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Victoria de la Obra Social de PAH Tenerife frente a Bankia

Con fecha 10 de abril de 2014, se ha dictado Auto por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, por el que se acuerda que no ha lugar a poner a Bankia en posesión de las viviendas que se adjudicó en la Calle Juan Rodríguez Santos, nº 19-21, Edificio Alejandra, que están ocupadas por 6 familias en riesgo de exclusión social.

Bankia se había adjudicado en septiembre de 2012 el edificio como consecuencia del impago de una hipoteca que pesaba sobre todo el inmueble y que había sido suscrita por una empresa. Por una situación de extrema necesidad, diez familias se vieron obligadas a ocuparlo quedando en la actualidad seis de ellas en el interior, al no contar con alternativa habitacional.

Bankia ha utilizado contra esas familias un procedimiento judicial dirigido a obtener su lanzamiento. Sin embargo, el Juzgado no entra a valorar en este proceso si esas familias tienen derecho o título para ocupar el inmueble, argumentando que ha pasado más de un año desde que Bankia se convirtió en propietaria del edificio, habiendo expirado su derecho..

Por ello, lo que hace el Juzgado es remitir a las partes, para discutir si las familias tienen o no derecho a residir en ese edificio, a otro procedimiento judicial. Pero lo llamativo del Auto es que el Juzgador adelanta que será en ese otro procedimiento en el que se tendrá que valorar que nos encontramos ante familias que cuentan con menores de edad y personas impedidas a su cargo, que han solicitado una casa alternativa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que todos ellos están en situación de desempleo sin derecho a prestación ni  subsidio alguno.

Pero también se dice que se tendrá que valorar el hecho de que Bankia sea una entidad a la que se le ha inyectado capital público para su salvamento.

considera “tercero” al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por cuanto, conocedor de la situación de extrema necesidad de las diez familias que han ocupado las viviendas y consciente de los derechos que asisten a la ejecutante, conforme al acuerdo aprobado en Pleno celebrado el 25 de mayo de 2012 en que se aprueba el Protocolo de Mediación en evitación de desahucios, remitió a Bankia un escrito con fecha 4 de julio de 2013, con el siguiente contenido:

“Por razones estrictamente humanitarias se pone en conocimiento de esa Entidad las circunstancias expuestas y valorar la posibilidad de interesar el aplazamiento de la fecha de lanzamiento de estas familias ocupantes hasta tanto por parte de este Ayuntamiento se estudie alguna fórmula alternativa que permita por una parte, que esa Entidad tome posesión del inmueble de su propiedad, y por otra, que quede salvaguardada, de la mejor forma posible, la salud e integridad de las familias reseñadas. A estos efectos, con esta misma fecha, por esa Alcaldía se ha instado a los servicios municipales competente que activen los correspondientes protocolos al objeto de que, a la mayor urgencia y brevedad, se atienda esta situación.”

 

Este protocolo y otras mociones fueron elaboradas, presentadas y llevadas al pleno de varios ayuntamientos de la isla,  ahora Ttras su aprobación, nos sirven para defender también a las personas que menos tienen.

Link a la rueda de prensa de PAH Tenerife

Auto para descargar aquí

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La PAH lleva la resolución de Estrasburgo a los juzgados para frenar los desahucios

La PAH lleva la resolución de Estrasburgo a los juzgados para frenar los desahucios

Nueva herramienta para la defensa de los Derechos Humanos

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presenta el documento útil elaborado a raiz de la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del 16 de octubre.

El documento se puede descargar aquí
Y en la página de documentos útiles

El documento, basado en el derecho internacional en materia de derechos humanos y la resolución del Tribunal de Estrasburgo emitida a raiz del proceso de desalojo de uno de los bloques de la campaña de la Obra social la PAH propiedad de la SAREB, solicita la suspensión del desahucio hasta que la administración pública no garantice una alternativa habitacional para las familias afectadas. El documento se presentará en juzgados para los casos de Eva, Kathia y Sandra, afectadas por un desahucio tras una ocupación, un impago de alquiler en un piso de Catalunya Caixa, y una ejecución hipotecaria respectivamente.

El documento, elaborado juntamente con el Observatori DESC, se puede utilizar tanto en el caso de ejecuciones hipotecarias, alquileres y ocupaciones de viviendas, una realidad a la que cada día se ven abocadas más familias. Sin ir más lejos, ya son más de 1000 personas las realojadas por la campaña de la Obra social la PAH en viviendas vacías en manos de entidades financieras, y cada semana llegan a nuestras asambleas familias que se han visto en la necesidad de ocupar una vivienda para evitar dormir en la calle. El documento es también una herramienta para hacer frente a los desahucios con fecha abierta, la última novedad en materia de vulneración de derechos, una estrategia que genera una ansiedad aun más profunda a las familias que se ven en la tesitura de perder su vivienda.

