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PorLramisa

La presión de la PAH hace dudar al PP en su tentativa de tumbar a la Ley 24/2015

El recurso de inconstitucionalidad no se ha interpuesto en el Consejo de Ministros de hoy

Finalmente y contra todo pronóstico, hoy viernes 22 de Abril el Partido Popular no ha interpuesto recurso a la Ley 24/2015 de Catalunya sobre emergencia habitacional y pobreza energética. Una ley que, recordemos, tiene un amplio apoyo social en todo el estado porque es la primera ley conseguida por la PAH y porque para a diario desahucios y cortes de suministros.

Hace una semana saltaron todas las alarmas porque se reunió la comisión bilateral entre el Gobierno del Estado y la Generalitat que tenía que decidir si esta ley se llevaba al Tribunal Constitucional o no. Nuestra reacción contra de esta amenaza no se hizo esperar y convocamos protestas en todo el estado, además de una campaña de apoyo publico a la norma. En los días posteriores hemos conseguido el apoyo de todos los grupos del Parlamento catalan y del Congreso, a excepción del PP que ha quedado aislado.

Las informaciones que nos llegaban y las previsiones más realistas apuntaban que era casi seguro que este recurso seria interpuesto en el día de hoy, pero una vez más se ha demostrado que la presión por tierra, mar y aire de la ciudadanía les influye y puede llegar a hacer tambalear una decisión que estaba ya tomada y un hecho que parecía inevitable!

Hay riesgo de que acaben interponiendo este recurso para suspender la ley hasta el día 5 de mayo, por lo que la semana que viene es clave para evitarlo. El Consejo de Ministros del 29 de abril es su última opción para hacerlo.

Por este motivo la semana que viene vamos a redoblar la presión para defender esta ley que protege el derecho a la vivienda. Estad atent@s porque en los próximos días os vamos a decir cómo y dónde.

 

Demostraremos junt@s que esta ley, nacida gracias a la lucha en la calle, ha llegado para quedarse y para extenderse al resto del estado. Porque es necesaria para proteger el derecho a la vivienda y porque llena el vacío legislativo y la parálisis gubernamental que no consigue revertir el estado de emergencia habitacional perpetuo que estamos viviendo desde hace más de 7 años.

 

¡Ahora os necesitamos mas que nunca! 

¡La Ley 24/2015 no se toca!

 

Paremos este golpe de estado del PP, la banca y las eléctricas!

ilpnosetoca
PorLramisa

Frente al golpe de estado del PP, la ciudadanía responde

Ayer más de 50 ciudades del territorio español hicimos cacerolada frente a las sedes del Partido Popular de Mariano Rajoy para decirle que la Ley catalana contra desahucios y cortes de suministros, la ley 24/2015 no se toca!
Las PAHs del territorio junto a la ciudadanía demostramos una vez más que frente al interés por cohartar los derechos básicos por este gobierno en funciones ayer, entre todas, le dimos una lección de democracia. Gracias a la implicación de estos 50 núcleos, volvimos a ocupar el debate público para defender una ley que da soluciones, que salva vidas, que recupera la dignidad de las personas,… y no decaeremos en seguir haciéndolo. Tanto ayer, como hoy, como mañana, las PAHs seguiremos poniendo voz y cuerpo en la protección de nuestra ley, la 24/2015.
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Os dejamos las fotos de las convocatorias de ayer, empoderadoras y llenas de una energía que va a más, puesto que seguimos en pie de guerra. Estad atentas a las redes, pues os convocaremos el próximo viernes 22 de Abril para otra nueva acción. Iremos informando.
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Si aún no te has adherido a la campaña para defender nuestra ley, haz clic aqui
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 ‪#‎YoVoyConLaPAH‬ #LaILPNoSeToca #SiSePuede
 
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Resumen de prensa:

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Porhmora85

La banca, las empresas suministradoras y el PP quieren suspender la Ley 24/2015

Hacemos un llamamiento  de alerta máxima y de defensa en la calle de la Ley 24/2015 para detener este ataque al derecho a la vivienda

Hoy martes 12 de abril el gobierno en funciones de Mariano Rajoy se reúne con la Generalitat de Catalunya en la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado para discutir la constitucionalidad de la Ley 24/2015: ley fruto de la ILP Vivienda, promovida por la PAH, la APE y el Observatorio DESC, y aprobada por unanimidad en el Parlament el pasado mes de julio. El plazo para recurrir la norma al Tribunal Constitucional acaba el próximo 5 de mayo. Por lo tanto, si de esta reunión no sale una clara voluntad para mantenerla vigente, existe un riesgo muy real de que la recorran por acuerdo de alguno de los consejos de ministros en funciones del mes de abril y que quede suspendida en espera de sentencia.

 

El PP ha demostrado en reiteradas ocasiones que uno de los objetivos principales de sus gobiernos y acción parlamentaria es proteger los intereses de la banca y de las grandes empresas del oligopolio energético por encima de los derechos fundamentales de la población. Para conseguirlo son capaces de lo que sea necesario. Bloquearon la ILP hipotecaria estatal de la PAH en el Congreso en 2013, y después han llevado al Tribunal Constitucional, exigiendo su suspensión, todas las normas impulsadas por gobiernos autonómicos sobre vivienda digna, como el Decreto Ley 6/2013 de Andalucía sobre la función social de la vivienda, la Ley foral 24/2013 de Navarra de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda y la Ley 3/2015 de vivienda del País Vasco.

