¡Escándalo! los datos del CGPJ muestran cómo la ley criminal del PP perpetua la emergencia habitacional
La ley criminal del PP perpetua la emergencia habitacional. La PAH exige la aplicación urgente de las tres medidas de mínimos de la ILP
Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios del primer trimestre de 2014 suponen una nueva evidencia de la situación de emergencia habitacional que estamos sufriendo y de la inutilidad de las medidas aprobadas por el PP para resolver esta situación. Las casi 550.000 ejecuciones hipotecaria iniciadas desde 2007 hasta hoy son el reflejo de una ley hipotecaria injusta y caduca que sobreprotege a las entidades financieras las cual, con la connivencia de los sucesivos gobiernos de PPSOE, permite que éstas sigan manteniendo sus privilegios a costa de empobrecer a la ciudadanía.
En los tres primeros meses de 2014 se han iniciado 24.226 ejecuciones hipotecarias, esto supone casi 3.000 ejecuciones hipotecarias más que en el mismo período del 2013. En el caso de los desahucios, las cifras son igual de escandalosas: 18.492 desahucios en el primer trimestre de 2014, un ínfimo 5% menos respecto a los tres primeros meses de 2013. Sin embargo, si miramos las cifras en detalle, se puede apreciar como los desahucios hipotecarios se incrementan en un 6% respecto al mismo periodo del 2013, mientras que los de alquiler disminuyen un 11%. Una vez más, Cataluña ocupa el vergonzoso primer lugar en número de desahucios , seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana.
El drama de los desahucios es la cara más inhumana de la crisis, y sin embargo, aun a día de hoy los datos oficiales sobre desahucios siguen siendo pésimos, insuficientes e inexactos. Teniendo en cuenta la gravedad de la problemática y la alarma social generada, lo mínimo que debería garantizar un estado de derecho son unos datos fiables. Sin embargo, a día de hoy, la estadística del CGPJ sólo puede informar a nivel cuantitativo. La pésima calidad de los datos se evidencia en el hecho de que los datos de ejecuciones y desahucios no coinciden en número, porque muchas familias, al verse en un callejón sin salida, “se autodesahucian”, por lo que no es necesario tramitar una orden judicial de lanzamiento. De esta manera miles de desahucios se producen sin que consten en las cifras oficiales.
A pesar de la mala calidad de los datos, estos demuestran que, tal como viene denunciando la PAH, la Ley 1/2013 aprobada por el Partido Popular, mal llamada de «medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social», no tenía ninguna intención de solucionar el problema de las personas afectadas por la estafa hipotecaria. Los criterios claramente restrictivos de la ley dejan fuera a la inmensa mayoría de la gente afectada y principalmente tenía como prioridad que se firmaran refinanciaciones a toda costa. El objetivo de la ley 1/2013 no era otro que, por un lado, continuar protegiendo los intereses de la banca, y por otro, realizar un lavado de cara al PP justo después de haber sido el único partido del arco parlamentario que votó en contra de la ILP de la PAH con 1.5 millones de firmas y el apoyo de una amplia mayoría ciudadana. Recordamos que estamos hablando de familias a las que se les priva de un derecho fundamental como es la vivienda. Familias a las que se las condena al sufrimiento y a la muerte civil por quedar endeudadas de por vida
Desde la PAH seguiremos denunciando la connivencia entre PP y entidades financieras, dos caras de un mismo Gobierno que vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda. Los escraches de la PAH durante la campaña de las elecciones europeas han sido un ejemplo de que no vamos a dejar que nunca mas se gobierne de espaldas a las necesidades de la gente. Que tomen buena nota. Ha comenzado un ciclo electoral que culminará en las elecciones generales de 2015 y cualquier partido que aspire a gobernar va a tener que demostrar si está con la gente y por el derecho a la vivienda o con los bancos y su negocio.
Desde la PAH exigimos la aprobación de la ILP y sus tres medidas de mínimos: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios y creación de un parque de alquiler social, con los edificios vacíos que están en manos de la banca y de la SAREB, a día de hoy inexistente, porque se prioriza la funcion lucrativa y especulativa del parque de viviendas.