La resolución de Estrasburgo puso en evidencia una deficiencia estructural de las administraciones públicas: su falta de voluntad para dar respuesta a la vulneración de derechos humanos que se da con la sangría hipotecaria e instaba a las administraciones locales (gobierno central, autonómico y ayuntamiento) a ofrecer una alternativa habitacional a las familias amenazadas por el desalojo, tal y como indica el derecho internacional. En este sentido, el documento se basa en la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional, el PIDESC (observación 7), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la resolución del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. La PAH lleva años denunciando que el Estado español y las administraciones locales incumplen en materia de derecho a la vivienda los compromisos internacionales adquiridos, denuncia ratificada por la resolución del TEDH. Las administraciones tienen la responsabilidad de intervenir en los casos en los que se produce una vulneración de derechos, tal y como se apunta en el Informe sobre la Emergencia Habitacional en el Estado Español (página 83) donde se recogen las recomendaciones hechas a las administraciones públicas en materia de vivienda por la Relatoría Especial de NNUU, el Comité DESC de NNUU, la defensoría del Pueblo, la Sindicatur de GReuges de Cataluña, y el defensor del Pueblo de Andalucía. Recomendaciones desoídas por las administraciones públicas que, salvo en contadas ocasiones, han apostado por perpeturar los privilegios de la banca; y solo han adoptado medidas parche cuando la presión social les ha obligado a ello. En el documento se insta a los jueces a que obliguen a las administraciones públicas a garantizar un derecho básico como es la vivienda. Se atenta contra los derechos humanos cuando se producen desahucios sin una alternativa habitacional para la familia desahuciada. Y para ellos es necesario afrontar el modelo especulativo de la banca y la SAREB.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca sabemos que no podemos permitirnos no intervenir en todas y cada una de las instancias relacionadas con un proceso de desahucio, por ello, con este documento, la PAH genera una nueva herramienta para intervenir en los juzgados frente a la sangría de los desahucios, a día de hoy, la cara más encarnizada de la crisis. La PAH anuncia que el documento puede generar un efecto masivo de paralización de desahucios en los juzgados que han mostrado sensibilidad con la vulneración de derechos, y al mismo tiempo se convierte en una herramienta para producir jurisprudencia en la defensa de los derechos humanos. El documento, junto con la presión cotidiana ejercida por las PAHs, obligará a los bancos a cambiar de actitud a la hora de negociar la paralización de los desahucios y los alquileres sociales. Hasta la fecha, la gran mayoría de desahucios se han paralizado por el ejercicio de la desobediciencia civil o la presión a los bancos por parte de la PAH y de las entidades sociales, con este documento la lucha contra los desahucios gana una herramienta que permite a los jueces sensibles con los derechos humanos actuar para evitar más desahucios, mientras la banca acumula cientos de miles de viviendas vacías.

En la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos, con más de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde que comenzó la mal llamada crisis, es la ciudadanía la que está actuando para evitar la vulneración sistemática de derechos humanos. Y lo hace de nuevo compartiendo una herramienta jurídica. La Platadorma de Afectados por la Hipoteca no solo ha paralizado casi 1000 desahucios, sino que ha forzado a los bancos a negociar centenares de alquileres sociales y la campaña de la Obra Social ha realojado a más de 700 personas en viviendas vacías en manos de la banca. Así mismo, desde la PAH se solicitará una reunión con los Colegios de Abogados con el fin de que se facilite a los letrados que actúan con carácter de oficio en procesos de desahucio el documento y articular formas de colaboración frente a la pasividad de las administraciones públicas.

Las tres familias que presentarán el documento han acudido a servicios sociales y no han optenido respuesta positiva a la hora de contar con una alternativa habitacional. Eva tuvo su segundo intento de desalojo el pasado jueves 13 de febrero del 2014, Kathia tiene el desalojo previsto para el 7 de marzo del 2014, y Sandra se encuentra en un proceso de ejecución hipotecaria. Las tres familias forman parte de la Asocación de Vecinos de ciutat Meridiana, barrio barcelonés que ha sido bautizado popularmente como “Villa desahucio”

De nuevo, la PAH, la ciudadanía organizada actua frente a la vulneración de derechos humanos.
¡Sí, Se Puede!

