene sentido que el hipotecado asuma responsabilidades de por vida mientras que al banco se le permite adjudicarse el inmueble por un 60%, perseguirte de por vida y después vender el inmueble a mayor precio, es decir, la entidad bancaria se adjudico la vivienda por un precio que ya cubría la deuda, tasación hecha por la propia entidad y, ademas,luego lo vendió por uno precio muy superior al adjudicado, obteniendo beneficios por ambos lados (adjudicación y venta) con un derecho básico, el acceso a la vivienda.

Celebramos que hayan jueces valientes que apliquen la directiva europea 93/13, declarando abusiva, y por lo tanto nulas, cláusulas que ya no deberían de existir si el Gobierno hubiese adaptado la directiva europea en la norma Española. Exigimos cambios legislativos que den soluciones universales y no tener que pelear caso a caso por la vía judicial. Así como hicimos en 2013 con la Iniciativa Legislativa Popular hipotecaria que planteaba la dación en pago retroactiva. Iniciativa que contaba con 1,5 millones de firmas y un amplio apoyo social; cambios que se vieron bloqueados por el servilismo del PP a la banca. 

Desde la calle lo tenemos claro, hacen falta cambios legislativos como los que planteamos en 2013 o los que planteamos con las 5 de la PAH, el Tribunal de Justicia de la UE también lo tiene claro, cada vez más jueces españoles dictan sentencias en este sentido. Ahora nos toca presionar al Gobierno para hacer efectivos estos cambios. 

Nos alegramos de esta nueva sentencia, seguiremos luchando para buscar soluciones estructurales y colectivas para que cualquier familia, que padezca o haya padecido los estragos de la estafa hipotecaria, tenga una segunda oportunidad. 

Porque hay vidas en juego

Adjuntamos la sentencia aquí.

PorLramisa

Enésimo varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la banca y las instituciones del estado español

La PAH reclamará masivamente la devolución del dinero cobrado por las cláusulas suelo y pide un cambio a fondo de la normativa hipotecaria española

Hoy celebramos que finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a las estafadas por la Banca.

 
La sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de justicia de la Unión Europa supone el enésimo varapalo histórico a la estafa bancaria española, a los Gobiernos que la han permitido y a los tribunales nacionales que la han suavizado para proteger a la banca. Nueva demostración incontestable de que hay que cambiar las leyes criminales españolas para proteger los derechos fundamentales, en especial: el derecho a la vivienda. La sentencia deja en evidencia la doctrina antijurídica del Tribunal Supremo español, que ante la primera sentencia del TJUE afirmó categóricamente y fuera de toda lógica jurídica, que la devolución de lo estafado por la clausula suelo sería solo desde 2013. Hoy el TJUE da la razón a las estafadas, afirmando que la devolución de lo robado con éstas cláusulas debe de ser desde la firma del contrato, es decir, la Banca ha de devolver todo lo robado con la cláusula suelo, y no solo un poco como querían una vez más, las instituciones españolas que se dedican a proteger los beneficios de la banca. 
 
No es la primera vez que los tribunales europeos llaman la atención a la justicia y al Gobierno español por nuestro anómalo sistema hipotecario, que amenaza con deudas de por vida y con la pérdida de vivienda a más de 700.000 hogares. Esta sangría ha producido gravísimas consecuencias sociales y psicológicas para los afectados, y es la evidencia de un sistema hipotecario y de modelo de acceso a la vivienda completamente diseñados para producir beneficios a la banca y sufrimiento a las familias. LA PAH exigirá el cumplimiento de esta sentencia a la vez que vamos a seguir exigiendo que el Congreso apruebe las 5 de la PAH de forma urgente e inmediata. También advertimos contra posibles intentos, por parte del todopoderoso sector financiero, de obtener contrapartidas a cambio de la aplicación obligatoria de la sentencia europea. Cualquier contraprestación, sea en forma de un nuevo rescate o de ventajas legales o contables, será un nuevo episodio en una larguísima lista de favores del actual Gobierno del PP a la banca. 
 
En los próximos días desde la PAH, lanzaremos una campaña para exigir a la banca la devolución de todo lo robado con las clausulas suelo. Para ello, vamos a elaborar y hacer públicos unos documentos jurídicos para exigir el cumplimiento de la sentencia del TJUE.
 
No solo exigiremos la devolución de todo lo robado con las cláusulas suelo, sino que vamos a exigir la reparación para las familias ya desahuciadas, en muchas ocasiones ésta clausula ha sido el determinante a la hora de dejar de pagar, por lo tanto tiene que haber una reparación. Y denunciaremos prácticas como los contratos que ha hecho firmar la banca a deudores a cambio de eliminarles la cláusula suelo, contratos donde hacían renunciar a poder reclamar todo lo estafado si había futuras sentencias. 
 
