Europa reconoce la crisis de vivienda, pero evita enfrentarse a quienes la han provocado
La Comisión Europea ha presentado su Plan Europeo para la Vivienda Asequible. Por primera vez, las instituciones europeas reconocen oficialmente lo que millones de personas llevamos años denunciando: que existe una crisis estructural de acceso a la vivienda que expulsa, empobrece y condena a la inseguridad a una parte creciente de la población.
Este reconocimiento no nace de la nada, es consecuencia directa de años de organización, resistencia y lucha colectiva. Es el resultado de las familias que han parado desahucios, de quienes han ocupado viviendas vacías para poder sobrevivir, de quienes han señalado públicamente a bancos, fondos de inversión y gobiernos responsables. Europa pone ahora nombre a una realidad que durante demasiado tiempo ha ignorado.
Pero reconocer la crisis no significa resolverla y este plan evidencia los límites políticos de unas instituciones que no están dispuestas a cuestionar el modelo que la ha provocado.
El documento identifica algunos de los efectos más visibles de la emergencia habitacional, pero evita intervenir sobre sus causas estructurales. No plantea límites efectivos al poder de los grandes propietarios ni establece garantías vinculantes que impidan desahuciops o protejan el acceso permanente a viviendas asequibles. Tampoco asegura la consolidación de un parque público de vivienda suficiente, estable y protegido de la especulación.
En cambio, el plan apuesta por movilizar enormes volúmenes de inversión, incluyendo capital privado, sin establecer mecanismos que impidan que estos recursos acaben reforzando el mismo sistema que ha convertido la vivienda en un activo financiero. Una vez más, se abre la puerta a que el dinero público termine sosteniendo beneficios privados, permitiendo que quienes han contribuido a generar la crisis se posicionen ahora como parte de la solución.
Este enfoque no es casual ni neutral. Supone seguir confiando en el mercado como herramienta principal, a pesar de que ha sido precisamente su lógica la que ha convertido el acceso a la vivienda en una fuente de desigualdad y exclusión.
Durante décadas, la vivienda ha dejado de ser tratada como un derecho para convertirse en un objeto de inversión global. Fondos de extracción. bancos y grandes tenedores han acumulado viviendas no para garantizar hogares, sino para maximizar rentabilidades. Las consecuencias son visibles en toda Europa: precios disparados, expulsión de comunidades enteras, precariedad habitacional y miles de desahucios cada año.
El plan presentado no rompe con esta dinámica. Mantiene intacto el papel central de los actores financieros y confía en que el aumento de la oferta y la movilización de inversión bastarán para resolver la crisis, sin garantizar que las nuevas viviendas queden fuera de los circuitos especulativos ni que sean realmente accesibles para quienes las necesitan.
Mientras tanto, millones de personas continuamos destinando una parte cada vez mayor de sus ingresos a pagar alquileres abusivos, viviendo bajo la amenaza permanente de perder su hogar, viendo cómo el derecho a la vivienda se transforma, en la práctica, en un privilegio condicionado por la capacidad económica. El problema no es la falta de viviendas. El problema es que se ha permitido que sean tratadas como activos financieros, subordinando su función social a su valor como mercancía.
Desde la PAH lo hemos visto durante años en cada desahucio, en cada familia expulsada, en cada vivienda vacía retenida como reserva de valor mientras hay personas sin alternativa habitacional. Sabemos que mientras la rentabilidad siga siendo el criterio dominante, el derecho a la vivienda seguirá siendo vulnerado. Sabemos que sin intervenir sobre las causas estructurales, cualquier plan será insuficiente.
Por eso lo afirmamos con claridad: la vivienda no puede seguir dependiendo de los intereses de los inversores ni de los ciclos financieros. No puede estar sujeta a la lógica del máximo beneficio cuando es la base misma de la vida. Debe ser garantizada como lo que es: un derecho fundamental.
La historia demuestra que ningún derecho ha sido concedido voluntariamente por quienes se benefician de su ausencia. Todos han sido conquistados a través de la organización, la solidaridad y la lucha colectiva. El derecho a la vivienda no será una excepción.
Frente a un modelo que expulsa, precariza y mercantiliza nuestras vidas, seguiremos organizándonos, defendiendo nuestros hogares y exigiendo responsabilidades.