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La PAH exige un alquiler social para el Bloc Salt tras la resolución de Estrasburgo

La PAH exige un alquiler social para el Bloc Salt tras la resolución de Estrasburgo

La situación de emergencia habitacional de la cual el Bloc Salt es la punta del iceberg exige afrontar el modelo especulativo de la SAREB

Frente a las informaciones de un posible realojo de las familias del Bloc Salt por parte de la Generalitat, la PAH pone de manifiesto que:

      • La resolución de Estrasburgo alerta de la vulneración de derechos fundamentales en el caso de producirse el desalojo, y da un margen reducido de tiempo, hasta el día 24 a las administraciones españolas y catalanas para mostrar que como administración pública han hecho todo lo posible para evitar la vulneración de estos derechos. En caso contrario, estarían vulnerando la legalidad. A pesar de ello, tras el varapalo judicial de Estrasburgo y cuando el conflicto ha puesto en tela de juicio, de nuevo, la política de vivienda de la Generalitat, el Gobierno catalán solo ha movido ficha para ofrecer tímidamente un realojo a las familias. Una medida que llega tarde y resulta del todo insuficiente por lo que subrallamos a continuación.
      • La Generalitat no está en disposición, ni cuenta con los recursos para garantizar el derecho a la vivienda de las centenares de personas realojadas por la PAH, y las miles que se han visto obligadas a ocupar una vivienda por no contar con otra alternativa. Una opción que se está convirtiendo en la regla dada la situación de emergencia habitacional que vivimos y que la Generalitat se niega a reconocer. La situación requiere afrontar el modelo especulativo de la SAREB y recuperar las viviendas del Banco Malo para las personas desahuciadas.
      • La Generalitat está ofreciendo un trato “privilegiado” a las familias del bloc Salt para poder apagar el conflicto. Está abonando el terreno para que se repita la vulneración de derechos. Esta actitud resulta incomprensible en una administración pública que debería velar por los derechos de todos, e inadmisible para la PAH, cuyo objetivo no es ejercer de “lobby”, sino garantizar el derecho a la vivienda. La demanda es de mínimos e irrenunciable: alquiler social en los pisos del SAREB. Para ello, la PAH ha solicitado, una reunión con Banco Mare Nostrum, SAREB y administraciones públicas antes del día 24. Un trabajo que debería haber llevado a cabo la Generalitat para demostrar que efectivamente tiene voluntad de garantizar los derechos fundamentales de la población.
      • Desde la PAH se exige una reunión entre las administraciones públicas, la SAREB y el Banco Mare Nostrum (gestor del inmueble) para regularizar la situación de las familias del Bloc Salt mediante un alquiler social. Las viviendas de la SAREB, en la situación de emergencia habitacional actual y tras el rescate bancario, no pueden sino formar parte de un parque de viviendas de alquiler social.
      • Tras la ocupación de la Oficina d’Habitatge de la Generalitat el pasado día 3 de octubre  y la reunión posterior, la PAH forzó a la Generalitat a presentar un escrito en juzgados para solicitar la paralización del desalojo, la acción de la PAH forzó también a la Generalitat a ponerse en contacto con la SAREB, sin embargo, la gravedad de la situación requiere respuestas y posicionamientos contundentes y urgentes, como está demostrando la movilización ciudadana.

 

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Acción estatal de la PAH en la financiera UCI de Banco Santander

Hoy PAH´s de todo el territorio español -Valencia, Hortasud, Morvedre, Badía, Mallorca, León,
Barcelona, Granollers, Alt Penedés, Badalona, Tarrasa, Figueres (Girona), La Rioja, Toledo, Segovia, Lanzarote, Madrid, Gijón, Gran Canaria, Sevilla, Malaga, Huelva, Almería, Granada, Córdoba, Talavera de la reina, Zaragoza, etc…- han iniciado una campaña de información a la opinión pública sobre quién es UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios, perteneciente al Grupo Santander).

UCI es la “línea de hipotecas basura” del banco Santander. En los años de éxtasis inmobiliario, el Grupo Santander derivaba a esta entidad aquellos préstamos de alto riesgo, bien por la precariedad de los hipotecantes, bien por el escaso valor del bien hipotecado, aplicando unas condiciones en la concesión del préstamo muy por encima de las del mercado (diferenciales superiores a la media, plazos más prolongados, tasaciones claramente infladas, etc.). Tanto es así, que UCI era conocida en estos ambientes como “La Unión de Créditos Imposibles”, aludiendo a que cuando un préstamo, refinanciación o reunificación de préstamos era inviable para la mayoría de las entidades, UCI aprobaba la operación. Tras el silencio del Grupo Santander se esconde la necesidad de tapar y ocultar prácticas bancarias que nada
tienen que ver con lo que sus campañas publicitarias y de captación de clientes quieren hacer llegar al gran público.
A través de esta campaña estatal las PAH´s exigimos interlocutores válidos capaces de tomar decisiones como:

Daciones en pago con extinción total de deuda. El afectado una vez que entrega la vivenda
desaparece toda la deuda contraída y será UCI/Credifimo quién se hagan cargo de todos los gastos de plusvalías.
• Quitas que verdaderamente puedan garantizar la vida del préstamo en casos de restructuración.
Condonaciones de la deuda y no solo de una parte de la misma.
• En los casos en que se solicite Alquiler Social éste ha de ser por un período mínimo de 5 años,
prorrogable a otros 5 años

Las PAH´s también denunciamos que Unión de Créditos Inmobiliarios incluye cláusulas abusivas en las hipotecas que ha concedido, que fuerzan la firma de avales y que intentan penalizar económicamente a sus clientes, es decir, realizaron y siguen realizando prácticas que consideramos rayan la usura y la estafa con sus clientes, con el beneplácito del Grupo Santander.

Esperamos que articulen algún mecanismo de negociación con un interlocutor válido, para llegar a una resolución satisfactoria de todos los casos de familias que han acudido a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, como se está haciendo con otras entidades.

La PAH también ha iniciado una campaña de envío masivo de mails a Banco Santander para que cese la vulneración de derechos fundamentales. Campaña aquí

Manifiesto de la acción
Manifiesto UCI

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Presentación del recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PAH contra la ley 1/2013

La PAH presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley del PP por vulnerar derechos humanos

Rueda de prensa el miércoles día 7 de Agosto a las 11:00 en la puerta del Tribunal constitucional (C / Domenico Scarlatti, número 6) rueda de prensa de la PAH.

La PAH ha preparado un recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

La comisión jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH ha detectado al menos seis causas de Inconstitucionalidad en la Ley 1/ 2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

La Ley 1/2013 no solo no soluciona el problema que está causando un sufrimiento intolerable a centenares de miles de familias, y perpetuando la violación sistemática de derechos humanos, sino que además incumple principios constitucionales.

La PAH está recabando los apoyos necesarios para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en tiempo y forma ante el Tribunal Constitucional. Igual que hicimos en la tramitación de la ILP, interpelamos no sólo a los grupos parlamentarios sino que apelamos también a la conciencia individual de cada uno de los diputados y diputadas. Los partidos y diputados que votaron a favor de la tramitación de la ILP y contra la ley finalmente aprobada por el Gobierno (todos menos el PP), tienen la oportunidad de demostrar su coherencia y la veracidad de su compromiso apoyando y firmando el recurso elaborado por el equipo jurídico de la PAH.

Convocamos a todos los medios de comunicación el próximo miércoles, en la que se procederá a la presentación oficial del recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PAH, de sus contenidos, y la interpelación a las Instituciones con capacidad legal para interponerlo.