En marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria en funcionamiento desde hacía veinte años. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presentó su alternativa, una iniciativa legislativa popular avalada por millón y medio de firmas, que recogía la moratoria de desahucios, la dación en pago retroactiva y el derecho a un alquiler social (un alquiler proporcional a los ingresos familiares).
A pesar de la enorme presión ciudadana, con diferentes campañas, y de encuestas en las que mayoritariamente la población legitimaba la ILP, el PP se negó a aprobarla y en su lugar, promulgó en solitario la Ley 1/2013, que ha resultado otro parche en la ley hipotecaria. El pasado julio el Tribunal de Justicia de la UE volvió a denunciar que la ley sigue dejando en inferioridad de condiciones al hipotecado frente al banco y obliga a España a que cambie la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Frente a este nuevo varapalo, la respuesta del gobierno ha sido alargar el plazo de apelación a aquellos que no hubieran visto reconocidas las cláusulas abusivas de sus contratos hipotecarios mediante una nota publicada en el BOE el pasado sábado, es decir, a hurtadillas, y otorgando tan solo un mes para que estos afectados puedan recurrir sus autos.
¿Por qué un gobierno promulga una ley que sigue dejando en indefensión a sus ciudadanos frente a los bancos? ¿Por qué un gobierno limita a un mes la posibilidad de recurrir a los estafados por cláusulas abusivas reconocidas como tales por la UE? Con sus actos, el gobierno demuestra que no vela por los intereses de la población ni por los derechos de los consumidores ni por el derecho a una vivienda que consta en nuestra Constitución. Con sus actos, el gobierno demuestra que, a la hora de legislar, se pone de parte de los bancos, culpables como sabemos de la estafa hipotecaria y del crecimiento de la deuda pública por su rescate.
La PAH denuncia este episodio bochornoso del gobierno español y exige que se hagan las modificaciones legales necesarias para que los hipotecados estafados se vean protegidos y para que la población entera pueda ver cumplido su derecho a la vivienda. De forma inmediata, que se elimine el plazo de apelación a los afectados por las cláusulas abusivas y se declaren nulas las resoluciones que negaron el derecho a recurrir; de forma urgente, que se retomen las reivindicaciones de la ILP: moratoria de desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social universal; la penalización a aquellos que mantienen viviendas vacías frente la emergencia habitacional que vive el país; y que se concedan alquileres sociales a aquellos que recuperan, para vivir, edificios vacíos de bancos rescatados y la SAREB.
La PAH exige que se haga efectivo el derecho a la vivienda de la población. Por lo tanto, exigimos al gobierno del PP que apruebe la ILP y acate las sentencias del TSJUE, de lo contrario exigimos su dimisión en bloque por permitir la violación sistemática de los DDHH, por no cumplir con la legalidad y por velar por los intereses de la banca en vez de la ciudadanía.
A lo largo de esta semana pondremos a disposición de la ciudadanía una serie de documentos útiles para poder recurrir. El miércoles 17 de septiembre haremos una rueda de prensa acompañada de acciones de presión.
#Limite24D
Sí Se Puede!