Ante la nueva campaña electoral, gobierne quien gobierne, garantizar el derecho a la vivienda y aplicar las medidas necesarias para acabar con la emergencia habitacional y los desahucios debe ser una prioridad
Arranca una nueva campaña de elecciones generales, la cuarta en cuatro años, que no hace más que reafirmar lo que realmente preocupa a la clase dominante, mantener su estado de bienestar sin importarles el del resto de la ciudadanía, al tiempo que son incapaces de formar un Gobierno y por el camino nos tenemos que seguir enfrentando a una vulneración sistemática de nuestros derechos y a reformas de maquillaje puramente electorales.
Desde la PAH llevamos una década defendiendo el derecho a la vivienda y su función social, proponiendo cambios legislativos y estructurales que los garanticen. Hemos logrado avances a nivel municipal, ganar leyes autonómicas y registrar una Ley de vivienda integral en el Congreso que no avanzó por el bloqueo crónico de PP y Ciudadanos. Las movilizaciones y presión social han sido lo suficientemente potentes y sostenidas en el tiempo como para lograr pequeños avances, como la reforma de la LAU y las que se incluyeron en la ley hipotecaria; insuficientes debido a la falta de contundencia del PSOE, que dejó pasar una oportunidad histórica de frenar la emergencia habitacional y reventar las burbujas de alquiler y de hipotecas. Unas reformas que en ningún momento recogían medidas que atacaran el problema de raíz, para seguir siendo medidas de favor a la banca y a los fondos de inversión. En resumen, seguir tratando un derecho fundamental, la vivienda, como una mercancía con la que especular para beneficio de unos pocos.
Este verano, Pedro Sánchez protagonizó un turno de lavado de cara reuniéndose con actores sociales para tratar distintas problemáticas y recoger propuestas planteadas en esas reuniones. La PAH fue invitada a una de estas sesiones y presentamos nuestro plan de choque con propuestas para enfrentar urgentemente la grave crisis de emergencia habitacional, así como el Derecho de acceso a la Vivienda en España.
No podemos permitir que se sigan produciendo 60.000 desahucios al año, que no se fomente la creación de vivienda pública y social, que la vivienda vacía en manos de la banca se siga vendiendo a fondos buitre o que no se regule el precio de los alquileres, mientras miles de familias están angustiadas por la falta de horizonte habitacional.
Por eso exigimos medidas como:
- La suspensión temporal de los desahucios hasta que las Administraciones públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada.
- El cumplimiento de Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional que desahucia sin alternativa habitacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.
- La anulación total de los desahucios con fecha abierta. Es necesaria una revisión de la LEC que evite la reinterpretación de algunos jueces, aumentando la angustia y evitando la defensa de la vivienda
- Ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, y mejora de sus protocolos de acceso.
- Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue estando en situación de vulnerabilidad.
- Regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los ingresos de la unidad familiar, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
- Incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente.
- Impedir la venta de vivienda pública por norma legal.
- Medidas legales que otorguen a la Administraciones públicas el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos y que, normalmente, acaban en manos de fondos buitre.
- Cesión obligatoria de las viviendas vacías que posea la banca rescatada, con especial hincapié en Bankia y en la SAREB. Hacerlo de forma inmediata en zonas tensionadas.
- Que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales, se les reclame su deuda en vivienda.
- Que las SOCIMIS y fondos buitre paguen su correspondiente impuesto de sociedades y se estudien medidas para modular/evitar los efectos especulativos de sus prácticas.
- Penalizaciones a la vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
- Que se determine de una vez por todas la ilegalidad de las cláusulas abusivas, como dictan las sentencias del Tribunal europeo.
- La limitación de la responsabilidad al bien hipotecado y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas demostrables y ajenas a la voluntad del deudor. Por una ley de segunda oportunidad que suponga la integración social frente a la muerte civil que supone el sobreendeudamiento de por vida.
- Una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH y la Ley 24/2015 catalana, fruto de una ILP aprobada por unanimidad en el Parlament.
Basta de excusas. Basta de burbujas especulativas que nos ahogan y niegan nuestro derecho a vivir dignamente. Llegó el momento de cambiar las reglas del juego y, gobierne quien gobierne, lograr una legislación que nos ampare y garantice una vivienda digna, asequible y estable a la que todas podamos acceder y mantener. Hay que hacer justicia a las familias que han perdido su hogar desde 2008, que no se siga repitiendo la situación, facilitar que nuestros jóvenes puedan independizarse y crear sus proyectos de vida o que nuestros mayores no vean cómo pierden su hogar tras años de sacrificio.
#ReventemosLasBurbujas
