Según datos hechos públicos hoy por el CGPJ, en el tercer trimestre de este año, se han producido en España 11.547 nuevos desahucios, de los cuales 3.404 son consecuencia de ejecuciones hipotecarias, 7.518 de impagos de alquiler y 625 por otras causas. La aparente reducción con respecto al trimestre anterior se debe exclusivamente a que en este trimestre se incluye el mes de agosto, inhábil judicialmente y en el que no se ejecutan desahucios. En total, de enero a septiembre de 2018, ambos incluidos, se han producido 44.606, y, dado que desde el Gobierno y pese a su reiterada retórica al respecto, no se ha adoptado medida alguna, podríamos acabar el año en cifras cercanas a las mayores de los años en crisis, como las de 2013.
Con estos datos, que ratifican nuevamente las valoraciones efectuadas por la PAH sobre la situación de emergencia habitacional, las burbujas del alquiler y la compra de viviendas, de las que ya alerta incluso el FMI, la gente en este país se enfrenta por un lado a la inacción del Gobierno, que podría haber aprobado ya decretos que paliasen en parte los efectos de la LAU del PP o cumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos; por el contrario, constatamos una posición negativa del PSOE en relación con la Ley de Crédito Inmobiliario, blanqueando o moderando cláusulas ya declaradas abusivas por los tribunales como la importante del Vencimiento Anticipado y excluyendo la dación en pago, así como la limitación de la responsabilidad, lo que va a permitir que la gente pueda seguir siendo desahuciada y permanecer después endeudada, en lugar de haber aprovechado para hacer una ley cumplidora de los estándares europeos.
Además, nos enfrentamos al bloqueo de hecho de la Ley de Vivienda de la PAH por parte de PP y Cs, que, mediante el fraudulento reglamento del Congreso, andan pidiendo cada semana prórroga del plazo de presentación de enmiendas, impidiendo que se inicie su trámite en comisión y se avance en hacer realidad una Ley de la ciudadanía que da respuesta real a esta situación gravísima de emergencia habitacional.
Es por todas estas cosas, que la PAH hemos aprobado este fin de semana en la XXIV Asamblea Estatal realizada en Valencia, lanzarnos a movilizaciones ante este estado de cosas, buscando aunar fuerzas mediante la colaboración y convocatoria con otros colectivos y movimientos sociales que, como nosotras, defienden Derechos Sociales que son transversales para toda la ciudadanía y que están en grave riesgo, como consecuencia de las políticas neoliberales, y de sumisión a la banca, que se vienen efectuado desde los poderes públicos.
Pronto haremos una gran movilización por el Derecho a la Vivienda en España y en Europa; pronto, unidos los Movimientos sociales, haremos una gran movilización por todos Los Derechos Sociales
¡Sí se puede!
STOP DESAHUCIOS