Hoy se ha sabido que el Juzgado de Primera instancia número 38 de Barcelona ha dictado Auto por el que suspende el proceso de ejecución hipotecaria hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentencie si la normativa española en materia hipotecaria vulnera la normativa europea de consumo. El pasado 27 de Noviembre lo hizo el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Guipuzkoa), suspendiendo el procedimiento hipotecario instado por la Caja Rural de Navarra. También hemos tenido noticias de autos similares en Terrassa, El Ejido, Chiclana…
Estos autos recogen las peticiones formuladas en el escrito de suspensión redactado por los letrados de las PAH, al que se adhirió el Consejo General de la Abogacía Española, en el que solicitaba la paralización de los procedimientos hipotecarios a raíz del Informe de la Abogada General Julianne Kokkot del Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como jurisprudencia del mismo, en la que se aprecia que la normativa procesal española en asuntos hipotecarios vulnera la Directiva 93/13/CEE en materia de protección a consumidores.
El escrito y los autos referidos fundamentan la suspensión afirmando que las personas físicas no pueden obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos de los consumidores ni en el propio procedimiento de ejecución hipotecaria ni en un procedimiento judicial separado, lo que contraviene la Directiva 93/13 de la Comunidad Económica Europea. En consecuencia y dado que ya se ha planteado una cuestión prejudicial ante el TJUE -a iniciativa del magistrado J.M.Ferández Seijó del juzgado de lo mercantil nº3 de Barcelona en el caso Aziz, sobre si la normativa española vulnera la europea, los jueces estiman que resulta procedente suspender el trámite hasta que recaiga resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Estos argumentos se suman a otros ya conocidos, como la consideración de que las normas han de interpretarse según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, antecedentes históricos y legislativos y a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, ya que no hacerlo supondría aplicar una justicia anacrónica de espaldas a la sociedad en perjuicio de los más débiles que deben soportar los excesos de los más poderosos, quienes han llevado, en definitiva, a la presente crisis económica.
En virtud de los referidos argumentos, los jueces suspenden el proceso ejecutivo y lanzamiento pendientes, a las espera de la nueva regulación hipotecaria y a la decisión definitiva que se adopte en el TJUE sobre si la normativa española vulnera la normativa europea dado que la no suspensión supondría unas consecuencias personales y materiales al ejecutado de reparación imposible.
Una vez más, desde la PAH destacamos que la sociedad civil y ahora los jueces están dando la respuesta que el Gobierno sigue sin dar al problema de las ejecuciones y los desahucios. Mientras el Gobierno, cediendo a la presiones de las entidades financieras, se limita a aprobar moratorias insuficientes que excluyen al grueso de la gente afectada, las PAH siguen paralizando cientos de desahucios y forzando a las entidades financieras a conceder cientos de daciones en pago. Exigimos el cambio inmediato de la ley y la regulación de la dación en pago retroactiva, la moratoria de todos los desahucios de vivienda habitual y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de entidades financieras, tal y como recoge la Iniciativa Legislativa Popular que ya ha entregado más de 750.000 firmas y que finaliza en enero. Mientras el Gobierno persista en ignorar el clamor popular, le hacemos directamente responsable del grave sufrimiento causado a las miles de familias víctimas de la estafa hipotecaria.
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Tambien el juez del número 5 en Albacete ha suspendido una ejecucion que estaba señalada para el 21 de diciembre y varios juzgados también de la misma provincia han suspendido la ejecución .
Presento en mi defensa y en el de mi familia éste escrito, en el cual explico mi situación:
Soy una mujer separada desde el año 1991, por motivos mayores tuve que huir de la situación en la cual peligraba mi vida; ya que los malos tratos por parte de mi exmarido aumentaban en la medida que su problema con el alcohol se agudizaba.
Tuve que salir de mi casa y el lugar que encontré fue lejos de Madrid.
Aun estando en tramites de separación y teniendo la obligación por ambas partes de la alimentación de tres niños, ésta recayó totalmente en mí, ya que ni las denuncias constantes a través de los juzgados dieron resultado, y yo me vi sola y desamparada.
Con apenas la mayoría de edad alcanzada en mis dos hijas mayores, traté de mejorar la situación embarcándome en montar una empresa familiar, que yo pensé seria la mejor salida.
Fue por lo que me decidí a pedir un préstamo al banco; pero la cosa no salió como yo pensaba en principio.
Ante la tesitura de pagar las cuotas ó dar de comer a mis hijos opté por la segunda; no sin antes tratar por todos los medios a mi alcance conseguir que la justicia hiciera que mi exmarido cumpliera con la obligación de aportar las mensualidades correspondientes para la alimentación de mis hijos.(esto se lo hice saber telefónicamente en varias ocasiones a la CAM cuando me llamaban para darme aviso del retraso de alguna mensualidad) é incluso a los judiciales, pues estaba esperando que les obligaran a mi exmarido a pagar lo que se había acumulado.
Por desgracia no fue así, y por tal motivo llegué a ésta situación.
La empresa que monté fue PUBLICOM VEGA SEGURA. SL. B- 53726436 La cual tuve que dar de baja por que no daba ni tan siquiera para poder pagar a un administrador, y continué dando lo que podía, para mantener a mis hijos.
El dinero que percibí lo empleé íntegramente en el montaje y adecuación de la empresa, incluso la devolución del el IVA correspondiente a las facturas de la compras de equipos, por lo que está todo y pienso que ese es el préstamo que recibí, y aún mejorado el importe que aparece en las escrituras de compra del local ya que pedí una tasación oficial a una empresa y casi lo duplicaba.
