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PorLa PAH

Pinchar la burbuja del alquiler aún es posible

La PAH y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos hemos logrado que una mayoría parlamentaria se posicione a favor de un nuevo Decreto Ley. Las elecciones no son excusa: el Gobierno debe impulsar una batería de medidas urgentes en los próximos días, poniéndose del lado de la ciudadanía y no de quienes especulan con la vivienda.

La crisis habitacional en la que seguimos instalados desde 2008 exige medidas urgentes por parte del Gobierno del Estado. He ahí la premisa con la que la PAH y los Sindicatos de Inquilinas visitamos el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles 20 de febrero. A lo largo de una jornada maratoniana, de más de 10 horas, tuvimos ocasión de vernos con los grupos parlamentarios y les trasladamos un mensaje: las disputas pre-electorales no pueden retrasar medidas insoslayables.

Porque la situación de injusticia y vulneración de derechos en la que vivimos es de sobras conocida. Debido a las políticas antisociales adoptadas por el Gobierno del PP entre 2012 y 2013, la especulación que habíamos vivido en torno a las hipotecas se trasladó también a los alquileres. Fueron decisiones a medida de la banca y los fondos buitre, que nadie más pedía, y que han tenido consecuencias nefastas. Mientras los beneficios inmobiliarios de unos pocos se han triplicado y alcanzado cotas que no se veían desde 2007, los desahucios se han disparado y ya están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 lanzamientos judiciales al día, uno cada 5 minutos. Mientras los fondos buitre acaparan viviendas a una enorme velocidad, sin precedentes en la historia, el alquiler ya se come más ingresos que en ningún otro país de la OCDE.

Frente a esta realidad de emergencia habitacional, hay que actuar. Aunque la legislatura va llegando a su fin, es perfectamente factible para el Gobierno impulsar un real decreto. Incluso con las Cortes disueltas, tras el 5 de marzo, podría hacerse a través de la Diputación Permanente. Y si es factible impulsar un decreto, también lo es que sea aprobado por una mayoría de grupos, que en principio estaría por la labor de darle apoyo.

Ahora bien, también es necesario que el actual gobierno tenga la valentía de redactar un Decreto Ley mucho más garantista que el anterior, como venimos exigiendo desde el Sindicato de Inquilinas y la PAH. Frente a un sistema de vivienda orientado a hacer de nuestras casas un negocio para una minoría y un motivo de angustia y desesperación para millones de familias, no valen los parches. Por ello, les hemos trasladado a los grupos parlamentarios el conjunto de medidas mínimas y urgentes que debería incorporar.

1. Stop Desahucios con fecha abierta. El sufrimiento que producen los 165 desahucios diarios en el Estado español no se evitará con un mes de moratoria en la ejecución del lanzamiento, tal y como proponía el Decreto Ley del pasado Enero. Hacen falta medidas urgentes para paliar la crisis habitacional y evitar que cada vez haya más gente sin casa. Exigimos, en primer lugar, que se explicite en el Real Decreto que todos los desahucios deben ser notificados con fecha y hora y acabar de una vez con la práctica de los desahucios con fecha abierta, que agravan la tragedia de las personas que los sufren.

2. Stop Desahucios sin alternativa habitacional. En segundo lugar, es fundamental que la ley 24/2015, aprobada en Cataluña y ratificada por el Tribunal Constitucional, sea implementada en el resto del Estado. Con la finalidad, entre otras, de que los grandes tenedores se hagan cargo de realojar a todas las personas que van a ser desahuciadas por impago de alquiler e hipoteca. Y además, debe ampliarse este deber a los casos en los que los contratos de alquiler se renueven con unas condiciones y precios que los inquilinos no puedan asumir.

3. Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler entre contrato y contrato, basándose en índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo real de la gente. Además, las subidas dentro de un mismo contrato deben estar estrictamente vinculadas al IPC.

4. Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden terminarse de forma unilateral e injustificada. Tienen que renovarse a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para uso personal o de un familiar. Además, hay que asegurar que un contrato siga vigente cuando hay un cambio de propietario, independientemente de si el contrato estaba inscrito en el registro.

