Las familias siguen en peligro de desahucio ante los recortes de esta nueva moratoria y seguiremos trabajando hasta lograr u marco de protección total y real que gerantice el derecho a la vivienda para todo el mundo, acabando con los desahucios y la especulación que mercadea con nuestras vidas
Gracias a la presión social hemos recuperado temporalmente el escudo social y la moratoria antidesahucios, aunque con recortes para contentar a la derecha. Ahora es imprescindible detener los miles de procedimientos de desahucio activados. En un mes el Congreso debe convalidar el nuevo decreto sin ningún tipo de excusa por parte de los partidos políticos, sin más dilaciones, ni rebajas, ni excusas partidistas. Los desahucios no entienden de ideologías y la prioridad siempre deben ser las persona con riesgo de quedarse en la calle.
Volver a votar en contra como hicieron el 27 de enero demostraría defienden los intereses de las grandes corporaciones y a los fondos de inversión. Votar no a la moratoria, es votar sí a un «tsunami» de desahucios de las 70.000 familias vulnerables acogidas a la moratoria, más la que estan por venir, en todo el estado a la espera de una solución definitiva y garantista.
Desde #NiUnDesahucioMás, la plataforma de 100 entidades unidas contra las expulsiones sin alternativa habitacional, manifestamos que es necesario recuperar la vigencia del escudo social, más viendo como la misma tarde de la caida de la caida de la moratoria el martes pasado, los fondos de extracción estaban ya solicitando la ejecución masiva de desahucios. Todos estos procedimientos se debe detener de nuevo, con el apoyo de los colectivos de vivienda y los/las letrados/as de las familias en riesgo.
Lamentamos que familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de sufrir un desalojo, hayan tenido que sufrir las consecuencias de la falta de acuerdo político, enfrentándose a situaciones de calle.
Desde los movimientos sociales consideramos que no era necesario separar el escudo social de las pensiones. A quién se debe proteger es a las familias en riesgo de desahucio. La Plataforma exige que durante este mes, no haya más excusas. La prioridad deben ser las familias en riesgo y no la desinformación como por ejemplo, en Cataluña, donde 13.000 familias están pendientes de un desahucio si no se convierte la medida en definitiva. Mientras se ha compensado con 8.000.000€ a los propietarios de las viviendas en riesgo de desalojo, siendo más del 80% de las solicitudes de compensación del año 2025 de empresas propietarias de inmuebles. Este dato demuestra que quién está detrás de la mayoría de los desahucios son los grandes tenedores y no los pequeños propietarios particulares como nos quiere hacer creer Junts.
Aún así y como hemos denunciado siempre, este decretro sigue siendo insuficiente siendo urgente resolver esta situación con medidas estructurales y con una normativa específica. No podemos seguir con más moratorias. El Gobierno y los diferentes grupos parlamentarios conocen nuestras reivindicaciones y tiene que trabajar por resolver este problema adoptando una norma que cuente con la participación de los colectivos sociales que luchamos contra los desahucios.