La semana pasada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hizo público un estudio por el que afirma que no existen evidencias de que los cambios de uso de alquiler residencial al turístico encarezcan la vivienda. Acto seguido, anunció que iba a recurrir ante los Tribunales las regulaciones de las viviendas de alquiler turístico aprobadas por los ayuntamientos de Madrid, San Sebastián y Bilbao.
Cuando desde prácticamente todos los sectores se afirma que una parte de la responsabilidad de la burbuja de los alquileres viene dada por una baja oferta, afirmar como hace la CNMC, que los cambios de uso de residencial a turístico no influyen en los precios es absurdo. Con análisis simplistas, no ven la cadena de efectos que produce este cambio de uso, que expulsa a familias a la periferia, enfrentándose ahora a la subida de precios que les marcan los nuevos propietarios de viviendas, socimis y fondos buitre, a quienes la banca rescatada y la Sareb han regalado nuestras viviendas.
Como bien ha acreditado la periodista de eldiario.es Marina Estévez, en un excelente artículo publicado en ese medio, la CNMC utiliza los mismos argumentos que el lobby de AirBnB ante Bruselas, pero leyendo dicho estudio podemos observar cómo no solo utiliza sus argumentos sino incluso las propias estadísticas de AirBnb.
La CNMC ignora en su informe que la vivienda es un bien al que todas tenemos derecho, según el artículo 47 de la Constitución, que además, mandata a los poderes públicos a combatir la especulación y establece, además, que la comunidad debe beneficiarse de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Las desregulaciones, es decir, las eliminaciones de los controles gubernamentales a la banca, propiciaron la crisis de la que aún no hemos salido. Las Cajas de Ahorro desreguladas han terminado generando enormes deudas que los gobiernos han hecho pagar a la población y han terminado desapareciendo.
Las empresas de la economía presuntamente colaborativa como Deliveroo, AirBnB, Cabify, Uber y otras, solo traen más desregulación, fraude fiscal y en definitiva, un capitalismo más salvaje aún que aumenta el empobrecimiento de los sectores que tocan y a través de ellos, del conjunto de la población.
La CNMC nos tiene acostumbradas a multas, por ejemplo, a las eléctricas, que hacen rentables algunos de sus fraudes, ya que únicamente rebajan un poco los beneficios obtenidos mediante prácticas fraudulentas. Su actuación en este caso nos parece paradigmática de lo que es la defensa a ultranza de los dogmas neoliberales por encima de los derechos de la población. Además, camufla su defensa de los intereses de estas grandes multinacionales hablando de la defensa de la competencia y en favor de los “titulares de viviendas”, como si esta no hubiera muerto con el capitalismo financiero de finales del XIX, restringiéndose esta competencia entre las grandes concentraciones de empresas, que aterrizan agresivas para aprovecharse de las infraestructuras y los impuestos de la ciudadanía, convirtiendo los barrios en zonas de atracción y ocio que despachan a vecinas, para, con los beneficios, desviarlos a paraísos fiscales.
Desde la PAH exigimos que aquellos sectores de los que depende el cumplimiento de los Derechos Humanos, como lo es la Vivienda, salgan del campo de acción de los organismos que, como la CNMC, anteponen los intereses de muy pocos a los Derechos de la mayoría.
Exigimos al Gobierno del presidente Sánchez la adopción de medidas urgentes y de transformación social para garantizar el derecho a la vivienda. La PAH ha ofrecido a todos los partidos la Ley de Vivienda de la PAH con soluciones reales a los problemas, recogiendo las aportaciones de las Leyes de vivienda de las Comunidades Autónomas ‒momento para retirar los recursos de inconstitucionalidad‒ y en consonancia con las demandas que las Naciones Unidas ha hecho al gobierno del Estado.