Porpower
El Tribunal Supremo confirma que los inquilinos puedan denunciar la venta de sus viviendas públicas a fondos buitre
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado mediante Sentencia de 23 de marzo de 2018 el derecho de los inquilinos afectados por la venta de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs a impugnar la venta de sus viviendas públicas, al considerar que esta venta afecta a sus derechos como arrendatarios en tanto en cuanto dejan de ser beneficiarse del régimen público de viviendas de protección oficial.
La Sentencia reproduce y consolida los argumentos expuestos en el fallo emitido el pasado 22 de noviembre al considerar que “ el cambio de régimen jurídico no es meramente abstracto, tiene consecuencias directas y concretas dada la diferencia entre los fines sociales que si tiene una Administración Pública y que no concurren en una empresa privada respecto a la vivienda y a la situación del arrendador”.
Recordamos que el pasado 22 de noviembre de 2017 el Alto Tribunal ya se pronunció en el mismo sentido reconociendo el derecho de un inquilino de Navalcarnero a impugnar la venta de su vivienda pública.
Esta segunda Sentencia da la razón al equipo jurídico de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) fallando a favor de varios recurrentes de Leganés y supone la consolidación de jurisprudencia sobre el particular.
Se abre, por fin, el camino para que después de cinco años los inquilinos afectados por la venta de sus viviendas públicas a fondos buitres puedan denunciar el desmantelamiento del parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid.
PorLa PAH
Nuevo pack de documentos útiles – “Kit Dictamen DESC” para paralización urgente de desalojos
En la actualidad acumulamos más de medio millón de desalojos de primera vivienda desde el inicio de la crisis, y las cifras no remiten aunque el origen de los desalojos esté girando de hipotecas a alquileres, con cifras alarmantes de lanzamientos derivados de familias sin ingresos que ocupan viviendas vacías de bancos ante la falta de alternativa de ningún tipo. En la PAH nos encontramos con personas y familias que acumulan ya varios procesos de desahucio consecutivos, a pesar de llevar años solicitando vivienda pública, en una espiral de desamparo que sólo se vence con apoyo y toma de conciencia de las verdaderas causas del problema.
La falta de un parque público de vivienda imposibilita equilibrar los precios del mercado, que siguen subiendo como la espuma: disparados más de un 30% desde 2013. En ciudades como Barcelona y Madrid, más de la mitad de los ingresos de quienes viven de alquiler, se destinan a pagar la vivienda.
173 familias son desahuciadas cada día. No existe un parque público de vivienda donde realojarlas. El parque público estatal no llega ni a un 2%, mientras en el resto de la Unión Europea la media mínima es del 15%.
Las ejecuciones hipotecarias continúan produciendo también desahucios aunque muchas se encuentran suspendidas a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva, por enésima vez, sobre la cláusula de vencimiento anticipado en los próximos meses y decida la suerte de cientos de miles de procedimientos.
El presente “Kit” de la PAH pretende servir como mecanismo de emergencia ante desalojos inminentes sin alternativa habitacional. Está planteado como un escrito procesal en el que, introduciendo todos los datos del caso particular, se plantee al juez/jueza que tramita el proceso de desahucio la necesidad de realizar un “examen de proporcionalidad” antes de autorizar la medida de desalojo. Además, se solicita un requerimiento judicial a las administraciones públicas (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) para que faciliten la vivienda alternativa hasta el máximo de sus recursos disponibles.
El 20 de junio de 2017 el Comité DESC de Naciones Unidas declaró que los desalojos, del tipo que sean, tal y como se produce en España a diario, constituyen una vulneración de Derechos Humanos pues generalmente no existe alternativa habitacional conocida ni el Estado adopta medidas para evitarlo hasta el máximo de recursos disponibles. Además, el procedimiento legal no prevé ningún trámite en el que el órgano judicial tome en consideración las razones de las partes para efectuar lo que se conoce como “juicio de proporcionalidad” de la medida, una práctica exigida por el Comité de NNUU pero también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según constantes sentencias que se exponen en el “Kit Dictamen Desc”.
Estas obligaciones, además, han sido asumidas recientemente por el Tribunal Supremo en una sentencia (22-11-2017) de lo Contencioso-Administrativo, que recoge la necesidad de practicar antes de cualquier desalojo un juicio de proporcionalidad, y llama la atención al caso especialmente sangrante de desahucios con presencia de NNA (niños, niñas y adolescentes) dónde la obligación es mayor por efecto de la Convención de Derechos del Niño de 1989.
