Sin las medidas urgentes de la PAH, miles de personas se quedan atrás - Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Hoy se acaba de publicar la 7ª prórroga del plazo de enmiendas al “Proyecto de Ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19”, demostrando que la urgencia de las familias nunca estará como prioridad en la agenda política

Durante todo el estado de alarma estamos denunciando la insuficiencia de las medidas aprobadas por el Gobierno para no dejar a nadie atrás en la crisis sanitaria.

Ante la urgente necesidad de modificación del RDL 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico frente a la COVID-19, la PAH hemos presentado, a todos los grupos parlamentarios y al Gobierno, alegaciones para que realmente “nadie se quede atrás” y llegue a todos los colectivos y sectores frágiles de la actividad económica. Empezando por las familias que ya eran vulnerables antes de la COVID‐19 y siguiendo por colectivos golpeados (personas dependientes, trabajadoras de la hostelería y del comercio, autónomas, trabajadoras de la cultura, jornaleras, trabajadoras domésticas, inquilinas de viviendas compartidas, sin papeles y migrantes).

De no ser así se estaría discriminando entre personas en una misma situación simplemente por si llegaron antes o después a esa situación. Una aberración que discrimina entre iguales. Si aprendemos de la historia, no podemos permitir que la crisis sanitaria sea la excusa para repetir los errores acumulados en la ultima década de recortes, precarización y desahucios. Más que nunca sigue habiendo vidas en juego y es urgente actuar. Exigimos al gobierno que nos escuche, ya que con sus medidas la inmensa mayoría de la ciudadanía se queda atrás. Dijimos lo mismo en el 2008 y no se nos quiso escuchar, no entenderíamos que volviera a pasar lo mismo.

Semana tras semana el Gobierno y el principal partido en la oposición, vienen prorrogando al plazo de enmiendas, impidiendo el comienzo del trámite y alargando la llegada de una verdadera solución para las familias vulnerables. Además, aun en el caso de que finalizaran las prórrogas y se iniciara el trámite, este no acabaría antes de 6 meses, lo que va a impedir la extensión de la cobertura a las familias que ya eran vulnerables antes de la pandemia.

Estamos conociendo cómo, tras la reactivación de los juzgados, se están empezando a señalar desahucios, demostrando que la famosa moratoria del gobierno no cubre a la inmensa mayoría de familias. Es por esto que la PAH exigimos que en paralelo a la tramitación inmediata del RDL 11/2020 como proyecto de Ley se apruebe un RDL que recoja las medidas necesarias que supongan la paralización inmediata de todo desahucio sin alternativa habitacional, dando cumplimiento a las demandas de Naciones Unidas y del Comité DESC

Desde la PAH queremos recordar que el Gobierno tiene una oportunidad única para demostrar que están al lado de la ciudadanía y no a favor de las élites poderosas como la banca, los fondos de inversión, los oligopolios y las políticas del capital.

Nuestras enmiendas sirven para realmente no dejar a nadie atrás, por lo que podremos comprobar qué partidos están realmente al lado de la ciudadanía vulnerable de este país.

Como hemos demostrado en nuestros más de 11 años de historia, la PAH es un movimiento propositivo, por lo que hemos hecho llegar a los partidos y Gobierno 12 medidas a incorporar en la tramitación del RDL 11/2020 como ley. Fuimos las que denunciamos los abusos de la banca y la falta del parque público y no se nos quiso hacer caso, fuimos las que exigimos una moratoria de los desahucios y tampoco se nos quiso hacer caso.

Ahora somos las que decimos que con las medidas actuales la inmensa mayoría de la ciudadanía se queda atrás. Esperamos que no se repita la historia, nuestras propuestas son para el beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad.

Las principales medidas son:

Suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional de forma indefinida, independientemente del proceso judicial que lo insta (hipotecario, por impago de cuotas de alquiler, por precario o penal).
Establecimiento del juicio de proporcionalidad que viene reclamando a España el Comité DESC de Naciones Unidas.

Extensión de las medidas a todas aquellas personas y familias que están en situación de vulnerabilidad, no solo las que han llegado ahora por la COVID-19. Que todas las familias que ya eran vulnerables antes de la aparición de la crisis sanitaria actual por diversas razones, como haberse quedado en desempleo, quienes viven de alquiler en una habitación, quienes compartiendo piso no sean titulares del contrato, o a quienes finalizó su contrato antes del estado de alarma y ahora no tienen ingresos suficientes para una alternativa adecuada, y otras circunstancias como renta antigua y multitud de sectores que afecta.

Exoneración en lugar de pago aplazado de las cuotas del pago de hipoteca y rentas del alquiler de aquellas familias que se han visto afectadas por esta crisis, y también de aquellas que ya estaban con anterioridad en una situación de grave dificultad económica, incorporando compensaciones adecuada a pequeños propietarios, cambiando la diferencia entre pequeños propietarios y grandes propietarios ‒a partir de más de 10 viviendas.

Ampliación y mejora de la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda extraordinaria. Ampliar el tiempo de prórroga de los contratos que finalicen después del estado de alarma, de 2 meses que propone el RDL 11/2020 de 4 a 6 meses siguientes. Ampliar la prorroga a un año en vez de 6 meses que propone la ley

Reducción y modificación de requisitos para evitar la burocratización del procedimiento que excluyen a muchas familias de la aplicación de las medidas.

Ampliación de la protección de los deudores hipotecarios encaminada a evitar la pérdida de vivienda habitual, con una segunda aplicación del código de buenas prácticas.

Ampliación de la protección a las familias respecto a los suministros básicos de agua, luz y gas; tarifa social y consumo mínimo vital.
Parque público de viviendas para satisfacer las necesidades de vivienda social y asequible, en base a las viviendas desocupadas de los grandes tenedores como forma de corresponsabilidad social y compensación del rescate anterior, haciendo efectiva la función social de la vivienda.

Estas medidas se deben aplicar a toda familia (pre y post COVID‐19) en situación de vulnerabilidad, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Si no es así, miles de personas #SeQuedanAtrás