Ejecuciones hipotecarias
- 1er trinestre 2013: 21.272
- 4º trimestre 2013: 24.076
- 1er trimestre 2014: 24.226
- Ejecuciones hipotecarias desde 2007: 547.966
Lanzamientos:
- 1er trimestre 2013:19.468
- Hipoteca: 7.300
- Alquiler: 11.238
- 4º trimestre 2013: 17.205
- Hipoteca: 7.215
- Alquiler: 9.229
- 1er trimestre 2014–> 18.492
- Hipoteca: 7.718
- Alquiler: 9.948
LA PAH fuerza la presentación del Recurso de Inconstitucionalidad de ley de la vergüenza y denuncia el oportunismo del PSOE
La PAH vuelve a denunciar la vulneración sistemática de los Derechos Humanos en materia de vivienda con el Recurso de Inconstitucionalidad a la ley 1/2013 de 14 de Mayo, y pone de manifiesto los déficits democráticos y de participación ciudadana que también denunciamos con la tramitación de la ILP. Este recurso cuenta con los avales de 24 diputados y la PAH «lamenta» que el PSOE vuelva a intentar apropiarse de esta iniciativa y no apoye a la sociedad civil para presentarlo. Pese a esta actitud lamentable, la PAH reclama que el Tribunal Constitucional (TC) declare la inconstitucionalidad de la ley 1/2013 por violación de derechos fundamentales.
Y comunica
Que entendemos la presentación de recurso de inconstitucionalidad como una victoria de la PAH y del conjunto del movimiento por el derecho a la vivienda contra la exclusión y en defensa de los derechos humanos. No estaba previsto por ningún grupo político presentar el recurso de inconstitucionalidad, una vez más la sociedad civil ha traspasado los límites establecidos y ante la violación de derechos fundamentales que supone la Ley de la vergüenza 1/2013, y ha conseguido forzar su presentación. La PAH con su equipo jurídico y sus luchadoras sociales ha vuelto a poner en jaque al status quo y ha conseguido que ocurra lo imprevisto: que la ley ilegítima, inconstitucional que salió mediante una estafa al derecho de la ciudadanía de presentar leyes, y a la ILP avalada por más de 1.400.000 firmas, sea cuestionada de nuevo.
La presente ley 1/2013 que se recurre no ha venido a solucionar ningún problema de vulneración sistemática de Derechos Humanos, Constitucionales y Comunitarios, que era lo que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que la PAH presentó en el Congreso de los Diputados, quería conseguir.
Aunque es una victoria de la PAH y del conjunto del movimiento por el derecho a la vivienda contra la exclusión y en defensa de los derechos humanos, recordamos que hay cientos de miles de Ejecuciones Hipotecarias realizadas de espaldas a los Derechos Humanos, al Derecho a una Vivienda Digna, y a la Ley Comunitaria, y por lo tanto ilegales, según lo dictaminado por el Tribunal de la Unión Europea en sentencia 14 de Marzo y que en ningún caso se ha resuelto, ni se podrán restituir los derechos infringidos. Es por lo que seguimos exigiendo el cese inmediato de todo desalojo forzoso de familias vulnerables en todo el territorio español.
La PAH se ha vuelto a colocar como la impulsora al señalar el problema y proponer las soluciones a problemas jurídicos y sociales creados por los gobiernos del PP y el PSOE en 35 años de alternancia política en materia de vivienda y derechos sociales recogidos en nuestra Constitución de 1978 y que ninguno de los dos partidos llamados mayoritarios han desarrollado, modificado, ni adecuado a las diferentes situaciones socio-políticas del país.
Hasta la fecha hemos reunido 24 avales de diputados para la presentación del recurso correspondientes al Grupo Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) Grupo mixto (Compromis, Amaiur, ERC, Geroa Bai y BNG). Las formaciones políticas PNV, UPyD, CIU,FAC y CC no se han pronunciado haciendo oídos sordos a la llamada de la sociedad civil.
Entendemos que los intereses partidistas de una forma obsoleta de hacer política no pueden seguir imperando. El PSOE con esta forma de actuar demuestra que no entiende las formas éticas y honestas de estar en política, y refuerza más el distanciamiento de los ciudadanos con algunos partidos políticos.
El movimiento ha tenido la inteligencia y la tenacidad para unir a mucha gente al margen de los partidos, sobre todo al margen de los partidos responsables de la burbuja inmobiliaria y que han negado el derecho a la vivienda. La PAH ha conseguido realizar el Recurso de Inconstitucionalidad cuando nadie creía que fuera posible.