Esperamos producir un efecto progresivo de suspensiones en Juzgados de Primera Instancia haciendo cumplir los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por España, hasta ahora, desgraciadamente, papel mojado.
15 de enero de 2018.
Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
1.- Consejos orientativos para su uso (el presente texto).
2.- Modelo de Escrito de Solicitud Urgente de Suspensión del Desalojo (descargar): se trata de un modelo elaborado por la Comisión Jurídica de la PAH, bajo la filosofía Creative Commons. De este modo puede y debe adaptarse a cada caso, y cada persona afectada y/o su abogado/a puede y debe modificarlo a su gusto, mejorándolo incluso para dar una versión más apropiada en cada procedimiento. En cualquier caso, sirve de orientación básica para trasladar a los órganos judiciales muchas de las alegaciones que ya se están haciendo en los Juzgados y que desde la PAH venimos incorporando en nuestros escritos.
3.- Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas de 20 de junio de 2017 (descargar).
4.- Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (descargar).
CUESTIONES PRÁCTICAS PARA UTILIZAR EL “KIT DICTAMEN DESC”
Procesos hipotecarios: utilizar como escrito de emergencia en caso de que no haya sido posible detener el desahucio acogiéndose a la moratoria de desahucios hasta mayo de 2020 para supuestos de extrema vulnerabilidad.
Procesos de desalojo por alquiler: utilizar en cualquier momento del proceso para detener el desalojo, remitiendo al órgano judicial a requerir a las administraciones públicas para proveer de vivienda alternativa.
Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: utilizar una vez que el desalojo se haya ordenado y no quepa más recurso posible.
Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Este escrito debe servir como alegación principal del estado de necesidad y la falta de alternativas con que cuenta la familia.
ATENCIÓN: En todos los casos, si cabe recurso y hay plazo para interponerlo contra la última resolución recibida que ordena el desalojo, el “Kit Dictamen DESC” debe articularse como parte del recurso que se interponga. Es decir, el cuerpo del texto del recurso debe incorporar las alegaciones que hemos desarrollado en el “Kit”.
Abogado y Procurador: Si ya tienes abogado y procurador asignados en el procedimiento, son ellos quiénes pueden plantear el escrito, ya sea presentando el escrito tal cual o como parte de un recurso contra la última resolución recurrida. Si no cuentas con abogado ni procurador, y la situación es urgente, puedes presentar el escrito por ti mismo, pero recomendamos acudir al Colegio de Abogados lo antes posible para que te asignen defensa legal, solicitando la suspensión del proceso.[1]
[1] Casos especiales:
En las situaciones en que tu abogad@ opine que no es procedente presentar las alegaciones del “Kit Dictamen DESC” y a pesar de ello, tú consideres que sí pueden ser útiles, puedes solicitar un cambio de abogado en el Colegio de Abogados correspondiente. No obstante, estos trámites pueden demorarse varios meses, por lo que, en último caso, presenta escrito al Juzgado tú mismo, solicitando que se suspendan los plazos hasta que se te asigne nuevo abogado.
Diferencias en cada Comunidad Autónoma: en el “Kit Dictamen DESC” existen espacios para introducir la situación de la vivienda pública en la Comunidad Autónoma que se trate. Hemos introducido algunos datos alarmantes del caso de la venta de vivienda pública en Madrid y Barcelona a fondos buitres que nos parecen útiles para poner al juez/a en situación de lo que ocurre en España, pero lo ideal es que en cada territorio, el escrito incluya alguna referencia a la situación particular de la falta de vivienda pública.
Desalojos en viviendas con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): el encabezado del escrito contempla la posibilidad de que también las personas con menos de 18 años figuren en el mismo, para que su situación también sea tenida en cuenta, pues finalmente son víctimas del desahucio con mayor impacto en su vida que los adultos y a menudo pasan desapercibidos para el órgano judicial. Dado que el juez/jueza debe realizar un “juicio de proporcionalidad” de la medida del desahucio antes de autorizarlo, consideramos que la participación de los NNA en el proceso es legalmente exigible y por eso deben figurar como partes en el encabezamiento.
En caso de utilizar el “Kit Dictamen DESC” como parte de un recurso:
Procesos hipotecarios: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.
Procesos de desalojo por alquiler: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.
Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.
Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Tras ello se dicta un “Auto” en el que el juez autoriza o desautoriza el desalojo. En caso de autorización cabe “Recurso de Apelación” contra el mismo en plazo de 15 días. Si este es tu caso, plantea el “Kit Dictamen DESC” como recurso de apelación solicitando expresamente la suspensión del desalojo e indica textualmente en el encabezamiento que es un recurso “en ambos efectos”. La regulación contencioso-administrativa no permite que este recurso de apelación sea suspensivo, pero entendemos que debe solicitarse y debería suspenderse por tratarse de una cuestión de Derechos Fundamentales de muy difícil o imposible reparación en caso de cometerse el desalojo.
Porhmora85
KIT RDL 5/2017 MORATORIA Y ALQUILER SOCIAL
Se acaba de aprobar el Real Decreto 5/2017 que modifica el Real Decreto 6/2012 (Conocido como Código de Buenas Practicas) y la Ley 1/2013 que decretó una tímida moratoria de 2 años para algunos casos de desahucio.
Aunque se anuncian como “medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios”, las modificaciones tienen un alcance limitado y cosmético, de cara a la galería, pues no soluciona las carencias de las versiones anteriores y no aborda la situación actual de miles de personas en emergencia habitacional.
La principal novedad es que este Real Decreto amplía los supuestos de especial vulnerabilidad para la moratoria, a todas las familias con menores de 18 años, independientemente del número o edad, cuestión que desde la PAH ya habíamos denunciado mediante el recurso de inconstitucionalidad que planteamos contra la Ley 1/2013.
Sin embargo, aunque se tenga una situación “vulnerable”, se mantiene el requisito “económico”, que obliga a demostrar que el esfuerzo en el pago de la hipoteca se ha incrementado en los últimos cuatro años. Concretamente el artículo 1.3.b) que dice “Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar ha de haber sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas” y lo complementa el punto 4 del mismo artículo cuando dice: “A efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la Renta familiar se hubiera multiplicado por 1.5”.
Este requisito “económico” no tiene en cuenta la cronificación de la situación de la pobreza que ha ido haciendo imposible el pago de las cuotas por dificultad acumulada tras varios años de reducción de ingresos, aunque la cuota se haya mantenido más o menos estable. Es habitual caer en impago de hipoteca por agotamiento en el esfuerzo económico tras varios años obteniendo ingresos irregulares de aquí y de allá, con independencia de la cuota.
Cuando se redactaron las moratorias originales, años 2012 y 2013, este criterio podía tener cierto sentido, pero entonces las situaciones de vulnerabilidad contempladas eran más restrictivas y, por tanto, tampoco eran medidas reales y efectivas para la mayoría de las familias afectadas. Por ello, la medida llega tarde y mal, ya que miles de familias que se hubieran podido beneficiar desde el año 2013 hasta ahora, ya no tienen opción, y hoy en día, muchas de ellas viven pendientes de desahucios de alquiler.
Otro aspecto que contempla la Ley es un alquiler para las mismas familias que tienen derecho a la moratoria. La familia deberá afrontar, si quiere acceder a ello, el pago de la tasación de su vivienda a fin de calcular el precio de la cuota de alquiler, que será de un máximo del 3% anual del valor actual de la vivienda, pero no regula ni limita estos alquileres en función de la situación social y económica de las familias que se podrían beneficiar. En conclusión, la medida establece un impedimento a la vez que obliga a pagar la tasación que puede costar unos 400 euros o más, y deja en manos de las entidades financieras el hecho que sea o no una medida efectiva para las familias que puedan pagar la tasación.
Este alquiler se establecerá por cinco años (el anterior era sólo por tres) lo que parece un incentivo para que las personas con moratoria no agoten el plazo total hasta mayo de 2020, aunque tengan derecho a ello.
Os aportamos los documentos útiles para su respectivo uso:
- SOLICITUD MORATORIA 2017
- SOLICITUD ALQUILER SOCIAL CBP 2017
- Escrito suspension lanzamiento EH 2017-SIN ABOGADO
- Escrito suspension lanzamiento EH 2017-CON ABOGADO
- Cuadro comparativo de las normas, en tres ámbitos de interés (con las reformas en amarillo y las principales modificaciones en verde):
– Ámbito de aplicación de la situación de vulnerabilidad.
– Nuevo prórroga de plazo de suspensión de lanzamientos (hasta 15 de mayo de 2020).
– Mecanismos de alquiler (sobre inmuebles objeto de lanzamiento + suspensión).