 

Ahora, con el agravante de ser un Gobierno en funciones, y como último servicio del PP a la banca y a las empresas suministradoras, atacan la Ley 24/2015 de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Es muy probable que el PP presente el recurso el viernes 29 de abril, ya que suele consumar estas decisiones en el consejo de ministros anterior a la fecha límite para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Pero podría hacerlo antes.

 

Habitualmente, las reuniones de la comisión bilateral no tienen trascendencia pública y las leyes que molestan a los grandes poderes fácticos se recurren el último día, cuando ya no hay tiempo para reaccionar. Por eso hemos hecho pública esta reunión y alertamos que las próximas 3 semanas son críticas y decisivas para evitar que suspendan la primera de las leyes que ha conseguido aprobar la PAH para acabar con la emergencia habitacional, conjuntamente con otras organizaciones y gracias al apoyo masivo de miles de personas.

 

No nos quedaremos de brazos cruzados esperando que la suspendan. Advertimos públicamente al PP que se equivoca si piensa que tumbar esta ley le saldrá gratis. No permitiremos un golpe de estado de un gobierno en funciones del PP, de la banca y de las suministradoras a una ley que funciona, que ha venido para quedarse y para garantizar el derecho a la vivienda y a los suministros básicos.

 

Esta ley nació en la calle y será la gente de la calle que la defenderá con todas sus energías: ¡porque hay vidas en juego y no nos rendiremos!

 

Llamamos a la ciudadanía y a toda la sociedad a defender los derechos que hemos conquistado, pero también hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, donde la ley fue aprobada por unanimidad, y a los del Congreso de los Diputados a defender públicamente ley 24/2015 y a legislar a nivel estatal “las 5 de la PAH” de manera inmediata.


En los próximos días presentaremos una campaña pública contra este ataque y pediremos a todo el mundo que la apoye y que se adhiera.

 

 

Asimismo anunciamos acciones contundentes y continuadas contra el PP y todos aquellos partidos que se posicionen a su lado, contra aquellos que atacan nuestros derechos. Sabemos que señalar a los responsables, sean bancos, suministradoras, gobiernos o partidos, hace mucho daño a su imagen, especialmente en época preelectoral o electoral.

 

Por último, convocamos a la ciudadanía a concentrarse ante las sedes del PP en todo el estado el próximo lunes 18 de abril a las 18.30h.

 

Parecía imposible cambiar las leyes injustas, pero lo conseguimos. Ahora evitaremos que tumben la “Ley catalana contra la emergencia habitacional” y forzar la extensión de estos derechos al resto de la ciudadanía del estado.

 

¡Todo el mundo a defender la Ley de todas! #AvuiEsPot  #PPatacaILP

 

Porluchomasan

Carta abierta al presidente Puigdemont instando a la aplicación total de la Ley 24/2015

Sr. Presidente Carles Puigdemont,

Nos dirigimos a usted como Presidente del nuevo Gobierno de Cataluña, en nombre del Grupo Promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la emergencia habitacional y la pobreza energética. Hace más de 6 años que estamos denunciando la estafa hipotecaria y la preocupante inacción de los diferentes gobiernos y administraciones para detenerla. Asimismo, hemos alertado sobre la vulneración diaria del derecho a la vivienda digna y nos hemos visto obligadas a actuar de urgencia para detener miles de desahucios, arrancar colectivamente en la banca daciones, condonaciones y alquileres sociales para las familias, o inclusive realojando, cuando se cierran todas las puertas y las familias se quedan en la calle. Por si fuera poco, hace 2 años nos tuvimos que organizar también para poner fin a los cortes de suministros y a la pobreza energética, ejecutados por unas empresas suministradoras que se comportan como los bancos con los desahucios: beneficio máximo y ningún tipo de responsabilidad. Como sabrá, también desde el primer día, hemos hecho propuestas legislativas solventes y serias para poner fin a esta injusticia, porque hay vidas en juego y porque ninguna sociedad debería soportar las consecuencias nefastas de una situación de emergencia habitacional y social como la que hemos sufrido en los últimos ocho años.

En julio pasado, un texto legal impulsado por la sociedad civil y que recogía las medidas necesarias para poner freno a la emergencia en el ámbito de la vivienda, la “ILP Habitatge”, logró un hito histórico. Por primera vez, una ILP en el ámbito de los derechos esenciales se convirtió en ley: la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento. Hablamos de la norma más garantista de todo el Estado en el ámbito del derecho a la vivienda, y el único marco normativo en vigor en Cataluña con medidas efectivas contra la pobreza energética. Hay que remarcar que, además del apoyo unánime del Parlamento de Cataluña, este texto legal recibió el aval de más de 150.000 catalanes y catalanas que firmaron nuestra iniciativa legislativa popular. La Ley 24/2015 ha venido para quedarse, y lo más importante, para implementar y proteger el derecho humano a una vivienda digna y adecuada.