Documento para descargar

Streaming de la rueda de prensa

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Moción de la PAH para recuperar la vivienda vacía en manos de la banca

La PAH presenta una moción para recuperar la vivienda vacía en manos de la banca. La moción contempla las multas a las entidades que persistan en un uso antisocial de la vivienda

Consulta la moción
Descárgala en pdf (catalán), en .doc (catalán); en .doc (castellano), en .pdf (castellano)

2013 ha sido un año crucial en la lucha por el derecho a la vivienda con una movilización sin precedentes en su defensa. 2013 ha sido también el año en el que el gobierno del Partido Popular se ha confirmado como el gobierno de la banca.

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca sabemos que, como sociedad, no podemos permitirnos el ritmo de ejecuciones hipotecarias y desahucios que se está dando en el Estado Español. No podemos permitirnos esta vulneración sistemática de derechos humanos. Por ello, desde la PAH siempre interpelamos a todas las administraciones para hacer frente a esta situación de emergencia habitacional a la que a día de hoy está dando respuesta la ciudadania. Hoy iniciamos una campaña de mociones a los ayuntamientos para recuperar la vivienda vacía en manos de las entidades financieras, que han sido, muchas de ellas, rescatadas con miles de millones de euros públicos sin ninguna contraprestación social.

Los ayuntamientos y las administraciones autonómicas pueden hacer mucho más de lo que están haciendo hasta ahora, tal y como ha demostrado la campaña de la Obra Social la PAH con la recuperación de viviendas vacías en manos de los bancos, que ha conseguido arrancarle alquileres sociales a las entidades en ciudades como Manresa o Terrassa. Es en la misma ciudad de Terrassa, donde la presión de PAH Terrassa ha obligado al consistorio a abrir expedientes sancionadores a las entidades financieras que tienen viviendas en desuso. Esta experiencia demuestra que si se quiere, se puede. La campaña se centra, en una primera fase, en los ayuntamientos catalanes, para extenderse posteriormente al resto del Estado. Esta medida no es una opción. es una necesidad, y permite crear un parque público de vivienda que se extienda también a las familias desahuciadas por no poder pagar el alquiler. En el momento en el que nos encontramos, resulta criminal que la banca acumule viviendas vacías mientras miles de familias son expulsadas de sus casas, por eso, la PAH actúa.

blosarebbuit

botonverde

Mociones de la PAH

Link a la rueda de prensa

La campaña explicada en El País

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Presentación del informe Emergencia Habitacional en el Estado Español con datos inéditos sobre las ejecuciones hipotecarias

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH) presentan el Informe Emergencia habitacional en el estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos.

Descarga el informe

entidades

El informe muestra el resultado de las 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH durante los últimos dos años, y es el primer informe de ámbito estatal que recoge los datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o cuáles son las entidades que más ejecutan.

Este informe analiza la situación de emergencia habitacional que existe en España desde una perspectiva de derechos humanos. En concreto, se estudia la regulación de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios a partir de los compromisos jurídicos adquiridos por las administraciones públicas y el impacto concreto que supone esta problemática para las familias afectadas.

El estudio analiza, en primer término, la función del derecho a una vivienda digna y de la prohibición de desahucios arbitrarios en el sistema constitucional español, en el derecho internacional de los derechos humanos y a la Unión Europea. En segundo lugar, ofrece datos sobre el comportamiento de las entidades financieras y sobre el impacto de la problemática en las familias a partir de 11.561 encuestas realizadas. En un tercer capítulo, para visibilizar las consecuencias en la vida concreta de las personas, el informe incorpora cuatro entrevistas en profundidad a personas afectadas. El informe concluye con un breve capítulo de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los poderes públicos.

menores

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC hemos sido de las primeras entidades que, ya en febrero del 2009, alertamos de la gravedad de la problemática. Desde entonces hemos denunciado reiteradamente la carencia de datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que supone la legislación española en materia de vivienda. Así mismo, esta carencia de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades hemos hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos.




En un 70% de los casos el impago de la hipoteca obedece a la pérdida de
empleo.

70% de las familias desalojadas tenían al menos un menor de edad.

Un 77% de las personas afectadas afirma haber sufrido un nivel de ansiedad alto o muy alto

Clica aquí para descargar el informe
(avance de junio de algunos de los datos)

Fe de erratas: la entidad rescatada con dinero público a la que se hace referencia en la página 139 no es Caixa Banc, sino Catalunya Caixa

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Un juzgado de Villalba declara abusivo no haber incluido la dación en pago en una hipoteca gracias a los escritos de la PAH

Un juzgado de Villalba asume los argumentos de la PAH y declara abusivo no haber incluído la dación en pago en una hipoteca

Auto de Villalba

También declara abusivo el IRPH, la cláusula suelo o la venta extrajudicial.