PorLramisa
INTERPELAMOS A LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS PARA QUE DEN SU APOYO PARA LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH
PorLramisa
El Grupo Promotor de la ILP Habitatge-Ley 24/2015 publica nuevos documentos para parar desahucios y conseguir realojos
El pasado mes de diciembre el Parlamento de Cataluña aprobó la nueva Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que está en vigor desde el día 30 de diciembre.
Esta ley busca sustituir los artículos suspendidos por el recurso del PP y la banca en el Tribunal Constitucional de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la APE a través de la ILP Vivienda.
El grupo promotor de la ILP Habitatge- Ley 24/2015 considera que este proyecto de ley es insuficiente para revertir la situación de emergencia habitacional en Cataluña. Hemos explicado en reiteradas ocasiones los motivos.
No obstante, cuando se aprobó la nueva Ley ya advertimos que, como siempre, seguiríamos luchando cada día para conseguir garantizar el derecho a la vivienda y exigiremos el cumplimiento como una herramienta más para revertir la exclusión residencial.
Es más, al igual que es indiscutible que la Ley 24/2015 no se hubiera aprobados sin la ILP Vivienda, está claro que sin la presión de la sociedad civil que lucha por el derecho a la vivienda y la alarma social que creó el recurso criminal en el Tribunal Constitucional, la nueva ley tampoco se habría aprobado o sería aún más descafeinada.
Aunque la nueva Ley es reivindicada en todas partes por el Gobierno de la Generalitat (mucho más que la suspendida), de nuevo es la calle quien pone sobre la mesa las herramientas efectivas para defender el derecho a la vivienda, deteniendo el máximo de desahucios y consiguiendo todos los realojos posibles.
Por ello, ha sido necesario actualizar los documentos útiles de la PAH en referencia a la ley 24/2015, y adaptarlos a la nueva Ley 4/2016. Esta tarea, que debería ser asumida por el Gobierno, lo hemos hecho de nuevo las personas solidarias, adelantándonos una vez más a unas Administraciones poco rápidas a la hora de expresar al máximo todas las posibilidades de acabar con la vulneración los derechos humanos!
En total son ocho documentos * que pedimos se difundan de manera que lleguen a toda persona que se vea amenazada de desahucio!
Acabamos con la emergencia habitacional! #StopDesnonaments #AvuiEsPot
* Breve descripción de la utilidad de los nuevos documentos:
Un documento para solicitar la dación en pago cuando no se puede hacer frente a la hipoteca, de manera conjunta con un alquiler social, para evitar la pérdida de la vivienda, protegida por la nueva ley. Advierte que, de no ser escuchada esta demanda, se emprenderán acciones contra los bancos.
- Dos documentos para suspender el procedimiento en curso hasta que la parte acreedora cumpla con su obligación de ofrecer realojamiento a los afectados, lo que ha incumplido hasta el momento. El primero va dirigido a los juzgados y el segundo a los bancos.
Dos documentos más que son denuncias para presentar ante el ayuntamiento por parte de los afectados cuando los grandes tenedores no les ofrecen el alquiler social, a pesar de cumplir con los requisitos que la ley exige. Un documento está dedicado únicamente a los casos de dación en pago [art. 16.2.a)], y el otro a la ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler [art. 16.2.b)].
- Un documento dirigido a los Servicios Sociales que tiene por objeto solicitar un informe social en las administraciones públicas en el que se acredite la situación de riesgo de exclusión residencial en el que se encuentran los ejecutados, para suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria o desahucio (se basa en el art. 18 de la nueva ley).
Un documento dirigido a los juzgados, con el que se vuelve a pedir la suspensión inmediata del procedimiento en curso, esta vez para todos aquellos desahucios donde hay exclusión residencial y que no se encuentran amparados por el artículo 16 de la ley 4/2016 . Como en el primer documento, pero sí protegidos por lo dispuesto en el precepto 5.6 de la ley 24/2015, el cual aún se encuentra en vigor.
Un último documento que busca que los ayuntamientos garanticen las ayudas necesarias y, subsidiariamente, el realojamiento adecuado, en aquellos casos en que no hay oferta obligatoria de alquiler social según el artículo 16 de la ley 4/2016, pero sí en base a el artículo 5.6 de la ley 24/2015. Junto con esto, se hace referencia a la responsabilidad patrimonial de la Administración, y se pide a ésta que solicite la suspensión del procedimiento judicial.