Como no podría ser de otro modo, una vez aprobada la ley, nos pusimos a trabajar, puesto que teníamos bien claro que la aprobación de una ley no transforma la realidad de inmediato. Hemos elaborado y publicado documentos jurídicos para que las personas conozcan sus derechos y los reclamen a los juzgados y hemos interpelado a los Jueces Decanos para que apliquen la Ley 24/2015. También hemos trabajado intensamente con la Generalitat, la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y la Agencia de Consumo de Cataluña, elaborando una guía de aplicación de la norma para los Ayuntamientos, una para los usuarios y otra para a las entidades financieras. Y hemos participado en las 9 formaciones que se han realizando por todo el territorio catalán a más de un millar de trabajadores de la Administración local. Un esfuerzo mutuo para la aplicación diligente de esta ley que tanto necesitábamos y que, evidentemente, ponemos en valor. Pero todavía quedan muchos pasos imprescindibles que hacer.

Presidente, en algunas de sus primeras entrevistas a medios de comunicación que hemos podido escuchar, nos ha parecido inconcreto o quizás confundido en relación a la importancia y vigencia de esta norma. Dado que el plan de choque del nuevo gobierno ha sido el centro del debate en los últimos días, le queremos recordar y aclarar que la Ley 24/2015 es plenamente vigente. A pesar de tener una ley útil y potente, es cierto que los desahucios, los cortes de suministros y las deudas de por vida no se han detenido todavía en Cataluña. Es por eso que le pedimos voluntad, determinación y coraje político para aplicarla. La responsabilidad de la Generalitat de Cataluña no se acaba en las formaciones y en generar herramientas para los Ayuntamientos. Por ello, le instamos a asumir un compromiso público y firme a la hora de ejecutar las siguientes acciones para completar la aplicación plena de la mencionada ley de manera urgente:

  • Desarrollar el reglamento de segunda oportunidad que permitirá a las familias dejar atrás el sobreendeudamiento asociado a la vivienda y empezar de nuevo. Sin este reglamento, la segunda oportunidad que establece la Ley en sus artículos iniciales es mera retórica, ya que es inaplicable y resta eficiencia a la norma, que fue pensada como un todo. Esto da carta blanca a las entidades financieras para seguir chantajeando a las familias, y continúa condenándolas a la exclusión social y a la economía sumergida para evitar los embargos y la persecución de deudas asociadas a la vivienda habitual, a las que no pueden hacer frente. Recordemos que la misma Ley fija 3 meses para disponer de un mecanismo extrajudicial de segunda oportunidad, y un año para presentar proyecto de ley que desarrolle las medidas contra el sobreendeudamiento de los consumidores relacionado con la vivienda habitual.
  • La Ley obliga a los Ayuntamientos y a la Generalitat, subsidiariamente, a movilizar la vivienda vacía de bancos y grandes tenedores necesaria para proteger el derecho a la vivienda de las familias en situación de exclusión residencial y que incumple su función social mediante la cesión obligatoria. Si esta posibilidad que la Ley aporta no se aplica, no podremos acabar con la emergencia habitacional en nuestro país. Con más de 65.000 familias desahuciadas, un parque público de alquiler social del 1% y más de 480.000 viviendas vacías en Cataluña, según datos del IDESCAT, la cesión en parte de este parque de viviendas se convierte en algo indispensable y urgente. Para hacerla efectiva, es necesario hacer un censo de viviendas vacías y que la Generalitat aplique la cesión obligatoria hasta alcanzar un parque social temporal que nos ayude a frenar el golpe, ya que los ayuntamientos, exceptuando los más grandes, no tienen suficientes recursos para llevarlo adelante. Hoy mismo, la Generalitat puede demostrar que quiere resolver la infradotación de vivienda social en Cataluña y proteger a las familias condenadas a perder su vivienda habitual, iniciando la cesión de tantas viviendas (de las 47.000 vacías de grandes tenedores ya identificadas en Cataluña) como familias en exclusión residencial haya.
  • Liberar a las familias de la deuda que se deriva de la pobreza energética firmando los convenios con las suministradoras de agua, luz y gas que la Ley establece, por lo que serían las empresas suministradoras las que se harían cargo de las ayudas y los descuentos muy significativos en las facturas de las personas en riesgo de exclusión residencial. No tiene sentido que cada Ayuntamiento haga un convenio diferente; esta tarea debe ser asumida por la Generalitat y tenemos que poder disponer de convenios que den la misma cobertura a todas las ciudadanas de Cataluña. Como anterior alcalde de Girona, usted conoce bien las necesidades y las dificultades de los municipios a la hora de sentar a las grandes empresas para que asuman los compromisos que les tocan. Mientras no existan estos convenios, las deudas de las familias aumentan si no son los ayuntamientos los que asumen -con fondos públicos- los impagos. Lo que no tiene ningún sentido es que se transfiera 1.1 millones de euros de fondos públicos para solventar el cobro de facturas impagadas a estas empresas, tal como se ha hecho con el Fondo de la Generalitat. Las empresas suministradoras deben asumir la responsabilidad que implica gestionar servicios básicos, servicios de interés general y necesidad básica. Y, por lo tanto, deben hacerse cargo de la deuda de las familias que no pueden pagar, tal como establece la ley, teniendo en cuenta los cuantiosos beneficios que obtienen.
  • Sancionar los incumplimientos de la Ley para incentivar que se aplique y se alcancen sus objetivos. No se puede permitir la impunidad con que las empresas suministradoras incumplen la Ley 24/2015; por eso exigimos a la Generalitat que inicie los procedimientos sancionadores pertinentes por los cortes de suministro que no respetan el principio de precaución. Es decir, cuando se ha cortado el suministro sin haber contactado previamente con los servicios sociales, tal como establece la norma, para comprobar si se trata de una familia en riesgo de exclusión residencial. El mecanismo sancionador es indispensable para evitar que las empresas suministradoras miren hacia otro lado mientras continúan haciendo cortes de los servicios básicos. También hay que aplicar el correctivo correspondiente a los incumplimientos de las entidades financieras que no detienen los desahucios para hacer la obligada oferta de alquiler social. La Ley prevé mecanismos para corregir los incumplimientos voluntarios y flagrantes de los derechos establecidos y, lógicamente, hay que utilizarlos.
  • Dotar de partida presupuestaria suficiente para garantizar a todos los efectos y tal y como determina la norma, el derecho a la vivienda de las familias en exclusión residencial. Esto significa calcular qué presupuesto es necesario para dar cobertura a lo que determina la Ley, como por ejemplo en las siguientes aplicaciones: ayudas al alquiler para casos de impagos a pequeños tenedores; formación de comisiones para el sobreendeudamiento, y la ampliación del registro y funcionarios que trabajarán para desarrollar la Ley.

