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PorLa PAH

Nuevo pack de documentos útiles – “Kit Dictamen DESC” para paralización urgente de desalojos

En la actualidad acumulamos más de medio millón de desalojos de primera vivienda desde el inicio de la crisis, y las cifras no remiten aunque el origen de los desalojos esté girando de hipotecas a alquileres, con cifras alarmantes de lanzamientos derivados de familias sin ingresos que ocupan viviendas vacías de bancos ante la falta de alternativa de ningún tipo. En la PAH nos encontramos con personas y familias que acumulan ya varios procesos de desahucio consecutivos, a pesar de llevar años solicitando vivienda pública, en una espiral de desamparo que sólo se vence con apoyo y toma de conciencia de las verdaderas causas del problema.

La falta de un parque público de vivienda imposibilita equilibrar los precios del mercado, que siguen subiendo como la espuma: disparados más de un 30% desde 2013. En ciudades como Barcelona y Madrid, más de la mitad de los ingresos de quienes viven de alquiler, se destinan a pagar la vivienda.

173 familias son desahuciadas cada día. No existe un parque público de vivienda donde realojarlas. El parque público estatal no llega ni a un 2%, mientras en el resto de la Unión Europea la media mínima es del 15%.

Las ejecuciones hipotecarias continúan produciendo también desahucios aunque muchas se encuentran suspendidas a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva, por enésima vez, sobre la cláusula de vencimiento anticipado en los próximos meses y decida la suerte de cientos de miles de procedimientos.

El presente “Kit” de la PAH pretende servir como mecanismo de emergencia ante desalojos inminentes sin alternativa habitacional. Está planteado como un escrito procesal en el que, introduciendo todos los datos del caso particular, se plantee al juez/jueza que tramita el proceso de desahucio la necesidad de realizar un “examen de proporcionalidad” antes de autorizar la medida de desalojo. Además, se solicita un requerimiento judicial a las administraciones públicas (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) para que faciliten la vivienda alternativa hasta el máximo de sus recursos disponibles.

El 20 de junio de 2017 el Comité DESC de Naciones Unidas declaró que los desalojos, del tipo que sean, tal y como se produce en España a diario, constituyen una vulneración de Derechos Humanos pues generalmente no existe alternativa habitacional conocida ni el Estado adopta medidas para evitarlo hasta el máximo de recursos disponibles. Además, el procedimiento legal no prevé ningún trámite en el que el órgano judicial tome en consideración las razones de las partes para efectuar lo que se conoce como “juicio de proporcionalidad” de la medida, una práctica exigida por el Comité de NNUU pero también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según constantes sentencias que se exponen en el “Kit Dictamen Desc”.

Estas obligaciones, además, han sido asumidas recientemente por el Tribunal Supremo en una sentencia (22-11-2017) de lo Contencioso-Administrativo, que recoge la necesidad de practicar antes de cualquier desalojo un juicio de proporcionalidad, y llama la atención al caso especialmente sangrante de desahucios con presencia de NNA (niños, niñas y adolescentes) dónde la obligación es mayor por efecto de la Convención de Derechos del Niño de 1989.

Esperamos producir un efecto progresivo de suspensiones en Juzgados de Primera Instancia haciendo cumplir los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por España, hasta ahora, desgraciadamente, papel mojado.

15 de enero de 2018.

Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Qué contiene este KIT:

1.- Consejos orientativos para su uso (el presente texto).

2.- Modelo de Escrito de Solicitud Urgente de Suspensión del Desalojo (descargar): se trata de un modelo elaborado por la Comisión Jurídica de la PAH, bajo la filosofía Creative Commons. De este modo puede y debe adaptarse a cada caso, y cada persona afectada y/o su abogado/a puede y debe modificarlo a su gusto, mejorándolo incluso para dar una versión más apropiada en cada procedimiento. En cualquier caso, sirve de orientación básica para trasladar a los órganos judiciales muchas de las alegaciones que ya se están haciendo en los Juzgados y que desde la PAH venimos incorporando en nuestros escritos.

