Solo el “efecto agosto” hace que bajen un poco las cifras totales
El CGPJ hizo ayer públicos los datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales en el tercer trimestre de este año, constatándose cómo continúa la agresión de la banca y de los fondos a las familias, y eso a pesar de que, gracias al “efecto agosto” (mes inhábil y sin trabajo judicial), provoca un descenso del número de desahucios que se sitúa en 7.397 y eleva la cifra total de los nueve primeros meses a 29.285. Los 7.397, un 14,5% respecto al mismo periodo del año anterior, se desglosan en 1.530 derivados de ejecución hipotecaria, 5.455 consecuencia de impagos de alquiler, y 412 por otras causas. Los bancos han presentado 5.637 nuevas ejecuciones hipotecarias, lo que eleva la cifra total del año a 18.289.
Las cifras de desahucios no bajan, a pesar de estar en vigor las medidas del escudo social, que, caducan el próximo día 31. Desde la PAH hemos venido repitiendo machaconamente que esas medidas son claramente insuficientes, y que resulta imprescindible ampliarlas y prorrogarlas. Ayer mismo enviamos una carta al Gobierno del Estado pidiendo reuniones para que se publique con urgencia; y también se lo planteamos a la vicepresidenta 2ª del gobierno, Yolanda Díaz, quien se comprometió con nosotras y públicamente a intentar que esto se lleve a cabo.
Pero no solo con medidas momentáneas se podrá revertir esta situación; también son imprescindibles medidas estructurales, medidas que permanezcan en el tiempo para lograr que el acceso a una vivienda digna y adecuada se convierta en un Derecho que todo el mundo pueda alcanzar. Por eso, la PAH, junto a más de 120 organizaciones integradas en la Iniciativa Ley Vivienda, estamos peleando por que la Ley por el Derecho a la Vivienda sea desbloqueada por el Gobierno, y para que incluya:
1º La prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional
2º El control y la limitación efectivas de los precios de los alquileres
3º La obligación, a los grandes tenedores de vivienda, de ofrecer un alquiler social antes de interponer demandas de desahucio contra personas vulnerables
4º La ampliación del parque público, pasando las viviendas y resto de activos de la Sareb a los parques públicos autonómicos, así como la cesión de viviendas vacías de la banca rescatada.
Consideramos estas cuatro medidas como imprescindibles para que la vivienda deje ser un simple objeto de consumo o de inversión para especuladores.
No obstante, esas medidas también requieren inversión pública al objeto de acabar con la emergencia habitacional a corto plazo y planificar el Parque Público suficiente, a la altura de los países más avanzados de la UE, de entre el 20 y el 30%. Ahora apenas roza el 2,5%; e incardinarlas en el conjunto de propuestas que hemos presentado la PAH e Iniciativa en la Ley, al objeto de establecer de una vez un horizonte de esperanza que asegure definitivamente el derecho humano y constitucional a la vivienda.
La PAH vamos a seguir peleando para lograrlo.
¡Sí se puede!