Constatamos que nos acabamos de topar con sus viejas instituciones y sus miserias electorales. La misma fuerza institucional que le ha llevado al PSOE a ser cómplice de la burbuja y privación del derecho a la vivienda, la ha aprovechado ahora para la manipulación de un Recurso que no le pertenece. Solicitábamos cincuenta avales de la iniciativa, pero algunos no quieren trabajar con los movimientos sociales, sino que los movimientos sociales trabajen para ellos.
Aun así la Plataforma de Afectados por Hipoteca reclama que el TC declare la ilegitimidad de la ley 1/2013 de 14 de Mayo y paralice cualquier procedimiento judicial hasta resolver la inconstitucionalidad de la ley que vulnera los tratados firmados por este país sobre derechos humanos.
Descarga el recurso de inconstitucionalidad de la PAH de aquí
La ILP para la dación en pago recoge 1.402.854 firmas de apoyo
Las entidades promotoras exigimos al PP que reconsidere su decisión de votar en contra de la admisión a trámite de la ILP
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1.402.854
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
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TOTAL
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ANDALUCÍA
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160.929
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ARAGÓN
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35.140
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ASTURIAS
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41.254
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CANARIAS
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25.034
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CANTABRIA
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10.304
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CASTILLA LA MANCHA
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26.739
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CASTILLA LEÓN
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47.234
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CATALUNYA
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393.135
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COMUNITAT VALENCIANA
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180.541
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EXTREMADURA
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17.032
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GALICIA
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30.283
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ILLES BALEARS
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24.220
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LA RIOJA
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19.099
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MADRID
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246.932
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MÚRCIA
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48.268
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NAVARRA
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21.159
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PAIS VASCO
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73.786
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CEUTA Y MELILLA
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884
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ON LINE
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882
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Campaña de envío masivo de mails: Exige al PP que vote a favor de la ILP
Desde oiga.me, en este link, puedes enviar la carta (más abajo) a todos los diputados del Partido Popular. Envía tu mail y difunde la campaña.
Envía los mails desde aquí
Este martes 12 de febrero se vota en el Congreso de los diputados la admisión a trámite de la ILP hipotecaria. Una ILP que cuenta con el aval de más de 1.402.854 firmas.
Las propuestas de la ILP son demandas de mínimos frente a la magnitud del problema de la vivienda:
- dación en pago con efectos retroactivo
- alquiler social para aquellas personas que han sido expulsadas de sus casas en las viviendas vacías en manos de entidades bancarias
- moratoria de desahucios de vivienda habitual
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Este martes los partidos políticos ni siquiera tienen que votar a favor o en contra de estas propuestas. Se vota la tramitación.
El Partido Popular ha anunciado que no votará a favor. Esta decisión es incompatible con la defensa de los derechos humanos. Responde a intereses de grupos de presión vinculados a entidades financieras, muchas de ellas rescatadas con dinero público, que continuan lucrándose y desahuciando a miles de familias en nuestro país.
Este martes, se vota la admisión a trámite de la ILP. Votan si se puede votar. Se vota reconocer o despreciar el trabajo de las miles de personas que han recogido firmas para esta ILP, de los centenares de miles que la han firmado, de las centenares de miles de personas afectadas. Se vota el descrédito definitivo de algunos grupos políticos o mostrar voluntad política de escuchar las demandas ciudadanas. La votación es una muesta de voluntad para solucionar un drama que causa sufrimiento a miles de personas o, por el contrario, mostrar la intención de perpetuar el genocidio financiero. Este martes se vota la democracia. Votar en contra es declarar la guerra a las mayorías sociales de este país, pero aun están a tiempo de rectificar…
Hagamos que les lleguen miles de mails, que les quede claro que la mayoría social de este país queremos acabar con el Genocidio Financiero. Que sepan cuáles serán las consecuencias de no escuchar las demandas ciudadanas.
