El acuerdo PSOE y Sumar en materia de vivienda: mucho ruido y pocas nueces

El contenido en materia de vivienda del acuerdo de coalición PSOE-Sumar resulta decepcionante porque no va a acabar con los desahucios sin alternativa habitacional, ni es un plan coherente contra la emergencia habitacional por el derecho a la vivienda. Se proponen una serie de medidas inconexas, sin concreción del cómo se llevarán a cabo; además, ignora la situación que llegará el próximo 31 de diciembre, si no se prorrogan las medidas del denominado “escudo social”: un tsunami de desahucios.

Miércoles 25 de octubre 2023

El acuerdo enumera una serie de problemas existentes para el acceso a la vivienda y posibles soluciones, pero sin concretar de ninguna manera cómo las piensan abordar, con qué recursos, en qué plazos, ni medidas paliativas transitorias. Elude pronunciarse sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales de España sobre Derechos Humanos en relación con el Derecho a la Vivienda. Y no asume propuestas válidas que vayan a resolver la emergencia habitacional, como la exigencia de firma y renovación de miles de alquileres sociales y asequibles que no quieren los grandes tenedores. Además, contiene propuestas que consideramos aberrantes, como el aval del 20% en hipotecas para jóvenes, que alcanzará a muy pocas personas, dada la situación actual de las hipotecas y el euríbor, incentiva el endeudamiento y distraerá fondos que deberían ir destinados a la generación de Parque Público o a créditos blandos que pudieran evitar la pérdida de viviendas, por ejemplo. Además, el problema del acceso a una vivienda, trasciende a las jóvenes, constituye un enorme problema transversal, que afecta a la mayoría de la sociedad, y requiere, por tanto, de soluciones globales, muy especialmente para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Es un objetivo ambicioso alcanzar el 20% de Parque Público, pero nos falta saber y concretar cuál es la inversión que se va a destinar y el plazo de tiempo para lograrlo. Pero, incrementar en más del 18% el parque actual, suponen años de inversión y de ampliación del mismo, o bien ¿harán como en Francia y destinarán el 10% del PIB con el objetivo que se hará en 4 años? En Francia, construyeron 150.000 viviendas sociales en 5 años y, mientras tanto, ¿qué? La escasez de viviendas públicas y qué ofrece el “mercado” frente a las necesidades existentes, implicaría atajar la especulación, movilizando los 3,8 millones de viviendas vacías que existen, según el INE, empezando por las de las entidades financieras que deben devolver así el rescate impagado; eliminando de raíz los pisos turísticos ilegales que no paran de fomentar la turistificación y gentrificación, además de la necesidad de levantar programas de solidaridad, aval y confianza con las vacías de pequeños tenedores.

Por otra parte, la Sareb no debe servir para “hacer caja” donde haya necesidad de vivienda, y debe de iniciarse un proceso de negociación con la PAH y MMSS para resolver las amenazas de procedimientos, así como la entrega en condiciones adecuadas de viviendas a las administraciones, con fondos para una buena gestión.

Ignora la situación de decenas de miles de familias y personas que están sobreviviendo al desahucio gracias al “escudo social”, que caduca el 31 de diciembre, y cuyas medidas desde la PAH ya anunciamos que vamos a exigir que se conviertan en estructurales, mientras dure la situación de emergencia habitacional que comenzamos a vivir en 2008 y que aún perdura. Tampoco se prevé la ampliación de la moratoria hipotecaria que afectará el 15 de mayo de 2024 a decenas de miles de familias. No es menos importante intervenir para superar el insoportable racismo ni acoso inmobiliario de los fondos buitre y los portales.

No puede esperar una intervención que frene el aumento de la indefensión jurídica de cada día más población a causa de la inflación y aumento de sueldos y pensiones con el mantenimiento de este derecho con unos IPREM inamovibles.

Abordar la bajada de los precios del alquiler, únicamente desde la perspectiva de la Ley de Vivienda, no es suficiente, ya que la propia Ley otorga esa responsabilidad a las CCAA, y todas las que gobiernan PP y Vox ya han declarado que no van a aplicarla. Se necesita un mecanismo universal que permita que los alquileres en cualquier pueblo o ciudad del territorio español queden limitados para hacerlos asequibles a la ciudadanía, destinando no más del 30% de los ingresos del núcleo familiar, como recomienda estudios europeos.

Mientras tanto, los buitres no paran de invertir en ladrillo, a través de SOCIMIs (que no se mencionan en la parte fiscal del acuerdo) como forma de especular sin pagar impuestos, lo que dificultará aún más esa bajada de precios.

En la anterior legislatura, aunque el contenido del acuerdo era más concreto, su resultado, la ley de vivienda, supuso una enorme frustración tanto para las organizaciones en defensa de este derecho, como para las personas que han ido viendo cómo el crecimiento de los alquileres y las hipotecas les está impidiendo el acceso a una vivienda digna y adecuada.
Ya llevamos demasiado tiempo sin soluciones efectivas, ni estructurales, mientras sigue habiendo desahucios, procedimientos de ejecución hipotecaria, etc. Y familias sufriendo por todo ello; la PAH y los MMSS decimos basta YA.

Vemos de forma sistemática cómo el Partido Socialista y también Sumar no toman en consideración las medidas que llevamos poniéndoles sobre la mesa para acabar con los desahucios y la emergencia habitacional, especialmente las contenidas en la Ley por el Derecho a una Vivienda digna, que registramos en 2021. Recordemos que es la ciudadanía quien sufre en primera persona las consecuencias de las malas leyes y políticas de vivienda, y por ello, creemos firmemente que para hacer buenas Leyes y políticas que funcionen, deben escucharnos y tener un compromiso de negociación con los movimientos sociales como la PAH.

Desde la PAH ya anunciamos que vamos a seguir exigiendo y luchando por soluciones reales y en tiempo real, que puedan frenar la avalancha de desahucios que vendrán a partir del 1 de enero, si no se prorroga el “escudo social” y para que el Derecho a la Vivienda sea real en este país.

Hacemos un llamamiento a las personas que se encuentran con problemas de hipoteca, alquiler o que han tenido que ocupar una vivienda vacía de un banco −porque era eso o dormir en la calle−, que se acerquen a su PAH más cercana y que nos organicemos juntas para conseguir cambiar la situación de emergencia habitacional que estamos viviendo. ¡Solas no podemos, juntas sí!