- El recurso, admitido a trámite el pasado 14 de julio, no conlleva la suspensión de los artículos recurridos, que seguirán vigentes
- El líder del partido en Catalunya defiende públicamente los intereses de los grandes actores financieros y estigmatiza a las familias vulnerables que ocupan
Como ya ocurrió hace cuatro años con el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2015 impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, el PP vuelve a alinearse con la Banca y los grandes actores privados y recurre de nuevo ante el Tribunal Constitucional la ampliación de la ley aprobada en diciembre pasado. A diferencia de 2016, el recurso, admitido a trámite el 14 de julio, no conllevará la suspensión automática de los artículos recurridos y estos seguirán vigentes, al menos hasta que no haya sentencia.
En una rueda de prensa convocada el pasado 22 de junio, el líder del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, anunciaba la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los Decretos ley 17/2019 y 1/2020, situando el foco en aquellas partes específicas que amplían la Ley 24/2015 y haciendo un discurso reaccionario en contra de cualquier cambio a favor del derecho a la vivienda en Catalunya.
Según Fernández, los decretos “suponen un ataque frontal al derecho a la propiedad privada y una vulneración competencial en materia de derechos”, y considera que convierten a Catalunya en una especie de paraíso ‘okupa’ y persiguen al propietario. Desgraciadamente, este discurso estigmatizador contra el fenómeno de la ocupación no es nuevo y sigue la línea de otros líderes del partido, como Xavier Garcia Albiol.
Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 queremos desmentir algunas de las afirmaciones realizadas por el líder del PP en Catalunya y a la vez invitarle a alguna de las asambleas de cualquiera de las PAHs del territorio, para que pueda ver de primera mano la situación de miles de familias que a día de hoy no pueden acceder a una vivienda en condiciones en nuestro país.
En primer lugar, Fernández siempre juega ‒ya lo hizo durante la convalidación de los textos en el Parlamento‒ con un falso concepto de propietario que confunde a quien no conozca el contenido de la ley para hacernos creer que algunas medidas pueden afectar a pequeños tenedores. En este sentido, queremos dejar claro que la obligación de ofrecer un alquiler social antes de promover el desahucio de una familia vulnerable, tal y como establece la norma, solo se aplica a grandes tenedores con más de 15 viviendas en propiedad. Por lo tanto, en ningún caso hablamos de pequeños ahorradores que tienen un piso para complementar su pensión, como a menudo se quiere hacer creer.
En segundo lugar, la ampliación de diciembre que regulariza en algunos casos a las familias que se encuentran en situación de ocupación en precario, genera obligaciones a un número aún más reducido de actores privados y que son literalmente “las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil”, así como “los fondos de capital riesgo y de titulización de activos”. Estos son realmente los intereses que defiende el PP, como es habitual: el de los grandes actores que se lucran y especulan con un bien básico como es la vivienda.
Hechas estas consideraciones, remarcamos que, después de recuperar algunos de los artículos suspendidos en febrero de 2019, el Grupo Promotor de la Ley trabajamos duro para ampliar algunos de los supuestos y adaptarlos al nuevo escenario de emergencia habitacional, casi cinco años después de la aprobación del texto original. Como siempre hemos defendido, la ley, pionera en el Estado, pone por primera vez el foco sobre los grandes tenedores de vivienda y los corresponsabiliza en la defensa del derecho a la vivienda de miles de hogares en situación de vulnerabilidad.
El ataque del PP vuelve a demostrar el nulo compromiso del partido con la garantía de los derechos de los colectivos más vulnerabilizados y pone de manifiesto su férrea defensa de los intereses de bancos y fondos buitre, que son culpables de la actual situación. Además, de nuevo genera un discurso de odio hacia las familias que se han visto forzadas a ocupar en precario una vivienda y pone una diana para que se las siga estigmatizando.
La ocupación es un fenómeno que solo se puede explicar por la actual situación de colapso de las Mesas de Emergencias Sociales de Catalunya, la bolsa de pisos públicos para dar salida a familias desahuciadas, que cuenta con listas de espera que pueden alargarse hasta dos años, y el nulo parque de alquiler social que tenemos en Catalunya, que no llega al 1,5%. Es evidente que Fernández y el resto de diputados del Partido Popular nunca se encontrarán en la situación de tener que vivir en una habitación de una pensión durante este plazo, y su falta de empatía y humanidad provoca que se dediquen a obstaculizar medidas como esta y no mover un dedo para cambiar la situación.
La admisión a trámite del recurso presentado por el PP no hará que el Grupo Promotor retrocedamos ni un palmo en la defensa del derecho a la vivienda y, como hemos hecho siempre, seguiremos trabajando para que la ley se desarrolle con la máxima efectividad y podamos vivir en un país libre de desahucios. Ni el PP ni el Tribunal Constitucional podrán con una ley que se impulsó desde la ciudadanía y que ha cambiado la vida de miles de personas en nuestro territorio.
Exigimos al resto de fuerzas políticas que defiendan la ley y trabajen para implementarla en su totalidad. Hay vidas en juego.