Ayer, el CGPJ hizo públicos los datos correspondientes al primer trimestre de este año y los desahucios alcanzan la cifra de 6.579, de los cuales 1.308 han sido consecuencia de ejecuciones hipotecarias, 4.860 consecuencia de la LAU y 411 por otras causas.
Que en un trimestre en el que las Letradas de la Administración de Justicia han estado 2 meses de huelga, dejando sin ejecutar muchas decenas de miles de acciones judiciales, y en el que, además, estaba vigente el decreto de escudo social, que el número de desahucios sólo haya bajado en 2.402 con respecto al anterior, pone otra vez de manifiesto la vulnerabilidad de las personas frente a los desahucios y la insuficiencia de las leyes para proteger el Derecho a la Vivienda.
Como es sabido, en la reciente ley de vivienda no se han incluido las medidas que reclamábamos para proteger a personas vulnerables, como la prohibición de cualquier desahucio sin alternativa habitacional, o el alquiler social obligatorio para grandes tenedores. Sólo se han incluido medidas que alargan los procedimientos, pero cuya puesta en marcha depende de las CC. AA. Con el vuelco dado en muchas de estas CC. AA. y la decisión clara del PP de derogar o incumplir esa ley, el panorama se oscurece aún más. Y si a esto le añadimos que el decreto del escudo social vence el próximo día 30, lo que vendrá es desolador.
Por eso, desde la PAH exigimos al gobierno actual, la mejora y prórroga de dicho decreto, que puede ser validado por la Diputación Permanente del Congreso, para garantizar un mínimo de continuidad en la protección social. Y al siguiente gobierno, que reforme de inmediato la ley de vivienda, para incluir esas medidas de protección, y hacerla de obligado cumplimiento en todo el territorio.