Todos estos documentos los puedes encontrar en el apartado de documentos útiles. Haz click aqui
Porpower
La PAH ante la cuestión prejudicial del Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia Europea de fecha 8/2/2017
El pasado 26 de enero de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una Sentencia que ha dado el golpe de gracia a las ejecuciones hipotecarias que están hundiendo a tantas familias de nuestro país. Dicha Sentencia trata esencialmente sobre la CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO, que permite a la entidad bancaria rescindir el contrato por la falta de pago de una o una parte cualquiera de la cuota y reclamar la totalidad de la deuda con la consiguiente subasta de nuestra casa y el posterior lanzamiento (o desahucio) de nuestra familia.
Así, esta sentencia decreta la NULIDAD por abusiva de la cláusula de Vencimiento Anticipado, obligando a los jueces a tenerla por no puesta en el contrato hipotecario. La base de su nulidad radica en que el incumplimiento de una parte, de una o incluso de tres cuotas hipotecarias no tiene un carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo, creando un desequilibrio abismal entre los derechos y obligaciones de los consumidores y en beneficio de las entidades bancarias. Además, dicha abusividad no “desaparece” o “se perdona” por el hecho que el banco espere al impago de un mayor número de cuotas, sino que solamente tiene validez la literalidad de la cláusula de vencimiento anticipado, es decir, hay que estar a lo que establece la cláusula en sí, de forma literal, y lo que haya practicado el banco.
Como esta cláusula es la llave que permite al banco iniciar la ejecución hipotecaria, su expulsión del contrato trae la consecuencia de ARCHIVAR TODAS LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS en marcha.
Como no podía ser de otra forma, las entidades bancarias, a las que no ha gustado nada la noticia, y nuestro Tribunal Supremo, en aras de evitar este archivo masivo de todas las ejecuciones hipotecarias, esquivando, por tanto, el cumplimento de dicha sentencia, ha presentado una Cuestión Prejudicial el pasado 8 de febrero de 2017 preguntando al TJUE si es posible, aun siendo la cláusula de vencimiento anticipado ilegal, continuar con las monstruosas ejecuciones hipotecarias. Su argumentación se basa en la falacia de que la ejecución hipotecaria es más “beneficiosa” para el deudor que los demás procedimientos de reclamación que el banco tiene a su disposición. EL TJUE PUEDE TARDAR ENTRE UNO Y DOS AÑOS EN DAR RESPUESTA a la Cuestión Prejudicial presentada por el Tribunal Supremo. Tiempo en que los Juzgados deberán, o bien aplicar directamente el Derecho de la Unión Europea, archivando las ejecuciones hipotecarias; o bien suspender los procedimientos hasta que el TJUE resuelva.
La PAH lleva años luchando para demostrar que las ejecuciones hipotecarias son procedimientos ilegales que no permiten al afectad@ la defensa y protección que merece, y eliminarlas definitivamente. Estos procedimientos, que han provocado y siguen provocando, esta crisis económica y social en las familias, de magnitudes alarmantes, sólo pueden beneficiar al sector bancario, que sigue viendo protegidos sus privilegios a costa de la ciudadanía.
Por nuestra parte, vamos a aprovechar el golpe del Tribunal Supremo para SOLICITAR MASIVAMENTE LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA ABIERTOS, SUSPENDIENDO ASÍ TODAS LAS SUBASTAS Y LANZAMIENTOS QUE SE HAYAN ORDENADO hasta que el TJUE dé respuesta a la Cuestión Prejudicial planteada por el Tribunal Supremo y ponga fin a las ejecuciones hipotecarias ilegales.
¡¡SÍ SE PUEDE!!
PorLramisa
Tutorial de la PAH para calcular el gasto de la cláusula suelo
Desde la PAH sacamos un nuevo documento útil (el número 46) para saber cuanto te han cobrado los bancos de más, referente a las cláusulas suelo y así poder reclamar esta cantidad con nuestro kit (documento útil 45). Para que puedas hacerlo desde tu casa hemos hecho un video tutorial que explica paso a paso como puedes calcular, de forma aproximada, lo que te ha estafado la banca con la cláusula suelo desde que firmastes tu hipoteca. ¡Esperamos que te sea útil! 🙂
Por un lado:
1. Descárgate la hoja de cálculo aquí
2. Sigue el tutorial de video que han preparado las comPAHs
3. Descubre cuánto te ha robado la banca
4. Ejerce tus derechos
5. Acercate a tu PAH más cercana y sigamos peleando juntas.
6. Ya lo sabes: ¡Sí se puede!
¡ Y a por los bankasters!
