Menos índices mancos y más echar mano a los precios

De poco sirven las estadísticas si no se acompañan de medidas efectivas para revertir la burbuja, acabar con la especulación y que el alquiler sea asequible a todos los bolsillos. Ya no hay excusas, regulación de precios ya

El Índice de precios de alquiler 2015-2018 presentado este 30 de junio de 2020 no descubre subidas de precios que no se supiesen ya, pero no viene acompañado de ninguna medida regulatoria ni social para hacer frente a las subidas del alquiler que refleja. Es inexcusable tener este auténtico “índice de la especulación con la necesidad de vivienda” y no actuar ya. Teniendo en cuenta las cifras de desahucios que arroja el CGPJ, donde los desahucios por alquiler son la mayoría, raya entre la complicidad con el sector inmobiliario y la omisión de socorro a millones de inquilinas, que ya tienen problemas en el pago o tendrán apuros al enfrentarse a una nueva renovación al alza, agravándose encontrar alternativa por la pérdida de ingresos en la situación de crisis actual. El ministro Ábalos ha presentado así un índice manco, pese a que conoce la burbuja del alquiler desde que pisó la moqueta de Fomento en 2018. Sin una mano bien visible domando estos abusos de precios, otro mes más será la PAH quien se ponga en la puerta a evitar desahucios silenciosos por la subida del alquiler.

Aunque antes incluso de la ley del desahucio exprés del PSOE hayan existido índices de precios de alquiler en portales inmobiliarios, obviamente nos alegramos de lograr cumplir una reivindicación expresa de la PAH, cuando en 2015 registramos mociones solicitando Observatorios de Vivienda que aportaran datos oficiales (como logramos con los datos de desahucios de alquiler crecidos a la par que estos precios). La reciente multa a Idealista nos dio la razón sobre cómo los agentes de mercado tratan de ir al precio más alto que puedan extraer de nuestros escasos salarios. ¡Lo que la mano del Gobierno no hace, lo manipulan las manos de la mafia inmobiliaria! 

Por eso, siempre reclamamos que los datos eran para lanzar una batería de medidas, tanto a nivel estatal como local, muchas inaplazables y que solo requieren algo más fuerte que un decimal arriba o abajo: la voluntad política.

Baste citar Andalucía, Madrid o Murcia, donde el PP está dando pasos para que los precios no bajen, sino que el escaso suelo público sea explotado para mantener rentabilidades inmobiliarias. Ya en 2012-2013 el PP no solo rechazó la ILP de la PAH por el alquiler social en los pisos robados por la banca, sino que

• Modificó la LAU para acortar los alquileres
• Introdujo ventajas fiscales a las SOCIMIS
• Omitió regular el alquiler turístico
• Vendió vivienda pública a especuladores como Blackstone (Fidere, Anticipa) y Goldman Sachs
• Facilitó a buitres como Lazora la explotación de la VPO a precios hoy de mercado.

De aquellos barros estos lodos. Y que este Gobierno se llame “Progresista” cuando no toma medidas, es una tomadura de pelo al asfixio de millones de inquilinas que lo sufrimos. Mientras en Alemania o Dinamarca controlan los precios y a los fondos buitre, PSOE-PODEMOS en su reforma de 2019 alcanzaron solo a contratos nuevos con precios ya al máximo, dejando fuera del ajuste al IPC al 90% de los inquilinos. El quid de la cuestión es, por un lado, volver a los niveles previos de la burbuja del alquiler (que ya se sufría en 2014), y por otro lado, sujetarlos acorde al salario de las rentas más bajas, que son las que más dependen del alquiler.

Si bien los datos estadísticos se basan como fuente en Hacienda, al índice le falta una sencilla comparativa con los ingresos en cada municipio. De forma vergonzosa se ha permitido que los portales inmobiliarios hayan nutrido el análisis de los datos, lobbies inmobiliarios que se han apresurado a repetir el engaño de que las ‘zonas tensionadas’ se reducen a las grandes ciudades y a los archipiélagos. Pese a que los datos del índice muestran lo contrario, toda España está asfixiada con precios que superan muy ampliamente el 25% de los ingresos de la unidad familiar que sería el tope deseable, llegando a alcanzar en la mayoría de los casos más de un 50% de los ingresos de la unidad familiar.

Este índice rápidamente puede tener efectos perniciosos, pues ningún rentista por propia voluntad va a ajustar sus precios por abajo, al contrario, van a mirar al percentil más alto. «¿Renuevo este alquiler a precio medio de 2017 cuando oficialmente los pisos han subido y este piso tiene tal característica atractiva?». Ningún gran tenedor, más preocupado de aumentar beneficios que de mantener inquilinos de confianza, responderá que sí.

Posiblemente los precios más altos de 2018 serán el nuevo mínimo. Y aparte de dejar fuera a las habitaciones, no cuantifica otro punto limitante para las clases trabajadoras: las garantías adicionales (véase lo habitual que es ya requerir la entrega adelantada de 3 meses, avales bancarios de 3000 €, o seguros que traban a familias donde dos miembros no tengan contrato de trabajo indefinido). Por lo tanto, el volumen de inquilinos afectados aumenta cada mes que no se pone coto a la burbuja abusiva del alquiler. Crecerán los impagos, las ocupaciones, y nos echaremos las manos a la cabeza mientras seguimos con un parque público en alquiler de los más bajos de Europa.

No será porque no haya habido propuestas de Ley desde la PAH para impedirlo. Porque un verdadero escudo social incluiría: 

• Extender la Ley 24/2015 catalana al resto del Estado (junto a los aspectos más progresistas de otras leyes), siempre limitando el precio máximo del alquiler en función de los ingresos anuales de la familia.
• Impedir que los grandes tenedores se lucren con la vivienda vía alquiler turístico o vacacional, y penalizar todo uso antisocial de la vivienda por banca, Socimis y fondos buitre.
• Renovación de los alquileres sociales de la banca y así forzar la salida del máximo de sus viviendas al alquiler social, hoy casi inexistente.
• StopDesahucios a familias vulnerables por grandes tenedores. Hay que impedir que expulsen a cualquier inquilina de buena fe que haya perdido sus ingresos por causas ajenas a su voluntad y aún no tiene alternativa en el mercado libre.
• Que este índice se convierta en un instrumento no de referencia sino vinculante, para que no se dé dinero público para viviendas que acaben por subir la media de precios, sino que la prioridad sea la vivienda mucho más asequible.

Basta de parches que dejan a muchas atrás y endeudadas. Desde la PAH ya hemos solicitado reunión al Ministerio de Vivienda, esperamos respuesta urgente. Estas medidas deben hacerse con las personas afectadas y quienes llevamos desde antes de 2015 enfrentando los problemas del alquiler y la falta de vivienda digna.

Sabemos que mientras la vivienda no recupere su valor social y siga siendo una mercancía con la que unos pocos se enriquecen a costa de la mayoría de la población, esta no podrá ser un derecho garantizado. Es urgente regular el mercado y ampliar el parque público para poder avanzar en el derecho a la vivienda. Nosotras seguiremos luchando, como estos más de 10 años, ¡para conquistar el derecho a la vivienda!