Por motivos obvios al no tener ninguna nómina ni mis hijas, puse como aval mi propia vivienda, si saber, y ante la necesidad de conseguir los medios necesarios para alimentar a mis tres hijos.
He tratado por todos los medios la venta de mi ex negocio, e incluso de mi vivienda para poder pagar mi deuda, y aunque ya nada me pertenece debido a que la CAM la puso en subasta pública el día 20 de Septiembre, aun continúan los carteles puestos de se vende.
Por lo que suplico revisen mi estado personal y el de mis hijos y acepten la dación en pago local, equipos y mobiliario, que según pienso son suficientes para finiquitar la deuda pendiente; y que me dejen mi vivienda, para dar cobijo a mis hijos.
Éste escrito lo envié al juzgado, el lo que esplico de pasada, el motivo, y mi situación actual, junto co más documentos, el dia 19 de Noviembre.
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Fantastico trabajo el vuestro.
Favor seguir coordinando la recepcion de informacion detallada de los Juzgados que suspendan hasta sentencia del Tribunal de la Union Europea.
Poder presentar en cada Juzgado que todavía no haya suspendido la relación lo más completa posible de los que ya han suspendido puede ser un empujon más para que muchas familias se salven de la terrorifica mafia de saqueadores que forman el gobierno español
Adelante
Muchos cambiaremos esta desgracia de pais paraiso de corruptos y mafiosos
Yo de verdad agradescó a todas las personas que hemos luchados y seguimos luchando,y en especial al Señor Segundo Zapata esta persona se a volcado de integro a orientar a las personas, los paso a seguir .
Maravillo post. Gracias por publicarlo…Espero màs…
Los jueces suspenden procedimientos hipotecarios
Exceso de los jueces (603). José Luis Piñeiro Vidal. Abogado.
En los países democráticos las leyes, con el asesoramiento técnico y los condicionantes que corresponda, se discuten y se dictan en el Parlamento. Desde entonces obligan a todos, también a los jueces. He dicho “con los condicionantes” porque ningún parlamento puede ignorar que los recursos económicos siempre son escasos. Si así no fuero, no veo por qué no íbamos a tener los mejores médicos, los mejores hospitales, las mejores universidades y colegios, la mejor organización de la justicia, las mejores carreteras (sin curvas, por ejemplo) los mejores puertos, la mejor flota naval, los mejores edificios y puentes, las mejores armas defensivas, las mejores pensiones, etc.
Los políticos que discuten y aprueban las leyes no son unos malvados. Legislan dentro de “lo que es posible” porque los recursos ni caen del Cielo ni la solución es el endeudamiento generalizado como parece que ahora descubrimos. Hay ecuaciones clásicas en la economía que, tarde o temprano, se cumplen: si se invierte más de lo que se ahorra, hay que endeudarse, es decir, hay que pagar intereses con lo que el endeudamiento generará la equivalente menor inversión futura.
Puesto que la responsabilidad de los políticos es legislar y que no disponen de recursos ilimitados para hacer lo mejor, los jueces se han de limitar a interpretar y aplicar las leyes, sin que les sea dada la facultad de “ir más allá”. Lo digo a propósito de la decisión del Juez, Sr. Aláez, que entiendo que “va más allá”. Nadie duda que se puede construir una vía férrea de altísima velocidad de Santiago a Madrid sin una sola curva. ¿Aparte del sinsentido, tenemos recursos para pagar tal aberración?: No. La realidad es que todos los países del mundo tienen vías férreas y carreteras con muchas curvas, a veces peligrosas, con deficiente señalización, etc. Hay situaciones manifiestamente mejorables en sanidad, educación, justicia, seguridad, infraestructuras, en general pero sólo poco a poco se pueden ir corrigiendo en atención a los recursos económico – financieros disponibles. Lo demás son sueños.
¿Son sueños o son una de tantas manifestaciones de la pérdida del sentido común o de la negación de la responsabilidad individual como reminiscencia de las doctrinas de Sigmund Freud, de las ensoñaciones socialistas de abdicación de la responsabilidad, por las circunstancias del medio, cuyo exponente máximo ha sido, desde los años 50 del siglo pasado el famoso Dr. Spock, que con olvido de la ética y responsabilidad individual, o disfrazando su búsqueda, orientándola hacia los escalones superiores de la organización?
Al parecer el tren accidentado ya había circulado por el lugar fatídico durante unos seis meses, sin incidentes. Sólo cuando la obligación -responsabilidad individual- no estuvo presente se produjo lo que ya sabemos. Hay miles de autobuses que circulan a diario por carreteras, a veces infernales, que sería suficiente con una brevísima distracción del conductor para que 40 – 50 personas perdieran la vida y no por ello tiene facultades ningún juez para imputar a los técnicos que proyectaron la carretera o los políticos que no tomaron decisiones para corregir todas las curvas, todos los puntos negros, todas las defectuosas señalizaciones, etc.
No es posible disimular la responsabilidad individual, que es el fundamento ético de toda sociedad, y exigírsela a otros o compartirla con éstos, sean técnicos o políticos, porque es la individual, la básica, la de abajo, la primera, la que debe suplir las carencias de las otras ya que, si así no fuera, no habría progreso porque nunca habría suficientes cautelas precautorias para casos como el comentado.