Hoy se ha cometido un nuevo crimen. Amaya ha muerto en Barakaldo cuando la comisión judicial se disponía a desahuciarla. Repetimos: no es un suicidio, es un genocidio financiero, es un crimen que se podría haber evitado si los responsables de los sucesivos gobiernos -PSOE y PP- hubieran adoptado las medidas que la sociedad civil llevamos años reclamando.
Según informan algunos medios de comunicación, el Gobierno y PSOE van a solicitar a las entidades bancarias una moratoria en las ejecuciones de desahucios en marcha cuando estos afecten a colectivos vulnerables. Una vez más, el Gobierno y PSOE no asumen la responsabilidad de dar una respuesta real a la emergencia social.
Ante estas informaciones, la PAH quiere puntualizar que cualquier medida cuyo cumplimiento sea de carácter voluntario por parte de las entidades financieras se ha demostrado ineficiente y es un engaño para las miles de personas que se encuentran bajo el riesgo de perder su vivienda. Hay varios ejemplos que confirman este hecho, como los diferentes servicios de mediación que han puesto en marcha algunos gobiernos autonómicos o el “código de buenas prácticas” propuesto por el Sr. De Guindos, que ha conseguido que el pasado trimestre tuviéramos en el país el récord de desahucios desde que estalló la burbuja inmobiliaria. El objetivo de las entidades financieras es maximizar su beneficio y reapropiarse de los bienes inmobiliarios para seguir especulando en el mercado financiero con ellos. Apelar a su buena conciencia social no es un incentivo suficientemente lucrativo para sus balances económicos.
Si Gobierno y PSOE tienen la voluntad real de detener la sangría de desahucios deben paralizar los desahucios por vía de urgencia cuando se refieran a primera residencia y sean deudores de buena fe. Este tipo de medidas se aplican en países como Francia, en las que está prohibido desahuciar viviendas durante el periodo invernal. En nuestro país, esta medida no solo estaría justificada por el período invernal que se aproxima sino por la situación excepcional de crisis económica y desempleo que está provocando situaciones de emergencia habitacional y que ya ha sido denunciada en las últimas semanas por el Consejo General del Poder Judicial, Naciones Unidas y el Tribunal de Justicia Europeo, entre otros.
La paralización de los desahucios es una de las tres propuestas, junto la regulación de la dación en pago retroactiva y el alquiler social, que incluye la Iniciativa Legislativa Popular que ha impulsado la PAH junto con otras organizaciones. Esta ILP ha rebasado el medio millón de firmas de adhesión en pocos meses y que cuenta con un apoyo generalizado según diferentes encuestas publicadas. Ésta debería ser la hoja de ruta que Gobierno y PSOE deberían tener en cuenta a la hora de buscar soluciones a los desahucios. Sin embargo, si Gobierno y PSOE deciden continuar protegiendo los intereses de las entidades financieras por encima de la de sus ciudadan@s, deberán atenerse a las consecuencias que pueda provocar esta decisión y cuyo carácter es imprevisible.