Que haya decaído la moratoria de desahucios que protegía a cerca de 70.000 familias en todo el Estado no es un accidente: es el resultado directo del cálculo político de aquellas fuerzas que han priorizado sus estrategias parlamentarias por encima de la vida y los derechos de miles de familias.
A partir de hoy, decenas de miles de hogares vulnerables vuelven a quedar expuestos a desahucios, cortes de suministros básicos y situaciones de exclusión social severa. En un Estado con una crisis de vivienda cronificada, precios inasumibles y un parque público de vivienda claramente insuficiente, dejar caer el escudo social es una decisión grave y profundamente irresponsable.
Aunque sea desde la oposición, permitir y ser culpables directos que se reanuden miles de desahucios sin alternativa habitacional, que se reactiven cortes de luz, agua y gas, que queden desamparadas familias con menores, personas mayores y personas con enfermedades o dependencias, no es gobernar: es abandonar a la población más vulnerable mientras se siguen protegiendo los intereses de bancos, fondos de inversión, rentistas especuladores y los privilegiosde unos pocos.
Por ello, esta situación no se entiende sin señalar la responsabilidad de aquellas fuerzas políticas que han utilizado medidas básicas de protección social como herramienta de presión y negociación con el Gobierno del Estado. No llegar a acuerdos que afectan directa y positivamente en la vida de una mayoria social, es obceno, se está jugando con derechos fundamentales y en este sentido, la vivienda no puede ser moneda de cambio.
Se han alimentado relatos falsos y alarmistas —como el de la supuesta “barra libre” a las ocupaciones— para justificar la inacción. La realidad es clara: la moratoria solo protegía ocupaciones anteriores a 2020, en casos de grandes propietarios con más de 10 viviendas y familias en situación de vulnerabilidad, con menores a cargo o dependencias severas. Estos relatos no tienen ninguna base real, pero sirven para generar miedo, proteger los intereses de los grandes tenedores, desviar la atención del verdadero problema: la especulación y la falta de vivienda asequible y así criminalizar a familias que solo quieren un lugar digno donde vivir.
Las consecuencias del fin del escudo social serán inmediatas y graves en todo el Estado. Los juzgados volverán a ejecutar desahucios de forma masiva, la pobreza energética volverá a golpear con fuerza y las administraciones, ya desbordadas, no tendrán capacidad de respuesta ante una emergencia social que se agrava.
Ante esta situación, exigimos soluciones inmediatas, no más excusas ni parches: ningún desahucio sin alternativa habitacional, políticas valientes contra la especulación y los fondos de extracción, y un compromiso real y urgente con la ampliación del parque público de vivienda.
Frente a la irresponsabilidad institucional, responderemos con organización y lucha. Si las instituciones fallan, la sociedad civil volverá a responder. Seguiremos parando desahucios, seguiremos señalando a los responsables y seguiremos gritando alto y claro que sin vivienda no hay derechos, y sin derechos no hay vida.