Una vez más tenemos por delante la posibilidad de hacer posible lo que nos decian que era imposible: vamos a forzar a la banca a cumplir con la sentencia del TJUE.
 

 

Porluchomasan

Sobre titulizaciones: ahora habla la PAH

Hace 7 años que la PAH defiende el derecho a la vivienda, por tierra, mar y aire. Hemos denunciado la estafa hipotecaria, la complicidad de los diferentes gobiernos y administraciones, hemos actuado cada día durante los últimos años parando desahucios, realojando a familias, presionando a la banca y no solo eso, hemos hecho propuestas de cambios legislativos.

La presión social ha conseguido pequeños cambios legislativos, pero no por ello poco importante, como por ejemplo que el banco se adjudique la vivienda por un 50% del valor de tasación, quedando la resta como deuda, al actual 60-70%.

Las grandes victorias de la PAH, sin embargo, son otras, haber transformado el imaginario colectivo, visibilizar la violación de Derechos Humanos que supone un desahucio, organizarnos y defender juntas nuestros derechos activando la solidaridad frente al estigma de la pobreza.

 La movilización de la PAH puso de manifiesto como cientos de miles de personas eran empujadas a la exclusión social y a la muerte civil por leyes injustas, y se evidenció la contradicción entre la existencia de miles de personas sin vivienda en un país con millones de viviendas vacías.  La actividad de la PAH ha conseguido en pocos años, paralizar miles de desahucios, conseguir miles de daciones en pago, condonaciones y quitas de deuda, alquileres sociales, viviendas recuperadas.  La PAH ha conseguido que haya personas con un hogar y sin una deuda gracias al trabajo colectivo.

¿Titulizaciones?  ¿Promesas de que te quedas con tu casa y sin deuda? ¿Abogados que te  cobran 3000 euros, a pagar en cómodos plazos? ¿Grupos con interés que  quieren desautorizar a la PAH? Todo esto no es nuevo, hace años que pseudo-bufetes de abogados ofrecen incluso llevar tu caso al Tribunal de Justicia de Europa por 600 euros. Incluso  los hay que van por ahí afirmando que “de no existir la PAH la banca la  fundaría”. Le podríamos preguntar eso a Botín, pero en la PAH no usamos  “las conexiones con el más allá” como herramienta de lucha. Si usamos,  en cambio, el apoyo mutuo, la inteligencia colectiva, el sentido común y  la fuerza de la razón de miles de personas y familias que la forman.

Las  titulizaciones, opacas, sin regular y tremendamente perniciosas,  básicamente suponen “aumentar” los fondos propios de una entidad  financiera. Simplemente deben “recomprar” una deuda cedida a un tercero  por un plazo de 10 años, de manera habitual. ¿Defender nuestra vivienda y nuestro futuro denunciando que el banco ha vendido nuestra deuda es una herramienta? Sí, sin duda lo es, y la PAH lleva tiempo trabajando en ello, hemos explorado, y seguimos explorando todas las vías, aprendiendo por el camino, generando documentos útiles, herramientas colectivas para hacer frente a un proceso judicial injusto.

La vía de las titulizaciones retrasa el procedimiento de ejecución e implica que la entidad financiera tenga que recuperar esa deuda usando fondos propios. Por eso seguimos como hace años en este tema y en otros, investigando cada nueva herramienta, informándonos, haciendo  kits de trabajo con modelos de escritos para que lleguen a la mayor  parte de familias y puedan defenderse de los constantes abusos de la  banca y leyes que están hechas a su medida. ¿Esta vía nos garantiza que nos quedamos con la casa y sin deuda? No podemos arriesgarnos a lanzar esa afirmación, y más sin ninguna sentencia en firme. En cuestiones judiciales, como en medicina, siempre aparecen “curanderos” que nos ofrecen curar la enfermedad con una piedra de silvinita o peregrinando de rodillas a nacedero del Urederra, pero la realidad es que no funciona y en muchas ocasiones solo nos hacen perder el poco dinero que hemos podido reunir o pedir prestado con la ilusión de una salvación. Esas personas se aprovechan de la situación de desesperación en que se encuentran esas familias. Las deudas o se pagan o se condonan, no desaparecen, ni siquiera para los partidos políticos (bueno, si se portan bien y no cambian las leyes injustas que nos desahucian, a veces se las condonan). Aun así, la PAH siempre aprovecha cualquier resquicio que pueda ser útil para defender el derecho a la vivienda.

