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Porhmora85

En Septiembre el Congreso se tiene que posicionar a favor de medidas de cambio de ley para regular los alquileres

El pasado 22 de marzo la PAH presentamos un texto de ley a los grupos parlamentarios que contenía medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional: la dación en pago retroactiva, una moratoria de los desahucios, garantizar a todos los hogares la luz, el agua y el gas, el aumento del parque público de vivienda mediante la movilización de pisos vacíos en manos de la banca y una regularización de los precios del alquiler. Esta última medida parte de experiencias en ciudades europeas, como Berlín y París, donde se han creado índices de referencia para poder marcar precios según las características de los inmuebles. Una medida que ha servido para garantizar los precios asequibles, y que, de implementarse en España, supondría el cese de un incremento indiscriminado de los precios que hacen imposible que las familias accedan en régimen de alquiler a una vivienda. Recordemos que sólo en Barcelona, el alquiler ha subido un 24% en los últimos tres años.

Una medida a la cual la PAH le incluye tener en cuenta la capacidad adquisitiva de las familias, para asegurar que las mismas puedan continuar viviendo en los municipios y barrios donde han crecido, evitando las expulsiones que conlleva la especulación y el alza de precios. Y que además sería reforzada con un aumento en la duración de los contratos de alquiler a un mínimo de 5 años prorrogables. De modo que el alquiler volvería a permitir proyectos de futuros y de vida para las familias garantizando el Derecho a la Vivienda.

Precisamente ayer, miércoles 28 de junio, en el Congreso se debatió y se aprobó una Proposición No de Ley (PNL)  a favor de dar capacidad a las Comunidades Autónomas y municipios de regularizar el precio de los alquileres así como de aumentar la duración de los contratos de 3 a 5 años. Un paso adelante hacia el derecho a la vivienda en el que se han puesto de acuerdo Unidos Podemos, En Marea, En Comú Podem, PSOE, ERC, Compromís, Foro Asturias del Grupo mixto y el PNV. Al tratarse de una Proposición No de Ley, no tendrá efectos reales, pero ya indica un compromiso con mayoría parlamentaria respecto a la necesidad de regular el mercado del alquiler para devolver a las viviendas su función social. En este sentido, representa un buen punto de partida de cara al registro de nuestro texto de ley en septiembre, que si contiene medidas legislativas que de aprobarse garantizarían la existencia de un parque de vivienda de alquiler asequible, estable y seguro.

Recordamos a este respecto que la última reforma de la LAU producida a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2013 de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, ha supuesto una merma en los derechos de los arrendatarios de vivienda y la consiguiente inseguridad que ha supuesto la reducción de plazo y garantías. Bajo la excusa de flexibilizar un mercado de alquiler que ahora se nos muestra incapaz de dar respuesta a la necesidad creciente de alquileres asequibles, se redujo aún más la capacidad de las inquilinas de poder defenderse de los procesos del desahucio exprés: estamos hablando de que las familias pueden ser expulsadas en pocas semanas de su hogar, sin tener en cuenta ni siquiera si tienen alternativa habitacional, ni tampoco las causas ni circunstancias del impago que propicia el desalojo. El resultado de estas políticas es que a día de hoy, según datos del Consejo General del Poder Judicial el 54% de los 173 desahucios que hay al día son por alquiler.

Ha llegado el momento de cambiar las cosas, de dejar de tratar la vivienda como mercancía y hacerlo como lo que es, un derecho humano básico. Por eso empleamos toda la energía y la fuerza que tenemos, junto a la credibilidad ganada día tras día durante los últimos 8 años, en hacer realidad la Ley Vivienda PAH. Una propuesta de sí ley, para acabar con no leyes como las de hoy, que ofrece las herramientas y garantiza el derecho a la vivienda de una vez por todas. Y frente a la cual es de sentido común que todos los grupos parlamentarios lo apoyen. Tanto los que han apoyado la PNL haciendo real su compromiso de regular el alquiler, como el resto de partidos para hacer cumplir el Derecho a la Vivienda recogido en la Constitución.

No admitiremos más leyes criminales que atenten contra las familias, necesitamos que se legisle la Ley Vivienda PAH para defender hipotecadas, alquileres y acabar con las ocupaciones en precario.

¡Sí Se Puede!

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El Gobierno agiliza aun más los desahucios en beneficio de la banca y decreta la muerte de un alquiler digno

Por si a alguien le quedaba alguna duda de para quien gobierna este Gobierno, el ejecutivo no ha querido desaprovechar este mes de agosto para aprobar un decretazo que de una vez termine con los pocos derechos que aun tenían los inquilinos en el estado español.