PorLramisa
El TJUE vuelve a dar la razón a la PAH: abre la puerta a exigir la nulidad de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y los desahucios desde 1995.
La PAH exige la nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias desde 1995 con el apoyo del TJUE
La sentencia emitida hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la octava sentencia que confirma y da la razón a las que llevamos 8 años denunciando la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos. No es una sentencia más pese a que, junto con las 7 anteriores, dicta que la normativa hipotecaria española es anómala, injusta e ilegal, contraria a la directiva Europea de 1993 que el Estado tenía que haber adaptado antes del 31 de diciembre de 1994.
Decimos que no es una sentencia más porque ésta viene a decir que es ilegal y nula la cláusula del vencimiento anticipado de las hipotecas. Ésta cláusula la contienen todas las hipotecas y permite a la banca reclamarte la totalidad de la deuda pendiente, más los intereses correspondientes, una vez has dejado de pagar 3 cuotas. El caso analizado en la sentencia del TJUE, presentado por un juez de Santander, cuestiona que el impago de 7 mensualidades de un total de 564 cuotas mensuales de las que constaba la hipoteca fuese suficientemente grave como para aplicar el vencimiento anticipado.
Cuándo llegas a este punto y el banco te reclama de golpe que pagues la totalidad de la hipoteca de una vez, lógicamente no puedes pagar de golpe. El banco, amparándose en esta cláusula, ejecuta judicialmente la hipoteca y abre el proceso que te condena al desahucio y a una deuda de por vida. Dado que es precisamente en esta cláusula en la que se basan todas las ejecuciones hipotecarias, podemos afirmar sin ningún temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios habidos desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la directiva 93/13/CE, lo han sido mediante la aplicación de una legislación que además de injusta, inhumana y criminal, era también ilegal. Una legislación que, a día de hoy, sigue siendo contraria a la normativa UE en materia de derechos de los consumidores, y que afecta también a una necesidad fundamental como la vivienda.
Desde la PAH denunciamos una vez más la violación sistemática de los derechos humanos y de la propia Constitución española con todas y cada una de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que hemos sufrido en los últimos años. Hemos denunciado la anomalía e ilegalidad de la ley hipotecaria española, hemos alertado de que hay vidas en juego y hemos desenmascarado la estafa hipotecaria.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya declaró la nulidad parcial de este tipo de cláusulas abusivas, pero proponía sustituir el inicio de la ejecución hipotecaria de un impago a tres, como dictó la ley 1/2013. Tanto esta ley como el Tribunal Supremo no ha parado de recibir varapalos en las ocho sentencias del TJUE que ya acumulamos en esta materia.
Ahora, con esta nueva sentencia anunciamos que vamos a exigir y a reclamar la declaración de nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que se han producido desde 1995, y lo hacemos con la razón que nos da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No sólo vamos a exigir la declaración de nulidad, sino la restitución de derechos y la reparación de los daños producido a más de 700.000 familias desde 2008 y a todas aquellas que han sufrido las consecuencias desde 1995 de la ilegal ley hipotecaria española.
En los próximos días haremos un llamamiento para iniciar ésta campaña de nulidad de ejecuciones hipotecarias, y desahucios, y exigiremos restitución de derechos y reparación de daños. Para presentar esa campaña, les convocamos a la rueda de prensa que daremos mañana viernes, día 27 a partir de las 11 horas en ante la puerta del Tribunal Supremo en Madrid.
#TJUEconLaPAH
PorLramisa
Nuevo documentos útiles sobre la clausula suelo
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre no ha dejado indiferente a nadie. La banca se ha visto acorralada, al Gobierno se le ha pillado “in fraganti” tapando las vergüenzas de la banca y el Tribunal Supremo ha sufrido una nueva perdida de legitimidad, como sucede cada vez que se pronuncia el Tribunal Europeo.
La sentencia viene a darnos la razón, una vez más, y confirma lo que venimos señalando desde hace muchos años, las ejecuciones hipotecarias son ilegales, las hipotecas están plagadas de cláusulas abusivas y eso supone que se hayan ejecutado cientos de miles de desahucios de forma ilegal. Ayer mismo, un magistrado del propio Tribunal Supremo sentenció que ” las ejecuciones hipotecarias que tengan como causa la aplicación de una cláusula suelo son nulas, y el desahuciado debería recuperar su casa”.
