El 29 de julio de 2020, hicimos llegar una Carta a Pedro Sánchez, con una serie de motivos y medidas para decretar de manera urgente e inmediata con el fin de frenar los desahucios y combatir la crisis sanitaria sin dejar a nadie atrás.
Hoy la hacemos pública y en breve publicaremos la respuesta.
AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, ante el Presidente del Gobierno de España, comparecemos y decimos:
I.- Que por medio del presente escrito, venimos a solicitar del Gobierno de España la urgente aprobación de un real decreto ley, que homologue la protección de todas las personas en situación de vulnerabilidad, con independencia del origen de dicha situación, que establezca una moratoria de todos los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional hasta el 31/12/21, que disponga la utilización como Parque Público temporal las viviendas propiedad de la SAREB y de Bankia, entidades ambas de mayoría pública, y que revalorice el IPREM en consonancia con los incrementos del salario mínimo interprofesional.
II.- Que basamos esta petición en los siguientes
HECHOS:
1º Desde la declaración de la pandemia provocada por la COVID-19, y el consiguiente estado de alarma, se han adoptado diferentes medidas de protección en materia de vivienda y otras de importante calado, en diferentes reales decretos ley, pero claramente insuficientes en cuanto a la población a proteger, dado que únicamente protegen las situaciones de vulnerabilidad derivadas de la propia pandemia, dejando a la intemperie las anteriores situaciones, en clara discriminación.
2º Con anterioridad incluso a la declaración del estado de alarma, el CGPJ suspendió todos los trámites judiciales no urgentes, lo que provocó la paralización de procedimientos abocados al desahucio. Con la reactivación de dichos procedimientos el pasado 4 de junio, han vuelto los desahucios, dado que las situaciones de vulnerabilidad que pudieran padecer las familias afectadas de dichos procedimientos son anteriores a la COVID-19, y por lo tanto, fuera de la protección señalada en el punto 1º. Desde el 4 de junio hasta aquí, hemos tenido desahucios en Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y País Vasco, entre otros, y todos ellos derivados de procedimientos iniciados antes de la pandemia que quedaron desprotegidos.
3º El ejercicio del Derecho de acceso a una Vivienda digna y adecuada en España está supeditado al nivel de renta disponible, dado que carecemos de un Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y para vivienda social, que apenas ronda el 2% del total disponible, mientras que en países de nuestro entorno se maneja una media superior al 14%, algunos, como Francia o Austria, rebasan ampliamente esa cifra. Además del bien social que debiera ser la vivienda, el estado de alarma ha demostrado que también es un bien sanitario, el lugar donde se nos ha confinado a quienes disponemos de ella, y las grandes dificultades habidas para el confinamiento de las personas sin hogar. Además, a día de hoy, no es descartable (ojalá que no sea necesario) que haya que decretar nuevos estados de alarma en virtud de la evolución de la pandemia y posibles rebrotes.
Con motivo de la anterior pandemia, la financiera e inmobiliaria, el Estado español gastó más de 65 mil millones de euros en rescatar a la banca, de los que el Banco de España da por perdidos más de 60 mil. Como consecuencia de esta pandemia, se creó la SAREB, y se rescató, entre otros, a Bankia, entidades ambas que hoy son de mayoría pública, y que disponen de grandes cantidades de vivienda ya construida, en su mayoría desocupadas, y que, al menos temporalmente, podrían destinarse a parque para alquiler asequible y de carácter social, lo que permitiría el acceso a ese Derecho Fundamental a miles de familias que ahora, bien por los precios del alquiler, bien por situaciones de vulnerabilidad, no pueden hacerlo. Además, de esta forma, creemos que se debe iniciar el cobro de la deuda pendiente del rescate anterior, que debiera afectar a la totalidad de las entidades financieras rescatadas, que son prácticamente la totalidad de las mismas.
Debemos recordar también el contenido del reciente informe presentado ante Naciones Unidas en relación con la pobreza en España, y su vinculación con el derecho la vivienda, así como los dictámenes condenatorios a España por vulneración de ese derecho, y las recomendaciones que ambos contienen.
4º Por justicia, el salario mínimo interprofesional ha tenido importantes revalorizaciones en los últimos ejercicios. Sin embargo, el IPREM no se ha movido, y dado su carácter de referencia para muchas prestaciones, así como para acreditar las situaciones de vulnerabilidad, dejan fuera a muchas personas, por lo que urge una revalorización del mismo, acorde con las revalorizaciones del SMI.
5º Dadas la situación actual de la pandemia, pues todavía se carece de vacuna y de tratamiento eficaz que impiden descartar la necesidad de futuros estados de alarma, y también la enorme crisis económica derivada, entendemos que se requiere de un espacio temporal amplio que permita la tramitación de la Ley Estatal de Vivienda y el abordaje de las diferentes medidas que Naciones Unidas recomienda a España para el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado junto con su Protocolo Facultativo por el Estado español. Dicho espacio temporal, nosotros lo situamos en el 31/12/2021.
Por lo expuesto, SOLICITAMOS AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA:
I– La aprobación urgente de un real decreto ley que:
- Homologue la protección de todas las situaciones de vulnerabilidad, con independencia del momento y de las causas que las hayan provocado.
- Promulgue una moratoria de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, hasta el 31/12/21, estableciendo en su caso, las posibles compensaciones a pequeños propietarios.
- Establezca la utilización como Parque Público Temporal de Vivienda de todas las viviendas desocupadas propiedad de la SAREB y Bankia, señalando su utilización para alquiler asequible y para vivienda social.
- Revalorice el IPREM en cuantía proporcional a las subidas del salario mínimo, y
II.- Que adopten las medidas necesarias para la presentación ante el Congreso de los Diputados, lo antes posible, de un proyecto de Ley Estatal de Vivienda que garantice el derecho a la vivienda, de forma que este pueda estar aprobado antes del fin de la moratoria de desahucios.
29 de julio de 2020