A la atención del Grupo Parlamentario _________:
Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas son sin lugar a dudas una de las caras más dramáticas de la crisis en España. Una auténtica lacra que está generando una enorme alarma social. Una sangría que ya se ha cobrado la vida de demasiadas personas y que ha situado a nuestro país en el punto de mira de la prensa internacional. Desde hace años la voz organizada de los afectados viene advirtiendo de las consecuencias de un procedimiento que ya se ha llevado por delante a más de 400.000 familias. El marco legal que regula los impagos de hipotecas condena a familias insolventes a la exclusión social y las deja sin margen para rehacer sus vidas ni horizonte alguno de recuperación. Una advertencia que ha sido ignorada de manera reiterada por los gobiernos de PSOE y PP. A través de la campaña Stop Desahucios, la sociedad civil ha liderado un debate que ha condicionado la agenda política. Lo que en 2009 era un grito en el desierto, hoy es un clamor popular. Hace dos años un auto valiente dictado por la audiencia de Navarra interpretaba la ley de acuerdo a la realidad social abriendo la puerta a la dación en pago, una de las principales demandas de la PAH. Durante este tiempo, más de trescientos ayuntamientos, espoleados por la contestación social, han aprobado mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas que frenen la sangría de desalojos. El pasado mes de octubre la relatora de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presentaba ante la asamblea general de la ONU un devastador informe donde denunciaba la grave situación habitacional que atraviesa el país; otro informe de la judicatura concluía la necesidad de reformar en profundidad un normativa que data de 1909 y que sobreprotege a los acreedores dejando la parte más débil del contrato hipotecario indefensa. También la abogada del Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado la legalidad del ordenamiento jurídico español en materia de desahucios. Hace pocas semanas, el gobierno de Ecuador demandaba al Estado Español ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo. Los suicidios de Granada y Barakaldo son tan solo la punta del iceberg. La gota que colma el vaso. La ciudadanía ve cómo el dinero que se sustrae de sanidad y educación se utiliza para rescatar entidades financieras que desahucian a familias con niños, mientras continúan especulando y acumulando viviendas vacías. Ante el aumento de la presión popular, el gobierno se ha visto forzado a mover ficha. Pero ni el decreto de buenas prácticas ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad han servido para atajar el problema. Habida cuenta que ambas prerrogativas contaron con el visto bueno de la patronal bancaria previa aprobación, tampoco es de extrañar. La realidad es que tanto el código de buenas prácticas como la moratoria excluyen la inmensa mayoría de los casos y no modifican una coma del procedimiento actual, que condena a las familias a una deuda de por vida. Mientras tanto la ILP por la dación retroactiva, la paralización de desahucios y el alquiler social toca a su fin superando el umbral del millón de firmas y la vivienda ya figura entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según la última encuesta del CIS. Según un sondeo de Metroscopia publicado en noviembre de 2012, el 94% de los encuestados se mostraban a favor de una moratoria en los desahucios de vivienda habitual mientras que un 86% lo hacía a favor de la dación en pago. La política del miedo utilizada por el gobierno para revertir el estado de opinión favorable al cambio normativo se ha constatado un fracaso. Los mensajes apocalípticos que advertían a la población que modificar la ley hipotecaria y paralizar los desahucios hundirían el sistema financiero, no han servido para nada. El sistema financiero ya se ha hundido y el apoyo de la sociedad civil a las demandas de los afectados no ha dejado de aumentar. Todos sabemos que los obstáculos para adoptar dichas medidas no son técnicos sino políticos. Se requiere de voluntad política para enfrentarse a determinados intereses económicos. Entre la dictadura de los mercados financieros y la defensa de los derechos humanos, la ciudadanía ya ha elegido. Solo falta que esa elección quede reflejada en el Congreso. Sin embargo, parte de esta cámara se obstina en no escuchar a la ciudadanía para plegarse de nuevo a los intereses de las entidades bancarias. Ante esta situación de bloqueo ilegítimo e injustificado advertimos que no nos quedaremos de brazos cruzados. No podemos perder más tiempo. No podemos perder más tiempo. Hay vidas literalmente en juego y hay que actuar de manera inmediata. Por este motivo solicitamos a su grupo parlamentario que se comprometa por escrito a defender las demandas que contiene la ILP desde hoy mismo, a votar favorablemente en la tramitación de la ILP y en la posterior votación de la misma. Exigimos un posicionamiento claro. Sin rebajas ni concesiones de ningún tipo.En caso de no recibir respuesta afirmativa, entenderemos que su partido renuncia a escuchar la voluntad de una incontestable mayoría. En ese caso, no tendremos otra opción que señalar públicamente a los diputados de su grupo parlamentario como responsables directos del sufrimiento y el dolor de miles de familias de este país. Plataforma de Afectados por la Hipoteca
