Tras el duro informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, publicado la semana pasada, hoy el diario El Pais adelanta los contenidos de un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial en el que los jueces denuncian sin matices la injusticia del actual procedimiento de ejecución hipotecaria español.
Los contenidos del informe recogen las principales denuncias y demandas de la PAH: por un lado, se denuncia la mala praxis bancaria sistemática y la injusticia de un procedimiento de ejecución desequilibrado, que sobreprotege a las entidades financieras y deja en absoluta indefensión a las personas afectadas; denuncia también las ayudas sin contrapartidas a la banca y el fracaso total del mal llamado “Código de Buenas prácticas” aprobado por el gobierno. Por otro lado, señala la necesidad urgente de reorientar las ayudas estatales, de manera que se rescate a las personas antes que a la banca, y de reformar el actual marco normativo, regulando, entre otras cosas, la dación en pago para deudores de buena fe y otras medidas que eviten los desahucios.
Tal y como venimos denunciando desde la PAH y otros colectivos, esto no es una crisis: es una estafa. Una estafa organizada y planificada por entidades financieras y administraciones públicas cómplices que algún día no muy lejano deberán rendir cuentas ante la población. Pero mientras eso no suceda, es tarea de la ciudadanía defender los derechos fundamentales violentamente vulnerados por este sistema judicial perverso.
532 desahucios cada día es un genocidio.
Quizás el actual procedimiento de ejecuciones y de lanzamientos sea legal en España. Pero vulnera derechos constitucionales como el derecho a la vivienda o a la tutela judicial efectiva, y es ilegal según la legislación de derechos humanos que el estado español ha ratificado. Igual que se ha hecho en otros momentos de la historia, desobedezcamos leyes injustas para defender la justicia. No sólo las personas afectadas que resisten a sus propios deshaucios; que todo el mundo, allí donde esté, se pregunte qué puede hacer para frenar esta masacre. Y en especial hacemos un llamado a los jueces, a funcionarios de juzgados, secretarios judiciales, procuradores, abogados, policías… para que recuerden que su deber es defender las libertades, los derechos y la justicia de toda la población, y no de una minoria de corruptos, que acumulan privilegios y riquezas a costa de empobrecer a la mayoría. Desobedeced vosotras y vosotros también. Ni una deuda ilegítima más. Ni un desahucio más. Ni una vivienda vacía más.
Sí se puede: se puede lograr una sociedad más justa y democrática. Está en nuestras manos. SI SE PUEDE!!!