Tras la aprobación de la ley 1/2013, la PAH denunció que el plazo establecido para alegar claúsulas abusivas (fijado en un mes tras la aprobación de la ley) era ilegal, no obstante, se elaboró un “kit de emergencia” para que las personas con procedimiento hipotecario abierto pudieran actuar en juzgados. La semana pasada, el juzgado de Primera Instaciá nº 7 de Collado Villalba resolvió en una ejecución hipotecaria a favor del afectado archivando el proceso instado por Banca Cívica (antes Caja de Ahorros de Navarra, hoy Caixabank, S.A.) y condenado en costas a la entidad financiera. La resolución, de fecha 5 de septiembre, da contestación a un escrito interpuesto por el Letrado del ejecutado que utilizó el “Kit de Emergencia” distribuido por la PAH de manera gratuita a través de internet entre mayo y junio pasados.

El escrito de la PAH denunciaba el carácter abusivo de numerosas cláusulas de los contratos hipotecarios, aún a pesar de no haber sido así declarado aún por el Tribunal Supremo. La magistrada del Juzgado de Villalba nº 7, Dña. Maravillas Carreras Rodríguez, acoge las tesis del escrito de la PAH y estima abusiva la falta de información sobre la posibilidad de haber pactado la dación en pago, la cláusula suelo del 5,5 %, la imposición del IRPH como índice de referencia en lugar del EURIBOR, la imposición de gastos procesales al afectado, los intereses de demora del 20%, la prohibición de arrendar, el vencimiento anticipado por impago de una sola cuota y la inclusión de la venta extrajudicial.

No haber informado sobre posible pacto de dación en pago es abusivo.

El documento, al que hemos tenido acceso, plantea por primera vez en nuestro país que resulta abusivo no haber informado al cliente sobre la posibilidad de incluir una cláusula de dación de en pago, en el momento de la firma del contrato de la hipoteca. Es decir, no haber informado de la limitación de la responsabilidad para que el posible impago quedase completamente saldado con la entrega del inmueble. La Ley Hipotecaria (art. 140) recoge la posibilidad de que las hipotecas queden limitadas a la responsabilidad “real”, respondiendo únicamente con el inmueble, mediante un pacto entre las partes, no pudiendo alcanzar otros bienes del deudor. Esta posibilidad, de haberse recogido en los contratos, impediría a los bancos seguir reclamando la deuda una vez que se han adjudicado la vivienda en un proceso de subasta. Sin embargo, lo cierto es que las entidades financieras nunca han informado de esta posibilidad a los clientes, imponiendo de hecho la responsabilidad universal (se responde de la deuda con todos los bienes presentes y futuros del deudor).

La imposición del IRPH, declarado abusivo.

Otro aspecto inédito hasta ahora es la imposición unilateral por el banco de un índice, el IRPH, que resulta más gravoso para el cálculo del interés a pagar que el EURIBOR. Un índice acerca del cual tampoco se informó adecuadamente, a lo que se suma que no se ofertaran al cliente las diversas posibilidades, ni se le explicara en absoluto las consecuencias de elegir un índice u otro.

La ejecución extrajudicial, de nuevo en tela de juicio

También es novedoso que se declare abusiva la incorporación a las hipotecas del procedimiento de “ejecución extrajudicial”, o “venta extrajudicial”. Este procedimiento permite a las entidades acudir a subastas notariales, lejos de la supervisión de los órganos judiciales, y adjudicarse los inmuebles en plazos muy breves con escaso margen de reacción y defensa efectiva para los afectados. Este procedimiento se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional, a través del Recurso que la PAH impulsó en agosto 2013 contra la Ley 1/2013, en el que debe pronunciarse sobre la indefensión en que coloca a los ejecutados y por tanto, sobre su constitucionalidad.

Archivo de la ejecución hipotecaria e imposición de costas a Banca Cívica (CaixaBank)

La resolución judicial, tras enumerar y declarar abusivas hasta un total de ocho cláusulas de la hipoteca, archiva el procedimiento y condena en costas a la entidad financiera, que deberá correr con los gastos de defensa legal ocasionados a los afectados por la hipoteca de Banca Cívica.

Queda por saber ahora si Banca Cívica (hoy Caixabank,S.A) recurrirá la resolución, pero de momento se abren nuevas posibilidades para el archivo de ejecuciones hipotecarias basadas en hipotecas que contienen abusos bancarios. Además, al declarar abusivo el no haber informado sobre la posibilidad de dación en pago, permite a la familia solicitar la dación en pago apoyándose en esta reciente resolución.

¡Basta de impunidad financiera: stop desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social!
Sí Se Puede

Descarga aquí el Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Villalba, de 5-9-2013.