Cuando iniciamos la ILP vivienda, anhelábamos poner fin de una vez por todas a la Cataluña que lidera el ranking de la vergüenza en desahucios, cortes de suministros, familias endeudadas y pisos vacíos que no cumplen su función social. Sin una determinación clara en la aplicación de la Ley 24/2015 por parte del Presidente del Gobierno de Cataluña y de todo el arco parlamentario en pleno junto a los municipios, no se podrá conseguir. Nosotras, la gente afectada, la sociedad civil, tenemos claro que queremos una Cataluña que lidere el ranking en la conquista de derechos, no del empobrecimiento. Es por ello que, con determinación, continuaremos haciendo todas las acciones necesarias para conseguir la aplicación integral de la Ley 24/2015.

En materia de derecho a la vivienda, el plan de choque lo ha marcado la ciudadanía hace tiempo: el nuevo gobierno y el nuevo Parlamento deben tener como prioridad detener y revertir la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña. Tenemos una herramienta potentísima para conseguirlo: la Ley 24/2015.

Para continuar trabajando en su aplicación, esperamos encontrarnos con usted mismo, la Consejera de Gobernación, de quien depende Vivienda, y del Consejero de Economía en los próximos días. Presidente, esperamos su respuesta.

Atentamente,

Grupo promotor de la ILP Vivienda,
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Alianza contra la Pobreza Energética

#CartaAPuigdemont

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Porlapah

El Parlament de Cataluña admite a trámite la ILP de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética

El  pasado 10 de julio se presentó en el Parlament de Catalunya la ILP de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la  Pobreza Energética promovida por la PAH, el Observatori DESC i la  Alianza contra la pobreza energética

Ayer,  martes 13 de octubre, la Mesa del Parlament de Cataluña, admitió a  trámite la ILP. Esta ILP, a partir de las competencias del gobierno de  la Generalitat en materia de vivienda y protección de consumidores,  exige cambios legales urgentes en Cataluña pera hacer frente a la  emergencia habitacional y garantizar el derecho a la vivienda digna y  una segunda oportunidad.

En concreto la ILP recoge medidas contra el sobreendeudamiento, los desahucios y los cortes de suministros básicos:

  • Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad a las familias sobreendeudadas con gastos vinculados a la vivienda habitual.
  • Alquiler  social para las personas en situación de vulnerabilidad que se  encuentren en riesgo de desahucio, cuando el propietario sea una entidad  financiera o un gran tenedor? de viviendas.
  • Realojo  garantizado en casos de desahucios de personas en situación de  vulnerabilidad, cuando el propietario no sea una entidad financiera ni  un gran tenedor de vivienda.
  • Alquiler forzoso de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras y grandes tenedores de viviendas.
  • Acceso garantizado a suministros básicos de agua y luz, poniendo fin a los cortes indiscriminados en los hogares vulnerables.

Superado  este trámite, el próximo paso es la recogida de las 50.000 firmas  necesarias para su tramitación parlamentaria, por la que se establecen 4  meses. La  admisión a trámite de la ILP significa que sus medidas son  perfectamente aplicables. En realidad, muchas de estas medidas son  compromisos ya asumidos por el Gobierno español con tratados  internacionales, normativas europeas y la propia Constitución española  que deberían haberse hecho efectivos desde el inicio de la crisis.

Desde  el 2007 hasta la actualidad se han producido casi 570.000 ejecuciones  hipotecarias a todo el estado español. Los datos del CGPJ del 2º  trimestre de 2014 muestran como los desahucios han aumentado un 4%  respecto el mismo período del año pasado, llegando casi a los 19.000  desahucios. Y las cifras continúan mostrando como Cataluña ocupa el  primer lugar en el ránquing de desahucios, con un 23% del total, seguida por la Comunidad Valenciana (15%), Andalucía (15%) y Madrid (11%). Durante  el 2011, 193.000 hogares catalanes no pudieron asumir los gastos de  mantener una vivienda a una temperatura adecuada, el próximo invierno se  prevé que serán 300.000 familias, o lo que es lo mismo, un millón de  personas que tendrán problemas para mantener su casa a una temperatura  suficiente.