3.- Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas de 20 de junio de 2017 (descargar).

4.- Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (descargar).

 

CUESTIONES PRÁCTICAS PARA UTILIZAR EL “KIT DICTAMEN DESC”

Procesos hipotecarios: utilizar como escrito de emergencia en caso de que no haya sido posible detener el desahucio acogiéndose a la moratoria de desahucios hasta mayo de 2020 para supuestos de extrema vulnerabilidad.

Procesos de desalojo por alquiler: utilizar en cualquier momento del proceso para detener el desalojo, remitiendo al órgano judicial a requerir a las administraciones públicas para proveer de vivienda alternativa.

Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: utilizar una vez que el desalojo se haya ordenado y no quepa más recurso posible.

Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Este escrito debe servir como alegación principal del estado de necesidad y la falta de alternativas con que cuenta la familia.

ATENCIÓN: En todos los casos, si cabe recurso y hay plazo para interponerlo contra la última resolución recibida que ordena el desalojo, el “Kit Dictamen DESC” debe articularse como parte del recurso que se interponga. Es decir, el cuerpo del texto del recurso debe incorporar las alegaciones que hemos desarrollado en el “Kit”.

Abogado y Procurador: Si ya tienes abogado y procurador asignados en el procedimiento, son ellos quiénes pueden plantear el escrito, ya sea presentando el escrito tal cual o como parte de un recurso contra la última resolución recurrida. Si no cuentas con abogado ni procurador, y la situación es urgente, puedes presentar el escrito por ti mismo, pero recomendamos acudir al Colegio de Abogados lo antes posible para que te asignen defensa legal, solicitando la suspensión del proceso.[1]

[1] Casos especiales:

En las situaciones en que tu abogad@ opine que no es procedente presentar las alegaciones del “Kit Dictamen DESC” y a pesar de ello, tú consideres que sí pueden ser útiles, puedes solicitar un cambio de abogado en el Colegio de Abogados correspondiente. No obstante, estos trámites pueden demorarse varios meses, por lo que, en último caso, presenta escrito al Juzgado tú mismo, solicitando que se suspendan los plazos hasta que se te asigne nuevo abogado.

Diferencias en cada Comunidad Autónoma: en el “Kit Dictamen DESC” existen espacios para introducir la situación de la vivienda pública en la Comunidad Autónoma que se trate. Hemos introducido algunos datos alarmantes del caso de la venta de vivienda pública en Madrid y Barcelona a fondos buitres que nos parecen útiles para poner al juez/a en situación de lo que ocurre en España, pero lo ideal es que en cada territorio, el escrito incluya alguna referencia a la situación particular de la falta de vivienda pública.

Desalojos en viviendas con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): el encabezado del escrito contempla la posibilidad de que también las personas con menos de 18 años figuren en el mismo, para que su situación también sea tenida en cuenta, pues finalmente son víctimas del desahucio con mayor impacto en su vida que los adultos y a menudo pasan desapercibidos para el órgano judicial. Dado que el juez/jueza debe realizar un “juicio de proporcionalidad” de la medida del desahucio antes de autorizarlo, consideramos que la participación de los NNA en el proceso es legalmente exigible y por eso deben figurar como partes en el encabezamiento.

En caso de utilizar el “Kit Dictamen DESC” como parte de un recurso:

Procesos hipotecarios: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo por alquiler: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo dentro de procedimiento penal por delito de usurpación: indicar en el encabezamiento del escrito que se trata de un Recurso contra la última resolución, si estas en plazo para ello.

Procesos de desalojo de una vivienda pública en los juzgados contencioso-administrativos: en lo contencioso-administrativo, el juez tramita lo que se llama un procedimiento de “autorización de entrada en domicilio” dónde se otorga un plazo de 5ó 10 días para realizar alegaciones. Tras ello se dicta un “Auto” en el que el juez autoriza o desautoriza el desalojo. En caso de autorización cabe “Recurso de Apelación” contra el mismo en plazo de 15 días. Si este es tu caso, plantea el “Kit Dictamen DESC” como recurso de apelación solicitando expresamente la suspensión del desalojo e indica textualmente en el encabezamiento que es un recurso “en ambos efectos”. La regulación contencioso-administrativa no permite que este recurso de apelación sea suspensivo, pero entendemos que debe solicitarse y debería suspenderse por tratarse de una cuestión de Derechos Fundamentales de muy difícil o imposible reparación en caso de cometerse el desalojo.

 

Porhmora85

KIT RDL 5/2017 MORATORIA Y ALQUILER SOCIAL

Se acaba de aprobar el Real Decreto 5/2017 que modifica el Real Decreto 6/2012 (Conocido como Código de Buenas Practicas) y la Ley 1/2013 que decretó una tímida moratoria de 2 años para algunos casos de desahucio.

Aunque se anuncian como “medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios”, las modificaciones tienen un alcance limitado y cosmético, de cara a la galería, pues no soluciona las carencias de las versiones anteriores y no aborda la situación actual de miles de personas en emergencia habitacional.

La principal novedad es que este Real Decreto amplía los supuestos de especial vulnerabilidad para la moratoria, a todas las familias con menores de 18 años, independientemente del número o edad, cuestión que desde la PAH ya habíamos denunciado mediante el recurso de inconstitucionalidad que planteamos contra la Ley 1/2013.

Sin embargo, aunque se tenga una situación “vulnerable”, se mantiene el requisito “económico”, que obliga a demostrar que el esfuerzo en el pago de la hipoteca se ha incrementado en los últimos cuatro años. Concretamente el artículo 1.3.b) que dice “Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar ha de haber sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas” y lo complementa el punto 4 del mismo artículo cuando dice: “A efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la Renta familiar se hubiera multiplicado por 1.5”.

Este requisito “económico” no tiene en cuenta la cronificación de la situación de la pobreza que ha ido haciendo imposible el pago de las cuotas por dificultad acumulada tras varios años de reducción de ingresos, aunque la cuota se haya mantenido más o menos estable. Es habitual caer en impago de hipoteca por agotamiento en el esfuerzo económico tras varios años obteniendo ingresos irregulares de aquí y de allá, con independencia de la cuota.

Cuando se redactaron las moratorias originales, años 2012 y 2013, este criterio podía tener cierto sentido, pero entonces las situaciones de vulnerabilidad contempladas eran más restrictivas y, por tanto, tampoco eran medidas reales y efectivas para la mayoría de las familias afectadas. Por ello, la medida llega tarde y mal, ya que miles de familias que se hubieran podido beneficiar desde el año 2013 hasta ahora, ya no tienen opción, y hoy en día, muchas de ellas viven pendientes de desahucios de alquiler.

Otro aspecto que contempla la Ley es un alquiler para las mismas familias que tienen derecho a la moratoria. La familia deberá afrontar, si quiere acceder a ello, el pago de la tasación de su vivienda a fin de calcular el precio de la cuota de alquiler, que será de un máximo del 3% anual del valor actual de la vivienda, pero no regula ni limita estos alquileres en función de la situación social y económica de las familias que se podrían beneficiar. En conclusión, la medida establece un impedimento a la vez que obliga a pagar la tasación que puede costar unos 400 euros o más, y deja en manos de las entidades financieras el hecho que sea o no una medida efectiva para las familias que puedan pagar la tasación.

Este alquiler se establecerá por cinco años (el anterior era sólo por tres) lo que parece un incentivo para que las personas con moratoria no agoten el plazo total hasta mayo de 2020, aunque tengan derecho a ello.

Os aportamos los documentos útiles para su respectivo uso:

  1.  SOLICITUD MORATORIA 2017
  2.  SOLICITUD ALQUILER SOCIAL CBP 2017
  3.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-SIN ABOGADO
  4.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-CON ABOGADO
  5.  Cuadro comparativo de las normas, en tres ámbitos de interés (con las reformas en amarillo y las principales modificaciones en verde):

    –    Ámbito de aplicación de la situación de vulnerabilidad.

    –   Nuevo prórroga de plazo de suspensión de lanzamientos (hasta 15 de mayo de 2020).

    –   Mecanismos de alquiler (sobre inmuebles objeto de lanzamiento + suspensión).

PorLramisa

INTERPELAMOS A LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS PARA QUE DEN SU APOYO PARA LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

Hoy miércoles 5 de abril PAHs de todo el Estado nos concentramos delante de los diferentes Parlamentos Autonómicos para hacer llegar a los grupos parlamentarios y gobiernos autonómicos las 5 propuestas que contiene nuestra Ley de Vivienda de la PAH: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros básicos garantizados.
 
Les entregaremos un documento de compromiso, igual que hicimos con los ayuntamientos el pasado 29 de marzo,  donde se reclama su apoyo para exigir al Congreso de los diputados que legisle un texto de ley presentado por la PAH donde se recogen nuestras demandas. Como sabemos que a veces muchos grupos políticos están alejados de la realidad de la sociedad civil, les haremos entrega de cartas donde cada afectada relatará su situación de Emergencia Habitacional con la necesidad imperiosa de aprobar nuestro texto de ley de carácter urgente. No puede ser que continúe habiendo gente sin casas y casas sin gente.
 
Tenemos que recordar que a través de Iniciativas Legislativas Populares, la PAH ha conseguido que se aprueben leyes en los Parlamentos Autonómicos para garantizar el Derecho a la Vivienda, tanto en Cataluña  como en Murcia. De hecho, actualmente en Madrid está en marcha una recogida de firmas para tramitar una ILP de Vivienda. Sin embargo, el gobierno central del Partido Popular ha interpuesto recursos en el Tribunal Constitucional contra estas leyes una vez conseguidas, alegando la falta de competencias de las Autonomías para legislar en materia de vivienda. 
 
Es totalmente inadmisible que estructuras del Estado que deben proteger los derechos de toda la ciudadanía, como lo es el Tribunal Constitucional, hayan sido utilizadas precisamente para vulnerar los avances legislativos de los Parlamentos Autonómicos, que van en la dirección de proteger los derechos recogidos en la Constitución española. Desprotegiendo a la sociedad civil y vulnerando sistemáticamente los derechos humanos, yendo en contra del bienestar social. 
 
Pero la PAH nunca se da por vencida. Y por eso mismo, mientras continuamos buscando cambios legislativos en las Comunidades Autónomas, también queremos que el Congreso de los diputados tramite una Ley Estatal, con competencias estatales, que apuntale el Derecho Universal a la Vivienda.
 
Es por estas razones que el posicionamiento público de los Parlamentos Autonómicos a favor del texto de ley presentado al Congreso de los diputados es fundamental. Debemos reclamar que todos los niveles territoriales del Estado vayan en la misma dirección.  Los desahucios y los cortes de suministros tienen que terminar ya. Hay vidas en juego. Y nuestro texto de ley contiene propuestas  razonables y asumibles que garantizan su futuro. No tenemos ninguna duda: conseguiremos que se legislen.
 
¡Sí Se Puede!
#LVPahParlamentos
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PorLramisa

El Grupo Promotor de la ILP Habitatge-Ley 24/2015 publica nuevos documentos para parar desahucios y conseguir realojos

El pasado mes de diciembre el Parlamento de Cataluña aprobó la nueva Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que está en vigor desde el día 30 de diciembre.

Esta ley busca sustituir los artículos suspendidos por el recurso del PP y la banca en el Tribunal Constitucional de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la APE a través de la ILP Vivienda.

El grupo promotor de la ILP Habitatge- Ley 24/2015 considera que este proyecto de ley es insuficiente para revertir la situación de emergencia habitacional en Cataluña. Hemos explicado en reiteradas ocasiones los motivos.

No obstante, cuando se aprobó la nueva Ley ya advertimos que, como siempre, seguiríamos luchando cada día para conseguir garantizar el derecho a la vivienda y exigiremos el cumplimiento como una herramienta más para revertir la exclusión residencial.

Es más, al igual que es indiscutible que la Ley 24/2015 no se hubiera aprobados sin la ILP Vivienda,  está claro que sin la presión de la sociedad civil que lucha por el derecho a la vivienda y la alarma social que creó el recurso criminal en el Tribunal Constitucional, la nueva ley tampoco se habría aprobado o sería aún más descafeinada.

Aunque la nueva Ley es reivindicada en todas partes por el Gobierno de la Generalitat (mucho más que la suspendida), de nuevo es la calle quien pone sobre la mesa las herramientas efectivas para defender el derecho a la vivienda, deteniendo el máximo de desahucios y consiguiendo todos los realojos posibles.

Por ello, ha sido necesario actualizar los documentos útiles de la PAH en referencia a la ley 24/2015, y adaptarlos a la nueva Ley 4/2016. Esta tarea, que debería ser asumida por el Gobierno, lo hemos hecho de nuevo las personas solidarias, adelantándonos una vez más a unas Administraciones poco rápidas a la hora de expresar al máximo todas las posibilidades de acabar con la vulneración los derechos humanos!

En total son ocho documentos * que pedimos se difundan de manera que lleguen a toda persona que se vea amenazada de desahucio!

Acabamos con la emergencia habitacional! #StopDesnonaments #AvuiEsPot

* Breve descripción de la utilidad de los nuevos documentos:

Un documento para solicitar la dación en pago cuando no se puede hacer frente a la hipoteca, de manera conjunta con un alquiler social, para evitar la pérdida de la vivienda, protegida por la nueva ley. Advierte que, de no ser escuchada esta demanda, se emprenderán acciones contra los bancos.

  • Dos documentos para suspender el procedimiento en curso hasta que la parte acreedora cumpla con su obligación de ofrecer realojamiento a los afectados, lo que ha incumplido hasta el momento. El primero va dirigido a los juzgados y el segundo a los bancos.

Dos documentos más que son denuncias para presentar ante el ayuntamiento por parte de los afectados cuando los grandes tenedores no les ofrecen el alquiler social, a pesar de cumplir con los requisitos que la ley exige. Un documento está dedicado únicamente a los casos de dación en pago [art. 16.2.a)], y el otro a la ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler [art. 16.2.b)].

  • Un documento dirigido a los Servicios Sociales que tiene por objeto solicitar un informe social en las administraciones públicas en el que se acredite la situación de riesgo de exclusión residencial en el que se encuentran los ejecutados, para suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria o desahucio (se basa en el art. 18 de la nueva ley).

Un documento dirigido a los juzgados, con el que se vuelve a pedir la suspensión inmediata del procedimiento en curso, esta vez para todos aquellos desahucios donde hay exclusión residencial y que no se encuentran amparados por el artículo 16 de la ley 4/2016 . Como en el primer documento, pero sí protegidos por lo dispuesto en el precepto 5.6 de la ley 24/2015, el cual aún se encuentra en vigor.

Un último documento que busca que los ayuntamientos garanticen las ayudas necesarias y, subsidiariamente, el realojamiento adecuado, en aquellos casos en que no hay oferta obligatoria de alquiler social según el artículo 16 de la ley 4/2016, pero sí en base a el artículo 5.6 de la ley 24/2015. Junto con esto, se hace referencia a la responsabilidad patrimonial de la Administración, y se pide a ésta que solicite la suspensión del procedimiento judicial.

Todos estos documentos los puedes encontrar en el apartado de documentos útiles. Haz click aqui

Porpower

La PAH ante la cuestión prejudicial del Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia Europea de fecha 8/2/2017

El pasado 26 de enero de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una Sentencia que ha dado el golpe de gracia a las ejecuciones hipotecarias que están hundiendo a tantas familias de nuestro país. Dicha Sentencia trata esencialmente sobre la CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO, que permite a la entidad bancaria rescindir el contrato por la falta de pago de una o una parte cualquiera de la cuota y reclamar la totalidad de la deuda con la consiguiente subasta de nuestra casa y el posterior lanzamiento (o desahucio) de nuestra familia.
 
