Sin moratoria que siga protegiendo a las 70.000 familias que estaban acogidas a ella, hoy el Poder Judicial hace público que en el 2025, aun con ella, se produjeron 24.540 desahucios
Hoy se han aprobado dos nuevos decretos por parte del Gobierno que, una vez más, ignoran por completo la urgencia habitacional que atraviesa el país. Ninguno de ellos incluye medidas para recuperar la moratoria antidesahucios perdida, dejando a miles de familias en situación de extrema vulnerabilidad.
Esta decisión política se produce en un contexto especialmente grave: el propio Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos los datos anuales de lanzamientos judiciales correspondientes a 2025, confirmando una realidad alarmante:
24.540 desahucios ejecutados en un solo año, distribuidos en 4.356 ejecuciones hipotecarias, 18.317 por alquiler y 1877 otras causas. Para usar como rompebulos al dircurso predominante, destacar la caida del 20,1% de los juicios por ocupación, que siguen bajando cada año en lugar de subir como nos pretenden hacer creer.
Lejos de ser una cifra abstracta, hablamos de decenas de miles de vidas expulsadas de sus hogares, de infancias interrumpidas, de familias rotas y de comunidades desmembradas.
Los datos muestran, además, una distribución territorial que evidencia la dimensión estructural del problema:
- Cataluña encabeza las cifras con 6.814 desahucios
- Andalucía supera los 3.700
- Comunitat Valenciana roza los 3.000
- Comunidad de Madrid supera los 2.200
Estas cifras no son inevitables. Son el resultado directo de decisiones políticas.
Hace apenas dos días, desde La PAH denunciabamos al Gobierno por su pasividad y advertíamos de la urgencia de acabar con los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda. Hoy, tras la aprobación de estos decretos, la situación no solo no mejora, sino que empeora deliberadamente. La no recuperación de la moratoria supone, en la práctica, que se sigan produciendo mas de más de 30.000 desahucios anuales y la reactivación de 70.000 desahucios de familias vulnerables, dejando a la población más precarizada en una situación de desprotección no vista desde 2020, que a su vez es la consolidación de un modelo de expulsión masiva al servicio de intereses especulativos. Mientras tanto, el mercado continúa tensionado por la turistificación, la especulación y la falta de parque público de vivienda.
No estamos ante un problema técnico ni coyuntural. Estamos ante una emergencia social sostenida y cada desahucio que se ejecuta sin alternativa habitacional es una vulneración directa de derechos humanos. Cada decreto que ignora esta realidad es una decisión política inconsciente. Si el Gobierno no actúa, será responsable directo de cada familia expulsada de su hogar.
La PAH hace un llamamiento a la sociedad civil, a los movimientos sociales y a los medios de comunicación a no normalizar esta situación y a señalar con claridad la responsabilidad política de esta crisis.
Porque la vivienda no es un negocio.
Es un derecho.