No aceptamos que el PSOE justifique su inacción en materia de vivienda en el fracaso de los intentos anteriores. La PAH, no siempre conseguimos impedir un desahucio, pero eso jamás nos ha frenado en intentar impedir el siguiente.
Viendo como desde el PSOE no se contemplan medidas de protección contra los desahucios en un nuevo escudo social, ayer ya mostramos nuestro rotundo rechazo a esta inacción. Hoy la PAH hemos hecho llegar al presidente del Gobierno una carta manifestando lo siguiente:
1º España ratificó el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1976, y su Protocolo Facultativo en 2010. Este último prohíbe los lanzamientos forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Pues a pesar de ello, no fue hasta entrado 2020, y como consecuencia de la pandemia del COVID, cuando se aprobó por primera vez un leve escudo social, a pesar de que ya se había superado el millón de desahucios como consecuencia de la crisis anterior, tuvo que ser el coronavirus y no la injusticia ni el sufrimiento humano, ni el incumplimiento de los compromisos en materia de Derechos Humanos el que logró del Gobierno una primera medida mínimamente protectora, que se ha venido prorrogando hasta 2025 inclusive. Pues bien, a pesar de esa pequeña protección, entre 2020 y el tercer trimestre de 2025, se han ejecutado 182.604 desahucios (datos del CGPJ) en el conjunto del estado, lo que demuestra lo escaso de ese escudo.
2º En 2026, el Gobierno ha hecho dos intentos de prorrogar esta medida, llegando incluso a rebajarla aún más en el segundo, tras un acuerdo con el PNV, pese a lo cual, en ambas ocasiones PP, Vox y JuntsXCat han tumbado ambos decretos mandando directamente a la calle, de manera directa a decenas de miles de familias que venían protegidas, e indirectamente a todas las que vayan llegando, que no tendrán ninguna protección.
3º Esto además, en un año en el que se espera que alrededor de 600.000 contratos de alquiler prorrogados en pandemia tengan que ser renovados o no, dado que Blackstone, Cerberus, Caixabank y otros fondos, ya han anunciado la venta una a una, y a precio de mercado de decenas de miles de las casas que compraron a precio de saldo y por lotes desde 2012, por lo que algunos de los que finalicen contrato se pueden ver con ofertas de renovación por una renta superior en un 40% a la que venían pagando, y otros con la negativa a la renovación por ser su vivienda una de las que se van a vender.
4º No entenderemos que el Gobierno no comprenda que la guerra de Irán, como antes lo fueron la de Ucrania o el coronavirus, sea motivo suficiente para adoptar medidas que garanticen tanto el Derecho a la Vivienda, como el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de Derechos Humanos, medidas que para nosotras no debieran necesitar de alguna catástrofe para ser aplicadas temporalmente, sino que tendrían que formar parte de la legislación estructural de un país democrático.
5º Resulta contradictorio ver cómo se alza la voz frente a las barbaries de Trump, posición que compartimos y reconocemos, y en paralelo se hinca la rodilla ante los abusos de la banca, los fondos buitre, los grandes tenedores y rentistas en general, desprotegiendo así a millones de personas. De muy poco van a servir a las familias desahuciadas otro tipo de medidas que pudieran aprobarse.
6º No aceptamos como justificación de la inacción en materia de vivienda el fracaso de los intentos anteriores. El hecho de haber enfadado a Trump con la negativa a subir al 5% el gasto en defensa, no impidió después la posición del Gobierno en cuanto a Gaza, que volvió a enfadarle, ni la posición de España sobre el uso de las bases, que de nuevo le ha vuelto a irritar, entendemos que el Gobierno lo hace por considerar que son las posiciones justas. Por tanto, si el Gobierno considera justas las medidas en materia de vivienda, consideramos que debería reiterarse en intentar conseguirlas, porque, por una parte, señalará a quienes lo impidan, pero por otra, mucho más importante, protegerán, aunque sea por poco tiempo, a gentes en situación de vulnerabilidad. En la PAH, no siempre conseguimos impedir un desahucio, pero eso jamás nos ha frenado en intentar impedir el siguiente.
Por lo expuesto, SOLICITAMOS AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA:
1º Que incluya entre las medidas a aprobar en el nuevo escudo social, la recuperación de la moratoria de desahucios, y que, en paralelo, se inicien los trabajos previos, para establecer medidas de protección de carácter estructural y permanente, acordes con la Justicia Social y los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos en relación con el Derecho a la Vivienda, para que la protección social no vuelva a depender de futuros confinamientos.
2º Que también incluya entre las medidas del siguiente escudo social, algunas destinadas a la protección de inquilinos, como la prórroga de contratos que finalicen este año, y que cuentan con la reciente validación del Tribunal Supremo en relación con las aprobadas anteriormente, una rebaja de las rentas actuales y un tope a futuras subidas, medidas que son de una enorme Justicia Social, y que además supondrán un freno al crecimiento del fascismo. En paralelo, se debería comenzar a trabajar en reformas de la Ley por el Derecho a la vivienda, para mejorar tal derecho e impedir el bloqueo de algunas CCAA, y en la de Arrendamientos Urbanos para buscar más equidad entre las partes y mejorar los derechos y la estabilidad para inquilinos.