Así, esta sentencia decreta la NULIDAD por abusiva de la cláusula de Vencimiento Anticipado, obligando a los jueces a tenerla por no puesta en el contrato hipotecario. La base de su nulidad radica en que el incumplimiento de una parte, de una o incluso de tres cuotas hipotecarias no tiene un carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo, creando un desequilibrio abismal entre los derechos y obligaciones de los consumidores y en beneficio de las entidades bancarias. Además, dicha abusividad no “desaparece” o “se perdona” por el hecho que el banco espere al impago de un mayor número de cuotas, sino que solamente tiene validez la literalidad de la cláusula de vencimiento anticipado, es decir, hay que estar a lo que establece la cláusula en sí, de forma literal, y lo que haya practicado el banco.

Como esta cláusula es la llave que permite al banco iniciar la ejecución hipotecaria, su expulsión del contrato trae la consecuencia de ARCHIVAR TODAS LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS en marcha. 

Como no podía ser de otra forma, las entidades bancarias, a las que no ha gustado nada la noticia, y nuestro Tribunal Supremo, en aras de evitar este archivo masivo de todas las ejecuciones hipotecarias, esquivando, por tanto, el cumplimento de dicha sentencia, ha presentado una Cuestión Prejudicial el pasado 8 de febrero de 2017 preguntando al TJUE si es posible, aun siendo la cláusula de vencimiento anticipado ilegal, continuar con las monstruosas ejecuciones hipotecarias. Su argumentación se basa en la falacia de que la ejecución hipotecaria es más “beneficiosa” para el deudor que los demás procedimientos de reclamación que el banco tiene a su disposición. EL TJUE PUEDE TARDAR ENTRE UNO Y DOS AÑOS EN DAR RESPUESTA a la Cuestión Prejudicial presentada por el Tribunal Supremo. Tiempo en que los Juzgados deberán, o bien aplicar directamente el Derecho de la Unión Europea, archivando las ejecuciones hipotecarias; o bien suspender los procedimientos hasta que el TJUE resuelva.

La PAH lleva años luchando para demostrar que las ejecuciones hipotecarias son procedimientos ilegales que no permiten al afectad@ la defensa y protección que merece, y eliminarlas definitivamente. Estos procedimientos, que han provocado y siguen provocando, esta crisis económica y social en las familias, de magnitudes alarmantes, sólo pueden beneficiar al sector bancario, que sigue viendo protegidos sus privilegios a costa de la ciudadanía. 

Por nuestra parte, vamos a aprovechar el golpe del Tribunal Supremo para SOLICITAR MASIVAMENTE LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA ABIERTOS, SUSPENDIENDO ASÍ TODAS LAS SUBASTAS Y LANZAMIENTOS QUE SE HAYAN ORDENADO hasta que el TJUE dé respuesta a la Cuestión Prejudicial planteada por el Tribunal Supremo y ponga fin a las ejecuciones hipotecarias ilegales. 

¡¡SÍ SE PUEDE!!

PorLramisa

Tutorial de la PAH para calcular el gasto de la cláusula suelo

Desde la PAH sacamos un nuevo documento útil (el número 46) para saber cuanto te han cobrado los bancos de más, referente a las cláusulas suelo y así poder reclamar esta cantidad con nuestro kit (documento útil 45). Para que puedas hacerlo desde tu casa hemos hecho un video tutorial que explica paso a paso como puedes calcular, de forma aproximada, lo que te ha estafado la banca con la cláusula suelo desde que firmastes tu hipoteca. ¡Esperamos que te sea útil!  🙂

Por un lado:

1. Descárgate la hoja de cálculo aquí

2. Sigue el tutorial de video que han preparado las comPAHs

3. Descubre cuánto te ha robado la banca

4. Ejerce tus derechos

5. Acercate a tu PAH más cercana y sigamos peleando juntas.

6. Ya lo sabes: ¡Sí se puede!

¡ Y a por los bankasters! 

