Los grupos parlamentarios constatan la necesidad de evitar el drama humanitario de los desahucios y de buscar soluciones estructurales
Tras las reuniones mantenidas en los últimos días con los distintos grupos parlamentarios, las entidades sociales impulsoras del manifiesto “ni un desahucio más” que se presentó delante del Congreso el pasado 2 de diciembre solicitando públicamente la prórroga de la moratoria sobre los desahucios, trasladamos una valoración positiva del clima de diálogo y de la coincidencia mostrada por todas las fuerzas políticas en torno a la gravedad de esta cuestión.
Durante las dos últimas semanas hemos mantenido reuniones con los grupos parlamentarios que hasta ahora han votado favorablemente a la moratoria: el pasado 10 de diciembre con BNG, Podemos, PNV, Bildu, ERC, Sumar y PSOE; y el miércoles 17 con Junts per Catalunya. De manera generalizada, los grupos parlamentarios han reconocido que los desahucios constituyen un drama social que sigue afectando a miles de familias en situación de vulnerabilidad y que no puede resolverse mediante medidas temporales o sucesivas prórrogas de carácter coyuntural. Existe una preocupación compartida por evitar que la finalización de la moratoria provoque situaciones de exclusión residencial irreversibles de forma masiva.
En este contexto, las entidades sociales consideramos que ha llegado el momento de que el Gobierno actúe con urgencia. Por ello, instamos al Ejecutivo a aprobar de manera inmediata un Real Decreto que recoja la ampliación temporal de la moratoria de desahucios, garantizando la protección de las personas y familias vulnerables mientras se trabaja en una solución de fondo.
Al mismo tiempo, reclamamos un compromiso político firme para abrir de forma inmediata una negociación que permita alumbrar una medida definitiva y permanente, que aporte estabilidad al sistema y deje atrás la incertidumbre actual. Esta solución estructural debe ir acompañada de un presupuesto ambicioso, que permita garantizar y agilizar de manera efectiva las alternativas de vivienda.
La propia moratoria recoge la obligación de las Administraciones Públicas de realojar a familias en situación de vulnerabilidad, pero solo se ofrecen medidas alternativas o de realojo en un 5% de los lanzamientos suspendidos por la medida. Además, también prevé desde su aprobación, mecanismos de compensación por el tiempo de suspensión de los lanzamientos, previsión que demanda también recursos, en especial para los gastos asumidos por los pequeños propietarios.
Valoramos positivamente la voluntad mostrada por los grupos parlamentarios y su disposición a avanzar en este sentido, pero subrayamos que el consenso político debe concretarse. Como primer paso, el gobierno debe aprobar un Real Decreto para prorrogar la moratoria en el Consejo de Ministros antes de del 31 de diciembre y los grupos parlamentarios deben refrendar esta medida en el Congreso, garantizando después la articulación de medidas habitacionales estructurales, que pasan necesariamente por un aumento de la vivienda pública y social, además de ir dotadas de un presupuesto suficiente. La vivienda es un derecho fundamental y su garantía no puede demorarse.
Las entidades sociales y continuaremos impulsando el diálogo y la presión institucional necesarias para que este compromiso se materialice cuanto antes en medidas concretas, justas y duraderas, que protejan a las familias vulnerables y refuercen la cohesión social.