Desahucios y Democracia: De la estrategia del miedo a la guerra de cifras como política disuasoria

Por Ada Colau y Adrià Alemany

Descarga el estudio 2007 – 2012: Retrospectiva sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias en España, estadísticas oficiales e indicadores

Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas son sin lugar a dudas una de las caras más dramáticas de la Crisis en España. Una auténtica lacra que está generando una enorme alarma social. Una sangría que ya se ha cobrado la vida de varias personas y que ha situado a nuestro país en el punto de mira de la prensa internacional. Los suicidios de Granada, Baracaldo, Córdoba, Calvià o Alacant  son tan solo la punta del iceberg. Desde hace años la voz organizada de los afectados viene advirtiendo de las consecuencias de un procedimiento que ya se ha llevado por delante a más de 400.000 familias. El marco legal que regula los impagos de hipotecas condena a familias insolventes a la exclusión social y las deja sin margen para rehacer sus vidas ni horizonte alguno de recuperación. Una advertencia que ha sido ignorada de manera reiterada por los gobiernos de PSOE y PP.
La sociedad civil ha liderado un debate que ha condicionado la agenda política. Lo que en 2009 era un grito en el desierto, hoy es un clamor popular. Durante este tiempo, más de trescientos ayuntamientos, espoleados por la contestación social, han aprobado mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas que frenen la sangría de desalojos. El pasado mes de octubre la relatora de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presentaba ante la asamblea general de la ONU un devastador informe donde denunciaba la grave situación habitacional que atraviesa el país; otro informe de la judicatura concluía la necesidad de reformar en profundidad un normativa que data de 1909 y que sobreprotege a los acreedores dejando la parte más débil del contrato hipotecario indefensa. También la abogada del Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado la legalidad del ordenamiento jurídico español en materia de desahucios. Hace pocas semanas, el gobierno de Ecuador demandaba al Estado Español ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo.

Ante el aumento de la presión popular, el gobierno del partido popular se ha visto forzado a mover ficha. Pero ni el decreto de buenas prácticas ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad han servido para atajar el problema. Habida cuenta que ambas prerrogativas contaron con el visto bueno de la patronal bancaria previa aprobación, tampoco es de extrañar. La realidad es que tanto el código de buenas prácticas como la moratoria excluyen la inmensa mayoría de los casos y no modifican una coma del procedimiento actual, que condena a las familias a una deuda de por vida.

Mientras tanto la ILP por la dación en pago retroactiva, la paralización de desahucios y el alquiler social toca a su fin avalada por un millón y medio de firmas, y todas las encuestas realizadas hasta la fecha indican que una abrumadora mayoría de españoles, el 90%, apoyan las demandas que contempla. Incluso entre votantes del Partido Popular.

La política del miedo utilizada por el gobierno para revertir el estado de opinión favorable al cambio normativo se ha constatado un fracaso. Los mensajes apocalípticos que advertían a la población que modificar la ley hipotecaria y paralizar los desahucios hundirían el sistema financiero, no han servido para nada. El sistema financiero ya se ha hundido y el apoyo de la sociedad civil a las demandas de los afectados no ha dejado de aumentar.

Ante semejante clamor popular, el gobierno se ha visto obligado cambiar la estrategia. La nueva estratagema persigue negar el problema a pesar de la evidencia. ¿Cómo? Cuestionando las estadísticas existentes y manipulando los datos para minimizar hasta el absurdo la magnitud de la problemática. En unas recientes declaraciones el Ministro de economía Luis De Guindos afirmaba sin pelos en la lengua que según estimaciones del gobierno, los desalojos de vivienda habitual desde que estalló la crisis comprendían a una horquilla de entre 4 y 15 mil familias en todo el estado. Muerto el perro, se acabó la rabia. Nos equivocaríamos si interpretásemos estas declaraciones como una torpe, cínica y desesperada maniobra de trilerismo estadístico para intentar acallar la presión social de la calle. O quizá sí lo es, pero no solo es eso. La guerra de cifras desatada por economía persigue abrir una grieta para enturbiar el debate, introducir ruido y quebrar el consenso social entorno a las demandas de la gente afectada. Una argucia que ha encontrado terreno abonado en unas estadísticas oficiales ciertamente escasas y de mala calidad.

Por ejemplo, las 416 mil ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007 según el poder judicial no diferencian las que conciernen a primera vivienda, avales, locales o segundas residencias. Tampoco nos dicen cuales son las entidades que más ejecutan, ni cuales son los municipios con mayor número de procesos cursados. Las estadísticas sobre lanzamientos son todavía más desconcertantes. Ofrecidas por el mismo órgano judicial incorporan una doble fuente desde 2012. Según Servicios Comunes, de enero a septiembre se han producido 49.702 desalojos. Durante el mismo periodo los juzgados de primera instancia han registrado 76.274 lanzamientos. Casi el doble. Según el CGPJ la cifra de lanzamientos ofrecida por los juzgados de primera instancia es la aproximación más fiable, aunque reconocen que tampoco incluyen todos los desahucios y que por lo tanto es inexacta. Por otro lado, los datos que ofrece servicios comunes, aún omitiendo buena parte de los desahucios, son los únicos que disponen de una serie histórica que permite comparar y analizar la evolución temporal. Ninguna de estas dos fuentes diferencia entre lanzamientos de hipotecas o alquileres, ni detalla los menores implicados en cada proceso, ni indica qué entidades son las que más desahucian. Estas fuentes tampoco informan sobre los desalojos que se producen sin orden judicial, fruto de una dación en pago o del miedo y la vergüenza asociados a estos procesos y que lleva a muchas familias a abandonar el inmueble antes de que les obliguen judicialmente a ello. Y así podríamos seguir con una larga lista de silencios que dificultan un diagnóstico preciso sobre esta sangrante realidad.

Un reciente estudio realizado por la PAH intenta subsanar parte de estas deficiencias comparando ambos indicadores durante un mismo periodo de tiempo y para cada comunidad autónoma. Con ello se extrae un multiplicador que aplicado a la serie histórica ofrecida por Servicios Comunes nos da una cifra aproximada de los desahucios desde 2008. Este estudio estima que desde que estalló la crisis se han producido 362.776 desahucios. Unos 146.358 lanzamientos más que los datos oficiales. Teniendo en cuenta que los lanzamientos judiciales no distinguen entre impago de hipotecas y alquileres, no son números descabellados. Por el contrario se encuentran en sintonía con el total de ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007 , 416.975. Incluso se podría considerar que estas estimaciones se quedan cortas a tenor de los casi 2 millones de hogares españoles con todos sus miembros en el paro y de los 6 millones de desempleados (una tasa del 26%) que había según la EPA a cierre de 2012.

De los peores defectos, virtud

Dado que a los juzgados llega la información detallada de cada procedimiento y teniendo en cuenta la alarma social desatada, lo mínimo que deberíamos exigir a un estado democrático y de derecho son unos datos fiables. Subsanar estas carencias es cuestión de voluntad política y transparencia. Pero lejos de intentar remediarlas, han convertido este agujero negro de las estadísticas en la punta de lanza de su nueva estrategia. Una variante del difama que algo queda. Y es que en el contexto actual, el gobierno utiliza la debilidad de los indicadores oficiales como coartada. Como escudo. Un último intento por desactivar la presión popular. Aunque llega demasiado tarde.

Descarga el estudio de la PAH