La PAH lleva 7, sí ,7  años de recorrido, con una lucha permanente sin ningún ánimo de lucro y  sin mentir a las personas. Sabemos y reconocemos que la lucha por la  vivienda no es exclusiva de la PAH, pero sí sabemos que la lucha de la PAH es por la vivienda y por los derechos de las personas. Y es por ello que día a día luchamos porque este derecho sea reconocido y defendido por los Gobiernos, los Parlamentos y las Administraciones Publicas. No  queremos parches provisionales, queremos una ley definitiva para que  esto no vuelva a pasar, una ley que recoja LAS 5 DE LA PAH:

 

  • Dación en pago retroactiva.
  • Alquiler asequible.
  • Stop Desahucios.
  • Vivienda social.
  • Suministros básicos garantizados.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Porsísepuede

El abogado general de la UE afirma que la normativa española sobre desahucios no protege a los ciudadanos frente a las ejecuciones hipotecarias

Esta semana se ha conocido el informe del Abogado General de la Unión Europea, por un caso planteado ante el Tribunal Europeo por un Juzgado de Martorell (Barcelona), en el que se califica de ilegal el plazo de un mes que el Gobierno aprobó en mayo de 2013 para que las personas inmersas en ejecuciones hipotecarias alegasen cláusulas abusivas.

El informe considera que aquel mes, que comenzaba a contar desde su publicación en el BOE, el 15 de mayo de 2013, resultaba irrazonable teniendo en cuenta los intereses en juego y el número de personas afectadas por la medida, a las que se colocaba en situación cercana a la indefensión. El Abogado de la UE entiende que treinta días para preparar acciones legales, en el ámbito de personas sometidas a procesos de desahucio, sin notificación en persona, es incompatible con una verdadera protección frente a abusos bancarios:

“La situación de precariedad económica en que se encuentra esa parte, la dificultad de oponerse a la ejecución y el coste del procedimiento de ejecución juegan en contra de los consumidores, que renuncian normalmente a personarse en el procedimiento. En este contexto, considero innegable que, en líneas generales, los consumidores afectados corrían un riesgo muy significativo de no poder formular oposición a la ejecución hipotecaria. A mi juicio, este riesgo se debe bien a los costes potencialmente disuasorios de la oposición (obligación de contar con un abogado y un procurador), bien al desconocimiento de los consumidores acerca de sus derechos, por no tener noticia de la publicación de la Ley 1/2013 y de la disposición transitoria cuarta o, en caso de tenerla, por haber llegado ésta a su conocimiento tardíamente, una vez iniciado el plazo extraordinario.”

Recordamos que la Ley 1/2013 vino forzada por la movilización sin precedentes que protagonizó la ciudadanía al recoger más de 1,5 millones de firmas a favor de paralizar los desahucios, y por la sentencia europea del caso Aziz que declaró ilegal el procedimiento de ejecución hipotecaria. En un momento en el que se tramitaban decenas de miles de procesos por impago de hipoteca en todo el Estado, y con un índice de desahucios superior a los 50 diarios, el Gobierno del Partido Popular aprobó una ley cicatera, que buscaba minimizar la posible defensa de los afectados frente a los abusos bancarios que contienen las hipotecas.

Desde la PAH movilizamos recursos y pusimos a disposición de la ciudadanía un Kit de Emergencia que, difundido desde el movimiento y sin ayuda oficial de ningún tipo, facilitó la presentación de miles de oposiciones a los desahucios por cláusulas abusivas. Sin embargo, es evidente que miles de personas no pudieron plantear oposición a su desahucio por cláusulas abusivas, al carecer de notificación en persona. En agosto del año 2013, presentamos un Recurso de Inconstitucionalidad que, entre otros motivos, planteaba la violación de Derechos Fundamentales que se cometía con aquella medida.

En la actualidad, mientras el Abogado General de la UE coincide con la PAH en su calificación jurídica de la conducta del Gobierno, el Tribunal Constitucional español mantiene sin resolver nuestro recurso, lo que es especialmente grave en el contexto de aumento del número de desahucios y en general, desprotección de la ciudadanía frente a los poderes económicos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sus sentencias de conformidad con las opiniones del Abogado General, en un 80% de los casos, por lo que es muy probable que en pocos meses se declare ilegal la normativa española por un tribunal internacional.