El  Congreso de los Diputados vivió en 2013 un episodio bochornoso en  historia de la democracia: el bloqueo, en contra de la voluntad de la  mayoría de la población, de la ILP estatal de la PAH. El Partido Popular impuso entonces su defensa a ultranza de los bancos y  abandonó a la población y sus derechos más esenciales.

La admisión a trámite de la ILP en el Parlament catalán puede ser un buen precedente que permita al resto de PAHs del estado iniciar procesos similares en  sus respectivas comunidades autónomas, en virtud de las competencias  atribuidas en vivienda y protección  de consumidores. En Galicia y  Murcia, por ejemplo, ya se está trabajando para hacer llegar a sus  respectivos parlamentos iniciativas para acabar con la emergencia  habitacional y la pobreza energética. Recordamos que ante las  vulneraciones de derechos fundamentales, todas las Administraciones tienen la obligación de hacer valer su margen competencial para actuar.

Ya no valen excusas. Los parlamentos autonómicos también tienen en sus manos la  decisión de acabar con la emergencia habitacional. Y la población  sabrá si hay voluntad política para acabar con el sufrimiento de las personas o si se escoge seguir protegiendo a los bancos y las grandes  corporaciones de agua, luz y gas.

¡Por el derecho a la vivienda! ¡Contra los desahucios y la pobreza energética! ¡Sí Se Puede

En este enlace: Consulta el texto íntegro de la #ILPcatalana en castellano

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Nueva sentencia del TJUE: la PAH exige la aplicación inmediata de las medidas de la ILP

El pasado viernes, el TJUE dictó una nueva sentencia que vuelve a poner en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y deja al deudor hipotecario en una situación de desigualdad e indefensión. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta sentencia coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978 : “Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho a tutela efectiva de los jueces y tribunales, sin que pueda producirse indefensión“.

Por tanto, y como advertía la PAH, la ley del PP es ilegal y vulnera los derechos humanos. Una nueva victoria de la ciudadanía organizada que vuelve a dejar al gobierno del PP y a la banca criminal en evidencia.

Todos estos pasos no se hubiesen producido sin el trabajo continuado y solidario de miles de personas que se han dejado la piel desinteresadamente, sin las campañas de desobediencia civil que han permitido la autotutela de nuestros derechos en momentos límite y sin el apoyo incontestable del conjunto de la población que ha recogido la PAH durante los últimos años. Sin la fuerte movilización social organizada en torno a los desahucios y las ejecuciones hipotecarias tampoco hubiese sido posible que los estamentos judiciales se posicionasen a favor de los DDHH.

Hace ya más de un año que la PAH presentó una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por casi un millón y medio de firmas. Quienes realmente quieran terminar con los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda sólo deben escuchar las demandas de la ciudadanía que durante los últimos años no sólo ha hecho propuestas legislativas, sino que las ha defendido día a día jugándose incluso su integridad física, parando desahucios, arrancando daciones y alquileres sociales a los bancos y denunciando a los responsables del sufrimiento de miles de familias a través de la campaña de escraches. Mientras tanto la única respuesta del gobierno ha sido menospreciar el clamor de la calle, culpabilizar a las víctimas de esta estafa, multar a los que se manifestaban pacíficamente denunciando a los culpables y agredir a las personas que se concentraban en las puertas de las casas para impedir unos desahucios que, además de ilegítimos, son ilegales. Como hemos repetido desde hace 5 años, cuando se producen violaciones de DDHH, desobedecer las leyes injustas y señalar a los responsables políticos que las redactan y aplican se convierte en un deber de toda la ciudadanía.

Tras este nuevo varapalo judicial, al gobierno del Partido Popular no le queda otra opción que aprobar las medidas que la PAH viene demandando a través de la ILP: paralización de los desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos. Se trata de algo muy sencillo, dar una solución rápida, efectiva y posible a la situación de emergencia habitacional que vive nuestra sociedad.

No es el momento de volver a andar un camino ya recorrido. Es el momento de hacer cumplir por parte de los representantes políticos un mandato claro y conciso. La Plataforma de Afectados por la hipoteca exige, a todos y a cada uno de los partidos que se sientan defensores de los DDHH y de la democracia, que legislen por la via de urgencia la ILP de la PAH y se garantice, de una vez por todas, el derecho a una vivienda en nuestro país. Se trata de unas medidas de mínimos, de sentido común y que están avaladas por una aplastante mayoría social.

Por último, y en aplicación de la sentencia del TJUE, exigimos que se paralicen todos los procesos de ejecución hipotecaria en curso hasta que se modifiquen las leyes vigentes para adaptarlas a una normativa acorde con los derechos humanos.

La ciudadanía manda y los gobiernos tienen que obedecer
Nos va la vida en ello

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Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios

Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios

La ley del PP viola los derechos humanos, así lo establece la sentencia del TJUE del 17 de julio.

El pasado mayo de 2013, el Partido Popular aprobó en solitario la ley 1/2013, rechazando las medidas propuestas por la Inicitiva Legislativa Popular de la PAH, que llegaba al Congreso con un millón y medio de firmas después de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis. La aprobación de la ley 1/2013 demostró un desprecio por la democracia por parte del Partido Popular, así como un desprecio por el sufrimiento de las miles de familias víctimas de la estafa hipotecaria.