La reforma anunciada para ser aprobada en el Consejo de Ministros de hoy viernes 24 de agosto, prevee, entre otros: reducir los años del contrato de alquiler de 5 a 3 años, agilizar aun más los desahucios por impago de alquiler, y beneficiar fiscalmente a los grandes especuladores inmobiliarios. Y todo ello sin aprobar ninguna medida que ayude a las personas que contra su voluntad sufren el desempleo y los recortes, y que en consecuencia no pueden pagar la hipoteca o el alquiler.

La PAH desde su fundación en 2009 ha explicado que nos centramos en la denuncia de las ejecuciones hipotecarias por ser una de las caras más dramáticas de la crisis habitacional que afecta a millones de personas, pero que eramos muy conscientes de que ejecuciones y desalojos hipotecarios eran la punta del iceberg de un problema más amplio: la mercantilización de la vivienda y la vulneración sistemática del derecho a una vivienda digna en el estado español. Alquiler y compra son dos caras de una misma moneda: si muchas personas se hipotecaron en este país fue precisamente porque desde hace años los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han ido mermando los derechos de los inquilinos, haciendo que el alquiler no fuera una alternativa real para quienes legítimamente querían acceder a un hogar asequible y estable. Alquilar era oficialmente “tirar el dinero”, fiscalmente sólo desgravaba la compra y los inquilinos año tras año tenían menos derechos.

Y no sólo. La PAH también se da por aludida con esta nueva reforma en la medida en que la casi totalidad de las cientos de miles de personas que ya han sufrido o están sufriendo una ejecución hipotecaria pasan directamente al mercado del alquiler. Es decir, mientras no existan otras alternativas (como las cooperativas en régimen de cesión de uso, habituales en el norte de Europa y otros países), el destino inmediato de las personas afectadas por la hipoteca es el alquiler. Así, se da la paradoja que el Gobierno condena a las familias a sufrir la violencia de un desahucio varias veces en poco tiempo: primero por ejecución hipotecaria, después en el mercado privado del alquiler, y en todos los casos sin ofrecer ninguna alternativa de realojo en un parque de vivienda social asequible inexistente en España.

La excusa del Gobierno es muy mala: dice que pretende fomentar el alquiler. Pero la receta de sobreproteger a la parte fuerte del contrato no es nueva, llevan aplicándola muchos años, y su efecto ha sido sistemáticamente el contrario. Además, si lo que realmente preocupara al Gobierno fuera la inseguridad jurídica de algunos propietarios, lo que debería hacer es distinguir entre pequeños y grandes propietarios; entre quien deja de pagar por falta de capacidad económica y quien lo hace por mala fe; y, sobre todo, ofrecer soluciones de realojo y garantizar un parque de alquiler social asequible donde ubicar a las familias que lo necesiten.

La nueva reforma del alquiler no sólo vulnera todos los compromisos del Estado español en materia de derechos humanos. Además, profundiza en una política de vivienda que ya se ha demostrado un fracaso. Precarizar el alquiler, agilizar los desahucios, promover la compra a través del sobreendeudamiento e incentivar la especulación inmobiliaria nos ha llevado a ser campeones europeos en desahucios, ejecuciones hipotecarias, viviendas vacías, precios elevadísimos y corrupción, entre otros. La nueva reforma beneficia a los grandes propietarios, en especial a la banca, y busca atraer la inversión de grandes capitales extranjeros. En concreto, prepara el terreno para dar salida al “banco malo” que el Gobierno está a punto de aprobar: con el “banco malo” el estado comprará a precios inflados de burbuja los activos inmobiliarios que la banca no logra colocar. A continuación, los ofrecerá a inversores extranjeros, especialmente chinos y rusos, con grandes ventajas fiscales aprobadas en el decreto de hoy; por ejemplo, tributando al 0% en el impuesto de sociedades. Una vez más, el Gobierno socializa las pérdidas y privatiza los beneficios con un resctae multimillonario encubierto. La banca gana, la población pierde.

Pero hay un dato que el Gobierno parece no haber incluido en sus cálculos. La población ya no puede más. Cientos de miles de personas están firmando la ILP por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la reconversión de la vivienda vacía en manos de la banca en alquiler social asequible, y no vamos a tolerar que se desprecie la voluntad popular. Millones de viviendas vacías esperan a cumplir su función social. Sobran viviendas y sólo falta voluntad política para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Si el Gobierno no lo hace, lo haremos nostras.

Para más información sobre las políticas de vivienda en España y las propuestas de la PAH, podéis descargaros gratuitamente el libro Vidas Hipotecadas : De la Burbuja inmobiliaria al Derecho a la Vivienda , disponible bajo licencia CC en este enlace.

Más información sobre la propuesta de reforma de ley aprobada hoy por el Gobierno en el comunicado del Observatorio DESC