PorLramisa

Nuevo documentos útiles sobre la clausula suelo

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre no ha dejado indiferente a nadie. La banca se ha visto acorralada, al Gobierno se le ha pillado “in fraganti” tapando las vergüenzas de la banca y el Tribunal Supremo ha sufrido una nueva perdida de legitimidad, como sucede cada vez que se pronuncia el Tribunal Europeo.

La sentencia viene a darnos la razón, una vez más, y confirma lo que venimos señalando desde hace muchos años, las ejecuciones hipotecarias son ilegales, las hipotecas están plagadas de cláusulas abusivas y eso supone que se hayan ejecutado cientos de miles de desahucios de forma ilegal. Ayer mismo, un magistrado del propio Tribunal Supremo sentenció que ” las ejecuciones hipotecarias que tengan como causa la aplicación de una cláusula suelo son nulas, y el desahuciado debería recuperar su casa”.

Ante esta realidad, desde la PAH hemos vuelto a elaborar un “Kit” que contiene respuestas a las dudas más frecuentes sobre este asunto, un manual de cómo detectar la cláusula suelo en nuestras hipotecas y un escrito de reclamación de devolución de todo nuestro dinero y los correspondientes intereses, para que podamos presentarlo ante las entidades financieras. Igualmente incluye un escrito de reclamación de devolución de los gastos de constitución de hipoteca, otra cláusula que también ha sido declarada abusiva recientemente.

Desde la PAH ponemos a disposición de todos los afectados por la hipoteca este Kit para que se distribuya en las asambleas de asesoramiento colectivo y animamos a su presentación de forma masiva. Somos conscientes de que no es sólo la cláusula suelo, son todas y cada una de las cláusulas que contienen las hipotecas las que convierten en ilegales los préstamos hipotecarios y ante esta realidad desde la PAH vamos a exigir, una vez más al Gobierno que dé respuesta a la realidad de cientos de miles de personas, una respuesta que pase por reconocer y legislar las medidas que contienen “Las 5 de la PAH”, hasta que eso no se produzca, no habrá respuesta definitiva a la estafa

En este sentido, estamos a la espera de las medidas que finalmente anuncie el Gobierno de Mariano Rajoy. Cinco años de precedentes al servicio de la banca, las propias declaraciones del ministro de Guindos o las primeras filtraciones del Real Decreto que previsiblemente se aprobará mañana en el Consejo de Ministros anuncian que no será una batalla fácil. Lo que está claro es que nosotras no nos vamos a rendir.

Los documentos en cuestión se encuentran en el apartado “documentos útiles” y son el ´documento número 45. Aquí los enlaces para descargarlos gratuitamente:

45. Kit cláusula suelo y reclamación de gastos

PorLramisa

Presentación del informe “Exclusió residencial al món local: crisi hipotecària a Barcelona 2013-2016”

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH) presentan el informe “Exclusió residencial al món local: crisi hipotecària a Barcelona 2013-2016”

El informe muestra los datos recogidos en la PAH de Barcelona durante los años de 2013 a 2016. Para ello se estructuró una base de datos con toda la gente afectada por la hipoteca que acudió al local de la PAH de Barcelona y rellenó sus datos en una ficha, durante el periodo indicado. Toda la base de datos fue ordenada y actualizada durante los primeros meses de 2016, contactando con las personas afectadas que habían rellenado su ficha y actualizando su situación.

Todo esto ha permitido establecer un análisis dinámico y real de la situación y de los efectos de la crisis hipotecaria en las familias. El informe, después de un análisis del marco jurídico relacionando el derecho a la vivienda a nivel internacional, en España y Cataluña,  trata los casos de 957 personas afectadas por la hipoteca que han venido a la PAH entre 2013 y 2016. Se analiza el papel de las entidades financiera implicadas, el perfil sociológico de las familias afectadas, la relación con los servicios sociales de Barcelona y los resultados de las negociaciones entre afectados y bancos.