Un año después, el TJUE dicta una nueva sentencia que pone de nuevo en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y situa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica. Tal y como viene reclamando desde hace años la ciudadanía, que ha sido la primera en denunciar la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la anómala legislación española. Es la ciudadanía la que está ofreciendo soluciones mientras las administraciones no sólo no están a la altura de las circunstancias, sino que legislan para beneficiar a los responsables de esta situación, tal y como demuestra la sentencia del TJUE.

La sentencia limita el derecho a la defensa de los deudores al impedirles recurrir en segunda instancia permitiendo que los bancos si lo hagan en una escandalosa desigualdad de las partes en el procedimiento. La ley española protege al fuerte y castiga al débil violando los principios más básicos del derecho a un juicio justo.  

La Sentencia del TJUE coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978. Hasta la fecha el TC no realizado manifestación alguna al respecto de la necesidad de proteger a los deudores hipotecarios frente a Ley que hoy es declarada contraria al derecho comunitario.    

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala Primera) ha dictado Sentencia en el asunto C-169/14, Sánchez Morcillo/Abril García vs BBVA, a raíz de unas Cuestiones Prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Castellón mediante Auto de fecha 02 de abril de 2014 afirmando que la Ley 1/2013 vulnera en el derecho a la tutela judicial efectiva el artículo 47 Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 93/13 en materia de Consumidores y el no suspender el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es contrario al derecho comunitario.

La legislación anterior que regulaba las ejecuciones hipotecarias fue declarada ilegal por la Sentencia AZIZ dictada tambien por el TJUE. La Ley 1/2013 fue dictada en contra de la ILP de la PAH que reunió un millon y medio de firmas manteniendo las deudas perpetuas, los desahucios y un procedimiento sin garantias. Esta ley no solo no ha solucionada el problema sino que además ahora ha generado un nuevo caos procesal.

De nuevo, el gobierno del Partido Popular ha quedado en ridículo, ha quedado retratada su voluntad de favorecer los privilegios de la banca frente a los derechos fundamentales de las personas.

Tras este nuevo varapalo, el gobierno del Partido Popular queda retratado de nuevo. Desde la PAH exigimos la aprobación de las medidas de la ILP: moratoria de desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social para paliar una situación de emergencia habitacional provocada por las entidades financieras en connivencia con gobiernos de todos los colores.

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¡Escándalo! los datos del CGPJ muestran cómo la ley criminal del PP perpetua la emergencia habitacional

La ley criminal del PP perpetua la emergencia habitacional. La PAH exige la aplicación urgente de las tres medidas de mínimos de la ILP

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios del primer trimestre de 2014 suponen una nueva evidencia de la situación de emergencia habitacional que estamos sufriendo y de la inutilidad de las medidas aprobadas por el PP para resolver esta situación. Las casi 550.000 ejecuciones hipotecaria iniciadas desde 2007 hasta hoy son el reflejo de una ley hipotecaria injusta y caduca que sobreprotege a las entidades financieras las cual, con la connivencia de los sucesivos gobiernos de PPSOE, permite que éstas sigan manteniendo sus privilegios a costa de empobrecer a la ciudadanía.

En los tres primeros meses de 2014 se han iniciado 24.226 ejecuciones hipotecarias, esto supone casi 3.000 ejecuciones hipotecarias más que en el mismo período del 2013. En el caso de los desahucios, las cifras son igual de escandalosas: 18.492 desahucios en el primer trimestre de 2014, un ínfimo 5% menos respecto a los tres primeros meses de 2013. Sin embargo, si miramos las cifras en detalle, se puede apreciar como los desahucios hipotecarios se incrementan en un 6% respecto al mismo periodo del 2013, mientras que los de alquiler disminuyen un 11%. Una vez más, Cataluña ocupa el vergonzoso primer lugar en número de desahucios , seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

El drama de los desahucios es la cara más inhumana de la crisis, y sin embargo, aun a día de hoy los datos oficiales sobre desahucios siguen siendo pésimos, insuficientes e inexactos. Teniendo en cuenta la gravedad de la problemática y la alarma social generada, lo mínimo que debería garantizar un estado de derecho son unos datos fiables. Sin embargo, a día de hoy, la estadística del CGPJ sólo puede informar a nivel cuantitativo. La pésima calidad de los datos se evidencia en el hecho de que los datos de ejecuciones y desahucios no coinciden en número, porque muchas familias, al verse en un callejón sin salida, “se autodesahucian”, por lo que no es necesario tramitar una orden judicial de lanzamiento. De esta manera miles de desahucios se producen sin que consten en las cifras oficiales.