En este momento, el TJUE ya ha dictado tres sentencias contra España por vulneración de la normativa de protección a consumidores en las ejecuciones hipotecarias (caso Aziz contra CatalunyaCaixa, de 14 de marzo de 2013 – caso Sánchez Morcillo contra BBVA, de 17 de julio de 2014 – caso Hidalgo Rueda y otros contra Unicaja y CaixaBank, de 21 de enero de 2015). Si se confirma este nuevo informe del Abogado General de la UE, el Gobierno del PP acumulará cuatro sentencias condenatorias por vulneración de la protección a la ciudadanía frente a desahucios y abusos bancarios.

La situación social y política sobre desahucios es insostenible en un contexto de aumento del número de familias desalojadas y con cada vez mayores evidencias de la complicidad del Gobierno en esta situación. En este contexto, exigimos como medidas de urgencia:

1.- Paralización inmediata de todos los desahucios de primera vivienda.
2.- Derogación de la actual normativa sobre ejecuciones hipotecarias y aprobación de las medidas de mínimos de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH (stopdesahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social en las viviendas propiedad de la banca).
2.- Investigación oficial sobre la concesión de hipotecas en condiciones abusivas.
3.- Medidas de protección y reparación efectiva a las miles de víctimas de desahucios por impago de hipoteca que no han tenido defensa ni amparo desde los poderes públicos.

SÍ SE PUEDE – PERO NO QUIEREN.

Porsísepuede

La justicia de la UE da un nuevo golpe a la ley hipotecaria del PP por no proteger al consumidor

Si los intereses de mora son abusivos, el juez no tiene que recalcularlos sino debe declararlos nulos. 

El  Tribunal de Justicia de la Unión  Europea (TJUE) ha resuelto una  cuestión prejudicial planteada por un  juez de Marchena (Sevilla) que  supone un nuevo golpe al gobierno español por no proteger al consumidor  frente a las entidades financieras.

El TJUE sentencia que si los intereses de mora ante un impago hipotecario son abusivos, el  juez  podrá apreciar que se trata de una cláusula abusiva y decretar su nulidad  para que no se apliquen en la ejecución hipotecaria en marcha. Asimismo, el Tribunal advierte que estas cláusulas declaradas nulas no podrán integrarse por otra norma nacional. La sentencia supone otro duro golpe a la Ley hipotecaria 1/2013  aprobada por el Gobierno del PP que pretendía que en estos casos el juez  se limitara a recalcular los intereses considerados abusivos.

En marzo de 2013, la sentencia del caso Aziz de este tribunal puso patas arriba  el caduco sistema de ejecución hipotecaria española  al permitir al  juez entrar a analizar el contrato hipotecario -hasta  entonces no podía-  ante una posible existencia de cláusulas abusivas,  analizarlas de  oficio y suspender el proceso hasta resolverlo. Con  ello, el TJUE aplicaba la Directiva 93/13 vigente desde 1993 en la Unión  Europea.

Con  esta resolución, el TJUE ratfificaba los postulados de la PAH: el  procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de   lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía,  sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que  infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.

Porsísepuede

Una nueva sentencia ordena la devolución de una vivienda que ya fue subastada

Esta resolución confirma los postulados de la PAH: es posible recuperar las viviendas de todas las personas que han sufrido desahucios por medio de prácticas bancarias abusivas y procedimientos judiciales ilegales.

El pasado 22 de diciembre una sentencia de la Audiencia de Girona ha obligado a un banco a devolver un piso que ya había sido subastado a la familia ejecutada por la aplicación de cláusulas abusivas. La sentencia, ha sido dictada siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso AZIZ, de 14 de marzo de 2013.

Como en otras resoluciones anteriores, los fundamentos principales de esta decisión judicial son que el procedimiento de ejecución hipotecaria no permitió al juez de primera instancia de Girona valorase las condiciones del contrato hipotecario ni analizar si en el existían clausulas abusivas. Lo que vulnera el derecho a la defensa del ejecutado.

La familia afectada llevaba nueve años pagando regularmente las cuotas hipotecarias. Tras el impago de cuatro recibos, el banco inicio de forma automática e irreversible la ejecución, sin tomar en consideración la voluntad de seguir pagando lo que podían de los afectados.    

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Porjuridica

RESOLUCIONES CLÁUSULAS ABUSIVAS

[Más resoluciones próximamente]

Recopilación de resoluciones sobre cláusulas abusivas

Cláusula suelo

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 38 Barcelona, 1 octubre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 6 Córdoba, 21 octubre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 4 Granollers, 16 noviembre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Sentencia Juzgado Mercantil nº 10 Barcelona, 2 octubre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 7 Collado Villalba, 5 septiembre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 13 septiembre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

Intereses de demora

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 4 Granollers, 16 noviembre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

* Auto Juzgado Primera Instancia nº 32 Madrid, 3 septiembre 2013. RESUMEN  RESOLUCIÓN

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