Creemos que este trabajo de recogida  de datos de las personas en situación de emergencia habitacional sea fundamental para la visibilización de las consecuencias de la crisis hipotecaria sobre miles de familias y que este informe sea una herramienta importante para sensibilizar la opinión pública y ofrecer, a través de estos datos únicos, una perspectiva diferente sobre la crisis hipotecaria.

La importancia del estudio radica en la necesidad de dar a luz a estos datos hasta la fecha inexistentes, sobretodo dando voz a las familias y demostrando la situación de emergencia habitacional que nos encontramos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC hemos sido de las primeras entidades que, ya en febrero del 2009, alertamos de la gravedad de la problemática. Desde entonces hemos denunciado reiteradamente la carencia de datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que supone la legislación española en materia de vivienda. Así mismo, esta carencia de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades hemos hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos durante estos años.

Clica aquí para descargarte el Informe exclusión residencial en el mundo local

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Por

Victoria de la Obra Social de PAH Tenerife frente a Bankia

Con fecha 10 de abril de 2014, se ha dictado Auto por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, por el que se acuerda que no ha lugar a poner a Bankia en posesión de las viviendas que se adjudicó en la Calle Juan Rodríguez Santos, nº 19-21, Edificio Alejandra, que están ocupadas por 6 familias en riesgo de exclusión social.

Bankia se había adjudicado en septiembre de 2012 el edificio como consecuencia del impago de una hipoteca que pesaba sobre todo el inmueble y que había sido suscrita por una empresa. Por una situación de extrema necesidad, diez familias se vieron obligadas a ocuparlo quedando en la actualidad seis de ellas en el interior, al no contar con alternativa habitacional.

Bankia ha utilizado contra esas familias un procedimiento judicial dirigido a obtener su lanzamiento. Sin embargo, el Juzgado no entra a valorar en este proceso si esas familias tienen derecho o título para ocupar el inmueble, argumentando que ha pasado más de un año desde que Bankia se convirtió en propietaria del edificio, habiendo expirado su derecho..

Por ello, lo que hace el Juzgado es remitir a las partes, para discutir si las familias tienen o no derecho a residir en ese edificio, a otro procedimiento judicial. Pero lo llamativo del Auto es que el Juzgador adelanta que será en ese otro procedimiento en el que se tendrá que valorar que nos encontramos ante familias que cuentan con menores de edad y personas impedidas a su cargo, que han solicitado una casa alternativa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que todos ellos están en situación de desempleo sin derecho a prestación ni  subsidio alguno.

Pero también se dice que se tendrá que valorar el hecho de que Bankia sea una entidad a la que se le ha inyectado capital público para su salvamento.

considera “tercero” al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por cuanto, conocedor de la situación de extrema necesidad de las diez familias que han ocupado las viviendas y consciente de los derechos que asisten a la ejecutante, conforme al acuerdo aprobado en Pleno celebrado el 25 de mayo de 2012 en que se aprueba el Protocolo de Mediación en evitación de desahucios, remitió a Bankia un escrito con fecha 4 de julio de 2013, con el siguiente contenido:

“Por razones estrictamente humanitarias se pone en conocimiento de esa Entidad las circunstancias expuestas y valorar la posibilidad de interesar el aplazamiento de la fecha de lanzamiento de estas familias ocupantes hasta tanto por parte de este Ayuntamiento se estudie alguna fórmula alternativa que permita por una parte, que esa Entidad tome posesión del inmueble de su propiedad, y por otra, que quede salvaguardada, de la mejor forma posible, la salud e integridad de las familias reseñadas. A estos efectos, con esta misma fecha, por esa Alcaldía se ha instado a los servicios municipales competente que activen los correspondientes protocolos al objeto de que, a la mayor urgencia y brevedad, se atienda esta situación.”

 

Este protocolo y otras mociones fueron elaboradas, presentadas y llevadas al pleno de varios ayuntamientos de la isla,  ahora Ttras su aprobación, nos sirven para defender también a las personas que menos tienen.

Link a la rueda de prensa de PAH Tenerife

Auto para descargar aquí