A pesar de la mala calidad de los datos, estos demuestran que, tal como viene denunciando la PAH, la Ley 1/2013 aprobada por el Partido Popular, mal llamada de “medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”, no tenía ninguna intención de solucionar el problema de las personas afectadas por la estafa hipotecaria. Los criterios claramente restrictivos de la ley dejan fuera a la inmensa mayoría de la gente afectada y principalmente tenía como prioridad que se firmaran refinanciaciones a toda costa. El objetivo de la ley 1/2013 no era otro que, por un lado, continuar protegiendo los intereses de la banca, y por otro, realizar un lavado de cara al PP justo después de haber sido el único partido del arco parlamentario que votó en contra de la ILP de la PAH con 1.5 millones de firmas y el apoyo de una amplia mayoría ciudadana. Recordamos que estamos hablando de familias a las que se les priva de un derecho fundamental como es la vivienda. Familias a las que se las condena al sufrimiento y a la muerte civil por quedar endeudadas de por vida

Desde la PAH seguiremos denunciando la connivencia entre PP y entidades financieras, dos caras de un mismo Gobierno que vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda. Los escraches de la PAH durante la campaña de las elecciones europeas han sido un ejemplo de que no vamos a dejar que nunca mas se gobierne de espaldas a las necesidades de la gente. Que tomen buena nota. Ha comenzado un ciclo electoral que culminará en las elecciones generales de 2015 y cualquier partido que aspire a gobernar va a tener que demostrar si está con la gente y por el derecho a la vivienda o con los bancos y su negocio.

Desde la PAH exigimos la aprobación de la ILP y sus tres medidas de mínimos: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios y creación de un parque de alquiler social, con los edificios vacíos que están en manos de la banca y de la SAREB, a día de hoy inexistente, porque se prioriza la funcion lucrativa y especulativa del parque de viviendas.


Resumen de los datos

Ejecuciones hipotecarias

  • 1er trinestre 2013: 21.272
  • 4º trimestre 2013: 24.076
  • 1er trimestre 2014: 24.226
    Ejecuciones hipotecarias desde 2007: 547.966

Lanzamientos:

  • 1er trimestre 2013:19.468
    • Hipoteca: 7.300
    • Alquiler: 11.238
  • 4º trimestre 2013: 17.205
    • Hipoteca: 7.215
    • Alquiler: 9.229
  • 1er trimestre 2014–> 18.492
    • Hipoteca: 7.718
    • Alquiler: 9.948
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Tras la reforma de la Ley hipotecaria del PP, siguen aumentando los desahucios: la PAH exige la aprobación inmediata de la ILP

Aumentan los desahucios: la PAH exige la aprobación inmediata de la ILP

Hace ya más de cinco años que la PAH denuncia el ritmo alarmante de desahucios que se producen en el Estado Español. Tras más de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008, los últimos datos confirman el fracaso estrepitoso de la ley 1/2013 del PP, aprobada tras rechazar las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH, en mayo de 2013. Según datos de la propia banca, sólo en 2013 los bancos se han apropiado de 50.000 viviendas, un 11% más que en 2013. La emergencia habitacional en España es una de las caras mas dramáticas de la crisis: a dia de hoy, el nivel de ejecuciones hipotecarias y desahucios no tiene parangón en Europa. España sigue siendo una anomalía, en la que se ha normalizado la barbarie.

Al drama de los desahucios se suma el escándalo democrático que supone la inexistencia de datos fiables. Los datos sobre desahucios publicados ayer son datos elaborados a través de encuestas a las propias entidades financieras, quienes tienden a minimizar el problema y cuya credibilidad social está bajo mínimos. Resulta vergonzoso que, en un momento de crisis democrática como el actual, en el que hacer frente a la sangría de los desahucios es un clamor popular, los únicos datos disponibles sean los del Poder Judicial (inexactos y genéricos) y los de la propia banca, responsable del desastre y bajo sospecha permanente. Según los datos oficiales, aún no sabemos cuántos menores se ven afectados por estos procesos, ni personas enfermas, ni cuantas personas son realojadas por la administración, ni cuales son las entidades que más desahucian… Los únicos datos existentes sobre estos particulares, los ha recogido la PAH, junto al observatori DESC: Informe de Emergencia Habitacional en el Estado Español con datos inéditos sobre las ejecuciones hipotecarias

A pesar de que los datos de la banca siempre tienden a la baja, sus propias estadísticas confirman el nivel de emergencia habitacional. El Banco de España afirma que sólo en 2013 se perdieron cerca de 50.000 viviendas por impago de la hipoteca, de las cuales la inmensa mayoría (39.000) fueron primera vivienda. En este dato alarmante, no obstante, no se contabilizan los desahucios por impago de alquiler, que van en rápido aumento, y afectan a un número cada vez mayor de la población. 39.000 familias perdieron su casa en 2013 por no poder pagar la hipoteca, mientras los bancos siguen siendo rescatados con miles de millones de euros, amparados por una ley criminal que condena a las familias y defiende los privilegios de las entidades financieras.

De las 39.000 de primera vivienda, la mayoría fueron entregas judiciales (21.000). Es decir, desahucios judiciales. Del resto, 13.178 fueron daciones en pago. Muchas de estas daciones se han logrado gracias a la lucha constante de las PAH y, a pesar de ser una victoria de las familias que lo han logrado, si no han ido acompañadas de un alquiler social (y eso los datos del BDE no lo dicen), son también un desahucio, aunque no conste judicialmente. Llamar a la dación en pago, como hace el BDE, “entrega voluntaria” es un eufemismo de mal gusto. Nadie pierde la propia casa de forma “voluntaria”. La dación en pago, siempre lo hemos dicho, es una demanda de mínimos que permite no ser condenado a la muerte civil con una deuda de por vida, pero que implica la pérdida de la vivienda a menos que vaya acompañada de un alquiler social, tal y como propone la ILP de la PAH que recogió cerca de un millón y medio de firmas.