Ante esta realidad, desde la PAH hemos vuelto a elaborar un “Kit” que contiene respuestas a las dudas más frecuentes sobre este asunto, un manual de cómo detectar la cláusula suelo en nuestras hipotecas y un escrito de reclamación de devolución de todo nuestro dinero y los correspondientes intereses, para que podamos presentarlo ante las entidades financieras. Igualmente incluye un escrito de reclamación de devolución de los gastos de constitución de hipoteca, otra cláusula que también ha sido declarada abusiva recientemente.
Desde la PAH ponemos a disposición de todos los afectados por la hipoteca este Kit para que se distribuya en las asambleas de asesoramiento colectivo y animamos a su presentación de forma masiva. Somos conscientes de que no es sólo la cláusula suelo, son todas y cada una de las cláusulas que contienen las hipotecas las que convierten en ilegales los préstamos hipotecarios y ante esta realidad desde la PAH vamos a exigir, una vez más al Gobierno que dé respuesta a la realidad de cientos de miles de personas, una respuesta que pase por reconocer y legislar las medidas que contienen “Las 5 de la PAH”, hasta que eso no se produzca, no habrá respuesta definitiva a la estafa
En este sentido, estamos a la espera de las medidas que finalmente anuncie el Gobierno de Mariano Rajoy. Cinco años de precedentes al servicio de la banca, las propias declaraciones del ministro de Guindos o las primeras filtraciones del Real Decreto que previsiblemente se aprobará mañana en el Consejo de Ministros anuncian que no será una batalla fácil. Lo que está claro es que nosotras no nos vamos a rendir.
Los documentos en cuestión se encuentran en el apartado “documentos útiles” y son el ´documento número 45. Aquí los enlaces para descargarlos gratuitamente:
45. Kit cláusula suelo y reclamación de gastos
- ¿Cómo saber si tengo cláusula suelo?
- Modelo reclamación cláusula suelo
- Modelo reclamación gastos
- Preguntas frecuentes sobre cláusulas suelo
PorLramisa
Nueva sentencia que avala la dación en pago. Urgen cambios legislativos
La sentencia del juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, de 7 de noviembre de 2016, que hoy ha sido anunciada avala la denuncia de la estafa hipotecaria que llevamos haciendo desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde 2009: ¡no es una crisis, es una estafa!
Esta sentencia recoge la dación en pago por vía judicial, es decir, cancelar la deuda hipotecaria al entregar la vivienda. El juez argumenta que no tiene sentido que el hipotecado asuma responsabilidades de por vida mientras que al banco se le permite adjudicarse el inmueble por un 60%, perseguirte de por vida y después vender el inmueble a mayor precio, es decir, la entidad bancaria se adjudico la vivienda por un precio que ya cubría la deuda, tasación hecha por la propia entidad y, ademas,luego lo vendió por uno precio muy superior al adjudicado, obteniendo beneficios por ambos lados (adjudicación y venta) con un derecho básico, el acceso a la vivienda.
Celebramos que hayan jueces valientes que apliquen la directiva europea 93/13, declarando abusiva, y por lo tanto nulas, cláusulas que ya no deberían de existir si el Gobierno hubiese adaptado la directiva europea en la norma Española. Exigimos cambios legislativos que den soluciones universales y no tener que pelear caso a caso por la vía judicial. Así como hicimos en 2013 con la Iniciativa Legislativa Popular hipotecaria que planteaba la dación en pago retroactiva. Iniciativa que contaba con 1,5 millones de firmas y un amplio apoyo social; cambios que se vieron bloqueados por el servilismo del PP a la banca.
Desde la calle lo tenemos claro, hacen falta cambios legislativos como los que planteamos en 2013 o los que planteamos con las 5 de la PAH, el Tribunal de Justicia de la UE también lo tiene claro, cada vez más jueces españoles dictan sentencias en este sentido. Ahora nos toca presionar al Gobierno para hacer efectivos estos cambios.
Nos alegramos de esta nueva sentencia, seguiremos luchando para buscar soluciones estructurales y colectivas para que cualquier familia, que padezca o haya padecido los estragos de la estafa hipotecaria, tenga una segunda oportunidad.
Porque hay vidas en juego
Adjuntamos la sentencia aquí.