5. Fin de los abusos de los intermediarios: son los arrendadores, para los que trabajan la práctica totalidad de agencias inmobiliarias, los que tienen que asumir sus honorarios. Nunca los hogares inquilinos, hoy un mercado cautivo de los agentes.

6. Expulsión de los fondos buitre: es imperativo eliminar las socimi, vehículos financieros que disfrutan de enormes privilegios fiscales, y que permiten que los fondos buitre especulen masivamente con nuestros hogares y sean la punta de lanza de la burbuja.

7. Movilización de las viviendas vacías: en un contexto de emergencia habitacional (165 desahucios cada día) y en un país con 3.4 millones de viviendas vacías según el último censo (INE 2011), hay que empezar a multar e incluso expropiar para garantizar la función social de la vivienda, evitar la escasez artificial y frenar la especulación.

8. Tanteo y Retracto. Las administraciones públicas y el tercer sector han de poder comprar la mismo precio que lo hacen los fondos especulativos por lo que exigimos que se les dote de esa capacidad.

 

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Carta de la PAH al Gobierno de España: si quieren resolver el problema de los desahucios, escuchen a la PAH

El Pleno del Congreso de los Diputados decide hoy jueves, 29 de noviembre, sobre la convalidación o derogación del “Real Decreto de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”, nombre con el que se designa la reciente moratoria parcial de desahucios aprobada por el Gobierno.

Desde la PAH recordamos que este Decreto no sólo no va a resolver el problema de los desahucios, sino que incluso puede empeorarlo.

En primer lugar, esta moratoria es insuficiente porque excluye a la mayoría de gente afectada a través de requisitos que son arbitrarios y discriminatorios (así por ejemplo, podrá acogerse una familia con un niño menor de tres años, pero no otra en idénticas condiciones económicas con dos niños de 4 años). Todas las personas que pueden perder su casa por motivos económicos ajenos a su voluntad, son casos vulnerables. Es significativo que de los casos de suicidio por desahucio que han hecho saltar todas las alarmas en las últimas semanas, ninguno podría acogerse al decreto.

En segundo lugar, no aborda el problema de la deuda: sólo prevé una moratoria del desahucio como máximo durante dos años en unos pocos casos. Durante ese tiempo, los intereses seguirán aumentando y cuando termine la moratoria la deuda será aún mayor. Tampoco dice nada sobre la gente ya afectada por las 400.000 ejecuciones hipotecarias que ya se han realizado en España y que son las que han generado este debate. Miles de personas condenadas a ser proscritas financieras de por vida, con deudas ilegítimas e impagables.

En tercer lugar, el Decreto puede empeorar la situación porque ignora que toda la gente afectada por desahucio de vivienda habitual es un caso de extremada vulnerabilidad. Perder la propia casa sin tener donde ir es de lo peor que le pueda suceder a una persona o familia. Por ello, todas las personas afectadas se encuentran en una situación de desesperación. Teniendo en cuenta esto, el decreto puede provocar que algunas de estas personas acaben atentando contra su propia salud para cumplir con el requisito de “enfermedad grave”, o que decidan tener un hijo para entrar en la categoría de “familia con hijo menor de 3 años”, o incluso que se produzcan denuncias falsas de violencia de género, ya que es otro de los criterios de “vulnerabilidad” establecidos por el decreto. Así, esta medida puede acabar causando más daño del que supuestamente iba a resolver.

En cualquier caso, siempre se está a tiempo de rectificar. Y aunque sea tarde, el drama de los desahucios y las deudas hipotecarias que afecta a miles de familias requiere medidas urgentes que realmente resuelvan la situación. Por ello instamos al Gobierno a que escuche a la PAH: si algo tenemos, es conocimiento exhaustivo y experiencia en la materia. No sólo: nuestras demandas cuentan con el respaldo de la mayoría de la población y, a diferencia de los bancos, nuestras opiniones no están contaminadas por intereses especulativos sino que persiguen la realización de los derechos humanos y el bienestar general.

Si realmente quieren resolver el problema, escuchen a la PAH.

Adjuntamos carta formal dirigida al Gobierno de España.

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