Hablan los datos: la ley 1/2013 del PP es un fracaso estrepitoso. Es una ley criminal, que permite que sigan aumentando los procesos de ejecución hipotecaria y los desahucios, como no podía ser de otra manera con un norma hecha al dictado de los bancos, que sigue violando derechos humanos y excluyendo a las personas más vulnerables. Como dijimos en su momento esta ley no pretendía proteger a los deudores, sino hacer un muro de contención contra sus legítimas reclamaciones y contra el avance de las medidas respaldadas por una gran mayoría de la población a través de la ILP.

La ILP de la PAH está más viva que nunca, sus medidas son más necesarias que nunca, tal y como demuestran las 214 PAHs que en todo el Estado las aplican día a día en la calle, presionando a los bancos o aplicando la desobediencia civil. Tarde o temprano el Gobierno se verá obligado a aprobarlas, porque sin ellas no sólo se vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que será imposible salir de la crisis.Porque es una cuestión de democracia. Hasta entonces, seguiremos defendiendo la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social en la calle, rescatando personas y señalando responsables.

La semana en la que el BDE publica sus datos, es también la semana de la recta final de la campaña electoral para las europeas. La PAH también ha entrado en campaña, retomando la campaña de escraches para seguir señalando a los culpables de esta situación de emergencia habitacional y de vulneración sistemática de derechos: la #BancaCriminal y el gobierno del PP, que con su mayoría absoluta ha bloqueado nuestras propuestas de mínimos, condenando a miles de personas a la exlcusión. Por eso, con los escraches silenciosos queremos informar a la ciudadanía que votar al PP es votar No a la ILP, es votar desahucios, es votar rescatar a la banca y no a las personas.

Centramos nuestros escraches en el Partido Popular porque es quien, a día de hoy, sigue bloqueando la ILP con su mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, no olvidamos que el PSOE es igualmente responsable de la mercantilización de la vivienda, de las medidas que incharon la burbuja inmobiliaria. Durante años, PSOE y PP, de la mano como socios, han estafado a la población, han rescatado a la banca, han votado juntos contra la dación en pago en al menos seis ocasiones, han agilizado los desahucios… El 25 de mayo, en las PAH tendremos claro a quien NO votar: ¡ni PSOE ni PP!

Mientras, la sociedad civil organizada seguirá garantizando derechos que el gobierno pisotea, porque ya estamos demostrando que Sí Se Puede, aunque ellos no quieran.

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A message to Europe: stop evictions, human rights come first

The Platform of Citizens Affected by Mortgages (PAH) presents a new campaign to reclaim solutions to the dramatic housing crisis

The PAH will hold peaceful demonstrations (“escraches”) in electoral events during the European Parliament elections campaign.

Since 2009 the PAH has been fighting to secure the right to adequate housing, and has denounced the dramatic consequences of the abusive mortgage law. In Spain, homeowners are liable for 40% of the valuation of the house, plus interests and judicial costs, even once their house has been foreclosed. This leaves evicted families with huge life-long debts. In a country with 27 percent unemployment rate, the consequences of this law are dramatic. Since the start of the crisis, there have been 500,000 foreclosures and 184 evictions per day, and the situation of hundreds of thousands of families is critical. Many lives are at stake.

Today the PAH is one of the largest social movements in Spain with over 200 local sections. After 5 years, the PAH has had many achievements. Importantly, we collected 1.5 million signatures to present a Citizen-Initiated Legislative Initiative with three demands that can help solve the housing crisis: a) A moratorium on evictions; b) The cancellation of mortgage debt upon handover of the property to the bank; c) The creation of public rent housing with empty homes owned by banks. According to surveys, 90% of the population supports our demands.

We have also stopped over 1,000 evictions and provided housing to over 1000 people through our Obra Social campaign.

But in spite of all the efforts and overwhelming popular support, the Spanish Government of the Popular Party (PP), under strong pressure of the banks, opposes our demands. This, we believe, demonstrates that politicians legislate in response to the interests of the banks and the financial markets instead of making the policies demanded by the people. It is a sign that our democracy is de facto hijacked by the influence of economic interests.

The Popular Party is a member of the European People’s Party (EPP). The campaign we have recently presented will inform voters that voting for the People’s Party means voting against the three demands of the PAH, and against citizens’ demands. It means voting in favor of the continuation of massive evictions and in favor of bank bailouts paid with public money, for which tax-payers get nothing in return.

The PAH is part of the “European Action Coalition for Housing Rights and the City” network , linking various European protests for a more democratic and social transformation of European structures and urban development based on the rights of citizens.
We believe that the right to housing should be guaranteed globally and the goal of the new campaign is to push for it in the European context. We believe in a Europe of citizens, a Europe that guarantees the basic right to adequate housing and gives more priority to the interest of people than to the interests of the banks.

#STOPEVICTIONS
#PPvsILP

For further information, read the manifesto: http://www.reclaiming-spaces.org/2014/05/movimientos-sociales-europeos-se-movilizan-en-protesta-al-empeoramiento-de-las-condiciones-de-acceso-a-la-vivienda