Mientras en el Congreso siguen con su juego de tronos, la ciudadanía sigue autoorganizándose para conquistar sus derechos negados
La PAH llevamos 10 años denunciando el expolio de vivienda por parte de la banca con el apoyo de los gobiernos del PP, del PSOE y sus palmeros parlamentarios. 10 años con falta de vivienda, sin involucración del Congreso y de las Administraciones públicas autonómicas y municipales, más ocupadas en mantener su postura de poder y comodidad, que en garantizar los derechos de la ciudadanía.
Denunciamos, día tras día, los miles de desahucios que hay en España mientras ponemos nuestros cuerpos entre las autoridades y las familias para evitar todos los que podemos. Denunciamos las violaciones sistemáticas de tratados europeos e internacionales, que defienden Derechos Humanos, mientras sentencias europeas y estudios realizados por universidades y expertos nos dan la razón y demuestran cómo afectan los desahucios en la salud, sobre todo de la infancia.
En España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día (más de 650.000 desde el 2008), en la hiperinflación de los precios de alquiler, en la reactivación de las subidas de los precios y los cortes de suministros básicos, unidos a la inexistencia de Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social. Ante esta situación patrocinada por la usura de los bancos, el imperio energético, la mafia de los fondos de inversión o, en resumen, un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas, ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por toda la ciudadanía.
Ante este estado de cosas, desde la PAH elaboramos un texto de ley, la Ley de vivienda de la PAH, que establecía la dación en pago retroactiva, limitaba la responsabilidad al bien hipotecado, ampliaba a 10 años la duración de los contratos de alquiler, movilizaba casas vacías de los grandes tenedores para ser utilizadas como Parque Público y garantizaba mínimos de subsistencia en materia de suministros básicos. Tras una montaña rusa de vicisitudes, logramos el pasado septiembre, que la ley fuera tomada en consideración por el Congreso. Sin embargo, desde entonces, cada semana, el PP y Cs han venido bloqueando su tramitación. Hasta que el pasado diciembre, el PP presentó una enmienda a la totalidad, enfocada a contrarrestar el fallido decreto de alquileres del Gobierno. Al PP y a Cs les importa muy poco el sufrimiento de la gente y el incumplimiento de la Constitución, si con ello se benefician los fondos buitre, la banca, las socimis…
Un texto legal, surgido desde la experiencia de lo vivido en nuestras asambleas, redactado por nuestra comisión jurídica formada por compañeras altruistas y voluntarias. Un texto legal que pone por escrito todo lo que hemos demostrado durante 10 años, con desobediencia pacífica, que sí se puede lograr.
El gobierno que ahora cesa no ha tomado medidas para el cumplimiento del PIDESC, a pesar de que desde NNUU no cesan de reclamarlo. A pesar de conocer la corta duración de la legislatura, no ha trabajado con la velocidad y ambición suficientes como para aprobar las medidas necesarias. Además, en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario, ha adoptado los criterios de la derecha de seguir sobreprotegiendo a la banca, fondos buitre y socimis a costa de la gente, moderando cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado o permitiendo la cesión de créditos, el IRPH…, e impidiendo, además, la dación en pago como fórmula de solucionar las situaciones sobrevenidas de incapacidad de hacer frente a los pagos; y permitiendo, en consecuencia, que la gente pueda seguir siendo desahuciada y manteniendo deudas impagables y de por vida, o sea, continuar tal y como estábamos.
Ahora, con la convocatoria de elecciones, la ley de Vivienda de la PAH decaerá y seguiremos como siempre: el Derecho a la Vivienda seguirá siendo inexistente en España y seguirá dependiendo del nivel de renta de cada persona o familia.
Pero, como siempre, la PAH no se rinde. Y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que, antes de las elecciones, legisle mediante decretos todo aquello que la legislación permita: duración de contratos, precios, aplicación al conjunto del Estado de las medidas contenidas en las leyes autonómicas recurridas al TC por el gobierno anterior y que han sido validadas por el Tribunal, como la cesión obligatoria de casas por parte de grandes tenedores, etc. Recordamos al gobierno actual, que en Catalunya, gracias a la PAH que impulsó una ILP, existe la Ley 24/2015 que está funcionando con las mismas bases que planteamos en la Ley Vivienda PAH y que el propio PSOE, junto a PdeCat, PNV, En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto, se comprometió por escrito a ampliar los derechos que otorga dicha ley a todo el Estado, desarrollando una legislación que incluya dichos derechos.
Estos derechos pasan por dejarse de excusas para llegar al poder y empezar ya a hacerlos efectivos de manera valiente, con una regulación de la LAU que verdaderamente pinche la actual burbuja, no solo ampliando los contratos, también con una regulación de precios que impida su especulación, medidas para movilizar los pisos vacíos de la banca, fondos buitre y socimis, que promuevan la cesión obligatoria de estas viviendas a la Administración pública, así como los de la Sareb con un 45% de dinero público y una cartera creada a base de los hogares de familias desahuciadas. ¡Qué menos tras el rescate a la banca y los millones de dinero público que eso ha costado y ya damos por perdidos!
También exigimos al conjunto de partidos que van a concurrir a todos los procesos electorales que vienen, que en sus diferentes ámbitos de competencias implanten medidas que garanticen que el Derecho de Acceso a la Vivienda se pueda convertir en realidad. Si no es así nos tendrán enfrente, como siempre hemos hecho. La situación actual necesita claridad y contundencia, no medias tintas ni falsas promesas.
Para lograr estos objetivos, lanzamos una campaña junto a los Sindicatos de Inquilinas, denominada “Por el Derecho a la Vivienda”, a la que esperamos que se vayan incorporando colectivos y movimientos sociales de todo tipo, ya que recordemos que la vivienda nos afecta a a todas, para seguir denunciando la situación, sumarse a las futuras movilizaciones ‒ya iremos informando‒, señalar en los procesos electorales que vienen a los partidos responsables del lamentable estado de este derecho y exigir a todos que incluyan en sus programas nuestras reivindicaciones y presionarles también después de las elecciones para que cumplan esos compromisos.
La campaña #PorDerechoAVivienda arranca. Anunciamos próximas reuniones con los grupos parlamentarios el próximo miércoles 20 y en base al resultado de estas ya sabremos cómo y contra quién actuar.
Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo, como siempre hemos hecho, hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos.